Lo que dicen los columnistas

El proceso electoral es anulable

El destino de las instituciones democráticas de México, como nunca antes, está en manos de los magistrados que integran el tribunal electoral y en su alto sentido del deber. No nos pueden fallar.

Elisur Arteaga Nava | Proceso

En los pocos meses que le quedan de vida a este sexenio no creo que levante para bien. Ciertamente, AMLO y su gente todavía pueden hacer algún daño, principalmente en el ámbito electoral. Pese a su acción, las instituciones públicas fundamentales resistieron.

A las alturas en que se hallan las campañas políticas hay algo que es cierto: el proceso electoral es anulable, se han dado los vicios suficientes para que se haga tal declaración.

La culpa no es atribuible a la candidata de Morena. Es muy limitada, doy un ejemplo: pide a los electores, entre otras cosas, que le den los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de los diputados, de los senadores al Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Se entiende que requiere ese porcentaje en las cámaras para poder reformar la Constitución política a su antojo.

Pero, ¿para qué quiere las dos terceras partes de las legislaturas de los estados?, ¿pretende formar un nuevo estado dentro de los límites de los existentes?, que es el único caso en que se requiere esa mayoría especial (artículo 73, fracción III).

Las autoridades electorales le respondieron a AMLO. Le informaron que le están juntando las ilegalidades que está llevando a cabo en el proceso electoral; ello, evidentemente, con vista a su eventual anulación. Deben comprender, desde luego, tanto las que realizó en la etapa de precampaña como las que está realizando para favorecer a Claudia, su candidata, y para perjudicar a Xóchitl Gálvez, su adversaria.

Debemos reconocer que nunca había habido un presidente tan entremetido como AMLO. No lo fue, incluso, Vicente Fox, a quien aquel calló con la famosa frase: “Ya cállate, chachalaca”.

En este momento AMLO y Morena ya han hecho lo suficiente para que se anule el proceso electoral. Si son realistas: qué objeto tiene que sigan gastando más dinero y estén luchando por conseguir más votos, si ya dieron motivo para que el proceso se anule.

Merced a las burdas y desafortunadas intervenciones de AMLO y a los excesivos gastos en que han incurrido Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, la situación se muestra adversa para Claudia Sheinbaum. En un escenario en que ella resulte triunfadora en la elección, habría elementos más que suficientes para demandar la anulación del proceso electoral por lo que toca a la Presidencia de la República.

No puede afirmarse lo mismo por lo que toca a un escenario en el que resulte triunfadora Xóchitl Gálvez. Morena y sus cómplices, hasta este momento, no tienen elementos para demandar la anulación de la elección.

Durante la vigencia de la Constitución Política de 1917 nunca se ha anulado una elección. No existe precedente que sirva de modelo. En el nuevo marco normativo sí se contempla esa posibilidad. La legislación vigente lo permite y regula.

Por disposición constitucional (artículo 99, fracción II), la competente para conocer de las impugnaciones que se presenten de una elección del presidente de la República es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se habla de que, llegado el momento, esa Sala Superior estaría imposibilitada para ejercer la función jurisdiccional que se le confiere, en razón de que únicamente hay cinco magistrados y se requieren seis para hacerlo. Quienes lo afirman no toman en consideración lo que dispone el tercer párrafo del 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

“En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su encargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad si existen asuntos de urgente atención.”

En el caso, la negligencia del Senado, de mala o buena fe, no puede derivar en perjuicio de las funciones públicas confiadas a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. En derecho público a nadie le es dable impedir a un Poder o a un Órgano Público el ejercicio de una facultad o atribución que tiene expresamente conferida. Sería aplicable el precepto transcrito con vista a los principios de analogía y mayoría de razón. Corrobora el criterio anterior el artículo 17 de esa misma ley.

La nulidad puede ser declarada por vicios que se hubieren presentado antes y durante el proceso electoral; y, por qué no, también respecto de impedimentos que algunos de los candidatos tengan para ocupar el cargo, como es el caso de Claudia Sheinbaum.

La resolución que emita el tribunal electoral, sin importar cómo esté integrado o cuál sea su sentido, es definitiva e inatacable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los restantes tribunales federales carecen de competencia para revisarla o para conocer de esta materia. El destino de las instituciones democráticas de México, como nunca antes, está en manos de los magistrados que integran el tribunal electoral y en su alto sentido del deber. No nos pueden fallar.

“…en las acciones de todos los hombres, y máxime de los príncipes, donde no hay tribunal de apelación, se atiende al resultado. Procure, pues, un príncipe vencer y conservar su Estado; los medios serán siempre juzgados honorables y por todos alabados porque el vulgo se deja llevar por las apariencias y por el resultado de las cosas, y en el mundo no hay sino vulgo…” (N. Maquiavelo, De principatibus, cap. XVIII, 23 y 24).

AMLO y a Morena, por más que lo intentaron, por haberse dedicado a gastar su pólvora en infiernitos, no les alcanzó el tiempo para controlar la Sala Superior del tribunal electoral. No saben qué esperar de los magistrados que la integran.

No creo que a las alturas en que se halla el proceso electoral alcancen a controlar a la mayoría de sus miembros. Además, pese al ofrecimiento que hizo, de que no habría palomas mensajeras o gavilanes amenazantes, lo cierto es que hubo unas y otros. Uno de ellos, al parecer, está convertido en un zopilote de mal agüero: un expresidente de la Suprema Corte.

Por mandamiento constitucional existe un procedimiento a seguir: primero se deben resolver las impugnaciones que, con relación al proceso electoral, se presenten y después se debe realizar el cómputo de los votos emitidos. En esa virtud, mientras no se resuelvan las impugnaciones, AMLO, Morena y Claudia Sheinbaum no pueden alegar haber ganado, pese a contar con cómputos que aparentemente les den el triunfo. 

La intervención que se confiere a la Cámara de Diputados en la fracción I del artículo 74, de emitir el Bando para dar a conocer en toda la República al presidente electo es un acto declarativo que, si bien es solemne, es de naturaleza secundaria y derivada; no tiene efectos constitutivos. Ha dejado de tener la característica de ser determinante y definitiva que lo fue durante mucho tiempo. La expedición de esa declaración está supeditada a que el Tribunal Electoral emita su resolución, y determinada por el sentido de ella.

En ese contexto no importa que Morena y sus aliados controlen la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados. El Bando Solemne no puede ser emitido de manera autónoma ni alterar el sentido de lo que resuelva el tribunal electoral.

Para el caso de que Xóchitl resulte ganadora, los morenos y sus acuaches del Trabajo y Verde no pueden invocar sus propios excesos o errores para solicitar la anulación del proceso electoral: Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (No se oiga a quien alega su propia torpeza).

A estas alturas ni llorar es bueno. No hay marcha atrás. Que AMLO y los morenos sigan violando más y más la ley; que se ensucien más, al fin que ya no les queda parte limpia que manchar. Sigan el consejo bíblico: “Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose…” (Apocalipsis, cp. 22, v. 11, Biblia de Jerusalén).

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Arsenal

La oposición frente al “golpe de Estado blando” del que habla López Obrador

Francisco Garfias | Excelsior

Dirigentes de la coalición Fuerza y Corazón por México están convencidos que los reiterados señalamientos de López Obrador en el sentido de que los “conservadores” preparan un “golpe de Estado blando” en México, tienen que ver con su inquietud por el avance opositor en el proceso electoral.

Los más pesimistas, sin embargo, no ocultan su temor de que, si triunfa la oposición, el Presidente intente una maniobra para no soltar el poder. AMLO ha descrito en la mañanera lo que entiende por “golpe de Estado blando”: No es un pinochetazo, como el que vimos en Chile el siglo pasado. “Ya no se dan vía la toma de poder por los militares”, ilustró el Presidente. Ahora se busca derrocar a gobiernos legítimamente constituidos, “creando condiciones de rechazo de la población hacia el gobierno que no les conviene”. AMLO sostiene que para dar ese “golpe blando” los conservadores utilizan el Poder Judicial, el Poder Legislativo, o incluso a poderes extranjeros (la CIA, la DEA, el NYT, los republicanos gringos, Iberdrola, Tim Golden, el rey de España…). La eterna teoría de la conspiración.

* Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, es de los pesimistas. Aunque cree que detrás de las palabras de AMLO se esconde el temor a una derrota en las urnas el 2 de junio, le preocupa que esa eventualidad “lo ponga contra las cuerdas” e intente una maniobra sustentada en los militares “para no soltar el poder”.

–¿Desconfías del Ejército? Atajamos.

–Tengo confianza en que el Ejército se va a mantener leal a las instituciones, pero creo que se puede crear una situación social que dé pretexto para llamar a los militares que simpatizan con AMLO para defender un triunfo que no existe.

“Es también un indicador de que Xóchitl y los candidatos de la coalición opositora vamos por el camino correcto”, dijo.

* Más que un “golpe de Estado blando”, lo que es una preocupación compartida es la intervención del crimen organizado en este proceso electoral, el más grande que jamás hayamos tenido. Ya vimos para quién jugó en 2021. Estoy convencido de que lo volveremos a ver.

* Ayer nos congratulábamos por la reunión de los padres de los normalistas de Ayotzinapa con Ricardo Monreal, y de su petición al senador morenista para que mediara, a fin de recuperar el diálogo roto entre ellos y el primer mandatario. Pero no lo dejó ni intentarlo. En la mañanera descalificó a Monreal y a cualquier otro intermediario. El Presidente miró sus zapatos y dijo: “Con todo respeto a mi amigo, compañero y hermano, Ricardo Monreal, y a cualquier otro intermediario, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no les tengo confianza a los intermediarios”.

De paso, le mandó un recado a Vidulfo Rosales, abogado de los padres, quienes casi una década después siguen sin saber qué pasó, ni dónde están los restos de sus hijos: “No les tengo confianza a los abogados. Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta del Palacio y lleva a unos tiradores con piedras, y al mismo tiempo dice que quiere diálogo”.

* A mediados de semana, el Senado aprobó una nueva convocatoria para elegir a dos de los tres comisionados que le hacen falta al INAI. Parece una nueva simulación para sacarle la vuelta a la SCJN, que desde agosto del año pasado instruyó a la Cámara alta a designarlos. El pleno del INAI está incompleto hace más de dos años.  Se integra con siete comisionados. Quedan cuatro. No podía sesionar con menos de cinco. El máximo tribunal resolvió que podía trabajar con cuatro. Emplazó al Senado a designarlos en diciembre pasado. Ni caso.

Le preguntamos a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, si albergaba la esperanza de que esta vez sí nombren a los comisionados. “En honor a la verdad no. Es para cumplir la sentencia de la SCJN”, nos dijo. “En diciembre –añadió– los senadores dieron por concluido el proceso. Pero en febrero pasado, la ministra presidenta (Norma Piña) los requirió para acreditar el cumplimiento. No creo que vayan a nombrar”.

Previamente le preguntamos a Monreal si el impasse en el que ha caído la elección de los comisionados tiene que ver con la intención de AMLO de desaparecer los órganos autónomos. Respondió: “No caigo en la ingenuidad. Una opinión del Presidente pesa mucho en el grupo parlamentario… Pero nunca hemos tenido una línea en ese sentido. Si envió una iniciativa para desaparecer o fusionar a los órganos autónomos, es su facultad. No se ha aprobado. La Constitución y la ley establecen que el INAI debe funcionar. La Corte le otorgó plena jurisdicción para que funcione con tres, o con cuatro comisionados. Así es que no hay ningún obstáculo a la transparencia”.

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La juventud y las elecciones

Julio Faesler | Excelsior

Estamos preocupados por la falta de interés de los jóvenes en las elecciones del 2 de junio. La razón es clara.

Por una parte, todas las propuestas de campaña, sin excepción, condenan las realidades de injusticia y la desigualdad, que casualmente motivan el deseo de que las cosas cambien.

Es evidente que los jóvenes no van a reaccionar frente a lo especulativo de resultados electorales sólo prometidos. Es necesario que los vivan. Aquí radica el problema. No es fácil que tomen posiciones frente a lo que son meras promesas de vida mejor. Las elecciones suponen tener fe y confianza en los candidatos en lo personal y en que se cumplan los supuestos méritos de los programas postulados. Aquel candidato o candidata cuyos antecedentes no sean de fiar, no merece ser apoyado por el voto que se ejerza.

Lo anterior nos deja en el vacío. No hay por qué esperar que los jóvenes, que representan más de 30 millones del electorado, unos condenados a sufrir las inclemencias diarias de las injusticias de que son víctimas y que viven en situaciones desventajosas, no tengan más perspectivas que enfrentar las estrecheces cotidianas, para ellos las promesas políticas resultan totalmente vanas. Mientras que, por el contrario, los que están hechos a modelos consumistas ostentosos y falsos, sólo atienden el llamado de sus “héroes” que hoy en día son los “influencers”.

Una sociedad que no atribuye más mérito sino a la superación económica individual, no inspira los valores que son necesarios para mantener la cohesión de la comunidad y promover el mejoramiento de dimensión nacional en el contexto más amplio.

Por otra parte, los jóvenes que viven en situaciones desventajosas no tienen más perspectiva que solventar a diario las escaseces familiares, para ellos las propuestas políticas resultan completamente vanas.

Es inevitable que la coyuntura que el país vive exija a los candidatos, todos sin excepción, el compromiso de usar los instrumentos de la política como medios de mejoramiento de la sociedad y no como la oportunidad de utilizarla como un instrumento de enriquecimiento personal.

La disyuntiva de las elecciones del 2024 es grave y si no se entiende así el momento actual, el fenómeno electoral del 2 de junio no tendrá sentido alguno.

Es difícil superar la inercia que la corrupción arrastra. Décadas enteras que sólo muestran que el que no tranza no avanza. Las recientes grabaciones de los hijos del Presidente y de sus amigos son un doloroso ejemplo de cómo algunos hijos de la clase política y de la élite empresarial tristemente se convierten en el ejemplo más lacerante que dan a la juventud nacional, que difícilmente pueden tener interés en la recuperación de los valores nacionales.

La preocupación por el explicable desinterés de la juventud por la actividad política como la vía de superación nacional, no sólo tiene que ver con la ética y la vocación de servicio, sino también en un sentido más pragmático de que México venza el desprestigio en que se encuentra y, por el momento, parece profundizarse en el crimen, la violencia, el dominio territorial de la delincuencia organizada y la deshonra en que este régimen es visto a nivel internacional.

La renovación que el país requiere depende de que los candidatos muestren con sus antecedentes y comportamiento personal los caminos de la honestidad y eviten con toda su energía que se perpetúe el engaño y el despilfarro que ha caracterizado los más de cinco años de la lamentable administración de López Obrador y su partido.

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México SA

Salinas Pliego, retorcido // AMLO: nada personal // Xóchitl, chiste semanal

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Los desplantes de Ricardo Salinas Pliego son grotescos y de ínfima calidad, peores aún que la programación de Tv Azteca –especialmente sus noticieros–, lo que ya es decir. Días atrás, el de los abonos chiquitos e intereses de agiotaje celebró un fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual otorgó un amparo total a una de sus empresas, Total Play, con el único efecto de que le reduzcan un porcentaje de su adeudo por 645 millones 763 mil 797 pesos ante omisiones fiscales del ejercicio 2011, de tal suerte que esa instancia dio la razón a la compañía para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa defina un nuevo monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta.

Ante tal decisión, Salinas Pliego se pavoneó y en su red social publicó: si vas a empezar a chillar me avisas; las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas, y sus empleados –especialmente los de sus noticieros– le aplaudieron como focas. Sin embargo, el empresario olvidó mencionar que ese triunfo apenas resulta un pelo de gato, pues dicho fallo mandata que se le reduzca un porcentaje del citado adeudo, en una sola de sus empresas, y no que le cancelen el adeudo.

Independientemente de ello, los pendientes fiscales (que se acumulan cuando menos desde el sexenio de Vicente Fox) de todos sus consorcios se aproximan a 40 mil millones de pesos, y la resolución de la segunda sala ni lejanamente los incluye, de tal suerte que debe pagar, ante lo cual ya no sabe qué inventar ni con qué chantajear para evitarlo. Eso sí, todos los lectores de noticias a su servicio están duro que te dale en defensa los intereses de su patrón.

Fatuo, como siempre, Salinas Pliego presumió su victoria judicial. Eso fue el miércoles pasado, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que desde la administración foxista hay denuncias porque sus empresas no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben pagar impuestos y se han hecho auditorías, y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen por qué pagar sus impuestos y acuden a instancias judiciales.

El mandatario subrayó que no pagar impuestos o condonarlos es un mal ejemplo, pues muchos empresarios los han cubierto, “incluido Carlos Slim, que está al corriente. Si el Poder Judicial decide que está mal el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que no deben cobrar, pues nosotros acatamos lo que digan, pero si un juez dice que sí está bien, pues se tiene que pagar.

No pueden existir excepciones de ningún contribuyente para el pago de los impuestos, dijo López Obrador, y en el caso de Salinas Pliego están en litigo no pocos recursos. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur?, 21 mil millones de pesos, lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año del estado, no es cualquier cosa. Y no es nada personal, porque es dinero del pueblo; en mi administración no se actúa de forma autoritaria ni se persigue a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto. Lo único que queremos es que se terminen los privilegios, porque México es de todos los mexicanos; si cuidamos todos los bienes de la nación se benefician todos y sacamos a todos los mexicanos de la pobreza.

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, detallaron que, en el caso de Grupo Salinas, se ratificó la determinación de actuar en consecuencia en cinco de los seis rubros en que se demandan el pago de impuestos, y la SCJN dio la razón al gobierno mexicano en más de 80 por ciento de su actuación. Ese corporativo enfrenta otros adeudos por al menos 30 mil millones de pesos, cuyos casos se encuentran en litigo ante tribunales. Es dinero del pueblo y debe ir al pueblo. Negarlo no sólo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, injusticia, por eso pedimos que resuelvan estos asuntos con prontitud.

Ante tal panorama, el de las lágrimas de chairo se retuerce y en su red social se queja: el presidente López Obrador “ooootra vez me utilizó como su distractor favorito y me volvió a mencionar en su programa de televisión… Tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los gobiernicolas, y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo”. ¡Ole!

Las rebanadas del pastel

El chiste de la semana va por cortesía de Xóchitl Gálvez: tengo a Claudia Sheinbaum contra la pared. Juar, juar, juar.

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Pensiones: ¿salvar a una generación o remodelar el sistema?

Gustavo Leal F. * | La Jornada

Mientras AMLO puso nuevamente sobre la mesa las pensiones, instruyendo revertir los daños zedillistas-calderonistas, la SHCP del secretario Ramírez de la O elaboró una necesaria pero insuficiente iniciativa (presentada el 5/2/24) que no atiende el pedido original. Este malparche, que opera como gota de agua en piedra hirviente, excluye amplios grupos afectados y sigue subsidiando con recursos públicos un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y sus cuentas individuales que devuelven a los trabajadores pensiones miserables. Como observara Claudia Sheinbaum, no le va a pasar nada a las Afore (Reforma, 4/3/24).

Pero, según Luis F. Munguía, ex consultor externo del Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo, responsable de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, AMLO hizo una propuesta para salvar a la generación de transición. ¿Cómo así?, instruyó resarcir daños de reformas inhumanas y antiobreras, pero nunca salvar una generación. Munguía declara también que se necesita una nueva reforma –que no salvar una generación– y bautiza la iniciativa-Ramírez como política focalizada a las personas que menos ganan (El Financiero, 15/2/24).

¿En qué quedamos? Si se necesita una nueva reforma, resulta absurdo focalizarla –al estilo del tecnócrata Santiago Levy– sólo en los que menos ganan. Eso no fue lo que instruyó AMLO, y todavía enfatiza que esa focalización podría revertir en cierta manera la reforma neoliberal IMSS-1997. ¿Y la del Issste-2007? AMLO aludió a los apartados A y B, pero Munguía subraya que no se afectaría a las Afore.

Claudia Sheinbaum observó que el fondo semilla de 64 mil millones de pesos alcanzaría para fondear la iniciativa hasta el año 2031, ya hicimos el cálculo (Reforma, 7/2/24). Sin entrar al debate sobre su financiamiento, lo que Munguía atribuye equívocamente a AMLO implica un incompetente y precipitado diseño que beneficiará (a corto plazo) a muy pocos, generando brechas de desigualdad entre ellos. Después del tibio ajuste de AMLO al apartado A (diciembre 2020) que patea el bote a 2030, este segundo malparche que publicita Munguía diseñó un traje a la medida para una sola generación de afectados: aquella que cotiza al IMSS entre 1997 y 2029 y a partir de 2007 al Issste, ignorando deliberadamente a todas las demás. Eso no fue lo que solicitó AMLO.

Efectivamente, el traje alcanza porque son muy pocos los que (a corto plazo) alcanzarán el beneficio: sólo pensiones por vejez del SAR-Afore. Excluye por cesantía en edad avanzada, invalidez/muerte o sobrevivencia: viudez, orfandad y ascendencia. Sólo complementa –con recursos fiscales– el saldo acumulado en cuentas individuales hasta un tope de 5 umas mensuales, atendiendo anualmente, durante los primeros años de implementación, a un grupo reducido de trabajadores IMSS-Issste que, con cuentas individuales, alcancen los requisitos: 65 años y mil semanas (IMSS)–25 años de cotización (Issste).

El universo de Munguía es estrecho: cerrando 2023, el IMSS registró 5 millones 96 mil 28 pensiones totales, 4 millones 542 mil 281 (89.1 por ciento), otorgadas bajo la ley-73 y 553 mil 747 (10.9 por ciento) con cuentas individuales, en la ley-97. Sólo en 2023 otorgó 261 mil 183 pensiones totales, 42 mil 850 (16.4 por ciento) bajo la ley-97, de las cuales, únicamente 2 mil 974 (6.9 por ciento) fueron mínimas garantizadas por vejez, mientras 44 fueron rentas vitalicias por vejez.

También, al cerrar 2022, el Issste registró un total de un millón 288 mil 376 pensiones (100 por ciento), de las cuales, 53 mil 284 (4.1 por ciento) se otorgaron bajo el sistema de cuentas individuales de la ley-2007 y sólo 6 mil 137 (11.5 por ciento) fueron pensiones por vejez. En un solo año, 2022, el Issste otorgó un total de 58 mil 200 pensiones, de las cuales 51 mil 163 (88 por ciento) corresponden al artículo Décimo Transitorio y 7 mil 37 (12.1 por ciento) bajo cuentas individuales de las cuales, 3 mil 229 (45.9 por ciento) fueron por cesantía en edad avanzada/vejez).

Este es el universo potencial de pensionados beneficiados de forma anual, incluyendo rentas vitalicias por vejez con rentas mensuales inferiores a 16 mil 778.68 pesos: el estrecho universo que publicita Munguía. Por eso alcanza un traje a la medida para una sola generación de afectados, que no fue lo que AMLO solicitó. Debe resaltarse que esto es a corto plazo. Aunque inicialmente son muy pocos, anualmente se irán acumulando más, y los recursos públicos complementarios con que se los financiará serán vitalicios. De suerte tal que al fallecer el titular de una pensión por vejez bajo cuentas individuales (IMSS-Issste), se deberá seguir pagando la pensión al 100 por ciento a los sobrevivientes.

Vaya manera de salvar a una generación: olvidando a todas las demás. AMLO instruyó revertir los daños neoliberales, no salvar una generación, como publicita Munguía. El fructífero debate en curso (no sólo en las cámaras legislativas) puede y debe corregir de raíz esta falla estructural de su incompetente y precipitado diseño para remodelar estructuralmente el sistema.

* UAM-X.