Lo que dicen los columnistas

Una renuncia anunciada y también deseada

Ahora sí resultó cierto lo que dice AMLO, la renuncia le vino a la oposición “como anillo al dedo”, con ella el sistema tiene mucho que perder y poco que ganar.

Elisur Arteaga Nava | Proceso

El ministro Arturo Zaldívar al fin renunció a su cargo. No se aguantó a concluir el periodo para el que fue electo por el Senado. Según lo manifestó va a sumarse “… a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, …” (carta renuncia de 7 de noviembre de 2023).

Dado que AMLO y Zaldivar, cuando menos hasta ahora, se han comportado como “acuaches” (cómplices para hacer travesuras), es de suponerse que convinieron en el tiempo, términos y forma de la renuncia. No hubo sorpresa alguna.

Minutos después de presentada la carta renuncia, salió el peine; eso de sumarse a la consolidación es algo simple: integrarse al equipo de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, con el fin de que, de ganar la elección, le dé un hueso; la renuncia se produjo en el momento en que la candidata del partido oficial más necesita aparecer en los medios. En algo ha de ayudar a la causa de Morena su renuncia y su separación de la Corte; y de mucho, al servicio de impartición de justicia de manera imparcial, apolítica y sin consignas.

En los Estados Unidos de América existe una conseja: los ministros de la Corte Suprema nunca renuncian y rara vez se mueren. En México renuncian, se mueren y se retiran cuando ha concluido el periodo para el que fueron electos.

Se ha anunciado que la renuncia del ministro Zaldívar es con el fin de que esté en posibilidad de integrarse al equipo de campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum; a eso se reduce su declaración de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario.

Ciertamente el cargo de ministro de la Corte es renunciable; quien en primera instancia debe aceptar la renuncia es el presidente de la República; cubierta esa etapa es AMLO quien debe presentarla al Senado para una segunda aceptación (arts. 76 frac. IX y 98 constitucionales).

Por no existir norma que disponga otra cosa, la aceptación de la renuncia debe hacerse por más de la mitad de los senadores presentes.

Salvo que las cosas hayan cambiado, y no lo supe, hasta ayer la “incidencia que motiva su renuncia” no es una causa grave; por esa simple y llana razón debió haber sido rechazada por AMLO y, en su momento, deberá ser rechazada por el Senado. Como esa Cámara está controlada por AMLO y Morena, la causa invocada por el ministro dimitente seguramente será considerada grave y, por ello, será aceptada por la mayoría de sus integrantes. En un auténtico estado de derecho, a no dudarlo, la renuncia sería rechazada. No lo será. El cargo de ministro de la Corte no es cualquier cosa. Bueno, no debería serlo.

En su momento, dado que la causa invocada por el ministro Zaldívar no es grave, el trámite que debe darse a la renuncia no puede ser de obvia resolución; debe pasar a comisiones; ser citado por ellas a comparecer y ahí ser valorada por los miembros de ellas; llegado el momento, elaborar un dictamen en el sentido de proponer al pleno del Senado sea rechazada. Si se respetan la Constitución, las leyes y usos que regulan el proceso parlamentario, el trámite a seguir pudiera llevarse lo que resta del actual primer periodo ordinario de sesiones. Mientras tanto, el doctor Zaldívar debe seguir desempeñando la función por la que tanto suspiró y que ahora quiere abandonar.

AMLO y la 4T pierden un voto incondicional y esos sucede en el momento menos oportuno para ellos: estando pendiente de ser presentadas las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos en contra de la eliminación de los fideicomisos y de resolverse controversias y acciones importantes, pierden un incondicional para los efectos de negar la suspensión y un voto para impedir que una ley sea declarada inconstitucional.

La oposición no cuenta en el Senado con los votos para sacar un candidato, puede impedir que AMLO designe a otro u otra incondicional. Eso es cierto.

Zaldívar con Sheinbaum / Foto: Prensa Claudia Sheinbaum/cuartoscuro.com

Si, “contra todo pronóstico”, la señora Sheinbaum, se alzara con la victoria en el proceso a celebrar en junio de 2024, don Arturo Zaldívar no podrá ser nombrado secretario de Estado o fiscal general de la República; tampoco podrá ser electo senador, diputado o gobernador de algún estado. (Se lo prohíben los artículos 95, VI y 101 constitucionales). Para que lo pueda ser, deberán pasar, cuando menos, dos años a partir de que le sea aceptada la renuncia. Eso significaría que, en el mejor de los casos, podría aspirar a ocupar uno de esos cargos hasta noviembre de 2025. Qué pena, con lo mucho que podría hacer en la consolidación de la transformación de México.

Analizadas fríamente las circunstancias políticas y jurídicas, si los partidos que conforman la alianza retardan la aceptación de la renuncia y el nombramiento del sustituto, pudiera significar una gran ventaja. Me explico.

AMLO y Morena pierden un ministro incondicional y confiable en la Corte. Como quedan diez ministros, no urge que el Senado apruebe el nombramiento del sustituto. El nombramiento puede esperar hasta que pasen las elecciones. Para evitar que opere la cláusula de nombramiento automático a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 96 constitucional, la oposición debe dilatar todo: la aceptación de la renuncia, el dictamen de las ternas, las comparecencias y, en su caso, el nombramiento. Un nuevo Senado, el que resulte de las elecciones de 2024, pudiera ser determinante en la composición de la Corte, en la defensa de la Constitución y del estado de derecho.

Ahora sí resultó cierto lo que dice AMLO, la renuncia le vino a la oposición “como anillo al dedo”, con ella el sistema tiene mucho que perder y poco que ganar. Que esto sea así dependerá de que la oposición sepa jugar sus cartas de manera inteligente y oportuna.

Algo es cierto: la oposición no debe permitir que de nuevo se violen la Constitución y las leyes.

En su momento Arturo Zaldívar puede ser jefe de Morena, consejero jurídico de la candidata de Morena, si gana o embajador en Nepal o Zomalia; la Constitución no se lo prohíbe.

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Razones

Zaldívar, de la Corte a la política

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar presentó sorpresivamente su renuncia como ministro, y horas después se reunió con Claudia Sheinbaum, anunciando que se uniría a su equipo. Es una incorporación importante de un hombre que, como todos, ha tenido luces y sombras en su desempeño al frente del Poder Judicial y ahora se decanta por la política.

Creo que fue un error que Zaldívar aceptara la opción de tratar de prolongar su mandato dos años al frente de la Corte, pero independientemente de eso tuvo un buen desempeño al frente del Poder Judicial y logró mantener una buena relación con el presidente López Obrador. Realizó una reforma que fortaleció al Poder Judicial, abogó por una justicia con visión de género y mantuvo un margen de autonomía importante sobre todo en esos tres primeros años de gobierno de López Obrador que podrían haber arrollado a cualquiera en su posición.

Es obvio que Zaldívar es una figura que genera controversia, pero creo que el haber sabido transitar ese periodo tan convulso, con un Presidente de la República tan intervencionista, en un contexto de debilidad institucional en los ámbitos relacionados con la justicia, habla bien de la gestión de Zaldívar en medio de enormes presiones políticas. Luego tuvo distanciamientos con Palacio Nacional, literalmente se quedó sin interlocutores en el Ejecutivo y cuando se dio la sucesión en la Corte, creo que jugó mal sus cartas en medio de un clima de ya mucha beligerancia interna y del Ejecutivo con el Judicial.

Hace cinco años, a poco de asumir Zaldívar la presidencia de la Corte, entrevisté al entonces nuevo ministro presidente. En aquella entrevista, el ministro Zaldívar hablaba sobre la relación que mantendría con el gobierno la Suprema Corte ante el Ejecutivo y los otros Poderes, reales o fácticos. ​“Se ha pretendido, dijo, que la Corte y el Presidente de la Corte jueguen el papel que deben jugar las oposiciones políticas. A la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, ni a los jueces nos toca ser la oposición al gobierno, nos toca ser un Poder equilibrador que, cuando alguna autoridad se exceda en sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad y un Poder Judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno, generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría el Estado de derecho. Eso no nos toca, la independencia judicial no implica ser opositor a un gobierno…Tenemos que ser autónomos, pero ser autónomos no quiere decir que entremos a la “arena política” a responder declaraciones del Presidente o jugar un papel que le toca a las oposiciones políticas, porque, además, ahí perderíamos nuestra neutralidad política. La Corte tiene que ser neutral, tiene que ser el Poder equilibrador, el gran árbitro de los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos humanos de todas las personas… nos toca resolver los conflictos constitucionales que tienen, muchos de ellos, contenido político, pero a través de un proceso en nuestra calidad de jueces… tenemos que ver que se respete la Constitución y cuando el gobierno tenga la razón se le dará, y cuando no la tenga se le dirá que se excedió, que se vulneró la Constitución, como lo ha venido haciendo la Corte en estos años”.

Hace algunas semanas, la última vez que platiqué con Zaldívar, ya en medio de la crisis del judicial con el Ejecutivo (poco antes de la andanada política y presupuestal de la Presidencia contra la Corte) seguía pensando más o menos lo mismo que cinco años atrás y ponía el acento en la falta de interlocutores entre el Judicial y el Ejecutivo. Me imagino que un papel de ese tipo jugará ahora en el equipo de Sheinbaum y si Claudia llega a la Presidencia el día de mañana en el gobierno. Porque el hecho es que hoy no hay interlocución entre ambos Poderes, más allá de que muchas de las acciones y las declaraciones del presidente López Obrador sobre jueces, ministros y el Poder Judicial en general, son sencillamente injustas, y dificultan seriamente establecer el diálogo.

Pero también creo que Sheinbaum asume que si gana las elecciones de junio próximo deberá cambiar la narrativa y accionar del oficialismo en muchos temas ante la imposibilidad de continuar, en un gobierno que estará mucho más fragmentado que en la actualidad, con enfrentamientos tan radicales que puedan descarrilar la propia gobernabilidad. Deberá ocurrir en muchos ámbitos y el de la justicia es uno de ellos. Es ahí donde Zaldívar puede jugar un papel porque más allá de las filias y fobias que puede haber generado su desempeño como ministro presidente, es un hombre que conserva esa posibilidad de interlocución y que ha demostrado tener sentido político.

Su salida, como se ha dicho, le permite al gobierno federal poder llenar una silla más en la Suprema Corte antes del cambio de administración, un proceso que no será, por cierto, nada sencillo porque quién sabe cómo estarán los equilibrios internos en Morena para esa fecha. Y con otro interrogante: Ana Laura Magaloni, una mujer que genera mucho respeto en el ámbito político y judicial, y que está cerca de Sheinbaum, fue propuesta en 2019 para la Suprema Corte. En esa ocasión no alcanzó esa posición ¿será esta su hora?

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Nudo gordiano

Zaldívar

Yuriria Sierra | Excelsior

La sorpresiva dimisión de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte es un nuevo episodio, también controvertido, en su paso y mandato al frente del Poder Judicial. Ha sido, desde su designación como ministro del tribunal más alto en nuestro país, una figura de una relevancia mayúscula, de claves y sentencias intensas que han incomodado a tirios y troyanos por su revolucionaria forma de interpretar la Constitución, pero que, sin duda, han removido el entendimiento jurídico del país desde sus entrañas más intocables.

Por un lado, Zaldívar impulsó avances clave en materia de derechos humanos —particularmente de las mujeres y las minorías de la diversidad—, logrando sentencias históricas sobre aborto, matrimonio igualitario y violencia de género. Pero también que en su momento lograron retar al poder político que utilizaba al Poder Judicial como extensión de su dominio. La liberación de Florence Cassez sentó un precedente sin reversa posible para la estricta observancia del debido proceso en los juicios en nuestro país, por ejemplo. Bajo su liderazgo, la Corte expandió los derechos reproductivos, permitió la adopción homoparental y declaró inconstitucionales leyes que discriminaban a las personas por su orientación sexual. Su agenda progresista en lo social es innegable.

Pero también hay que reconocerle a Zaldívar que, ya como ministro presidente, mediante una hábil estrategia de cercanía con López Obrador, blindó en su momento (los albores del sexenio), precisamente, a la Corte de lo que ya se intuía como una campaña de embates del Ejecutivo, que buscaba someterla e ignorar varios de sus fallos. Arturo Zaldívar logró, si bien con una estrategia muy heterodoxa y poco convencional, leer a López Obrador y logró que respetara las atribuciones del Judicial, frenando varios intentos de avasallamiento. Esta maniobra política, aunque muy controvertida, salvaguardó durante cuatro años la autonomía de un contrapeso clave de la democracia. Tan así fue que, al final de su periodo, Norma Piña pudo ser electa como nueva ministra presidenta de la SCJN.

Pero, al mismo tiempo, Zaldívar exhibió una ambivalente cercanía con el Presidente que, para los sectores más críticos al obradorismo, ponía en duda su imparcialidad. Su trato privilegiado de López Obrador levantó recelos de que garantizara intereses del partido en el poder por encima de la ley. Más aun cuando, al renunciar, habló de seguir apoyando la “transformación” desde afuera, lo que suena a compromiso político, no jurídico. Horas después de su renuncia apareció en una foto con Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia, en donde ambos se comprometían a seguir trabajando por la transformación. Nadie puede ni debe olvidar que la propia Claudia fue a saludar a la ministra Piña tras su elección como nueva presidenta de la Corte. Es decir: en estos días debemos reaprender a dejar de mirar tan sólo el árbol, para volver a ver el bosque completo.

No reconocer que definió aspectos clave del México moderno e impidió un retroceso autoritario es ignorar todo lo que Arturo Zaldívar sí pudo contener y reencauzar en un ambiente de profunda polarización. Por ahora su legado es una mezcla agridulce, de importantes avances sociales con una cuestionable cercanía al Ejecutivo. Cosa que, paradójicamente, pueda haber sido su más heroico resultado en estos años.

Su sucesor o sucesora como ministro enfrentará ahora el reto mayúsculo de consolidar los logros democráticos y de derechos humanos, al tiempo que recupere una distancia crítica del poder. Ése es el delicado equilibrio que Zaldívar estuvo dispuesto a sacrificar para poner a salvo la institución en su conjunto. Es imposible juzgar y saberlo con certeza ahora. Serán el tiempo y la historia los que podrán darnos la respuesta.

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Astillero

Ministro Zaldívar: puerta giratoria // Sale de Corte; entra con Claudia // El Senado y dos años más // ¿Qué rol jugará ahora?

Julio Hernández López | La Jornada

El 15 de abril de 2021 se realizó en el Senado de la República una maniobra tramposa para sostener a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por dos años más, después de su periodo constitucional, en la condición de ministro y de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Un senador oaxaqueño del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños-Cacho Cué, presentó a última hora de la sesión que había aprobado en lo general una reforma judicial, ya cuando sin contratiempo se votaban 12 artículos transitorios (https://goo.su/xMAotW y https://goo.su/qmF3LSJ), una propuesta relampagueante (su lectura en tribuna se llevó menos de 90 segundos): que el presidente de la Corte, en funciones, prolongara su periodo dos años después de terminar su mandato normal. La propuesta fue aprobada de manera igualmente veloz, entre protestas de un segmento de la oposición (otros, ni siquiera alcanzaron a reaccionar ante el madruguete).

Casi cuatro meses le llevó a Zaldívar rechazar la propuesta de continuidad por dos años, violatoria del artículo 97 constitucional, que establece que el presidente de la Corte durará en el encargo cuatro años y no podrá ser relecto en el periodo inmediato.

El 6 de agosto del mismo 2021 declaró a los medios de comunicación, entre incesantes críticas por su indefinición, exploratoria de posibilidades de aceptación: Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo (https://goo.su/tWum8ru).

El anuncio lo hizo después de reunirse con el Presidente de la República, quien había apoyado la permanencia de Zaldívar por dos años más, al considerar que sólo él podría operar la reforma judicial (https://goo.su/5gf5nv). Zaldívar dejó la presidencia de la Corte, pero podría haber seguido como ministro (uno entre 11) hasta noviembre de 2024.

Aunque en enero del año en curso ya había advertido: yo tengo dos años más como ministro, en principio estaré abocado a eso. Sin embargo, si surge alguna posibilidad, alternativa, coyuntura donde pudiera yo ir a algún lugar o sumarme a algún proyecto en el que crea que puedo servir mejor a mi país, lo ponderaría, pero por lo pronto yo seguiré como ministro hasta el 30 de noviembre de 2024.

Ayer, Zaldívar renunció a su condición de ministro de la Corte (falta que el Presidente de la República la acepte y la envíe, para su procesamiento, al Congreso). No adujo ninguna causa grave, como se requiere legalmente en estos casos (en todo caso, que considera subjetivamente que su ciclo ha terminado y que sus aportaciones en la Corte son marginales), y tampoco esperó a dejar su cargo hasta noviembre de 2024.

De inmediato, tal cual se estila cuando se desea enviar un mensaje político, Zaldívar apareció en redes en una fotografía publicada por Claudia Sheinbaum, quien dio cuenta del nuevo fichaje (aún cuando la renuncia no había sido aceptada todavía por Palacio Nacional ni procesada en el Senado): acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país.

La anticipada renuncia, sin causa grave argumentada (situación similar se vivió con Eduardo Medina Mora, entre presiones por presuntos actos de corrupción), para sumarse a un proyecto partidista, exhibe motivaciones políticas impropias de una figura tan importante que presidió la Corte y, por extensión, el Poder Judicial de la Federación. En enero de este mismo año, Zaldívar entregaba tal presidencia a Norma Piña, y en noviembre ya está acomodándose a los planes del partido Morena y a los probables nombramientos de Claudia Sheinbaum si gana la Presidencia de la República.

En lo inmediato, Zaldívar podría ser consejero o asesor honorario de un proyecto partidista y electoral, y ya se verá si alguna retorcedura jurídica le permite ocupar otro cargo de poder.

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México SA

Grupo México: ¿mesa de diálogo? // Semarnat: ¿y la denuncia penal? // Zaldívar, ¿próximo fiscal general?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Pronunciamientos van, denuncias vienen y parece no tener fin la tenebrosa cuan impune historia de uno de los (tantos) derrames tóxicos de Grupo México (6 de agosto de 2014: 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi; contaminó 270 kilómetros de territorio y afectó a ocho municipios con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que fue calificado como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México), el corporativo que en su momento alegó un accidente, cuando a todas luces ha sido negligencia e incumplimiento con la remediación.

Casi un mes atrás, la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, divulgó un detallado informe sobre el citado derrame y el nulo resultado del Fideicomiso Sonora, creado para remediar la contaminación y atender a los afectados. Para tal efecto, Grupo México, del tóxico barón Germán Larrea, habría depositado 2 mil millones de pesos, pero la investigación respectiva documentó que sólo se utilizaron mil millones y nada remediaron, toda vez que la contaminación en agua, aire, flora y fauna se mantiene, al igual que la presencia de metales pesados por arriba de la norma.

De hecho, el informe detalla que el corporativo minero gastó cuatro veces más en propaganda (estrategia de comunicación, la llamó) que en atención a la salud de la población afectada por el derrame. Para la remediación, indica, el gobierno peñanietista y Grupo México establecieron un compromiso por un monto de 2 mil millones de pesos, en cuatro ministraciones de 500 millones cada una, pero sólo hicieron dos, mil millones en total. En esa ocasión, la secretaria Albores informó que el 17 de agosto pasado hicimos (la Semarnat) una denuncia penal a Grupo México, porque no ha cumplido con la remediación ambiental, esa es como parte de la historia.

Días después, el presidente López Obrador dio a conocer que llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte de Grupo México con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos y uno de ellos es el de buscar una solución al problema de la contaminación del río Sonora; piden que se instale una mesa para establecer un diálogo y hacer una revisión de los estudios que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y poder remediar esta situación grave de contaminación del río. La Segob les informó que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este diálogo, el tiempo que se requiera. Y desde luego que se va a invitar también a los representantes de las personas afectadas del río Sonora.

Pues bien, transcurridos más de nueves años desde el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, la contaminación y la afectación para la salud de la población se mantienen al igual que la impunidad de Grupo México y su dueño. En la presente administración se ha documentado tal situación, pero la historia sigue como si nada. Por ejemplo, tres meses después de presentarse la citada denuncia penal, nada se sabe sobre su curso, si bien ello no resulta novedoso por estar en manos del Poder Judicial. Tampoco sobre la mesa de diálogo en Gobernación y menos sobre los supuestos trabajos de remediación.

Lo cierto es que, como denuncia la doctora Reina Castro Longoria (Universidad de Sonora; Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Biología y Ecología de La Conservación) es grave lo que está ocurriendo con el mercurio detectado desde Cananea hasta Hermosillo; debe atenderse urgentemente este problema desde donde se genera, porque este va más allá de la contaminación que ya está; el mercurio es la muerte instantánea, y es terrible lo que pasa; ya está llegando a Hermosillo y nadie dice nada, y eso es lo más grave. La señora Albores sigue haciéndole la caravana a Germán Larrea; ya no es nada más en la cuenca de los ríos, sino en una ciudad de casi 2 millones de habitantes.

Pero, asegura la versión oficial, hay buena voluntad.

Las rebanadas del pastel

Huele a próximo fiscal general de la República: el ministro Arturo Zaldívar renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque mi ciclo ha terminado; tomaré otras actividades y toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo e igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Y de posdata, una fotografía con Claudia Sheinbaum. Junto con el impresentable Luis María Aguilar Morales, el queretano era el ministro más antiguo y le restaba poco más de un año a su periodo constitucional.

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Divorcio o separación

Luis Linares Zapata | La Jornada

La división de poderes ha sido, en la ciencia política, todo un mantra ya fijado en la mente colectiva. Es un mandato aceptado como insignia para un manejo adecuado de gobierno. Es, en fin de cuentas, una figura indispensable a tomar en cuenta para el balanceado y estable diseño federal. La calificación de una administración, en buena parte, depende de su observancia y ejecución. Lo reconocible, en esta actualidad, se basa en un interactuar con el respeto debido de los deberes y decisiones de cada una de las ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay, en ese rejuego constante, una virtud (o defecto) implícita que tiene la potestad de extender cartas de buena –o mala– conducta. Pero, en la drástica cotidianidad, los intereses y las pasiones, que van y vienen por fuera o dentro de tales poderes, hacen que, en numerosas ocasiones, naufraguen las que fueran sanas y hasta bellas intenciones.

No cuesta mucho esfuerzo observar y reconocer que en diferentes ocasiones estos arreglos se puedan estirar hasta que, en no pocas veces, naufragan por completo. En el sistema de interacción mexicano y durante innumerables años, el mandato inscrito en las leyes, no pasó más allá de los dorados textos. El Ejecutivo se impuso sobre los demás con la regularidad de algo sabido y hasta aceptado. Más aún, la subordinación, tanto del Legislativo como del Judicial, era una práctica hasta celebrada. El presidente de la República era entonces la gota de poder abarcante que apabullaba a los demás. Todo ocurría a su derredor y de su voluntad derivaba el reparto de bienes, penas, servicios o justicia.

Pero algo más grave puede ocurrir en la práctica de un sistema establecido cualquiera. Y es la sofocante dependencia que se llega a vivir, a cada paso, respecto de uno, o algunos grupos de presión. Esta defectuosa interrelación, en no pocas ocasiones se trasmuta en asfixiante yugo, autoritario mando o inapelable dictado de los grupos de poder. Varios, si no es que la inmensa mayoría de los sistemas establecidos, han caído bajo la férula de conspicuos grupos de presión: abiertos unos o conocidos otros, pero accionando entre bambalinas. Esta normalidad aceptada y actuante ocurre cuando los grupos llegan a acumular enormes riquezas, dominio sobre grandes empresas o fuerza coercitiva. Los intercambios entre los poderes normados y tales grupos de presión se vuelven realidades que llegan a ser inaceptables. No hay, entonces, manera de evitar que el sistema completo se convierta en una plutocracia hecha y derecha. Tal es la efectiva descripción, por ejemplo, del sistema, tan presumido, de balances en Estados Unidos. Los que ahí mandan son los donantes, los herederos, los especuladores de envergadura, los directores ejecutivos que se han encaramado en la cúspide de las empresas. En especial, aquellas que, según actual definición, son demasiado grandes para quebrar. Todo lo demás, entonces, gira alrededor de sus mandatos y hasta caprichos pero, en especial de sus intereses.

El sistema mexicano, hasta hace poco, digamos unos cinco años, operaba bajo similares condicionantes. La política se hacía y guiaba con estas graves realidades en mente. El resto de la sociedad, es decir, la mayor parte de los ciudadanos, no participaba y menos aún recibía los beneficios debidos por sus contribuciones. De esta realidad deriva la imperiosa necesidad de lograr un claro margen de distancia entre política y los demás factores que operan en el país. Obligada distancia para que se pueda hablar de democracia. Entendida ésta como arreglo que tiende a dar, a cada quien, lo que requiera y corresponda. Es, por tanto, un imperativo, en aras de la capacidad decisoria independiente y soberana, que el Estado nacional, y su gobierno electo, imponga su guía y preponderancia sobre los demás actores y peticionarios. No es factible imaginar que aceptar la injerencia o el dominio de los grupos de presión en la toma de decisiones sociales y políticas conllevará a un reparto equitativo o justo de los bienes y, en particular, del bienestar popular.

Este gobierno nuestro, desde el inicio de su mandato ciudadano, optó por la separación, hasta tajante, del previo arreglo sistémico imperante. Se tuvo que tomar la alternativa de buscar la senda de un gobierno soberano. Y no sólo eso, sino que se usara tal capacidad para atender a los que habían sido marginados. Fue básicamente por esto que se suspendió la construcción aeroportuaria en proceso. El escozor de los expulsados del cuarto de mando todavía ronda con dolor en el ámbito opositor. A esto se le ha adicionado, el manejo unilateral del conjunto de obras estratégicas para incluir al sureste en el balance participativo. Situación que, también, fue sentida como arbitraria omisión y de ahí las descalificaciones continuas. La independencia conseguida entre lo público y lo privado, la verdadera división de poderes, debe continuar para el bien de todos los demás.