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Corrupción, hasta dónde

Ernesto Villanueva

Proceso

La Convención Interamericana contra la corrupción, por ejemplo, en su preámbulo expresa los efectos negativos de la corrupción, pero ni ahí ni en su texto normativo define el concepto de referencia.

No hay en el mundo una definición unívoca de lo que debe entenderse por corrupción. Existen, en consecuencia, diversas definiciones. El concepto no se desarrolla en las Constituciones del mundo, incluido Suecia, ni en las convenciones internacionales. La Convención Interamericana contra la corrupción, por ejemplo, en su preámbulo expresa los efectos negativos de la corrupción, pero ni ahí ni en su texto normativo define el concepto de referencia. Acaso una aproximación generalista es aquella que define corrupción como el acto de aprovechar la posición en que alguien se encuentra para obtener una ventaja impropia en beneficio personal o de otros.

Y recalco impropia no indebida porque hacerlo limitaría los actos de corrupción sólo a los establecidos en la ley. Puede haber actos que son legales pero inmorales o que rebasan el umbral de tolerancia de la ética pública, dependiendo de cada país y sus tradiciones culturales. En esta aproximación amplia se integran tres conceptos correlacionados: imparcialidad, abuso de poder y meritocracia. No se puede combatir adecuadamente la corrupción si no hay una definición de qué es, requisito indispensable para que las conductas que incurren en esa o esas hipótesis puedan ser medidas, reprimidas y prevenidas.

En el caso de México, sin haber una definición, sí existen en las leyes supuestos que abarcarían distintas modalidades de corrupción. Un punto de partida es la inadecuada consideración que sólo se debe sancionar los grandes actos de corrupción no los pequeños, sin considerar que la suma de la tolerancia a los pequeños por cuanto a sus montos son el caldo de cultivo para nazcan y se reproduzcan los grandes. Me explico. Y pongo un ejemplo: las personas que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil del Conacyt apelan que no deberían ser objeto de sanción alguna porque no han incurrido en delito o ilicitud y, por lo anterior, la autoridad competente debe identificar y sancionar al crimen organizado y el narcotráfico.

De acuerdo con la Constitución y las leyes toda (no algunas debido a pertenencia a un estrato socioeconómico, actividad o profesión) conducta que se demuestre que es ilícita debe tener sanción. Se trata del principio de seguridad jurídica dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece cuándo y cómo se debe proceder para llevar a cabo un acto de afectación a la esfera jurídica de gobernantes y gobernados.

Un caso que ilustra, sin importar la cuantía, la protección del recurso de la sociedad es el de Mona Sahlin, ex viceprimer ministra de Suecia, por el Partido Social Demócrata, sobre quien el 7 de octubre de 1995, el periodista Leif Brännström, del diario Expressen publicó una investigación que acaparó la nota principal de ese diario y de distintos medios suecos. Se trataba de un gravísimo acto de corrupción: había identificado que Sahlin había utilizado la tarjeta de crédito que le había otorgado el Regeringskansliet (la oficina administrativa del gobierno) para usos personales.

En efecto, el reportero probó que la Viceprimer ministra había gastado 266.10 coronas suecas (627 pesos mexicanos aproximadamente) en comprar chocolates Toblerone, de ahí el nombre de Toblerone Gate (https://tinyurl.com/wj3swbu). Se pudo probar que ese

recurso del erario fue devuelto…pero pasando más de 6 días después de haber hecho la compra. Esta revelación generó una investigación de la fiscalía general de Suecia en la que encontró otras compras que también habían sido reembolsadas días después. Para la Fiscal en funciones en esa época, Solveig Riberdahi, existía “fundamento para sospechar que Sahlin cometió deslealtad, abuso de poder y fraude».

El 16 de octubre de 1995, Sahlin se vio obligada a renunciar a su alto cargo, llegar a un arreglo extrajudicial con la fiscalía general y salir del país. Tras estar varios años fuera de la arena política, Mona Sahlin volvió a la política sueca y en el 2015 tenía el cargo de presidenta de la Coordinación Nacional contra el Extremismo Violento dependiente de la Secretaría de Cultura. Un año después volvió a incurrir en otra falta. Expidió una constancia a su ex escolta donde incluía el ingreso total mensual de éste (que implicaba sus percepciones como inspector de la policía sueca comisionado a la oficina de Sahlin, su estímulo económico complementario y el ingreso adicional que la propia Sahlin le otorgaba de su propio bolsillo).

De nueva cuenta, el escándalo fue mayúsculo y ya no se tardó más de una semana en renunciar. Lo hizo la misma tarde que salió la información. Por esas conductas fue multada y tuvo penas privativas de la libertad suspendidas que incluían, conforme a la legislación sueca, su inhabilitación para ocupar cargos públicos. (https://tinyurl.com/p7jwdn9s). Paradójicamente, en México hubiera resultado todo distinto. Mona Sahlin no hubiera sido motivo de interés público porque en el país, el uso de gastos de representación existe en varias esferas de la administración pública.

Más aún, la corrupción está internalizada en disposiciones legales. Y en el caso del apoyo adicional a su escolta en México hubiera sido motivo de simpatía popular porque hubiera sido percibido como un gesto de gran calidad humana. No cualquiera le proporciona a quien lo protege un ingreso adicional al establecido por el tabulador oficial proveniente de sus propios recursos. Con los parámetros suecos y la intolerancia social a la corrupción de detalle, en México, por acción u omisión, nadie estaría libre de algún tipo de reacción social y legal. No obstante, sí es legal y socialmente atendible sancionar aquellos casos donde se detecten presuntas conductas contrarias a derecho con apego a la Constitución y a las leyes, sean de mucho o de poco dinero.

Arsenal

El PRI bajo sospecha, la alianza opositora se tambalea

Francisco Garfias

Excelsior

El PRI no da color sobre la controvertida reforma eléctrica del presidente López Obrador. Argumenta que es necesario analizarla a fondo, convocar a parlamento abierto, revisar pros y contras, antes de definir su voto.

Esa indefinición no sólo pone al tricolor bajo sospecha de estar entregado a la 4T, sino que ha llevado al borde de la ruptura a la alianza parlamentaria con el PAN y el PRD. “Una alianza se mantiene con hechos, no con dichos”, advirtió ayer Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN en San Lázaro. El misterio sobre su postura frente a la reforma eléctrica le ha jalado reflectores al PRI y lo pone en posición de fuerza a la hora de negociar. Basta comparar las dos ruedas de prensa celebradas ayer en San Lázaro: La del PRI a reventar, la de Morena a la mitad.

* El voto del tricolor definirá el rumbo de esa reforma, que pretende modificar tres artículos de la Constitución (25, 27 y 28.) El grupo tricolor tiene 70 diputados. La aprobación requiere de mayoría calificada (334 votos).

A la coalición obradorista le faltarían 56 votos. En otras palabras: si 16 priistas votaran en contra, la Reforma no pasa. Ése es el verdadero “número mágico”.

Empresarios y opositores dicen que la reforma tiene un sesgo expropiatorio, traerá apagones, subirá los recibos de luz y provocará litigios con socios comerciales de México.

Morena y sus aliados sostienen que es para fortalecer la CFE y en beneficio del pueblo. López Obrador ya advirtió que serán balconeados los legisladores que voten en contra de su reforma. “No somos tapadera”, dijo.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, comentó sobre esa advertencia: “Jamás, en los últimos 30 años, había habido un ataque brutal, sistemático y organizado del gobierno, principalmente contra ustedes, los medios de comunicación. Pero también contra los empresarios, los partidos políticos, los órganos autónomos constitucionales. No es novedad que eso ocurra”, puntualizó.

* En la rueda de prensa le hicimos notar a Alito Moreno que su grupo parlamentario es el único que no ha fijado postura frente a la controvertida reforma. Evadió: “Nosotros hemos fijado una postura. La del debate, la discusión. Respetamos a quienes han presentado la suya… A nosotros no nos corre prisa. Nadie nos presiona”.

Le preguntamos también sobre el mensaje que López Obrador mandó a los priistas, a propósito de la reforma: la disyuntiva es entre Lázaro Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari. Moreno respondió: “Eso es lo que dice él. Son dos expresidentes de México. Es la historia, nada más. Es una comparación atemporal. Son momentos distintos del país.

“México cambia cada tres, cuatro, cinco años. Hoy vivimos también en una globalidad. Tenemos que discutir todos los temas de fondo. El PRI será responsable siempre con el país, en el contexto que hoy vive México y que hoy vive el mundo”.

Durante el debate, en el salón de sesiones, nos llamó la atención que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, dijera que el tricolor ya recuperó el espíritu social de López Mateos. ¿Sabrá algo o hablará al tanteo?

* La reforma de López Obrador asegura a la CFE el 54% del mercado de energía eléctrica y el monopolio del litio, un mineral que se usa en los teléfonos celulares. El Presidente dice que es para fortalecer a la CFE y que representa un beneficio para el pueblo. Los opositores afirman que es un trancazo a la competitividad. La propuesta elimina también los órganos regulatorios autónomos —CRE, Cenace CNH—, que representan un contrapeso a las decisiones del gobierno federal.

“Implicaría retroceder a un monopolio estatal autorregulado, eliminando la libre competencia, prohibiendo a los particulares participar en la generación de la energía eléctrica”, dice un desplegado de la organización Sí Por México.

Jorge Young, presidente del Cluster Metropolitano de Energía, calificó la iniciativa como el intento de López Obrador para instaurar un régimen autoritario. “Definitivamente no le gusta que existan organismos autónomos que puedan cuestionar sus decisiones personales. Ya nisiquera son decisiones de gobierno”, nos dijo. El hombre tampoco entiende que las funciones de los organismos autónomos las asuma la CFE, a la que califica como “una olla de corrupción e ineficacia”.

Datos de Forbes México reflejan esa ineficacia. La CFE perdió 78 mil 920 millones de pesos en el 2020. Entre enero y marzo de 2021, esa pérdida fue de 35 mil 600 millones de pesos.

México SA

López Obrador pide peras al olmo // Definiciones, solicita a priístas // Sólo un traidor entrega a su país

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Al presidente López Obrador le dio por pedir peras al olmo: con motivo de la iniciativa de reforma en materia eléctrica (más litio) que recién envió al Congreso, el PRI tiene una oportunidad histórica para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Es un momento definitorio. Vamos a ver qué resuelve.

Así es. El mandatario mexicano pide definiciones a un partido (en realidad un cascarón con una élite manejándolo como empresa privada) del que sólo queda el cascarón podrido y que con el correr de los años sistemáticamente traicionó sus principios fundacionales, de tal suerte que difícilmente se uniría a la corriente nacionalista y popular que exige la aprobación de la citada iniciativa. ¿Podría hacerlo? Siempre con la tarifa por delante, como en los tiempos de las privatizaciones, primer mundo, rescates, modernizaciones, reformas, cambios constitucionales y conexos desde el salinato, siempre de la mano –e$tirada– de los panistas y en permanente agravio a los mexicanos. ¿Cuál sería el precio de los tricolores?

López Obrador envió el mensaje: “aquí ya no hay para dónde hacerse… Ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero, además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué, no aprendemos de lo que pasa en otros países? Hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma eléctrica”.

El mandatario reiteró que su gobierno fortalecerá a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, de tal suerte que es hora de definiciones. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas para convertirlas en empresas privadas, por eso es privatizar.

Paralelamente, está el tema del litio, porque se trata de un mineral estratégico y tengo información (porque el Presidente de México tiene más posibilidades de informarse; no tenemos espionaje, no existe el Cisen, pero sí hay inteligencia) de que importa mucho a los extranjeros el litio mexicano, un recurso que queremos que siga siendo de la nación, para nosotros y las nuevas generaciones, porque es un mineral fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías. El litio es básico; no debe privatizarse y se queda en casa, para los de casa. “Ojalá los legisladores –en general, no sólo los del PRI, también los del PAN y de otros partidos– lo piensen, porque es un asunto histórico… Con Salinas se dio la alianza prianista, acuérdense; el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos, empresas públicas y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica, y ya se fueron juntos”.

Carentes de ética, los priístas convenientemente olvidaron a Lázaro Cárdenas y a López Mateos. En 1937 el general creó la Comisión Federal de Electricidad, por considerarse como básica de la prosperidad nacional la actividad de la industria eléctrica; hay que suministrar la energía eléctrica a precios reducidos y ramificar su abastecimiento en todo el país.

Y López Mateos (1960): a los mexicanos devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos

malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás. Pueblo de México: los dispenso de toda obediencia a futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación. Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros.

Las rebanadas del pastel

Y con los prianistas llegaron malos mexicanos identificados con las peores causas del país que intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.

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