Intelectuales, pero idiotas
Ricardo Raphael
Proceso
En 2016 el filósofo Nassim Nicholas Taleb publicó un texto que en pocos párrafos logró capturar las claves de dicho ánimo revanchista. Lo tituló Intelectuales, pero idiotas, un término que luego sería utilizado por los promotores de la campaña de Donald Trump.
Con el paso del tiempo la acusación por crimen organizado contra 31 exfuncionarios y científicos ligados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debería ser una anécdota más, mezquina y autoritaria, que no llegó a mayores.
Es insostenible el argumento jurídico presentado por el fiscal Alejandro Gertz Manero ante el juez responsable de desahogar la denuncia.
Sin embargo, lo que no se borrará tan rápido es el ánimo de revancha que le otorgó contexto y motivos a esta desmesurada embestida.
Aparece como desproporcionada la intención de ubicar en el mismo sitio a un narcotraficante asesino y a la física laureada Julia Tagüeña Parga.
Sin embargo, ésta parece haber sido justo la pretensión de la fiscalía: que en el imaginario colectivo se igualasen, aunque sea por un breve momento, científicos privilegiados con ladrones populares.
No hay broma en el intento sino un propósito deliberado para despojar a las y los intelectuales de la reputación que los ubica en un lugar aparte.
El contexto en el que ocurre este embate para desprestigiar personas que se asumían a sí mismas como gente decente, es el de un feroz antiintelectualismo que no sólo muerde fuerte en México, sino en muchos otros países.
En 2016 el filósofo Nassim Nicholas Taleb publicó un texto que en pocos párrafos logró capturar las claves de dicho ánimo revanchista. Lo tituló Intelectuales, pero idiotas, un término que luego sería utilizado por los promotores de la campaña de Donald Trump, como el líder republicano Newt Gingrich.
Afirma Taleb que este ardimiento resentido proviene del cansancio acumulado por años respecto de la deshonestidad intelectual, la arrogancia y la presunción de “la clase intelectual” que ha dominado a la academia, los medios de comunicación, la función pública y las organizaciones de la sociedad.
“Lo hemos visto en todo el mundo, desde la India hasta Gran Bretaña y Estados Unidos, se trata de una rebelión contra el círculo íntimo de quienes toman las decisiones más importantes –expertos, intelectuales y periodistas formados en las grandes universidades (Yale, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge) y otras instituciones similares– que nos dicen a todos qué hacer, cómo hablar, qué pensar y por quién votar.”
Se trata, añade Taleb, de sujetos que nunca han dejado la piel a nivel de la cancha, pero que suelen darse el lujo de despreciar cualquier forma de conocimiento plebeyo.
Esta rebelión contra la autodesignada “inteligencia” estaría detrás, por ejemplo, del recorte que Jair Bolsonaro impuso contra las principales universidades públicas brasileñas. El jueves 30 de abril de 2020, sin aviso ni razonamiento previos, el gobierno de Brasil redujo 30% los recursos asignados anualmente para la Universidad de Brasilia, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Federal de Bahía.
Con posterioridad se dijo que era necesario hacer rendir mejor el dinero de las personas contribuyentes y que, por tanto, debían restarse fondos asignados a carreras como la sociología o la filosofía, cuyo aporte sería poco, para redirigirlos a la formación de médicos, ingenieros y veterinarios.
Para alimentar con combustible el antiintelectualismo de los seguidores de Bolsonaro fueron también publicadas en los medios de comunicación facturas, presuntamente de gastos superfluos, en los que habría incurrido el personal perteneciente a esos centros académicos.
Ese mismo año Emmanuel Macron, presidente de Francia, decidió desaparecer la Escuela Nacional de Administración –institución donde él mismo se formó– porque según la percepción popular se encontraba a la cabeza de una serie de instituciones educativas dedicadas a perpetuar el privilegio de una élite burocrática desconectada de las preocupaciones de la gente.
Es difícil no incurrir en comparaciones a la hora de valorar el embate que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –a través de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buyllá Roces– ha desplegado en contra de “los científicos”.
Los ataques contra la supuesta clase “intelectual, pero idiota”, referida por Taleb, el desprecio por la ciencia que no beneficia directamente a la gente, la revancha presuntamente plebeya contra los privilegios de la academia y la investigación y, desde luego, la acusación por malversaciones atribuibles a personas exfuncionarias y científicas, son todas líneas argumentales que ya se habían escuchado con sonoridad fuera de México.
La novedad de su domesticación en tierra nacional es, sin embargo, la exageración de perseguir criminalmente al objeto de la revancha. Aunque muy lamentable, una cosa es reducir el presupuesto universitario o generalizar señalando a toda persona que se dedique a actividades intelectuales de ser deshonesta (o idiota camuflado) y otra muy distinta es querer ver a todos estos individuos retratados en la celda ocupada previamente por el peor de los criminales.
Como bien refirió en su día el filósofo inglés Isaiah Berlin, el antiintelectualismo –y su más próximo pariente: los movimientos antiilustrados– son expresiones sociales que, de tiempo en tiempo, ponen a girar las cosas, algunas veces para bien de la diversidad de los saberes y sobre todo de las voces que aportan conocimiento a la sociedad.
Recuerdan que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de los métodos para aproximarse a ella; o, en términos de Taleb, aportan humildad ahí donde la arrogancia y la deshonestidad intelectual ganan sobre la ética científica.
Es rematadamente chocante y arbitraria la superioridad del elitismo intelectual y su respectiva condescendencia paternalista contra los saberes “plebeyos”. De ahí que la crítica tenga justificación, siempre y cuando no ocurra a partir de ella la misma generalización tan propia de ese elitismo.
Ahora que pasar de ahí a la persecución criminal con pretensiones de depuración, eso es otra cosa. Eso es, en términos de Elías Canetti, arrojar la antorcha a la pradera del odio con el único propósito de incinerar a una élite intelectual idiota por otra élite intelectual todavía más idiota.
Juegos de poder
Otra vez la disputa por la nación
Leo Zuckermann
Excelsior
López Obrador presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Hay mucho que decir, sobre todo en la parte sustancial. Hoy, sin embargo, me concentraré en el tema político. Estamos entrando a una coyuntura crítica donde veremos qué tanto
sobreviven o no las reformas orientadas hacia el mercado que comenzaron en los años ochenta del siglo pasado. Y en el centro de este debate estará uno de los partidos que las promovió: el PRI.
Hace cuarenta años, Carlos Tello Macías y Rolando Cordera publicaron México: la disputa por la nación. Con un modelo de desarrollo agotado, los autores identificaban dos alternativas futuras muy diferentes. Por un lado, la neoliberal, donde México se abriría económicamente a la globalización en un proceso acelerado de integración con Estados Unidos. Por el otro, la nacionalista, que implicaba la reactualización del proyecto cardenista con una mayor participación del Estado en la economía nacional a fin de combatir la desigualdad social.
A final de 1982, el presidente López Portillo todavía escogió la opción nacionalista al estatizar la banca. Con el país quebrado, el presidente De la Madrid dio un giro de 180 grados hacia el polo neoliberal. La continuidad de este proyecto quedó sellada cuando De la Madrid nombró a Carlos Salinas como candidato presidencial del PRI en 1987. En el camino se quedó Manuel Bartlett, que representaba la opción nacionalista. Otros priistas que comulgaban con esta alternativa, como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se salieron del PRI al sentirse desplazados.
Salinas y posteriormente Zedillo profundizaron las reformas neoliberales. Siempre enfrentaron, sin embargo, a los nacionalistas que se quedaron en el PRI y que los veían con recelo. Algún día se tendrá que escribir la historia de la disputa por la nación dentro del PRI, que no fue tan aterciopelada como se piensa.
Luego vinieron los presidentes panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), quienes siguieron por el camino neoliberal porque la agenda de liberalización económica era más cercana al PAN que al PRI.
El tricolor, sin embargo, regresó al poder en 2012. Y continuó con su línea neoliberal. El presidente Peña sacó adelante una serie de reformas de gran calado que habían sido imposibles de aprobar por el rechazo del PRI durante los gobiernos panistas. Entre otras, las que tocaban el nervio más sensible del proyecto nacionalista: las del sector energético (petróleo y electricidad).
En 2018, finalmente ganó el viejo nacionalismo revolucionario que, por fortuna, no echó para atrás la joya de la corona del neoliberalismo: el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero para López Obrador siempre fue una afrenta que el sector privado participara en los mercados energéticos. Por eso quiere revertir reformas como la eléctrica. Está en su derecho. Ganó las elecciones y de eso se trata la democracia, de cambiar las políticas públicas de acuerdo con la voluntad de las mayorías.
López Obrador trató de modificar las reglas eléctricas a través de decretos del Ejecutivo que pararon los jueces por inconstitucionales. Luego intentó hacerlo con una reforma a la ley secundaria que también detuvo el Poder Judicial por la misma razón. El Presidente ya entendió que la única manera de llevar a cabos los cambios profundos es enmendando la Constitución.
Pero no tiene los votos para hacerlo ni en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados. La alianza Morena, PT y Verde se queda corta de la mayoría calificada de dos terceras partes requeridas. Necesita, entonces, el apoyo de legisladores de la oposición. El PAN, evidentemente, no lo va a hacer porque significaría rechazar una reforma por la que han peleado durante décadas. Queda, entonces, el PRI.
El sexenio pasado, este partido votó a favor de liberalizar los mercados energéticos. Seis años después, ¿se echarán para atrás?
¿Cómo la va a jugar el PRI ahora que gobierna un nacionalista como AMLO? ¿En cuál de los dos polos se posicionará? ¿Mantendrán la visión neoliberal que han tenido desde De la Madrid o regresarán a sus orígenes históricos del nacionalismo revolucionario hoy
encarnado por Morena? ¿Se partirá el partido como en 1987 por una reforma que está proponiendo el Presidente?
Estamos frente a otro episodio más de la disputa por la nación. Y eso, creo, es lo que quiere López Obrador: que el PRI se defina, y si se divide, mejor. Que los nacionalistas acaben de alinearse con Morena y los neoliberales con el PAN. Por eso, más allá de la sustancia, la reforma eléctrica es una interesante estrategia de polarización política rumbo a las elecciones de 2024.
Morena frente a la historia
John M. Ackerman
La Jornada
El presidente de Morena, Mario Delgado, ha llamado conservadores, sectarios y burócratas a quienes defienden la institucionalidad del partido y los derechos de la militancia. Pero cuando le tocó escuchar a los 110 consejeros provenientes de todos los rincones del país presentes en la sesión del Consejo Nacional del partido celebrada este domingo, 3 de octubre, el señor Delgado decidió levantarse y abandonar la sesión. En lugar de tomar en cuenta la justa indignación y las propuestas innovadoras planteadas por los integrantes de la autoridad máxima entre congresos nacionales, quien se ostenta como presidente del partido prefirió aplicar el clásico, ni los veo ni los oigo.
El león cree que todos son de su condición. Desde que Delgado fue impuesto como dirigente máximo por medio de encuestas organizadas de manera ilegal por el INE de Lorenzo Córdova, ha conducido el partido al margen de los estatutos y a partir de una estructura paralela que sólo rinde cuentas a él (https://bit.ly/3FggCwo). Frente a esta situación, en un desesperado intento por recuperar su liderazgo perdido, el pasado 20 de septiembre, Delgado anunció un acuerdo político, firmado por un conjunto de distinguidos militantes, legisladores, servidores públicos y figuras públicas (muchos de los cuales posteriormente se han deslindado de su contenido), donde, al margen de los órganos oficiales del partido, se toma la decisión de aplazar la fecha de realización del Congreso Nacional hasta el próximo año así como iniciar un proceso de empadronamiento indiscriminado que anula los derechos adquiridos de la militancia.
Dos días después de la publicación del acuerdo, el 22 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sesionó de manera apresurada e ilegal para tomar posesión de nuevos integrantes del CEN cuyos supuestos nombramientos no fueron realizados de acuerdo con los estatutos, aprobar nuevos lineamientos para la afiliación y la credencialización que violan la normativa del partido, así como nombrar de manera irregular a un conjunto de delegados en una docena de estados de la República.
Como colofón, la cúpula del partido también saboteó la sesión del Consejo Nacional convocada para este domingo, que se proponía discutir los acuerdos del 20 y 22 de septiembre. Recurriendo a una de las estrategias políticas más socorridas por el viejo régimen, se invitó a los consejeros nacionales a hacerle el vacío a la convocatoria para evitar que se constituyera el quórum oficial.
A pesar del boicot, los 115 dignos consejeros que sí asistieron coincidieron de manera unánime con la necesidad de volver a convocar al consejo de manera inmediata para reconducir el partido por el sendero de la democracia y la institucionalidad. Para ello, propusieron un amplio orden del día que incluye el establecimiento de mecanismos de vigilancia y transparencia para el proceso de afiliación, el reconocimiento a los derechos adquiridos de la militancia actual, el respeto absoluto a los estatutos del partido, la reglamentación al artículo 6 bis del estatuto para garantizar la debida valoración de la
trayectoria y los atributos ético políticos de candidatos postulados por el partido, así como la aplicación de procedimientos eficaces para implementar la revocación de mandato dentro del partido.
No debe ser tarea difícil lograr el quórum legal de 141 consejeros para la próxima convocatoria. Todos los integrantes de este órgano fueron electos en el Congreso Nacional celebrado en 2015, y, por tanto, representan las bases más auténticas que le apostaron al obradorismo desde antes de la victoria de 2018. Cuentan con la fortaleza necesaria para resistir las presiones y los chantajes de la cúpula (lista completa de consejeros, disponible aquí: https://bit.ly/3owfizh).
De lo contrario, se debe aplicar el artículo 41 bis del estatuto, que señala que en caso de incumplimiento de sus labores, los consejeros deben ser sustituidos a partir de la lista original de 2015. Es decir, no pueden ser remplazados por los chapulines que hayan llegado recientemente al partido, sino que se debe recurrir exclusivamente a los nombres votados durante el primer congreso del partido.
A la mitad del sexenio, en el momento de máximo respaldo popular para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido que él formó y lo llevó a Palacio Nacional se encuentra frente a una disyuntiva histórica: crecer desde sus raíces a partir de la activa participación de sus militantes y conforme a los estatutos del partido o empezar de nuevo desde cero a partir del desconocimiento tanto de la militancia actual como de la legalidad interna del partido.
Las acciones y decisiones recientes indican que la cúpula del partido ha elegido la segunda ruta. La militancia y los ciudadanos simpatizantes de la Cuarta Transformación tenemos la obligación histórica de empujar hacia la ruta de la democracia y el respeto a los principios fundadores de no mentir, no robar y no traicionar, establecidos por López Obrador desde el nacimiento del partido.
