Lo que dicen los columnistas

Delincuencia y desplazamiento forzado de familias mexicanas

Alrededor de 10 mil mexicanas y mexicanos se movilizan en familia cada mes hacia el norte. De ese tamaño puede estimarse el desplazamiento forzado que llega a la frontera norte y que sin mayor dificultad podemos correlacionar con los efectos del crimen y la violencia.

Tonatiuh Guillén López

Proceso

En México se han convertido en tragedia cotidiana las acciones del crimen que impunemente arrasa al país, dejando una larga estela de víctimas, de dolor humano y de pérdidas graves para el desarrollo y el bienestar social.

Actualmente vivimos la peor etapa en la historia de las cifras de homicidios y de otros delitos, que se repiten una y otra vez en espacios en donde el Estado y sus instituciones –de los tres órdenes de gobierno– navegan entre indiferencias o abiertas complicidades.

Ha servido de poco la militarización de la seguridad pública mediante la Guardia Nacional y la presencia de las fuerzas armadas a lo largo del territorio, incluso en las zonas más conflictivas. Como consuelo y falso dilema, alguien podrá decir que sin esa militarización la realidad sería mucho peor y que más nos vale prepararnos para un estado dictatorial y alternativas tipo Bukele en El Salvador. De una vez, cabe advertir que ese argumento sólo sirve para quienes promueven un Estado autoritario; su efecto es posponer el necesario control democrático de las instituciones y la vigencia efectiva del estado de derecho.

El autoritarismo nunca garantiza el ejercicio de los derechos humanos, ni la procuración de los demás derechos; justamente, está en su naturaleza excluirlos, negarlos. Por consiguiente, es una paradoja cruel imaginar al autoritarismo como alternativa ante el crimen y las incapacidades del Estado. No olvidemos que la ruta autoritaria sólo sirve a sí misma; es su principio y finalidad última.

Lamentablemente el presidente AMLO está empeñado en ese camino, intentando borrar toda huella de contrapesos políticos y de supervisión ciudadana sobre el desempeño gubernamental. Este proyecto regresivo y de enormes riesgos para la nación está en curso en prácticamente todas las áreas del Estado, incluidas las del juego del poder. ¿Pero ha servido para controlar al crimen y reducir los delitos y sus daños a la sociedad? Evidentemente, no.

Con tasas de impunidad que rondan al cien por ciento –más salvaje escenario, no se puede– el espacio que resta para las víctimas no es la justicia o la reparación del daño, que muchísimas veces es tan imposible como recuperar una vida. Salvo casos excepcionales, lo que queda es la resignación, asumir los costos, olvidar, escapar o vivir entre el miedo y el temor en el mejor de los casos. O bien protestar y exigir justicia a sabiendas de enfrentar amenazas o posibles daños adicionales.

Entre las negativas opciones que tienen las víctimas se ha vuelto frecuente huir del espacio habitual de vida y buscar algún refugio alternativo, temporal o permanente. Muchas veces escapa algún miembro de la familia; en otros casos se trata de familias enteras o incluso de comunidades completas.

El desplazamiento forzado se ha convertido en una práctica extensa, dolorosa en todos los sentidos, abierta y cínicamente injusta: es perfectamente conocida por indolentes autoridades, municipales, estatales y federales. Al mismo tiempo se trata de una realidad inexistente, marginal o negada como asunto de interés para las altas tribunas del poder gubernamental, lo cual promueve impunidad y más injusticia.

¿De qué tamaño son las poblaciones desplazadas por la violencia y el crimen? No tenemos una respuesta oficial, ni iniciativas sistemáticas que permitan hacer una evaluación de la problemática y sus múltiples determinantes. Cabe reconocer la valiosa contribución de organismos civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; pero lo cierto es que carecemos de una instancia gubernamental con las funciones y capacidades para al menos hacer el correcto diagnóstico del desplazamiento y sobre el destino de las personas desplazadas. ¿Son ahora solicitantes de refugio en los Estados Unidos y están en las ciudades mexicanas del norte? ¿Se encuentran hacinados alrededor de alguna ciudad, como sucede en San Cristóbal de las Casas? ¿Terminan escondidos en algún monte en condiciones paupérrimas?.

Si asumimos que el escenario más grave de desplazamiento se refleja en la movilidad forzada de familias y, además, que alguna parte de ese flujo arriba a las ciudades fronterizas del norte intentando refugio en los Estados Unidos, puede construirse un observatorio –incompleto, pero significativo– sobre esta grave crisis, utilizando los datos de la autoridad migratoria del país vecino.

Hasta el mes de abril del año 2019 y durante los años previos, mensualmente alrededor de 2 mil personas mexicanas –en grupo familiar– intentaron un cruce irregular o solicitud de refugio en la frontera sur de los Estados Unidos. La cifra ya era importante y sintomática de alguna situación compleja en México, pero esencialmente describía una dinámica habitual, “normal”, de las relaciones familiares de la población mexicana en uno y otro país. Esta tendencia se alteró profundamente entre los meses de mayo y septiembre del 2019: la escala de personas en grupo familiar ascendió hasta más de 6 mil, superando por tres veces el promedio de meses previos y rompiendo la inercia de toda una época.

La coyuntura de parálisis económica y social impuesta por el covid-19 contuvo temporalmente la movilidad de personas en grupo familiar. Pero a partir de abril del año 2021 los movimientos retomaron su impulso y volvieron a crecer mes con mes. El pasado mayo de 2023 la cifra ascendió a casi 13 mil personas, superando varias veces al promedio “normal” de los años 2018 y anteriores. Comparando el número actual con la tendencia de años previos puede estimarse que más de 10 mil personas mensualmente arriban ahora a la frontera de los Estados Unidos, en grupo familiar, constituyendo una “sobre tasa” del flujo “normal” que caracterizaba al periodo previo.

Hacia el día de hoy, entonces, alrededor de 10 mil mexicanas y mexicanos se movilizan en familia hacia el norte, mensualmente. De ese tamaño puede estimarse el desplazamiento forzado que llega a la frontera norte y que sin mayor dificultad podemos correlacionar con los efectos del crimen y la violencia. No es casualidad que los lugares de origen sean Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, entre los principales, como puede corroborarse en los albergues de la generosa sociedad civil fronteriza.

Por supuesto, no está aquí representada la totalidad del desplazamiento forzado que ocurre en el país, pues deben sumarse otros destinos que toman las víctimas. Sólo esbozamos un cuadro, un dramático fragmento del desplazamiento de personas derivado del crimen, la impunidad y las indolencias gubernamentales. Las cifras mostradas son de magnitud muy considerable, pero sin duda la crisis es mucho mayor a pesar de que el gobierno la ignore y cierre los ojos: ¨no lo veo, luego entonces, no existe¨.

* Profesor del PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Zurda

2024: ¿perderá Morena?

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

Ante los ataques presidenciales,

“soy un roble y estoy llena de amor”.

Xóchitl Gálvez

El riesgo es real, Morena puede perder la Presidencia en la elección de 2024. El olfato político del presidente López Obrador lo percibe y está desesperado, así se le ve en las conferencias matutinas. Apenas hace dos semanas se burlaba de la debilidad de la oposición. Hoy, su enojo es evidente. El bloque opositor del PRI-PAN-PRD, no sólo logró mantenerse unido, sino que además acordó un método democrático para elegir a quien los va a encabezar, y todo parece indicar que los ciudadanos ya tienen de favorita a la senadora Xóchitl Gálvez, por eso la ataca el Presidente.

Por la experiencia de 2018, el Presidente sabe que, a pesar de que Morena gobierna en 22 estados (y próximamente uno más), eso no le garantiza el triunfo en 2024. Así le sucedió al PRI en 2000, perdió la presidencial aun cuando gobernaba 19 estados; el PAN sólo ocho y el PRD, cinco. La clave fue la carismática candidatura de Vicente Fox, frente a la tradicional forma de hacer campaña de Francisco Labastida. Incluso, el PAN sólo logró tener 206 diputados contra 211 del PRI y 50 del PRD.

También, Felipe Calderón ganó en 2006, cuando el PRI  gobernaba en 17 estados y el PAN sólo cinco, de hecho, la competencia fue, precisamente, entre el PAN y el PRD que sólo gobernaba seis estados. Tampoco en esa ocasión el PAN tuvo mayoría de diputados: 206, pero, el PRI sólo tuvo 106 contra 127 del PRD. En el Senado fue diferente: el PRI tuvo 60 legisladores contra 46 del PAN en 2000, y en 2006,  el PAN tuvo 52 contra 33 del PRI.

Quizás porque sigue manteniendo muy altos porcentajes de popularidad, en el escenario electoral de 2024, el presidente López Obrador ya veía que el triunfo de su partido y aliados era seguro, y sólo necesitaba motivarlos para lograr otro objetivo que él mismo se impuso, después de que la SCJN declaró inconstitucionales las reformas del plan B y la de la militarización de la Guardia Nacional: alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para aprobar sus reformas constitucionales antes de irse, pero, Morena y aliados, en 2018 lo lograron: 325 diputados y 80 senadores.

Lamentablemente, aun transgrediendo la ley electoral y bajo la complicidad del INE, parece que las corcholatas no han logrado entusiasmar a los ciudadanos con sus campañas anticipadas. Por un lado, en el imaginario colectivo existe la convicción de que todo es una simulación, porque están convencidos de que, desde que el Presidente destapó a las primeras cuatro corcholatas, ya tenía como favorita a Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, a pesar de que el 1° de julio, ante un Zócalo lleno de complacientes oyentes, quizá, becarios de sus programas sociales, el Presidente arengó optimista sobre los logros de su administración, la gran mayoría de ciudadanos que viven en diversas regiones del país sufren las consecuencias del fracaso de las políticas de la Cuarta Transformación. Principalmente, lo que se refiere al combate de la inseguridad y la violencia. Aunque el Presidente lo niegue y difunda otros datos, las estadísticas de las propias instituciones de gobierno evidencian el incremento de homicidios dolosos, feminicidios, cobro de piso, ejecuciones masivas, violaciones y fraudes en varios estados.

De esta administración, mayo y junio de 2023, fueron los meses más violentos en cuanto a homicidios dolosos, coincidentemente, los dos meses en los que el Presidente se ha dedicado de tiempo completo a encabezar la campaña adelantada de 2024, y las corcholatas renunciaron a sus cargos, dejando en el abandono áreas estratégicas como la de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Ciudad de México. El Presidente lo sabe, por eso cayó en el desliz de decir que le preocupaba que Xóchitl y la oposición quieran utilizar esos datos en la campaña, y tiene razón, no mentirían si también señalan el incremento de miles de desaparecidos, el fracaso del sistema de salud, así como de la política de migración, además de la falta de agua, etcétera, etcétera.

Arsenal

El MC frente al dilema Xóchitl

Francisco Garfias

Excelsior

Nada bueno augura la división de Movimiento Ciudadano en torno a sumarse al Frente Amplio por México en las elecciones de 2024. Abona, eso sí, a la continuidad de la regresión autoritaria.

Dante Delgado, dueño de MC, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no quieren ir con el PRI “ni a la esquina”. Pero Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y el senador Clemente Castañeda están convencidos de que sin una oposición unida no hay nada que hacer en el 2024.

Lo dijo Alfaro al anunciar que terminará su periodo como gobernador y no será candidato presidencial para el 24: “Sin la unificación de la oposición no hay mucho por hacer en la siguiente elección. Enjuiciar de manera sumaria a quienes son parte de estos partidos por los errores que sus dirigentes han cometido es profundamente injusto. “Sin esos hombres y mujeres, panistas y priistas, no se puede formar un frente opositor. Así de simple. Por eso tengo la convicción de que nuestro partido no debería haber tomado el camino del aislamiento”. ¿Así o más claro?

* Pero Dante Delgado sigue terco. Le dijo no a la “vieja política” que representan PRI, PAN y PRD. “Movimiento Ciudadano es la nueva opción que demanda México”, escribió en Twitter. Samuel García le hizo coro. El gobernador de Nuevo León subió a las redes sociales su respuesta al senador Clemente Castañeda, quien llamó a revisar la postura aislacionista del partido naranja, si Xóchitl Gálvez resulta candidata del Frente.

Dijo Samuel: “Respeto mucho a Clemente. Es mi amigo. Le digo hasta compadre. Pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean, aquí en Nuevo León, cómo todos los días están jodiendo… No hay un día que no se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos, llenos de factureras, de transas, de robos. No hay manera de ir con el PRI ni a la esquina”. El gobernador García no parece entender que sumarse al Frente Amplio no es ir con el PRI, sino contra Morena, especialmente si Xóchitl es postulada. No es corrupta, no es facturera, no está “podrida” y su ascenso ha sido vertiginoso.

Es una mujer que, como señaló ayer Jesús Silva Herzog en su colaboración para Latinus, que le arrebata el control de la agenda pública al Presidente de la República desde el primero de diciembre del 2018.

* Sólo en el México de la 4T ocurren cosas semejantes. Uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio tuvo que ser registrado ante el Comité Organizador por su familia, pese a que 48 horas antes puso un mensaje en redes, cuya última frase fue “nos vemos el viernes a las 11”.

Me refiero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas. No se presentó personalmente a entregar los documentos requeridos por los integrantes del citado comité. Lo hizo su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, acompañado de la esposa y los siete hijos del exmandatario estatal.

Más tarde, durante la transmisión vía Zoom que se realizó en el CEN del PAN, García Cabeza de Vaca explicó que no estaba presente, porque es un “perseguido político” de este gobierno “represor”. Al exgobernador lo desaforó la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados. Le fue librada incluso una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El desafuero fue neutralizado por el Congreso local. Un juez amparó al entonces gobernador. La SCJN le dio inmunidad hasta que terminó su periodo de gobierno. ¿Qué pasó en las últimas 48 horas que le impidió registrarse presencialmente como aspirante? No lo sabemos.

Le preguntamos vía WhatsApp. Sólo nos contestó que va a estar presente en el debate de los aspirantes el 10 de agosto “con el favor de Dios”.

* Me sumo a los que consideran que es una infamia que Jesús Murillo Karam siga encarcelado por tortura y desaparición forzada. A la fecha no hay una sola prueba que lo inculpe de esos delitos. El juez lo acusó concretamente de imponer una línea de investigación supuestamente falsa, que el exprocurador bautizó como la “verdad histórica” que, supuestamente, obstruyó la investigación.

Tampoco hay pruebas de que esté involucrado personalmente en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, vinculado con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Sigue tras las rejas, a pesar de la falta de pruebas, de su estado de salud delicado y de sus 75 años de edad.

Beatriz Paredes, una virtuosa indomable y madura

Heriberto M. Galindo Quiñones

La Jornada

Una mujer que en vida ha alcanzado la gloria como ser humano y como ente político de rigor y de transparencia, por el reconocimiento social y político adquirido al paso de los años, como dirigente social y política, gobernante, legisladora, diplomática, internacionalista, estadista, escritora, poeta, feminista y defensora de los derechos humanos y de las causas más justas del pueblo mexicano, merece ser tomada en cuenta para buscar la consagración de su vida, como candidata presidencial y como presidenta de México, si el electorado así lo decide el año próximo.

Es el caso de Beatriz Paredes Rangel, quien tras su registro, en estos días busca encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México, de cara a las elecciones de 2024.

Pretendo destacar su personalidad con un análisis claramente apologético.

Supe de ella como indomable, insobornable y virtuosa lideresa campesina y como legisladora local en los albores que la llevarían hacia la vida nacional, en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes, los que logró merced a su férrea determinación basada en su vocación social y política, defendiendo a los precaristas de su tierra.

Desde entonces, la vi brillar y destacar y también desde entonces nació entre nosotros una sólida amistad, sustentada en el respeto mutuo y en las coincidencias ideológicas y estratégicas, en sueños y realizaciones, no sin las enriquecedoras discusiones y diferencias de criterio; pero lo más importante siempre fue y es hoy la coincidencia en lo fundamental, que es seguir buscando, siempre, lo mejor para nuestro país y para las y los mexicanos, con una visión innovadora y actualizada del nacionalismo revolucionario y de la social democracia aplicada a nuestro país, que plantee una tercera vía para México, donde queden fuera las atrocidades del neoliberalismo a ultranza y las del populismo dadivoso y contrarrevolucionario.

Pasados los ayeres, Beatriz Paredes Rangel se fue abriendo paso en los laberintos machistas de la política mexicana de los años 70, 80 y 90; con gritos y sombrerazos, con estruendos y con presiones, reclamando con vehemencia y defendiendo e impulsando la participación digna de las mujeres en la vida pública nacional.

Así fue escalando y ascendiendo por su talento, pundonor, orgullo, verticalidad, valentía y reciedumbre.

Llegó al plano nacional como diputada federal varias veces y destacó; alcanzó la gubernatura de Tlaxcala, donde tuvo un excelente desempeño; ha sido y es una brillante parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión, eficaz subsecretaria de Gobernación varias veces y de la reforma agraria; presidió el Parlamento Latinoamericano y tuvo brillantes desempeños como embajadora en Cuba y en Brasil.

Su excelente fama publica ha trascendido nuestras fronteras, y su prestigio como política y como servidora pública le ha merecido el respeto y el reconocimiento de las diferentes corrientes ideológicas, políticas y empresariales de nuestro país, más allá del estigma del PRI. Existe consenso en cuanto a su seriedad, preparación, capacidad, trayectoria, respetabilidad y también en torno a su recio carácter, su patriotismo y su madurez, su seriedad, formalidad, verticalidad, honestidad y también por espíritu conciliador. Ella quiere ser una presidenta de la República muy seria y muy responsable.

Es acérrima enemiga de la frivolidad y de las estridencias o del histrionismo. No soporta la mentira, la simulación, la deslealtad, el engaño, la traición y la corrupción. Es acuciosa, aplicada, analítica, crítica y propositiva. Sabe aquilatar y valorar el talento y las capacidades de las personas, y por ello sabría rodearse de las y los mejores mexicanos para gobernar a nuestro país.

Su temple y su carácter son una real garantía.

Sin menospreciar a otras muy respetables opciones políticas existentes en la contienda primaria del Frente Amplio por México, afirmo categóricamente que las y los mexicanos merecemos contar con un personaje de este talante y de estas características y prendas intelectuales como presidenta de la República.

Yo le otorgo mi confianza, mi firma y mi voto, aunque de ganar otra persona la contienda interna sabré respaldarla para buscar la victoria en las elecciones de 2024.

Beatriz Paredes Rangel, quien es de lo mejor con lo que cuenta la política mexicana y latinoamericana, quiere servir más y mejor a las y los mexicanos, y quiere poner muy en alto el nombre de México en el mundo, con toda su entrega y su capacidad como presidenta de la República, para gobernar con eficiencia, otorgando seguridad a la población, para apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a las y los indígenas y migrantes, para reactivar la economía, el campo, y para fomentar inversiones que generen empleos bien remunerados, crecimiento y desarrollo, para establecer un verdadero y eficiente sistema de salud, para alcanzar la ansiada universalidad, para mejorar la educación pública y la promoción cultural, y para realizar las rectificaciones a que haya lugar en materia energética y en obras de infraestructura.

México SA

Atraco público-privado // Hospitales y mucho más // Asociación-subrogación

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Los neoliberales cancelaron los derechos de los mexicanos para convertirlos en simples mercancías (que las compren quienes tengan con qué pagar) y a los gerentes de esa mafia (disfrazados de gobiernos e instalados en Los Pinos) se les ocurrió otro filón para el gran capital: las asociaciones público-privadas que tomaron forma legal en la administración de Borolas, aunque en los hechos comenzaron en el salinato, en el entendido de que las ganancias eran para el grupo compacto y las pérdidas para el Estado. ¿Cuánto le ha costado al país esa inagotable sangría de recursos del erario?

Como botón, el presidente López Obrador denunció que “estamos viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales de estos público-privados. ¿Saben que nada más por seis de ellos, que ni siquiera se utilizan completamente, tenemos que pagar a las empresas de servicio 6 mil millones de pesos al año? Con esa cantidad hacemos tres hospitales, y es lo que pagamos en un año por seis, durante 20 años. Un robo… Todas esas asociaciones que se hicieron, público-privadas, todas esas concesiones han resultado un fiasco (para la nación), pero además fueron instrumentos para robar”.

Y lo anterior sólo es una muestra, porque donde se pone el ojo aparece el atraco a la nación. Como ejemplo adicional, López Obrador dijo: hablamos de concesiones de autopistas. ¡Cómo es posible que paguemos impuestos y además cuando uno necesita un servicio tenga que volver a pagar (a los concesionarios privados)! Entonces, ¿para qué fue el impuesto? Pero lo mismo las cárceles, ¡cómo se van a privatizar las cárceles! Súmense hospitales, gasoductos, agua, infraestructura eléctrica y petrolera (vía Pidiregas), puertos, aeropuertos y muchísimo más, en donde siempre las pérdidas las cubre el erario y los particulares se hinchan de ganancias.

Algo más: “el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, la concesión de agua, no cumplen, no le dan mantenimiento al acueducto. ¿Y por qué mantener la concesión? Son concesiones de agua, reclusorios, hospitales. Bueno, lo del Issste, la subrogación, que las ambulancias no son de la institución, es una empresa privada; bueno, ni las camillas, los equipos, los laboratorios, todo privatizado. Estamos recuperando lo que se puede. En el caso de la industria petrolera, ya habían vendido plantas –que estamos recuperando– adentro de las refinerías, las plantas que se requieren para el proceso de refinación; entonces, se vendieron las plantas incluso de manera apresurada, porque todos estos convenios siempre se hacen en el último año.

Otro, el mantenimiento de las carreteras, concesionado, y año con año hay que pagar y hay que estar pendiente. ¿Ahora qué opciones hay cuando uno enfrenta un problema así? Uno es cancelar el contrato y viene el pleito legal, jurídico. Con ese Poder Judicial es perderlo, perderlo. Otra cuestión es: a ver, vamos a negociar. Antes te apapachaban mucho, te serviste con la cuchara grande; pero ya no se puede, bájale una rayita y vamos a ahorrar. Así le hicimos con los reclusorios, nos ahorramos 10 mil millones de pesos, se mantuvieron los contratos, se logró que cuando se venza el contrato el edificio pase a formar parte del gobierno, porque el contrato que habían firmado al vencerse quedaba el reclusorio a cargo como propiedad de la empresa, así de leoninos los contratos. Mantenimiento de carreteras: mil millones de ahorro por año, que es lo que estamos destinando a los caminos de La Montaña de Guerrero. Y lo que estamos haciendo también es: a ver, en el caso de los hospitales: se los compramos; ya, un avalúo y te pagamos lo que valgan el edificio y los equipos.

El mandatario no reveló a qué hospitales se refería, pero se conoce que cinco de ellos son del Issste y cuatro del IMSS, ambas instituciones saqueadas por los gobiernos neoliberales. Se localizan el estado de México, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Ello, independientemente del jugosísimo negocio de la subrogación.

Y el de los hospitales sólo es uno de los muchísimos filones facilitados al gran capital por los seis gerentes neoliberales.

Las rebanadas del pastel

Ni la burla perdonan: el (amparado) prófugo de la justicia Francisco García Cabeza de Vaca se registró como aspirante del Frente Amplio por México, pero el panista no lo hizo de forma presencial, porque, llora el ex gobernador tamaulipeco, soy un perseguido político. Sí, como los del cártel inmobiliario… Otra pérdida para la República: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, decidió no ser candidato presidencial. Qué dolor.