Cuba, un drama sin fin
Olga Pellicer
Las movilizaciones callejeras que recorrieron las principales ciudades de Cuba en fechas recientes quedarán en la memoria colectiva por mucho tiempo.
Las movilizaciones callejeras que recorrieron las principales ciudades de Cuba en fechas recientes quedarán en la memoria colectiva por mucho tiempo. Sus dimensiones, la determinación de sus participantes, el cambio generacional que representan y su rápida penetración en las redes sociales, pusieron de manifiesto el grado de descontento que existe en la isla. Un malestar muy profundo, producto de circunstancias simultáneas internas y externas, ha provocado un verdadero alarido de desesperación, cuyos orígenes y manifestaciones describió de manera magistral el gran escritor cubano Leonardo Padura.
Sin embargo, a pesar de la intensidad de ese alarido, es poco probable que ocurran a corto plazo cambios significativos en la dramática situación que se vive en Cuba. Hay circunstancias que dificultan el cambio de gran calado que ahí se requiere: las características de los grupos sociales que encabezan el movimiento; la resistencia a dicho cambio proveniente de poderosos intereses internos decididos a mantener el statu quo; y la posición del gobierno estadunidense, responsable junto con dichos intereses, del dramático deterioro económico y la falta de esperanzas del pueblo cubano.
Los jóvenes que han conquistado la imaginación de miles cantando “Patria y vida” han sido un ejemplo muy vívido del paso del tiempo y el agotamiento de la narrativa castrista. Tienen, sin embargo, limitaciones. De una parte, carecen de organización, liderazgos y estrategias que les permitan encabezar y negociar como representantes legítimos de un movimiento nacional; de la otra, hay un problema con los creadores de la canción que se ha convertido en himno: viven y producen en Miami, lo que no evita las sospechas de que puedan ser manipulados por los conocidos grupos anticastristas residentes en Florida.
Dentro de Cuba, la inercia de los mecanismos de control fuertemente organizados en torno a los informantes de barrio, así como por los cuadros del ejército, han hecho sentir su presencia. La represión está en marcha: cientos de detenidos, miles que se saben observados, un llamado del gobierno que pide con urgencia la entrada en acción de las “fuerzas revolucionarias”. Sin duda, se trata de llamamientos caducos, de valores pertenecientes al pasado, de mitos que ya no son creíbles. Lo anterior no significa que se haya debilitado una vieja guardia que tiene enormes privilegios e importantes intereses económicos que defender.
El cambio necesario se debe dar, ante todo, en el ámbito de la economía. Las manifestaciones recientes podrían acelerar las reformas que se iniciaron hace varios años, desde que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, bajo el gobierno de Obama, permitió tener esperanzas en la transición pacífica cubana hacia un modelo de socialismo de mercado sustentado por el turismo, las remesas, la inversión extranjera estadunidense, europea y hasta mexicana. Mucho se habló entonces de las oportunidades que ofrecía, por ejemplo, el parque industrial de El Mariel.
Aquellos momentos de esperanza duraron poco tiempo, apenas un par de años. De una parte, las ansiadas reformas económicas han prosperado muy lentamente. La salida de Raúl Castro y su sustitución por Miguel Díaz-Canel no ha acelerado sino, por lo contrario, acentuado la narrativa que exalta la conveniencia de la “continuidad”.
De otra parte, las medidas adoptadas por Donald Trump fueron devastadoras. Aprobó más de 130 acciones destinadas a endurecer las políticas contra el pueblo cubano y a, literalmente, destruir la poderosa influencia política que Obama construyó dentro de la isla.
Si a la situación anterior sumamos los efectos de la pandemia, que paralizó el turismo proveniente de Europa y Estados Unidos, es comprensible el grado de carencias de todo tipo que obliga a hacer largas colas para adquirir cualquier bien necesario para sobrevivir: la alimentación o la salud.
El conocido sistema de salud cubano se ha visto superado por la demanda, manteniéndose, sin embargo, como uno de los países de América Latina con uno de los índices más bajos de letalidad, y por la capacidad de fabricar una vacuna propia que requiere, no obstante, de insumos que no pueden obtenerse por el bloqueo.
Desafortunadamente, la política de Joe Biden no parece orientarse hacia el tipo de acciones que favorezca el fin del bloqueo y una transición pacífica en Cuba. Cierto que el asunto del bloqueo requiere de la participación del Congreso, tarea difícil dada la previsible oposición republicana. Pero, en todo caso, lejos de hablar como el vicepresidente de quien reestableció relaciones y construyó importantes medidas de cooperación con Cuba, Biden habla como el continuador de las políticas de Trump.
Al igual que en otros aspectos de su política hacia América Latina, sus posiciones están determinadas por las necesidades de la política interna, cuyo objetivo prioritario, desde la perspectiva demócrata, es evitar que los republicanos puedan arrebatar a su partido la frágil mayoría que tienen en el Congreso.
Con esos antecedentes, la política hacia Cuba se ve desde la perspectiva de la importancia que tiene recuperar Florida (que se perdió en las elecciones de noviembre de 2020), propiciando, entre otros puntos, una relación amable con la importante minoría cubana que ahí habita, poderosa desde el punto de vista económico y político.
El objetivo de tener un buen entendimiento con el gobierno de Cuba, a partir de una evolución favorable de su dirigencia y medidas que contribuyan a aliviar las enormes necesidades de su pueblo, no forma parte de las preocupaciones de Biden.
Aunque toda predicción es peligrosa (lo inesperado siempre puede ocurrir), bajo la dinámica de un gobierno que se resiste a reformar la economía, una sociedad mal organizada para sacudirse del régimen autoritario que la agobia y un bloqueo económico que profundiza carencias de todo tipo, el drama de Cuba no tendrá fin en el corto plazo.
Arsenal
El gran engaño
Francisco Garfias
No votaré en la consulta dizque para juzgar a los expresidentes vivos —a excepción de Luis Echeverría— convocada para este domingo.
Primero, porque la ley no se consulta, se aplica, valga el lugar común. Si Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto tienen cuentas pendientes, las autoridades están obligadas a investigarlos y a sancionarlos. No necesitan urnas.
Segundo: la consulta es promovida como un ejercicio de “democracia participativa”, pero en realidad es una maniobra de distracción que esconde intenciones de propaganda política. Tiene, además, claros tintes de linchamiento.
Tercero: distrae recursos que se necesitan de forma urgente en otras tareas, como la adquisición de medicinas para niños con cáncer.
La 4T se gastará 500 millones de pesos en la organización de un ejercicio que no lleva a ningún lado. El resultado ni siquiera es vinculatorio para el Poder Judicial. Pero el Presidente y sus morenitos nos quieren hacer creer que “el pueblo” va a decidir si se juzga o no a los expresidentes.
En los espectaculares pagados para promover la consulta se aprecia la imagen de los cinco exmandatarios con los ojos tapados, como si fueran forajidos. Una forma de manipulación.
Pero la pregunta que aparecerá en las 95.3 millones de papeletas impresas ni siquiera menciona a los expresidentes.
La SCJN eliminó los nombres por considerar que era inquisitoria de personas y contenía juicios de valor.
Presidido por un aliado de Palacio Nacional, Arturo Zaldívar, el máximo tribunal, sin embargo, aprobó el ejercicio de este “circo guinda” para no contrariar al Ejecutivo.
Eliminó los nombres de los expresidentes —que sí venían en la pregunta original—y elaboró una larga y enredada pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La percepción es que ni de chiste van a jalar a las urnas a los 37 millones de ciudadanos (40 por ciento del padrón) que se requieren para que sus resultados sean válidos. El desinterés de la población es evidente. Peor: el Presidente, promotor de la consulta, va a votar en contra. Faltan 24 horas para que el ejercicio se lleve a cabo y ya los dirigentes de Morena se curan en salud. Han llegado al ridículo de acusar al INE de colocar mañosamente las casillas para que la gente no vaya a votar.
De nueva cuenta López Obrador se puso al frente de la campaña en contra del INE, al que quiere “renovar” para ponerlo a su servicio. En la mañanera de ayer dijo:
“Es una vergüenza que los del INE, que deberían de estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, parece que están en contra de la democracia. No parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática. Y los medios de información, silencio. No generalizo, hay excepciones, pero se cuentan con los dedos de la mano”.
Es verdaderamente lamentable que la primera consulta popular formal —más allá de los ejercicios patito en temas como el aeropuerto de Texcoco— sea utilizada para enjuiciar al pasado y abonar el terreno para desaparecer el INE, tal cual lo conocemos.
La historia los juzgará, como dijo el clásico.
*En la columna de ayer hablamos del bajísimo nivel mostrado por el protagónico diputado de Morena, Rubén Cayetano, en el debate del jueves en la Comisión Permanente.
En su intervención sobraron calificativos y faltaron argumentos. Dejó evidencia de que padece el Síndrome de Caín —el hermano de Abel— al mover su quijada para golpear al coordinador de los senadores de su partido, Ricardo Monreal. ¿Y qué creen? Nos amanecimos con la noticia de que a Cayetano lo agarró el alcoholímetro en Puente de Alvarado. Se lo llevaron al Torito, donde debía pasar 20 horas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito.
Tenga para que se entretenga, como dijo el clásico.
Consulta, que algo queda
Hugo Aboites*
No hay consulta sin una intencionalidad política, es decir, sirve para algo. Y movilizar a muchos a votar usualmente viene a reforzar una postura frente a otra. Así, en 1994, después de duros combates y ante el surgimiento de numerosas expresiones a favor de la causa de los pueblos indígenas y de los zapatistas, se logra el alto al fuego gubernamental y las pláticas. Llaman luego los rebeldes a una consulta amplia que logra capitalizar a su favor el enorme impacto mediático y político que tuvo su alzamiento. Y lo hicieron planteando algo simple, pero muy poderoso: dejar la vía militar y asumirse plenamente como una fuerza social y política. El respaldo a esa posibilidad fue abrumador y, con eso, el gobierno de Salinas quedó en desventaja, atenido sólo a la fuerza militar. Así, en rápido giro, los rebeldes se transformaron en pacifistas –sin dejar las armas– y el gobierno –gracias a su cortedad de visión– quedó rebasado. El intento (1995) de Zedillo y su secretario de Gobernación Moctezuma Barragán (según denunció la colega Gloria Muñoz en su columna), de eliminar físicamente a la contraparte con que negociaba agravó aún más ese fracaso. El zapatismo se fortaleció enormemente, marcó rumbos todavía hoy vigentes y convocó fuerzas insospechadas.
Un ejemplo muy distinto al anterior es el de la consulta organizada por las autoridades de la UNAM junto con el Gobierno de la Ciudad de entonces, para acabar con el movimiento del CGH de 1999-2000. Después de siete meses de huelga, el nuevo titular, De la Fuente (hoy embajador ante Naciones Unidas) presentó una propuesta de suspensión de las iniciativas que habían generado la huelga, y se comprometió a evitar una salida violenta al conflicto. Así, aunque los estudiantes movilizados obviamente insistían en la cancelación definitiva, ante el gran público y la comunidad universitaria, las autoridades aparecieron como flexibles. Y la consulta entre la comunidad y egresados fue exitosa, pero por acción u omisión sirvió para legitimar que ocurriera, una vez más, el gravísimo y humillante antecedente de una ocupación masiva de la universidad con fuerzas federales y el espectáculo de alrededor de un millar de estudiantes aprehendidos y sacados de auditorios y salones y, cientos de ellos, sometidos luego a juicios con posibles penas de hasta 30 años de cárcel. Sirvió también para preservar las iniciativas del anterior rector, pues, aunque suspendidas, quedaron vigentes tres que son ejes fundamentales del neoliberalismo en la educación: el aumento de cuotas, un reglamento que hace más difícil la permanencia de los estudiantes y la simbiosis de la universidad pública con un órgano privado de evaluación de jóvenes aspirantes. Es decir, se eliminó política y hasta físicamente la presencia del otro (metiéndolo a la cárcel) y entonces la suspensión pudo interpretarse a modo. Por eso, miles de estudiantes han ingresado desde entonces a la UNAM mediante el examen Ceneval y no el institucional.
La consulta de mañana, por otro lado, tiene sentido ante el inicio de la siempre estratégica segunda parte de un sexenio (la sucesión), y busca asegurar la permanencia del legado de la 4T frente a los intentos de regreso y revancha de un pasado que, efectivamente, muchos no queremos de regreso. Y, cierto, una nutrida participación en la consulta sí puede tener el efecto político concreto de prevenir desde ahora ese intento. Aunque, sin demeritar lo anterior, la experiencia histórica muestra que estos legados –como el de Cárdenas y el del mismo López Obrador en el PRD, no se ponen tanto en peligro por fuerzas externas y del pasado, sino por los personajes del entorno presente que buscan protagonizar el futuro. Así, la alianza Cárdenas– y mayoría de la población y magisterio se desmanteló rápidamente al seleccionarse a Ávila Camacho y luego a Alemán, López Mateos, Ruiz Cortines, Díaz Ordaz y hasta Peña. Doce sexenios que mantuvieron con enorme violencia un proyecto de nación distinto y opuesto al de la década de los 30. Y puede continuar porque la sucesión que hoy se propone no inspira mucha confianza. Y tampoco el actual legado en educación representa una transformación tangible y profunda que impulse a millones a apropiársela y defenderla ya desde ahora. Sigue vigente la agenda neoliberal: exámenes de admisión discriminatorios; impulso a comercialización y privatización; derecho a la educación y hasta pagos a académicos al arbitrio de rectores y una gratuidad indetectable. Fuerte concentración del poder burocrático; precariedad laboral y, para el magisterio, subordinación y marginación. Si el ejercicio de mañana no se usa como respaldo para desechar esa agenda neoliberal en la educación y otros ámbitos y para fortalecer la sucesión, ¿para qué habrá servido?
A Bulmaro Villarruel, fallecido compañero de mil batallas en la UAM
* UAM-Xochimilco.
