Lo que dicen los columnistas

Ley de ciberseguridad: lo bueno y lo mejorable

Jorge Bravo | Proceso

El diputado Javier López Casarín (Partido Verde) presentó una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. Por el incremento de incidentes y la gravedad de los mismos, tal y como se ha comentado en este espacio, es prioritario un marco normativo en materia de ciberseguridad.

López Casarín lleva tiempo involucrado en una legislación que aborde las preocupaciones y las mejores prácticas internacionales en materia de ciberseguridad. Su propuesta debe pasar no sólo por el debido proceso legislativo, sino abrir un proceso previo de consulta y parlamento abierto con todos los actores involucrados, tanto de instituciones públicas, de seguridad nacional, empresas privadas, del sector financiero, academia y sociedad.

La iniciativa establece las bases para la protección de la información digital, los sistemas cibernéticos y las infraestructuras críticas bajo un principio de responsabilidad compartida y colaboración. Tiene como finalidad reducir incidentes, garantizar la seguridad cibernética, la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

La ley establece la creación de una Política, una Estrategia y una Agencia nacionales de ciberseguridad dependientes directamente del Ejecutivo Federal. La agencia contará con un Consejo Consultivo Ciudadano de Ciberseguridad con la participacio´n de todos los sectores de la sociedad.

También contempla la creación de un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad y un Cata´logo Nacional de Infraestructuras Cri´ticas de Informacio´n de carácter reservado para preservar la información contenida en él.

La propuesta reconoce los derechos y obligaciones de los usuarios en el ciberespacio y fomenta una cultura de ciberseguridad entre la población. Dice con claridad que todas las personas tienen derecho a la ciberseguridad y que la Política Nacional de Ciberseguridad respetará los derechos humanos durante la investigacio´n y persecucio´n de ciberdelitos.

Plantea que la seguridad de la informacio´n e infraestructura tecnolo´gica es responsabilidad de quien la ofrece, administra u opera, ya sea una entidad pu´blica o privada. Obliga a los responsables de operar las infraestructuras cri´ticas de cooperar con la autoridad para resolver los incidentes de ciberseguridad y deberán notificar los incidentes y ataques que sufran. Los bancos y los proveedores de servicios financieros esta´n obligados a establecer medidas de ciberseguridad.

Todas las dependencias y entidades de la Administracio´n Pu´blica Federal deberán contar con un responsable de seguridad de la informacio´n. Los criterios y bases generales de seguridad que establezca la Agencia Nacional de Ciberseguridad serán obligatorios.

Castiga las actividades ciberne´ticas ilegales y otorga atribuciones a las autoridades para perseguirlas, “con respeto a las garanti´as procesales, el derecho a la intimidad, las libertades civiles y los derechos humanos”.

Especifica que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina atenderán los incidentes ciberne´ticos que provengan o sean promovidos por otros Estados. También les correspondería monitorear el ciberespacio, realizar operaciones militares y ciberdefender al país. Se consideran amenazas a la seguridad nacional en materia de ciberseguridad las afectaciones a las infraestructuras críticas de información.

La propuesta contempla que los operadores de telecomunicaciones, las redes sociales, aplicaciones plataformas, de mensajeri´a instanta´nea y de alojamiento debera´n preservar la confidencialidad de los datos personales de los usuarios, no divulgarlos ni compartirlos, lo cual puede inquietar a quienes tienen modelos de negocio basados en datos. En caso de violacio´n de la seguridad de los datos personales, el responsable deberá notificar a la agencia a ma´s tardar 72 horas despue´s del incidente.

Todos estos proveedores, redes sociales, comunidades de videojuegos en li´nea y plataformas de streaming esta´n obligados a atender los mandamientos por escrito, fundado y motivado de la autoridad. Los obliga a contar con una unidad para la atencio´n y respuesta de incidentes de ciberseguridad y a registrarse ante la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Incluso les pide “privilegiar” -aunque no obliga- que la informacio´n de los usuarios se encuentre almacenada en territorio nacional, lo cual puede causar fricciones con el texto del T-MEC.

Aclara que los proveedores de servicios digitales y plataformas de Internet constituidos en el extranjero podra´n ser requeridos mediante orden judicial para colaborar con las autoridades de procuracio´n de justicia.

La iniciativa plantea algunos aspectos preocupantes. Por ejemplo, los usuarios de servicios digitales están obligados a cooperar con las autoridades ante cualquier investigacio´n de ciberseguridad.

La agencia y la Fiscali´a General de la Repu´blica podrán ordenar a proveedores de Internet dar de baja direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet dentro de 72 horas posteriores a la notificacio´n, lo cual puede ser desproporcionado o poner en riesgo la libertad de expresión.

La ley permitiría el uso de tecnologi´as para intervencio´n de comunicaciones tipo Pegasus, que tanta polémica han desatado por el espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Dichas tecnologías de intervención serían de uso exclusivo de las instituciones de seguridad pública.

La solución que plantea la iniciativa es que el Centro Nacional de Inteligencia cree un Registro Nacional de Proveedores de Tecnologi´a para Intervencio´n de Comunicaciones y que la venta de ese software y equipos esté prohibida para fines distintos a los establecidos.

Cuando se investiguen amenazas a la seguridad nacional, las entidades pu´blicas y privadas proporcionara´n de manera inmediata la informacio´n que les sea solicitada. El Ministerio Pu´blico podrá solicitar al juez la actuacio´n de agentes encubiertos para investigar delitos cibernéticos. El responsable de este tipo de delitos debera´ resarcir los dan~os.

Todas estas preocupaciones son atendibles en el marco de una deliberación pública. Las instituciones y los mexicanos requieren con urgencia sentirse seguros y confiados en el ciberespacio, porque cada vez hacemos más actividades en líneas y en Internet.

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Arsenal

¿Candidato de unidad en Morena?

Francisco Garfias | Excelsior

Morena se perfila para elegir a su abanderado (a) presidencial por acuerdo político y no por encuesta, como marcan los estatutos. Algo similar a lo que en el PRI suelen llamar “candidato de unidad”, pero que, en realidad, es un dedazo.

Fuentes confiables nos dicen que la propuesta del acuerdo es de López Obrador. El Presidente está preocupado por la unidad del movimiento que lo llevó a Palacio Nacional.

Ese acuerdo involucra a las cuatro corcholatas, pero el dedazo, asegura la fuente, está entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Marcelo lo huele y refleja incomodidad. Se le nota el enfado. Monreal tiene claro que él no va a ser, pero se le ve contento con el apapacho presidencial. La misma fuente nos dice que ya le hicieron una oferta: la candidatura a jefe de Gobierno de la CDMX.

* La sucesión adelantada se ha traducido en una lucha fratricida entre las corcholatas. Los aspirantes se jalonean entre sí, se meten el pie, se dan con todo. Eso permea hacia abajo.

El pleito entre Sheinbaum y Ebrard ya está en los medios. Promotores de éste último acusan al Gobierno de la Ciudad de México de borrar pintas y bardas que favorecen al canciller. La subsecretaría de Obras y Servicios de la CDMX respondió en redes sociales que a diario se limpian espacios con grafitis y publicidad no autorizada, incluyendo bardas de #EsClaudia, para evitar la contaminación visual.

Otra novedad es que gobernadores que se habían sumado a la cargada con Claudia están hoy con Adán Augusto. Se menciona, entre otros, a la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; al de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; al de Sinaloa, Rubén Rocha. De paso nos dijo que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, está con el titular de la Segob.

El pleito Claudia vs. Monreal ya amainó. Apenas en febrero pasado se reunieron en el Palacio del Ayuntamiento y fumaron la pipa de la paz. Esa bronca derivó en acusaciones al senador de que operó a favor de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2021.

López Obrador compró la historia difundida por el equipo de Claudia y tuvo congelado a Monreal por más de dos años. Ni una visita a Palacio Nacional ni una llamada telefónica. La interlocución entre el Presidente y el líder de la bancada de Morena en la Cámara alta era a través de Adán Augusto.

De repente todo cambió y el hielo se derritió para convertirse en apapacho. Monreal fue invitado a Palacio Nacional el viernes 28 de abril junto con las otras tres corcholatas y los integrantes de las bancadas de la coalición Juntos Haremos Historia en el Senado. Para su sorpresa, el Presidente lo sentó junto a él y le dio reconocimiento como corcholata. Dijo López Obrador a los invitados: “Entre esta muchacha (Claudia) y estos muchachos (Marcelo, Monreal y Adán Augusto) está mi sucesor”.

Esa noche, López Obrador se veía satisfecho. Su voluntad se había cumplido: el Senado no eligió al comisionado que le falta al Inai para volver a sesionar. Un tema que lo obsesiona. De allí salieron los senadores hacia la Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara alta, para aprobar una veintena de iniciativas. Lo hicieron a la carrera, con dispensa de trámites, en sede alterna, sin la oposición, sin conocer lo que votaban, sin quórum verificado. Y luego se ponen nerviosos porque la Suprema Corte les anula iniciativas aprobadas de esa manera.

* Monreal está tan contento de su nuevo acercamiento con López Obrador, que hasta su discurso cambió. En su intervención, ayer, en la tribuna del Senado no sólo amagó con juicio político a los ministros de la Corte que desecharon el plan B, sino que denunció “el derroche, los abusos y los excesivos privilegios” que tienen.

En un tono más propio de Fernández Noroña que del conciliador que ha sido, Monreal criticó a esa “casta de privilegiados” que son los ministros y ofreció un compendio de 40 excesos que cometen. Entre éstos están sueldos de 300 mil pesos mensuales, aguinaldo de casi 600 mil pesos, prima vacacional de casi 100 mil pesos, fondo para comer en restaurantes de lujo, 80 mil pesos mensuales; un presupuesto de 5 millones 500 mil pesos mensuales para contratar personal. Pero, también, dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de seis millones de pesos, que se renuevan cada dos años; pago por riesgo de más de 640 mil pesos, pago por gasolina, 22 mil pesos mensuales y apoyos ilimitados para pago de peaje en autopistas.

La respuesta al morenista llegó a la tribuna en voz del senador plural, Germán Martínez: “Me da gusto que se haya hecho esa lista de gastos de la Corte…, pero me gustaría escucharla del fideicomiso millonario que existe en el Senado de la Republica”. Abajo de la tribuna, Germán precisó que se trata del fideicomiso de inversión 1705 para la construcción y equipamiento del Senado. Ascendía, el 31 de marzo pasado, a 848 millones 668 mil 292 pesos y 86 centavos.

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Juegos de poder

Bienvenido el plan C

Leo Zuckermann | Excelsior

El Poder Judicial echó para atrás el plan B de reforma electoral del Presidente. Como era previsible, López Obrador despotricó e insultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, fiel a su estilo frente a una derrota, el mandatario se fugó al futuro doblando las apuestas.

Si no transita mi plan B, vamos por el plan C. Ayer, el Presidente lo detalló. Consiste en:

1. Arrasar en las elecciones federales de 2024, de tal suerte que los partidos que apoyan su proyecto, la llamada “Cuarta Transformación”, obtengan una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado y, así, poder reformar la Constitución.

2. Una vez que tome posesión la siguiente Legislatura, el primero de septiembre de 2024, tan sólo un mes antes que deje López Obrador la Presidencia, el jefe del Ejecutivo federal enviará, cuando menos, tres reformas constitucionales al Congreso.

3. Una de estas reformas será con el fin de transformar radicalmente el Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos directamente por el electorado.

Confieso que me gusta el plan C del Presidente.

Primero, porque pondrá el foco de la elección en 2024 en las elecciones al Congreso. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a concentrarnos en los comicios presidenciales y soslayamos la importancia que tiene la elección de senadores y diputados federales.

¿De verdad queremos que el próximo Presidente tenga mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso para reformar la Constitución a su antojo?

¿Le queremos dar tanto poder a una coalición gobernante?

¿Vale la pena reformar la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte los elija el pueblo, con todo lo que eso significa en las decisiones judiciales?

Si el Presidente tiene una supermayoría en el Legislativo, ¿también queremos que cuente con mayoría en el Judicial y desaparezca así la división de poderes en México?

A todas estas preguntas yo contesto que no.

No tengo problema en que un Presidente tenga mayoría absoluta en el Congreso para aprobar leyes secundarias. Pero no me gusta nada que consiga mayoría calificada y pueda reformar la Constitución. Eso ya me parece un exceso. Mucho poder en pocas manos.

No hay que ser un genio para saber qué vendría. Cambiarían las reglas del juego democrático para legalizar y consolidar la concentración del poder. Adiós a la oposición. Adiós al pluralismo. Adiós el respeto a las minorías. En pocas palabras, adiós al régimen democrático-liberal. Presidente, Congreso y Suprema Corte serían lo mismo. Nada de contrapesos.

Por desgracia, los mexicanos de mayor edad ya conocemos esta situación. La vivimos durante el autoritarismo priista. A eso quiere regresar el presidente López Obrador.

Por eso me gusta el plan C de AMLO. Fuera máscaras. El oficialismo va con todo por todo. Su agenda política es muy clara: la desaparición de los órganos independientes y autónomos del Estado con el fin de reconcentrar el poder en manos del Presidente, único representante legítimo de un pueblo monocolor.

No creo, la verdad, que el lopezobradorismo consiga la mayoría calificada en ambas cámaras en 2024. El optimismo del Presidente parte de dos falacias.

Primero, que a su movimiento lo apoyan más de dos terceras partes de la población. Falso. Según las encuestas, las intenciones de voto a favor de Morena y sus aliados oscilan entre un 50 y 60% del electorado.

Segundo, dice el Presidente que hay un 80% de la población que apoya a la Cuarta Transformación y eso se reflejará en las urnas. Falso. De acuerdo a las encuestas, alrededor de un 65% de los mexicanos aprueba la manera en que está gobernando AMLO, pero esa popularidad no necesariamente se traduce en automático a favor de los partidos que lo apoyan.

Más allá del optimismo presidencial de arrasar en 2024, me parece que el plan C es un llamado a la oposición para dedicarle mucho tiempo y dinero a las elecciones legislativas del año que viene. Si el lopezobradorismo, efectivamente, gana una mayoría calificada, más pronto que tarde quedarán borradas las minorías opositoras.

El juego de López Obrador es que haya un régimen político sin contrapesos. La oposición tiene que jugar a que sigan existiendo.

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México SA

Poder Judicial, desconfianza total // Rechazo de tres de cada cuatro mexicanos // Déficit de justicia = fraude social

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Tal vez la mejor síntesis del proceder y los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus alrededores, la aporta la organización Latinobarómetro. Dice así: en México, tres de cada cuatro ciudadanos (76 por ciento) desconfían del Poder Judicial, y en el contexto de América Latina ese nivel de rechazo a uno de los tres poderes del Estado ubica a nuestro país entre el sentir de los nicaragüenses y el de los colombianos sobre sus respectivas instituciones de procuración de justicia.

Desde luego, este recelo no sólo se da en México, pues la citada organización advierte que América Latina (donde el nivel de desconfianza ciudadana es de 75 por ciento, un punto porcentual menos que en México) muestra escepticismo respecto del Poder Judicial, el cual, desde 1995 no ha alcanzado nunca 40 puntos porcentuales de confianza y ésta fluctúa entre un máximo de 37 por ciento en 2006 y un mínimo de 23 en 2003. En 2020 alcanzó 25 por ciento, 12 puntos porcentuales por abajo del registro de 14 años atrás. La debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más flacos de sus democracias. En pocas palabras, la procuración de justicia, con la corrupción que la corroe (uno de cada dos jueces y magistrados son corruptos; en el caso mexicano, uno de cada tres), no es más que un fraude social, por lo que es necesario recomponer estas percepciones antes de consolidar sus democracias.

Demoledor el diagnóstico de Latinobarómetro, que desde 1995 basa sus resultados en encuestas de opinión pública en 18 países de América Latina, con 20 mil entrevistas representativas de la población regional, cuyos resultados documentan un sistemático cuan creciente déficit de justicia en esas naciones, con México levantando la mano.

Cierto también que la contundencia de ese resultado es el pan de todos los días en México y América Latina, cuyos países cargan con una negra historia en materia de procuración de justicia, pues sus operadores siempre actúan en connivencia con los grupos de poder, públicos, privados y fácticos. Entonces, ante tal panorama, ¿resulta excesivo calificar al Poder Judicial mexicano de podrido y faccioso, como lo hizo el presidente López Obrador? En la mañanera de ayer, el mandatario consideró que el Poder Judicial no tiene remedio; actúa de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo.

Es de sentido común, de juicio práctico, al Ejecutivo lo elige el pueblo; al Legislativo lo mismo, diputados y senadores; ambos nombran a los ministros de la Corte y esos señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios, ellos deciden que una iniciativa de ley, enviada por el Ejecutivo y aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, no es válida, porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente.

Algo más: no violaron absolutamente nada, nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, los ministros de la Corte se atreven a cancelar la ley; están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. ¡Cómo se van a considerar un poder supremo! ¡Cómo van a situarse por encima de Poder Legislativo! Pero es esta la concepción conservadora, por eso es el supremo poder conservador.

Esa misma Corte avaló la reforma energética para privatizar el petróleo. “Recuerdo que cuando la aprueban … La Constitución permite que se hagan consultas en temas que se consideran importantes para el desarrollo del país, entonces había que recabar un número determinado de firmas, como establece la Carta Magna, y nos dedicamos a conseguirlas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas, ¿y qué resolvieron? Que no procedía, porque tenía que ver con los ingresos del gobierno”.

Ahora, el balón está en la cancha del Legislativo. De Santiago Creel sólo se espera una actitud cómplice, pero, ¿los demás?

Las rebanadas del pastel

Se acabó la pandemia en México. Después de tres años y pico, el gobierno federal decidió poner fin a la emergencia sanitaria. Gran noticia, la que, desde luego, no cancela las medidas de protección.