Columnas Escritas
LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS:
Los desechos del Estado
Javier Sicilia
Proceso
Tanto potencialmente para los ciudadanos de este país como para los “desplazados” y los “migrantes”, el estado de excepción –que esencialmente era una suspensión temporal del orden jurídico y de los derechos de los ciudadanos y de los seres humanos– es una realidad de la vida en México.
En su intento por descifrar al Estado, Giorgio Agamben habla de una figura del derecho romano arcaico llamada homo sacer (“El hombre sagrado”), un ser que, abandonado de la protección del Estado, cualquiera podía matar impunemente. Al ser expulsado de su contexto social, político y cultural, ese “hombre”, dice Agamben, se volvía una vida nuda, una vida al margen.
Más acá del profundo análisis de Agamben sobre esta figura en la historia de Occidente, es posible decir que en México todos los seres humanos nos hemos vuelto “hombres sagrados” en potencia. Pese a tener legalmente nuestros derechos humanos preservados en la Constitución, hoy en día cualquiera puede extorsionarnos, secuestrarnos, torturarnos, destazarnos, desaparecernos, y el crimen quedará impune. Para el Estado mexicano no somos, como ciertas fracciones de seres humanos lo fueron para el nazismo, objetos de experimentación o, para el sovietismo, parte de una tarea histórica o, para el llamado neoliberalismo, residuos. Somos simplemente desechos potenciales en la apresurada marcha de esa cosa amorfa llamada Cuarta Transformación.
Para saberlo no es necesario reiterar la existencia de miles de fosas clandestinas, de miles de kilos de masa humana enterrados en muchos predios del país, de decenas de masacres, de centenas de miles de homicidios, feminicidios y desapariciones, de territorios tomados por poderes fácticos a lo largo de estos últimos 15 años. Hay que ver simplemente el cinismo con el que, por ejemplo, el poder soberano de nuestros gobernantes escatima medicinas para el cáncer y envía a nuestros niños a hacinarse en esas celdas carcelaria llamadas eufemísticamente “aulas”, mientras les niega su derecho a ser vacunados contra el covid-19 porque “no son población de riesgo”. No importa que cerca de mil niños hayan muerto a causa de la pandemia y 70 mil hayan contraído el virus. La legalidad del poder del Estado dicta sobre la vida nuda de los niños.
Hay, sin embargo, otros seres que expresan de forma más cruda esa condición: los “desplazados” y los “migrantes”. Los primeros, a diferencia de los niños o de ciertas víctimas de la violencia, al menos tienen la posibilidad de manifestar su enojo e intentar revertir su condición de vida nuda mediante vericuetos jurídicos; éstos se encuentran en una indefensión mayor. Despojados de cualquier posibilidad de ser protegidos por el Estado, tienen que abandonar sus tierras presionados o perseguidos por poderes fácticos que el Estado consiente o forman ya parte de él. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hay, desde 2006 a la fecha, más de 400 mil de ellos, muchos de los cuales deambulan como perros por los territorios de la nación. Los segundos, los “migrantes”, son en toda la extensión del sentido vida nuda. Huyendo de sus países donde, como cualquier “hombre sagrado”, han sido abandonados a la violencia, en el nuestro se vuelven “ilegales”, gente “fuera de la ley”. Con ellos, el Estado no sólo abdica de protegerlos, se permite, bajo el eufemismo de la “contención”, ejercer todo tipo de violencias, desde insultos, golpes y patadas, como vimos recientemente en los noticiarios, hasta violaciones, extorsiones, despojos, que ocultan la ausencia de un sistemático seguimiento por parte de los medios de comunicación. Muchos de esos
“hombres sagrados”, tratando de evitar la violencia del Estado, entran a territorio mexicano a través de rutas clandestinas dominadas por el crimen organizado, donde serán sometidos a la extorsión, a la esclavitud o a la desaparición sin que a nadie importe.
Tanto potencialmente para los ciudadanos de este país, como, de una manera más radical, para los “desplazados” y los “migrantes”, el estado de excepción –que esencialmente era una suspensión temporal del orden jurídico y de los derechos de los ciudadanos y de los seres humanos– es una realidad de la vida política y social en México. Despojados de los derechos, que sólo están inscritos de manera inoperante en los ciudadanos, unos y otros nos encontramos fuera de la protección del Estado. Somos, cuando la desgracia nos cae encima, los que “se lo buscaron”, las “bajas colaterales”, los “jodidos”, los “indeseados”, los desechos humanos que sólo importan al Estado cuando alcanzan a ser mediáticamente focalizados, y no precisamente para ser tratados como sujetos de derecho, sino para controlar los daños que la develación de su presencia causa al Estado. Llegados allí, a lo único a lo que un ser humano puede aspirar es a errar, como un personaje de Kafka, de ventanilla en ventanilla, en busca de una justicia imposible, a sobrevivir en las márgenes como lo hacen la mayoría de los desplazados o, en el caso de los “migrantes”, a ser deportados o encerrados en campos de concentración con la falsa promesa de que algún día se les dará un papel que los reconozca como seres susceptible de derechos que en situaciones límite se volverán derechos inoperantes.
Quizá con la 4T el Estado mexicano llegó al límite de sus contradicciones. Será necesario replantear todo poniendo en el centro al ser humano. De no hacerlo, lo que vendrá será siempre peor.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
El tirón definitivo: prioridad ante todo
Julio Faesler
Excelsior
La relación del pueblo con el gobierno se realiza primariamente a través de los partidos políticos, que proponen a la ciudadanía sus proyectos de nación, completándolos con programas de acción específica para cada área de la actividad nacional y regional. Lo anterior supone un sistema electoral democrático que asegure que la voluntad popular consensada llegue a las discusiones parlamentarias para transformarse en ley. Además de todo lo anterior, la responsabilidad de los partidos es vigilar que el gobierno respete y cumpla con las decisiones aprobadas.
El funcionamiento de la democracia no significa la división de las fuerzas en adversarios, sino una fluida intercomunicación entre las fuerzas políticas para promover el bienestar de la nación y no para obtener ventajas y privilegios individuales o de corporaciones.
La variedad y complejidad de las demandas populares hacen que el debate parlamentario se desvíe y disperse en asuntos que distraen tiempo y energías en perjuicio del examen y votación de lo más importantes. La proliferación de partidos políticos introduce ese riesgo, por lo que es preferible que las principales opciones ideológicas u operativas se encuentren representadas en un número reducido de partidos.
En la segunda mitad de cualquier sexenio, y más en el que ahora se inicia, hay que resolver asuntos desatendidos o enderezar acciones equivocadas. Ante todo está la
variedad y complejidad de retos como el de salud, que incluye el tema pandemia, el de la pobreza, que aumenta con lacerante desigualdad, el desorden en la educación pública y privada, incluyendo la ausencia de capacitación general para la actividad productiva y, desde luego, el rezago de empleo resultado de falta de programación. Todos estos pendientes se han agravado en estos tres años por el insoportable clima de la violencia y la extendida corrupción impune, atribuible a la lamentable ineficiencia del gobierno actual que ha exhibido tolerancia con los culpables.
La pobreza y desigualdad necesitan ser combatidas con esfuerzos de los sectores productivos agrícolas, industriales y de servicios, y en salud y educación. Una inteligente y convincente rectoría del Estado es necesaria para evitar desequilibrios de resultados.
La ineficiencia del gobierno es patente precisamente en los rubros donde más se ha empeñado el actual. La violencia y el control por las mafias de trozos importantes de la geografía nacional se ha incrementado. Y la creciente presencia en sectores productivos, que se ve en más de 80% de nuestras exportaciones en un sólo mercado vecino.
El desperdicio de la mayor parte de nuestro arsenal productivo en las pymes, que representan más de 90% de la fuerza de trabajo nacional, es un lastre que hay que invertir. La falta de empleo y de capacitación que puede remedarse con esquemas “escuela-industria” se pretende remedar con el programa Oportunidades para el Futuro.
Resalta la pobreza, no sólo la popular, sino también la de un gobierno que extrema su empeño por cubrir gastos comprometidos para los programas sociales y los gastos de administración. El costo de proyectos icónicos de productividad altamente cuestionada agravan el panorama.
La inversión más necesaria de todas la que se hace en la infraestructura productiva económica y que es la que soporta la actividad de las unidades de producción que dan empleo, derrama salarios que se traducen en demanda regeneradora, que es, precisamente, la que falta.
Para el país, víctima de la inopia del gobierno, la solución no está en seguir con mayor austeridad presupuestal frenando actividades. En Palacio Nacional se busca cómo utilizar los DEG para financiar programas sociales. La penuria oficial inspira proponerle al presidente Biden incluir en su programa de estímulo a Centroamérica Oportunidades y Sembrando el Futuro. En lugar de forzar situaciones sería más directo y práctico obtener los financiamientos internacionales que la Constitución autoriza, siempre que sean productivos, para reactivar las miles de unidades de producción hoy paralizadas.
En lo internacional, la coyuntura tampoco se presenta fácil. Muchos de los problemas tienen profunda relación con el cada vez mayor entramado de las estructuras norteamericanas, empezando con intercambios comerciales con claros reflejos sociales.
El equilibrio entre fuerzas hegemónicas que se presentarán requerirá decisiones muy trascendentes para nuestro perfil de desarrollo económico y político. La relación con América Latina es importante para Mexico como con la de tanta antigüedad con Europa, pero es más urgente con Asia y Asia Central. A lo anterior hay que sumar compromisos en materia de cambio climático, temas de seguridad, nuevos modelos económicos y la migración como factor con dinámica propia en la composición de nuestras sociedades del futuro al lado de los de género.
Estamos a tiempo y para el equipo presidencial renovado no hay tiempo que perder. Los asuntos urgen. Mas que perder un valioso tiempo en distracciones, como consultas sobre el aparato electoral o la preparación de candidatos para el 2024, cuya posibilidades de gestión en mucho dependerán del escenario que hereden, hay que dotar al país de la fuerza que radica en su capacidad de producción económica, para así merecer ocupar su lugar en la mesa de decisiones internacionales.
La responsabilidad de los partidos políticos es grave como gestores de los programas de desarrollo que faltan y de vigilar que en el trienio que comienza no se vuelva a desperdiciar la oportunidad de enderezar lo que se ha desviado.
Liderazgo latinoamericano y mezquindad
Enrique Calderón Alzati *
La Jornada
Con orgullo y alegría pude seguir los actos que con motivo de las fiestas patrias, se realizaron en territorio nacional, así como los relacionados con la reunión de la Celac, realizada el pasado fin de semana. De manera particular, la invitación que el presidente López Obrador hizo a su homólogo de Cuba para participar en las celebraciones, con todo el simbolismo que tal hecho implica, me pareció de profundo significado para toda Latinomérica, con lo cual México vuelve a asumir el liderazgo que tuvo durante la mayor parte del siglo XX y sobre todo, a partir del gobierno del general Lázaro Cárdenas, el cual continuó hasta el de José López Portillo.
Recordé mis tiempos de universitario, cuando el gobierno estadunidense había ordenado la expulsión de la República de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con un sólo voto en contra, el del gobierno de México, así como la declaración de nuestro entonces presidente, Adolfo López Mateos, emitida en los dramáticos días de la batalla de Playa Girón y Bahía de Cochinos: en este conflicto entre Estados Unidos y Cuba, México está con Cuba, todo ello, a sugerencia del general Cárdenas.
Más de 60 años han pasado de aquellos hechos históricos, con los que nuestro país refrendaba su liderazgo y apoyo a los pueblos de América Latina, el cual había motivado a Naciones Unidas, a través de la Unesco, a solicitar a México el establecimiento de un conjunto de organismos internacionales dedicados a apoyar a las naciones latinoamericanas en sus esfuerzos orientados a mejorar la educación de sus pueblos, entes que han constituido un motivo de orgullo para nuestro país y entre los cuales podemos mencionar al Centro de Cooperación Regional para la Educación y Formación de Adultos en América Latina (CREFAL), al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (con sede en San José) y escuelas en Argentina, Costa Rica, Ecuador y México.
Durante el periodo de los gobiernos neoliberales en México, estos organismos internacionales dejaron de apoyar a naciones latinoamericanas y del Caribe, buscando con ello mejorar las relaciones de dependencia económica con Estados Unidos, y reorientaron sus acciones a servir sólo a la Secretaría de Educación Pública, en detrimento de los servicios a los países de la región.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, la política exterior del gobierno mexicano ha sido radicalmente diferente hacia Latinoamérica, al ser reorientada a restablecer las relaciones con los países de la región, lo cual ha quedado de manifiesto desde el inicio del sexenio e intensificado con las acciones de las semanas recientes, como la reunión del CREFAL y la propuesta para modificar o sustituir a la OEA, buscando con ello recuperar el liderazgo de América Latina, no por el liderazgo mismo, sino con el propósito de formar un bloque económico fuerte y similar a los de Europa y Asia, lo cual les ha permitido mejorar sus capacidades de producción y fortalecer las economías de sus países más débiles.
En este contexto llama la atención que algunos funcionarios de segundo nivel de la Secretaría de Educación, que colaboran con su titular, Delfina Gómez, lejos de apoyar la política del gobierno mexicano, se estén dedicado a entorpecer las acciones de los
organismos educativos internacionales mencionados, limitando y reteniendo sus recursos financieros, impidiéndoles desarrollar sus programas de trabajo y la colaboración con las naciones latinoamericanas, seguramente por falta de empatía e ignorancia de sus necesidades y objetivos, así como los compromisos gubernamentales existentes con la Unesco, que en nada abonan al cumplimiento de las políticas internacionales impulsadas por el Presidente de México.
Estos organismos internacionales, a pesar de las problemáticas con los gobiernos anteriores, han estado sobreviviendo gracias al trabajo de sus colaboradores, el esfuerzo de sus consejos directivos o de administración y el apoyo recibido durante la gestión de Esteban Moctezuma como secretario de Educación, sin embargo, se encuentran hoy en el total abandono por parte de la SEP, desde principios de este año, dificultando el cumplimiento de sus objetivos sociales, acordes con la ideología que los vio nacer.
Sería importante por ello que el gobierno y su Secretaría de Relaciones Exteriores, se apoyaran en estos organismos, aprovechar que se encuentran bien constituidos y cuentan con un marco legal de acción en materia internacional, situación que les facilitaría dar cumplimiento a las políticas y apoyos que el Presidente desea instrumentar hacia los países de América Latina y del Caribe.
* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
