Nueva Ley Conacyt, el debate
Ernesto Villanueva
Proceso
El presidente ha enviado una iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a la Cámara de Diputados que reglamentaría la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de una amplia labor de retroalimentación, discusión y revisión de los más distintos puntos de vista sobre las reformas posibles al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, organizados por diversas instituciones, además del Conacyt, el presidente de la República ha enviado una iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a la Cámara de Diputados que reglamentaría la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que ha empezado a ser tema de la agenda de discusión pública. De ahí la oportunidad y pertinencia de hacer algunas reflexiones sobre esta iniciativa para que cada uno forme su propio juicio.
Primero. La iniciativa ha sido objeto de una acre crítica con señalamientos muy similares para buscar generar la percepción de que se trata de un proyecto que limita o acota la labor científica y tecnológica. Y es entendible que las críticas tengan abundante cabida en los medios si se considera que el Conacyt hasta el 2018 tenía prácticamente una estructura paralela en áreas significativas, entre ellas la relativa a comunicación social. Había- y sigue habiendo- un área de comunicación institucional y simultáneamente empresas que hacían exactamente las mismas labores. En efecto, entre 2015 y 2018 la empresa “agencia Conacyt” recibió pagos por 76.4 millones de pesos y entre el 2013 y 2018 las empresas privadas que duplicaban las atribuciones de Conacyt obtuvieron 386.5 millones de pesos. Se entiende ahora por qué la campaña de desprestigio contra Conacyt y, en especial, contra su directora, María Elena Álvarez-Bulla Roces exista por la negativa a seguir ese “modelo de negocios”. Además, ha sido público y notorio cómo desde Conacyt se financiaron proyectos de innovación para empresas privadas para optimizar sus ganancias. Recuérdese que hasta la elaboración de pizzas se financió con recursos públicos. Esta transferencia de los que menos tienen hacia los que más poseen para mejorar sus márgenes de utilidad ahora con la iniciativa de Ley tendrá candados adecuados para que nunca vuelva a pasar semejante despropósito.
Segundo. Hasta el 2021, 4 de cada 10 estudiantes de los Centros Públicos de Investigación de Conacyt pagaban colegiatura, hoy se ha eliminado esa barrera económica y se fortalece en la propia legislación. De igual modo, se establece una reingeniería a los posgrados de calidad para que sean apoyados especialmente aquellos que tengan como finalidad el interés público. Lo mismo puede decirse en varios rubros más. Los detractores de la iniciativa de Ley sostienen medias verdades que acaban por convertirse en mentiras completas. Habría que aclarar: a) No se establecen medidas que aseguren la transparencia en el uso de recursos del organismo que sustituirá a Conacyt. Falso. No sólo se introducen salvaguardas en ese rubro, sino que hay que decir que la iniciativa no es un árbol en un desierto, sino en un bosque donde hay interdependencia con otras disposiciones, entre ellas la Ley de Responsabilidad Hacendaria, las leyes general, federal y estatales de transparencia, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control, las atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, entre otras más; b) Se limita la investigación científica y tecnológica. Falso. Sería inconstitucional y absurdo que la iniciativa de ley comentada introdujera en su artículo qué se puede investigar y qué no; c) Se limita la progresividad e indivisibilidad de los derechos humanos. Falso. No sólo se incluye y desarrolla, sino que el principio pro-persona y la interpretación conforme están previstos en el artículo 1º, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se deben aplicar de manera directa al interpretar la aplicación de una ley en casos concretos; d) Los Centros Públicos de Investigación se convertirán en centro al “servicio del gobierno”. Falso. Se trata de Centros estatales pagados con recursos del erario y no hay disposición alguna que establezca un pensamiento único o cualquier cosa semejante. Sería un despropósito sostener esa premisa, pues cualquier juzgador federal protegería a quien estuviera en esa circunstancia a través de la figura del amparo indirecto; e) Se discrimina las labores de investigación entre universidades públicas y privadas. Sí y no. En principio, los recursos de los contribuyentes deben ir a las instituciones cuyo objetivo es esencialmente público; no obstante, debe atenderse y financiarse aquella investigación que atienda los grandes problemas nacionales sea hecha al margen de si se trata de una institución pública o privada, por lo que se puede mejorar la redacción de aquellas contenidos que requieran mayor claridad en este sentido.
Tercero. No hay duda de que, en los primeros meses de año, la iniciativa de ley puede ser enriquecida en diversos foros para mejorar lo que sea mejorable y eliminar o reformular aquellas partes que pudieran generar confusión. Pero de ahí que a todo está mal hay un amplio trecho. Por supuesto, hay que conceder que ciertamente hay dos definiciones políticas de fondo, la de quienes- como yo- sostienen que los recursos del pueblo deben destinarse a fines que mejoren el bienestar colectivo y la de quienes, por el contrario, consideran que el erario debe financiar proyectos de interés personal o grupal. La iniciativa trabajada por el Conacyt se inscribe evidentemente en la primera postura, que debe ser acompañada críticamente (donde deben ser bienvenidos todos aquellos cambios que mejoren esa pieza jurídica a la luz de ese principio rector de la primacía de interés público, bajo cuyo paraguas todo está sujeto a ser mejorado, si es necesario) quienes coincidimos con que en la aprobación de una ley debe primar el interés colectivo, por encima de cualquier otro.
Arsenal
El PRI deja en manos del PAN la candidatura presidencial en el 24
Francisco Garfias
Excelsior
Por estar concentrados en la maniobra de Alito Moreno para quedarse al frente del PRI hasta el 2024, pasó de noche lo más importante de los acuerdos de la LXII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del tricolor.
Basta con leer con detenimiento el punto 3.3 del apartado “Asuntos Electorales” del documento aprobado para darnos cuenta de lo que el PRI ya le entregó al PAN, a cambio de las candidaturas a gobernador en Coahuila y en el Edomex.
Dice el citado punto votado por unanimidad:
“Acuerdo por el que se autoriza al titular de la presidencia del CEN que pueda iniciar pláticas, suscribir acuerdos y, en su caso, modificar los acuerdos de coalición con PAN y PRD en ámbitos locales y federal.
“En el caso del PEL (Proceso Electoral Local) 2022-2023, las candidaturas a la gubernatura de Coahuila y del Edomex serán sigladas por el PRI.
“Para los PEF (Proceso Electoral Federal) y PEL de 2023-2024, corresponderá al PAN el siglado y organización en los procesos democráticos para las candidaturas a la presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la CDMX”.
* En octubre pasado se organizó una pasarela de los aspirantes del PRI a la candidatura presidencial en la sede nacional del tricolor, en un evento que denominaron Diálogos por México”.
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Participaron Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Miguel Ángel Riquelme y Esteban Villegas.
¿Para qué?
Si nos atenemos al acuerdo descrito, los siete aspirantes del tricolor ya están descartados. La decisión final recaerá en el PAN. No vemos cómo se inclinarían por un candidato o candidata del PRI.
Se entiende que el acuerdo del CPN responde al tamaño de los miembros de la alianza Va por México. El PAN es el principal partido de oposición. Veteranos priistas, sin embargo, no conciben que desde ahora, cuando faltan 18 meses para la elección, se entregue, por un acuerdo del CPN, la candidatura presidencial.
La anunciada permanencia de Moreno Cárdenas en el CEN del PRI ahondó las divisiones internas. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada tricolor en el Senado, está por impugnar ante la autoridad electoral —si no es que ya lo hizo— el “acuerdo” para que se quede Alito.
Un priista colmilludo recordó que tanto Osorio como Claudia Ruiz Massieu, cuando fue presidenta del tricolor, ayudaron a Alito a llegar a la presidencia del PRI.
“Le permitieron ampliar el padrón en Oaxaca, de Alejandro Murat; Coahuila, de Rubén Moreira; Campeche, de Alito Moreno, y en Chiapas”, nos dijo.
De los aspirantes mencionados sabemos que Beatriz Paredes calificó de “inoportuna” la extensión del mandato de Alito en el CEN hasta el 24.
“Cualquier intento de prórroga debe tener como elemento principal alcanzar el máximo consenso. Provoca nuevas tensiones al interior del priismo”, advirtió.
Otro veterano priista, Heriberto Galindo, apeló a la “sensatez” y el buen juicio de Alito para que, en lugar de extender el tiempo de su dirigencia, empiece a preparar el proceso electoral para su relevo. Es por el bien del PRI y por la unidad, dijo.
Advirtió: “Si persiste en su idea de extender su presencia al frente del PRI, definitivamente se va a generar más división y eso perjudica al partido”.
* Soy uno de los 180 “abajo firmantes” del desplegado que se publicó ayer para manifestar nuestra total solidaridad con Ciro Gómez Leyva y exigir al Presidente de la República que cese el hostigamiento en contra de periodistas críticos.
La reacción sólo produjo otro ataque de un Presidente que confunde la crítica con militancia contra su gobierno y que aplaude sólo a la prensa que lo colma de elogios todas las mañanas.
Pero los resultados allí están. Son mediocres en materia de seguridad, de salud, de crecimiento económico, lucha anticorrupción y hasta en el combate a la pobreza.
Dijo en la mañanera de ayer: “Y ahí están los abajo firmantes, puro periodista del régimen —todavía no se da cuenta de que ‘el régimen’ es el suyo— diciendo de que yo polarizo.
“No polarizo, politizo y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo”.
Nunca más atinada la frase. ¡Ni cómo ayudarlo!
Número cero
El riesgo de politizar el atentado contra Ciro
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La politización de todas las cosas eleva al poder político al rango de explicación absoluta de todas las cosas. A un crimen o un atentado contra un periodista no se le investiga y juzga por el peligro social que implica para la seguridad de todos, sino por la real o supuesta filiación política de sus autores. La forma más destructiva de la obsesión de esta forma de politizar todo cuanto ocurre es la narrativa conspiranoica en la que nada tiene sentido si no es para afectar o desestabilizar al poder.
El ataque que sufrió Ciro Gómez Leyva ha desembocado en ese debate, lo mismo que muchas otras situaciones criminales o denuncias de corrupción oficial. La investigación sobre un hecho criminal se politiza para que se pierda en la impunidad de una niebla de acuerdos secretos de algún extraño enemigo y, finalmente, deje de existir pese a la dificultad de desaparecer realidades demoledoras: 37 periodistas ejecutados en el contexto del récord de 130 mil asesinatos en lo que va del sexenio.
La inseguridad y las amenazas a la libertad de expresión se omiten detrás de la pregunta del poder sobre los beneficiarios del atentado, aunque su obligación sea proteger a todos sin distingo de filiación política o ideológica. No lo hace, lanza hipótesis sobre lo ocurrido lejos de su responsabilidad, que secundan sus seguidores en redes con la conjetura de un autoatentado, tan irresponsable como los que salen a golpear al presidente para culpabilizarlo por sus críticas a la prensa; incluso, empresarios que señalan la autoría del narco sin base sólida, exponiendo aún más al periodista.
Al atentado no se le juzga como el delito de alto impacto que es, sino como el poder que presume o imagina lo que hay detrás de un hecho objetivo y verificado sin probarlo nunca. En una forma particularmente insidiosa, López Obrador reaccionó al ataque con la advertencia de que podría ser una operación contra su gobierno para desestabilizarlo. Como si la víctima del atentado fuera él y no el periodista, adelantó que presentaría denuncias si llegara a tener pruebas de sus sospechas que, por lo pronto, sólo sostiene en la acusación de tratarse de un vocero más del conservadurismo.
La politización tiene efectos devastadores para la confianza pública, porque hace refractario y omiso al gobierno de problemas reales como la protección de periodistas, la seguridad de las mujeres o reclamos sociales por la salud o la educación. La definición de “politizar” es relativamente reciente en el diccionario de la lengua española y alude a una inmoderación de la política sobre muchas áreas de la realidad o a la atención de aspectos superficiales de ésta. En la acepción de la RAE, es “dar orientación y contenido político a acciones, pensamientos o personas que, corrientemente, no lo tienen”.
Esta definición aplica al tratamiento que el gobierno de la 4T ha dado, por ejemplo, al descalificar protestas de mujeres o para estigmatizar periodistas en el juego de la polarización. El terreno más peligroso de esta “orientación” es invadir el de la seguridad y la justicia, porque pervierte la investigación y persecución de los delitos cuando añade “contenido político” negativo hacia las víctimas. Son revictimizadas por los responsables de proteger sus derechos, dejando un sentimiento de orfandad total.
Desde posiciones oficiales se justifica la politización como una especie de pedagogía para que los ciudadanos sepan ejercer sus derechos. Se trata de un objetivo positivo, pero es distinto a juzgar un atentado según la empatía o la percepción del poder hacia los afectados como amigos o enemigos del gobierno. Incluso, defienden que el Presidente cumple esa tarea didáctica desde sus conferencias mañaneras, por ejemplo, cuando descalifica periodistas o devela informaciones sesgadas o mentirosas. Politizar no es lo mismo que polarizar, rebaten.
El razonamiento no es sólo tramposo, sino peligroso. Los ataques y hostigamiento contra la prensa desde el poder no sólo suponen una forma de censura indirecta, sino convertirla en cobaya sin la protección de la autoridad. Eso no significa que el poder político deba abandonar el debate público o dejar de responder a la crítica, que muchas veces es parcial, alevosa y tan polarizante como el discurso oficial. De lo que se trata es de evitar que la política desplace a la realidad y la politización se disuelva en politiquería.
