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De naturaleza política

Unis del bienestar: no mentir, no robar y…

Enrique Aranda

Excelsior
A la vista de la lopezobradorista consigna de ¡no mentir, no robar y no traicionar! que presuntamente define el actuar de la fallida administración de la 4T es factible asegurar que la llamada Universidad del Bienestar Benito Juárez García constituye la más evidente contradicción al mandato reiterado por su incuestionable gurú en cuanta oportunidad se le ofrece.

Esto, porque si bien desde el inicio de su gestión sexenal el propio Andrés Manuel López Obrador lo calificó como prioritario, lo cierto es que, más allá de la retórica de la cuestionada Raquel Sosa, su coordinadora, que insiste en hablar de apertura de unidades –145 hasta el momento, dice ella– sin que exista siquiera el cimiento de las instalaciones que les albergarán o en el crecimiento de la matrícula –poco más o menos de 46 mil a la fecha– no existe evidencia alguna ni información debidamente sustentada sobre el programa que, se estima, podría haber implicado ya un gasto superior a 4 mil millones de pesos al erario.

Cuestionado en las últimas semanas por colectivos estudiantiles que igual protestan por la falta de instalaciones debidamente equipadas que de programas académicos calificados, reconocimiento oficial de sus estudios y un profesorado suficiente y preparado, y que apenas el viernes detuvieron en la carretera federal Tixtla-Chilapa la caravana que transportaba al tabasqueño para exigirle soluciones prontas y de fondo a la problemática planteada y atención debida han comenzado a inquietar a quienes en el más alto nivel del gobierno de la 4T dan seguimiento al estratégico programa y sus hasta ahora mínimos resultados.

Por ello es que, a la vista del eventual fracaso del mismo y la posibilidad de verlo convertido en la mejor antítesis de la referida consigna de “no mentir (exhibiendo avances mínimos y resultados insustanciales), no robar (luego de derrochar miles de millones de pesos del erario en una obra inconclusa y un quehacer escasamente profesional) y no traicionar” (vía el engaño de cientos, miles de jóvenes habitantes de zonas de alta y muy alta marginación y pobreza en el país) que, luego de años de estudios podrían recibir un certificado carente de reconocimiento y validez práctica cuando, al buscar hacerse de algún empleo en el sector público o privado, o de optar por el desarrollo individual, fracasen en su intento.

Urge entonces que la administración federal en cuanto tal, con el concurso y apoyo de los mejores especialistas en las diversas especialidades que ahora se imparten en las citadas entidades procedan a una revisión puntual y exhaustiva de lo realizado hasta ahora y, de manera realista, a la consolidación o fortalecimiento de ello o la modificación y relanzamiento de lo que no se esté haciendo de acuerdo a lo previsto.

Hablamos de la juventud más desprotegida…

Asteriscos

* Irresponsable de cara a la situación prevaleciente en el país, en el mejor de los casos, la afirmación de la corcholata (golpeadora) de turno, Adán Augusto López, de que “un militar puede ser presidente (el próximo 2024), pero debe ir a las urnas”. Independientemente de lo atinado o errado de su dicho… Veámonos mañana, con otro asunto De naturaleza política.

Número cero

El general no acepta irrespetuosos

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Convocar a la jefatura de las Fuerzas Armadas al Congreso indica la transformación del espacio político por el peso del factor militar. Los nuevos roles que cede el poder civil no sólo mantienen su presencia en la calle en seguridad, sino que obligan a rendir cuentas de sus nuevas competencias, como a cualquier autoridad política. La militarización los coloca en posición central del debate político, aunque con un poder tal que pueden evadirse detrás de sus medallas y galones.

Sin aún concluir la ratificación de la reforma militar en los congresos estatales, su nuevo lugar en el escenario político visibiliza inevitablemente su actuación pública por el “despacho de asuntos que se les encomiendan”, como ocurre por ejemplo con los secretarios de Estado. Salvo que haya emergido un nuevo orden en que los encargados de la seguridad y derechos ciudadanos estén fuera de la órbita de control de la soberanía popular. Si el Congreso no tuviera facultades para pedirles cuentas asistiremos a choques legales permanentes entre poderes. Los riesgos del creciente desequilibrio entre el poder civil y militar son claros y evidentes desde la apuesta por ellos con el gobierno de Calderón hace 16 años. Ahí están las denuncias de violaciones a derechos humanos en la “guerra contra las drogas” y ahora un sinfín de escándalos que revela el hackeo masivo de correos a Sedena. Incluso, la aparente desobediencia a la orden de López Obrador de compartir información en la investigación de Ayotzinapa y su involucramiento activo en el caso. La confianza al Ejército en las encuestas que se celebra el Presidente no puede servir de patente de corso a un poder sin límites ni controles en el manejo de múltiples tareas públicas, como aduanas u obras de infraestructura. Su transformación pública no es tersa, ni fácil, como refleja su negativa esta semana a acudir al Congreso a explicar el masivo hackeo a Sedena. Tampoco encontrar su lugar en la discusión pública porque el Presidente partidiza su posición al usarlos como arietes de la crítica contra sus adversarios políticos por el rechazo a la militarización cuando ayer la sostenían como la única opción contra el crimen. La carta de un diputado de MC al general Luis Cresencio Sandoval por su desacuerdo con el formato de un encuentro pactado en sus oficinas de la Defensa y no en el Congreso, es una expresión del cambio en el escenario y de la reconfiguración de esta relación. Querían un encuentro cerrado lejos del escrutinio, como acostumbraban antes de su metamorfosis.

Pero la legalización de sus responsabilidades en seguridad pública y otras actividades civiles no sólo implica una cobertura legal para ejercerlas, sino también obligaciones como las autoridades civiles de responder a las interpelaciones y preguntas del Congreso como establece el artículo 93 constitucional o el reglamento de San Lázaro. No lo reconocen y en su respuesta se sitúan por encima de los legisladores, e incluso con la justificación del responsable de la política interior, Adán Augusto López Hernández, quien salió a calificar la misiva de “irrespetuosa”. La reunión fue cancelada, a pesar de que la vulnerabilidad en ciberseguridad de Sedena es un tema que compete a la Comisión de Defensa del Congreso. El desencuentro muestra la difícil adaptación del nuevo balance de poder entre civiles y militares, que antes sólo respondían al Presidente como su comandante en jefe. Pero el nuevo protagonismo por su alta injerencia en los asuntos públicos ya no permite el ostracismo y la opacidad de antes, y mucho menos mantenerse lejos del ojo público o del Congreso.

Su involucramiento en el combate al crimen, ahora legalizado, como exigieron a los gobiernos del pasado, los sitúa ahora en el terreno de las obligaciones de los gobiernos civiles. Por dos razones, una porque rendir cuentas en el Congreso fue una condición para la aprobación de la reforma militar. Y segundo, esa obligación es necesaria dado que el narcotráfico se caracteriza por un altísimo poder corruptor y ninguna política de seguridad ha logrado erradicarlo. La metamorfosis del Ejército ha redundado en su empoderamiento, a pesar de que su preponderancia tampoco ha supuesto mayor éxito contra el crimen. Es imperativo que su avance se sujete a controles civiles. Los riesgos son evidentes si, en efecto, el Congreso careciera de facultades para ello, como advirtió Gobernación, y en ese caso habría que generar un marco legal para obligarlos.

Primera línea de autodefensa: el sindicato

Antonio Gershenson

La Jornada

En la constante confrontación contra la patronal cada grupo sindical que haya sido registrado a través de su toma de nota se puede decir que ga-nó una batalla al capitalismo. Es, también, un episodio a favor de la clase obrera y una derrota para el dueño de los excedentes de producción de su empresa. De todas formas, la existencia de los síndicos organizados no perjudica al patrón ni deja de multiplicar su riqueza. Sin embargo, mientras las necesidades del personal obrero crecen, el sueldo, en la mayoría de los casos, no sube a la velocidad de los precios de los artículos básicos para la manutención de las familias.

La historia nos dice que la Revolución Industrial en el siglo XVIII da origen al sindicalismo. Y que los obreros pasaron a un segundo plano debido a que las máquinas iban sustituyéndolos poco a poco. De esa forma, la economía se transforma de artesanal a industrializada, conforme fue aumentando la demanda y la oferta de los productos que se convirtieron en mercancía. Por tanto, la clase obrera buscó la defensa a su derecho al trabajo y mejores condiciones para realizarlo.

Conforme fue consolidándose el sindicalismo en México, su desarrollo y justificación se han basado en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en cuya fracción XVI dice que toda persona tiene el derecho de un trabajo digno y útil para la sociedad.

En cuanto a la formación de un frente de defensa, la militancia sindical fue un extraordinario logro para la clase obrera y un reto para las patronales.

La fracción XVI del artículo 123 señala que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

Los antecedentes del sindicalismo los encontramos en todo el mundo y casi en todas las áreas sociales. Los vemos en diversos momentos del desarrollo comercial mundial en diversas formas de organizaciones altruistas, solidarias con el trabajo manual de obreros y obreras, excepto en algunos grupos especiales, como los religiosos. Por ejemplo, las monjas que realizan varias tareas como cocineras, artesanas, asistentes de enfermería, trabajo doméstico y otras actividades, no tienen una institución que las defienda de los abusos. Las aspirantes que hacen votos de pobreza no reciben ningún sueldo, viven, prácticamente, en una situación de esclavitud.

Por otro lado, existen sindicatos que no se dan por vencidos y mantienen las huelgas hasta por varios años. De éstos, tenemos diversos ejemplos.

Este es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido hoy por el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien fue perseguido político y obligado al exilio, por grupos y líderes empresariales del gremio, de cuestionada honestidad.

Una vez recuperada su actividad como líder sindical, las tareas pendientes continuaron con mayor fuerza.

Recordemos que en 2018, el Sindicato Minero obtuvo con amplio margen, la mayoría de votos en el recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) del sindicato de Teksid Hierro de México SA de CV, empresa que lidera a escala mundial el vaciado en hierro gris para la fabricación de maquinaria pesada y motores para camiones de uso industrial. El triunfo no fue reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada en ese momento por Alfonso Navarrete Prida y al final del sexenio por Roberto Campa Cifrián.

En el presente gobierno, la nueva revisión del CCT del sindicato de la misma empresa automotriz vuelve a triunfar sobre la CTM, en esta ocasión participó el personal de los tres turnos. Las cifras obtenidas fueron: 642 a favor y 172 en contra. La diferencia de 470 fue suficiente para otorgarle el triunfo al Sindicato Minero.

Pero la lucha no queda aquí, es un triunfo importante, sí, pero la lentitud y obstáculos por parte de la directiva empresarial y la propia STPS generaron costos económicos, sociales y de salud entre el personal, en ocasiones difíciles de resarcir, los cuales en general no son considerados como efectos secundarios de una obligada huelga. Nos falta ahondar en el estudio de las secuelas de las violaciones a los derechos laborales, además de redoblar los esfuerzos para una educación sindical más organizada, pues es un derecho inalienable de la clase trabajadora.

La capacitación o educación sindical es la actividad que le dará sentido a la lucha obrera actual y del futuro. Las circunstancias laborales, además de ser diversas, están cambiando. Las nuevas condiciones del trabajo también podrían modificarse debido a la tecnología cambiante. Los nuevos retos industriales nos obligan a visualizar y a diseñar nuevas y mejores leyes de calidad que no permitan ningún resquicio de injusticia.

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