Francisco llama a reformular el concepto de Guerra Justa
Bernardo Barranco V.
Proceso
En el avión, el 15 de septiembre, el papa Francisco reivindicó la Guerra Justa (bellum justum). Durante el vuelo de regreso a Roma, luego de su visita a Kazajistán, donde participó en la VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, reconoció que es moralmente legítimo que las naciones suministren armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa.
Así lo dijo a los periodistas: “Ésta es una decisión política, que puede ser moral, moralmente aceptada, si se hace de acuerdo con las condiciones de la moralidad, que son muchas. Puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerra o vender armas o desechar aquellas armas que ya no necesito… También debemos considerar otra cosa que dije en uno de mis discursos: que debemos reflexionar aún más sobre el concepto de Guerra Justa. Porque hoy todo el mundo habla de paz; desde hace muchos años, desde hace 70 años, Naciones Unidas habla de paz, hace muchos discursos de paz. Pero en este momento, ¿cuántas guerras están ocurriendo?”.
Malquerientes del papa Bergoglio lo criticaron enseguida por supuestamente dar un radical giro belicista. Sus detractores ironizan con el papa “bueno” que se hace “malo”.
En efecto, el papa Francisco ha sostenido durante todo su pontificado posturas y denuncias que reivindican la paz. Habla de que vivimos el curso de una tercera guerra mundial. En particular ha condenado las diferentes guerras regionales y en especial ha reprobado la invasión rusa a Ucrania.
Conviene preguntarse ¿qué es la Guerra Justa? ¿Cuál es su origen y su evolución? La teoría de la guerra legítima, después Guerra Justa, son conceptos antiquísimos que anteceden al cristianismo. En las culturas antiguas siempre existió la sentencia del pago obligado por los daños recibidos. Así, lo bélico se transforma en un sufrimiento a cambio de otro sufrimiento. En San Ambrosio en el siglo IV y posteriormente San Agustín, siglo V, la Guerra Justa toma forma en la teología cristiana. El concepto nace de una paradoja aparentemente insoluble, esto es: la guerra y su violencia es un fenómeno perverso no sólo ética sino también espiritualmente, pero muchas veces inevitable.
En Santo Tomás de Aquino en la Summa Theológica, siglo XIII, encontramos una articulación sobria y sintética, que proporcionó durante mucho tiempo sus bases a las consideraciones de los teólogos católicos, exigiendo tres requisitos para la Guerra Justa: autoridad del príncipe, causa justa e intención recta.
Sin embargo, la Guerra Justa justificó en la Edad Media las Cruzadas, las guerras de religión y la brutal conquista de América desde el siglo XVI. El clérigo Juan Ginés consideró bárbaros y paganos a los indios, además de “justo y conforme al derecho natural” que tales gentes fueran sometidas al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, así como a la religión verdadera, la católica. Por supuesto utilizando la fuerza represiva por medio de las armas.
Fray Bartolomé de las Casas en la Nueva España y Francisco de Vittoria desde Salamanca fueron defensores de los derechos humanos, denunciaron abusos que los motivaron a continuar con la elaboración de sus respectivos tratados, matizados acorde con sus épocas. Fray Bartolomé condenó las guerras contra los indios como injustas y las calificó de tiránicas. Así, “conquistar no es otra cosa sino ir a matar, robar y quitar sus bienes y tierras a quienes están en sus casas quietos y que no hicieron mal ni daño a nadie”. La conquista no fue sino el cruce de la espada con la justificación de la cruz de la evangelización.
¿Para la Iglesia, la Guerra Justa es una guerra humanitaria? El tema ha estado presente en casi todos los pontificados. A principios del siglo XX, Pío IX elogió la valentía de los polacos en defensa del cristianismo. En la guerra civil española dio la bendición “a quienes han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión”.
Para Pío XII, la Iglesia “desconfía de toda propaganda pacifista en la que se abusa de la palabra paz para encubrir propósitos no confesados”. Ante la crisis de los misiles en Cuba, en los sesenta, Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, cuestiona el concepto de Guerra Justa al señalar que en la era atómica resulta un absurdo sostener la guerra como un medio para resarcir derechos. Las guerras modernas con armas nucleares tan mortíferas, son devastadoras para la humanidad.
Juan Pablo II –quien se declaró hijo de militar–, dijo que no era pacifista, sino que estaba por la paz. Aún más claro fue su apoyo a los movimientos sociales, no tan pacíficos, que derrumbaron el Muro de Berlín y el socialismo. Su posición fue ambivalente sobre el conflicto sangriento en Bosnia y la primera Guerra del Golfo.
El papa Francisco llama a repensar el concepto de la Guerra Justa. Esto es, “donde hay una agresión injusta, es legítimo detener al agresor injusto”. El papa argentino sostiene: “Hago hincapié en el verbo: detener. No me refiero a bombardear o hacer la guerra, me refiero a parar y neutralizar. Habrá que evaluar los medios por los cuales se les puede detener a los agresores. Por tanto, estoy en contra de las guerras de conquista”.
Por ende, es legítimo desarmar al injusto agresor; la acción se debe limitar a neutralizarlo, que es diferente a una acción indiscriminada como bombardeo o invasión. Sin embargo, la decisión debe ser tomada por una autoridad legítima, como la ONU o entidades supranacionales. El papa admite que históricamente está probado que muchas veces se ha abusado de tal principio al darle una interpretación indebidamente extensiva por parte de las grandes potencias
Es claro que el “pacifismo absoluto” no pertenece a la tradición de la Iglesia ni al magisterio de los papas. La Iglesia nunca ha sido “pacifista”. Y el papa Francisco está en un punto de inflexión en que no tiene retorno.
Retrovisor
Segalmex: la cueva de Alibabá y sus ladrones
Ivonne Melgar
Excelsior
Documentado en las cuentas públicas de 2019 y 2020 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el desfalco de Segalmex asciende a 9 mil 500 millones de pesos, un monto superior a los 7 mil 600 de la llamada Estafa Maestra.
“Es la cueva de Alibabá Ovalle y sus 40 ladrones”, afirmó este lunes la diputada María Elena Pérez-Jaén, después de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe al respecto. El caso es un escándalo: granos y cárnicos echados a perder, desabasto de tiendas, pérdida de bienes y recursos, faltantes de maíz y frijol en inventarios, adquisiciones y pagos sin soporte documental de insumos de la canasta básica y leche, pagos por concepto de subcontratación de personal sin que se acreditara la prestación del servicio e incumplimiento de contratos por arrendamiento vehicular sin las penalizaciones correspondientes.
Pero a estas alturas de un sexenio en el que la prometida lucha contra la corrupción se ha prostituido por el selectivo uso de casos y reparto político de perdones, el escándalo mayor es que estamos en vías de la normalización del daño al erario.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó el 18 de agosto haber presentado 38 denuncias ante la FGR. ¿Por qué no inhabilitó a Ignacio Ovalle Fernández, al frente de Segalmex cuando ocurrió el desfalco, y ahora funcionario de asuntos municipales en la Segob? ¿Alguna novedad en la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos?
El silencio y la omisión también se observan en otros responsables del pretendido Sistema Nacional Anticorrupción: se lavan las manos o hacen como que atienden el asunto, sin llegar al esclarecimiento de los hechos y menos a la reparación del daño.
La ASF guarda silencio ante la petición de informes por parte de legisladores que se atreven a romper el pacto de impunidad en el que cómodamente quisieran estar los actores políticos con antecedentes presuntamente sospechosos, ante los amagos de Palacio Nacional, Morena o las fiscalías donde éste gobierna y que han sido capaces de montar persecuciones violatorias del debido proceso con órdenes de aprehensión justificadas en supuestas denuncias anónimas. Es la desgracia en la que nos encontramos: políticos de oposición cuidándose de no seguir la suerte del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien hace un mes le levantaron el castigo del linchamiento mediático en la 4T.
En esa dinámica ha caído la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Pablo Angulo Briseño, y facultada por la Constitución para dar seguimiento a las diversas formas que la corrupción adquiere y que la ASF documenta. Pero esa atribución se queda en el papel.
Aunque hubo una excepción el 17 de agosto: a iniciativa del PRI se empujó un acuerdo para llamar a comparecer al fiscal Renato Sales Heredia por el desvío de recursos en la compra de equipo de espionaje durante su gestión como comisionado nacional de seguridad.
Ayer nos enteramos que se trató de un amago, uso político de la supuesta lucha anticorrupción, porque el acta correspondiente quedó eliminada con los votos de Morena, PT, PVEM y del PRI.
Las panistas Pérez-Jaen y Anabey García Velasco cuestionaron el desaseo. La morenista Inés Parra lo calificó como una prueba de que había regresado el Primor. En esa sesión, se expuso la petición de llamar a comparecer al actual titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, para conocer las consecuencias del desfalco y las medidas de resarcimiento.
Pero el intento formulado por Pérez-Jaén y Parra se topó con el cerco de la indiferencia, la complicidad y la defensa acrítica. Morena alegó que las etapas de la fiscalización están en proceso y que debía darse espacio a la defensa de los auditados.
“Nosotros no vamos a acompañar un proceso bajo presiones ni para tratar de obtener posicionamientos partidistas; vamos a seguir en el proceso que marca la ley”, advirtió el diputado Daniel Gutiérrez (Morena). Su compañero Miguel Prado optó por la más recurrente defensa 4T: reviró que el PAN tenía sus escándalos y que de ello daba fe el gobernador saliente en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Pérez-Jaen prometió enviarles el documento que sustenta su denuncia ante la FGR con los principales hallazgos de la ASF en 2019 y 2020. “Se lo doy resumido para que de veras lo estudien, si ven cómo se encuentran ahorita las tiendas de Diconsa se pondrían a llorar diputado. Aquí no es grilla, aquí lo que hay es trabajo”.
La diputada Carolina Viggiano habló de la gravedad del caso Segalmex y dejó ahí un mensaje. “Estoy a favor de que hagamos todo lo necesario. Aquí nadie quiere cubrir a nadie… Gobierno que sea, del partido que sea, debe rendir cuentas, incluso de mi partido (…) Pero yo quisiera que ojalá el Presidente de México se diera cuenta que tiene muchos funcionarios corruptos”.
¿Están dispuestos los priistas, panistas, perredistas y emecistas a ir en serio en este desfalco o será una moneda de cambio más? Ésa es la pregunta que quedó en el ambiente al finalizar la sesión de la camaleónica Comisión de Vigilancia y Auditoría.
Para confirmar la orfandad en la que estamos cuando de corrupción se trata, a esa duda se sumó la sospecha que ahí dejó la diputada Inés Parra: “Los corruptos, los encubridores, son los propios auditores de la Auditoría Superior de la Federación. Próximamente se los voy a presentar en firme, con nombre y todo, porque pareciera que a eso debemos llegar los diputados cuando tenemos la Auditoría y el órgano interno de control que no hacen nada”.
Derecho a la memoria en México
Miguel Concha
La Jornada
El derecho a la memoria forma parte de los avances de derechos humanos y la respectiva generación de las políticas públicas que han realizado diversos estados en relación con su pasado. Forma parte de los amplios procesos de verdad y justicia y en algunos casos se asocia con la justicia transicional, ya que busca responder a una situación histórica o política donde se debe construir una salida a un conflicto o a determinada situación política no democrática, donde acontecen violaciones a derechos humanos.
Para Eric Millard, los marcos normativos, la ley en la materia, debieran permitir que se proponga una respuesta al pedido de justicia y de reparación de las violaciones a derechos humanos, apuntando a la reconstrucción para el futuro de la cohesión de las sociedades afectadas. ¿Qué implicaciones tiene el derecho a la memoria para las víctimas y la sociedad? Por un lado, sin afán de ser exhaustivo y brindando tan sólo algunas pistas para abordar este asunto, puedo decir que este derecho implica la puesta en marcha de dispositivos diversos que aseguren las garantías de memoria y no repetición.
Asimismo, trae consigo el desarrollo de investigación científica e histórica sobre los hechos y la consecuencia jurídica que puede derivar de aquella investigación. El derecho a la memoria no intentaría, en mi perspectiva, sólo buscar posibles responsabilidades de tipo penal para quienes son señalados como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sino también contribuir desde una perspectiva ética y social en la reparación de los daños, y más aún, contribuir a la transformación radical de la realidad y de las condiciones estructurales que propiciaron determinadas violencias y violaciones a los derechos humanos.
En México, desde hace tiempo se ha venido impulsando este derecho, anclado al contexto internacional e interamericano de derechos humanos. En el actual sexenio se ha focalizado un trabajo relevante que deberá continuar con el paso de los años venideros. En el micrositio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dedicado a los sitios de memoria(vinculados a violaciones a derechos humanos durante la guerra sucia) se lee: “El derecho a la memoria es el derecho de las víctimas y familiares que las atrocidades cometidas en el pasado contra sus personas, sean objeto de penas ejemplares, para evitar que se cometan injusticias en el presente y en el futuro. Es transitar hacia una cultura de paz y respeto de los derechos humanos, evitando replicar los crímenes de la historia.
Es transitar hacia una cultura de paz y respeto de los derechos humanos, evitando replicar los crímenes de la historia (sitio: https://n9.cl/ff9go). En la Ley General de Víctimas (2013) no encontramos necesariamente alguna mención concreta y desarrollada sobre el derecho a la memoria; sin embargo, en su artículo 26 contempla que tanto la memoria como la verdad son derechos de las víctimas que se incluyen dentro de los deberes del Estado relacionados con la investigación de lo sucedido. Una buena indagación, por tanto, repercute directamente en la recuperación de la memoria histórica de las víctimas, aunque no se especifique a detalle qué significa o implica la recuperación de ésta conforme a lo que establece la ley actual.
Para el caso mexicano, el derecho a la memoria debe formar parte de la reconstrucción del tejido social y contribuir a la pacificación social en diversos contextos locales. De ahí que se avizora la necesidad de desarrollar y llenar de más contenido tal derecho, primero en leyes específicas y después en las elaboraciones de acciones de Estado encaminadas a su realización, mediante políticas públicas de memoria.
Algunas legislaciones locales revisadas establecen este derecho a la memoria de manera muy amplia, la de Guanajuato y la de la Ciudad de México, por ejemplo, contemplan la construcción de sitios de memoria para las víctimas, además de la recuperación de la honra y la memoria de éstas. Sin duda, en estos procesos deben estar involucradas las víctimas, bajo el principio de participación activa, pues son ellas quienes buscan incansablemente verdad y justicia, y se reapropian y resignifican los espacios que les parezcan pertinentes para esos procesos. Con o sin ley específica, lo cierto es que la memoria florece todo el tiempo. Es memoria rebelde que lucha por habitar los espacios públicos de muchos territorios en el país.
Todo esto nos recuerda –y nos invita– a mirar a las víctimas, a las tragedias, a las personas y a la sociedad. Encaminándonos así a procesos complejos, donde el blanco y negro o lo bueno y malo no alcanzan para comprender el nivel de reto que tenemos para enrutarnos de forma contundente y comprometida hacia la paz. La lucha por el derecho a la memoria se vuelve disputa por proyectos políticos, por cambios necesarios. Ojalá en México pronto se den reflexiones de fondo sobre este derecho y logremos consolidar marcos normativos y política pública de memoria a favor de las víctimas.
Humanizar servicios del Issste
Gustavo Leal F. *
La Jornada
Mientras el Diario Oficial de la Federación (22/11/21) comunicaba el decreto que adiciona al artículo 22 de la Ley del Issste la disposición según la cual la omisión de enterar al instituto las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores constituye una falta administrativa grave que será sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Luis Ramírez Pineda, ex director general del Issste, enfrentaba una cálida comparecencia en la Cámara de Diputados.
En ella, los legisladores enfatizaron los problemas estructurales relacionados con la infraestructura hospitalaria, la deficiencia en los servicios médicos y el desabasto, frente a los cuales Ramírez Pineda reviró que no se podía exigir que en tres años se resolviera lo que por décadas se había dejado de hacer ( La Jornada, 25/11/21).
Por su parte, al presentar frente a la Junta Directiva del Issste el Proyecto y Estrategia de Transformación, el director entrante del instituto –Pedro Zenteno– afirmó que sus principales objetivos serán lograr la humanización de los servicios y frenar la corrupción: el Issste debe ser recuperado para los derechohabientes. Hay que trabajar en equipo para lograr que el instituto sea un ejemplo de seguridad social en toda América Latina. Hay que mejorar la infraestructura, equipamiento y mantenimiento, dar todas las herramientas necesarias a todo el personal médico y administrativo, que haya cero corrupción y humanizar el trato en beneficio permanente de las y los 13.5 millones de derechohabientes.
Para ello, hay que ir a territorio: acudir a las clínicas. Fortalecer el denominado primer nivel de atención: los Centros de Atención Familiar (CAF) y las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde se atiende por primera vez a 80 por ciento de la derechohabiencia. Hay que garantizar un servicio de calidad y humano (Issste, comunicado 21/12/21).
También anunció que, en coordinación con la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud, a través de la plataforma digital sectorial Ambiente para la Administración y Mejora de Atención a la Salud (Ammates) se modernizará la información clínica de la derechohabiencia en todos los niveles de atención. Se iniciará con una prueba piloto en 14 unidades médicas de primer nivel de la Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Colima y Tlaxcala. Ello favorecerá los procesos clínicos, agilizará procesos, incrementará la calidad en la atención y disminuirá los trámites burocráticos.
El sistema permitirá registrar todos los datos de la derechohabiencia, estandarizando los procesos de una historia clínica electrónica única. Así, un paciente atendido en el primer nivel podrá ser canalizado al tercero de manera directa, en caso de ser necesario. Los datos se encontrarán en las diversas bases de información de los sistemas institucionales que conforman el ecosistema de salud, por lo que se implementará el visor de las historias clínicas al que se tendrá acceso mediante el identificador único de los afiliados. Los beneficios de la plataforma aseguran la integralidad de los registros y los datos clínicos; la trazabilidad en las atenciones; la cuantificación financiera que permitirá medir costos por atención; el expediente único accesible, portable y seguro; la simplificación de procesos, y el control de los medicamentos e insumos.
Con Ammates se busca lograr el intercambio de información entre instituciones del sector salud a escala nacional para optimizar la atención. En una segunda etapa se aplicará Ammates -H (Ambiente para la Administración y Mejora de Atención a la Salud Hospitalaria) en 24 unidades de segundo y tercer nivel en beneficio de 13.5 millones de derechohabientes (Issste, comunicado 16/12/21).
Por su parte, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado comunicó –en marzo de 2022– a 82 sindicatos y a las representaciones territoriales en las 32 entidades federativas que durante la reunión de la Junta Directiva del Issste se dio a conocer que el compromiso emitido de manera formal de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza, concretándose con la solución en el programa gradual de basificar a los trabajadores que se encuentren en un estado de palpable desigualdad con nombramientos fuera de la ley: híbridos, asignados por contrato, de honorarios, de suplencia, de lista de raya y otras denominaciones administrativas.
Esto deberá significar, en el corto tiempo, la incorporación al tabulador de sueldos y de mayor importancia, el otorgamiento de la seguridad social integral que como servidores públicos les corresponde a través del Issste. Agregando que la exigencia mayor es el fortalecimiento de la plantilla laboral para médicos, enfermeras y de las otras disciplinas que se requieren para un servicio de calidad.
¿Humanizar servicios del Issste?
* UAM-Xochimilco.
