La Ley de Telecom y el encargo de Durazo, precisiones necesarias
Ernesto Villanueva
Proceso
Dos temas de la agenda pública han causado confusiones. Me refiero al significado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al encargo/cargo presidencial al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo de “coordinar” LitioMx. Veamos.
Primero. La resolución de la SCJN sobre las reformas del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión generó muchas dudas sobre su significado. La mayor parte de los medios (e incluso la propia Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión) informaron exactamente lo contrario a lo resuelto por el máximo tribunal del país. En realidad, lo que pasó es que por argumentos de forma (errores procedimentales del propio Congreso en el proceso de aprobación legislativa) y no de fondo, la SCJN dejó sin efectos las reformas del 2017 a la citada Ley. Esto quiere decir que queda en vigor la Ley aprobada en el 2014, y lo importante es que vuelven a tener vigencia o vida jurídica tres temas: a) El derecho de las audiencias a “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” (artículo 256, fracción III de la LFTyR); b) La obligación de los concesionarios de servicios de radiodifusión de ”contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia.” (artículo 259 de la LFTyR) y c) Las sanciones previstas en materia de protección de los derechos de las audiencias en el artículo 311, que a la letra dice: “Corresponde al Instituto sancionar conforme a lo siguiente: b)Con multa por el equivalente de 0.51% hasta el 1% de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por: I.No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa;II.No nombrar defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética, o c)Con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al defensor de las audiencias por:I.No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de esta Ley, o II.No cumplir con los lineamientos de carácter general que emita el Instituto sobre las obligaciones mínimas para los defensores de las audiencias.”
Segundo. Se ha comentado que esa resolución es perniciosa para la libertad de expresión y del funcionamiento de los medios privados. Estoy convencido de que no es así. La libertad de expresión en tanto actividad profesional que ejercen los medios y los periodistas es un derecho instrumental para cumplir un derecho superior: el derecho de la sociedad a estar informada. La libertad de expresión no tiene un fin en sí mismo tratándose de un medio. De nada serviría el ejercicio periodístico si no tiene como razón de ser optimizar el derecho a saber de la gente. Lo que establecen los artículos de la LFTyR ahora vigentes es recuperar un derecho de la audiencia para fortalecer el derecho a estar mejor informada al hacer, por ejemplo, esas diferencias entre información y opinión y disponer que los medios tengan un defensor de la audiencia que apliquen el código de ética del medio libremente adoptado por éste. Estas medidas son especialmente significativas en México donde el alfabetismo mediático sigue siendo una asignatura pendiente. Asimismo, esa separación de diferenciar opinión e información la han convertido en un deber ético voluntariamente distintos códigos de ética de concesionarios de radio y televisión de países desarrollados sin que sea tema de controversia. Así, por ejemplo, el código de ética de la industria de la radio y la televisión del Reino Unido es prolija y va mucho más a detalle que el caso mexicano ( https://rb.gy/qrlyci) y también tiene su mecanismo de autorregulación para recibir y resolver quejas (rb.gy/2mufpf). Y nadie en su sano juicio podría decir que en el Reino Unido se viola la libertad de los medios. Aprovechando esa resolución no han faltado comentarios metajurídicos y sin sustento según los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere “amordazar” a la radio y la televisión. Cosa de recordar que la ley que se reactiva es la del 2014 y no aprobada en esta administración.
Tercero. Si bien es verdad que en la resolución de la SCJN se busca un pretexto infundado para atacar al presidente López Obrador, también lo es que, en el caso del cargo o encargo otorgado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo para “coordinar” LitioMX se ha incurrido en una falta grave que lastima el orden constitucional. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases de los poderes de los estados y los municipios. Por su parte, el artículo 71 de la Constitución de Sonora es muy claro y no admite interpretación, el cual textualmente dispone: “Las funciones de Gobernador son incompatibles con cualquier cargo o empleo de la Federación o del Estado.” De esta suerte, el coordinar, dirigir o cualquier otra función, remunerada o no, es incompatible con el cargo de gobernador de Sonora. Si Durazo quiere dirigir o coordinar LitioMX debe solicitar una licencia al cargo de gobernador como lo prevé el artículo artículo 77, fracción III de la propia Constitución local, el cual procedería a nombrar un gobernador interino o provisional durante la separación o licencia del cargo por licencia autorizada por el Congreso local. Deben guardarse las formas y observar el Estado de derecho que es el eje de un régimen democrático por el bien de la comunidad toda.
Arsenal
El desaire del Presidente
Francisco Garfias
Excelsior
Pasó de todo ayer en la tensa reunión plenaria de los senadores de Morena. Lo primero a destacar es que al coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, lo dejaron solo por negarse a ser “apéndice del Poder Ejecutivo”.
De buenas a primeras, cancelaron su participación el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
Siguieron el ejemplo la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
La instrucción de ausentase vino de Palacio Nacional. ¿De dónde más? El mensaje no puede ser más claro. López Obrador no tolera —ni respeta— la división de poderes. En su mente de autócrata, los senadores de Morena son soldados de su causa. Deben subordinarse a un sólo poder: el suyo.
Marcelo Ebrard sí participó en la reunión. El canciller respondió a los cuestionamientos sobre los avances en materia de seguridad que hizo el embajador de Estados Unidos.
“¿Cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico de armas?”, le preguntó el canciller a embajador, pero no se metió en el pleito interno. De allí fue a la plenaria del PT a que le gritaran: ¡Presidente!, ¡presidente! Al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, lo mandaron a cubrir la inasistencia de todo el gabinete de seguridad. Hubo resistencia a que hablara por parte de senadores agraviados por la grosería del Ejecutivo, pero, al final, sí pudo hacerlo.
* Monreal no se ha sometido a los designios de Palacio ni lo hará. En su discurso de ayer subió el tono. Marcará un antes y un después. Traerá consecuencias.
Dijo a los senadores de Morena: “Yo no quiero ser extensión del Poder Ejecutivo. Quiero que seamos un órgano de control constitucional. Quiero que honremos la Constitución, que seamos un poder autónomo…
“En la teoría de la división de poderes de Montesquieu, somos un órgano equilibrador, no somos comparsa, no somos apéndice del Ejecutivo. Sí tenemos colaboración y tenemos el mismo origen. Vamos a honrar los compromisos que hizo el Presidente en campaña porque somos parte del mismo movimiento. Pero tenemos que actuar con pudor constitucional.
“El desdén no se me hizo a mí. Es para un órgano legislativo: si yo soy el problema, que los invite a ustedes sin mí. Yo no voy a la reunión que quieran ir con él. Se los ofrezco. No tiene por qué tratarlos a todos igual, si el pleito es conmigo”.
* El senador José Antonio Álvarez Lima fue uno de los que no cuestionó la ausencia de los miembros del gabinete, pero sí algunas posturas del coordinador, Monreal, que han contribuido al distanciamiento con AMLO.
Lo buscamos vía telefónica para que nos confirmara versiones sobre lo que expuso en su intervención.
“Le dije al grupo que deberíamos autocriticarnos y preguntarnos por qué no vino el secretario. Hay una distancia muy grande del Senado con el gobierno del Presidente”, nos dijo.
Y más: “No me quejé contra el secretario o el gabinete de seguridad. Me quejé de la actitud del coordinador y de los senadores. Se han llevado a cabo eventos que nos han distanciado”.
Le pedimos que precisara qué actos han distanciado al Senado de Palacio Nacional. Mencionó tres: 1.-La formación de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad en Veracruz, auspiciada por el coordinador (caso Del Río Virgen). 2.- La asistencia del político zacatecano a la presentación del libro El imperio de los otros datos, tres años de falsedades y mentiras, de Luis Estrada. 3.- La postura de Monreal contraria a la reforma que pretende que la Guardia Nacional pase a la Sedena.
En tribuna, Monreal se refirió al tercer tema: “Para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no basta un acuerdo circular o al reglamento, ni siquiera una ley ordinaria. Es indispensable modificar la Constitución. No voy a traicionar a mi universidad ni a mi calidad de enseñanza”, puntualizó.
* Hoy se resuelve en el Tribunal Electoral la denuncia interpuesta por Carolina Viggiano, excandidata de la alianza Va por México a la gubernatura de Hidalgo, por violencia política de género. Alega que el presidente López Obrador se metió con ella en la mañanera y pide que se anule la elección que le dio el triunfo al morenista Julio Menchaca.
Hasta donde hemos podido averiguar, no hay modo de que avance la denuncia. Menchaca le ganó por 30 puntos.
Aun así, no faltó quien filtrara entre los magistrados una nota de un portal llamado Ojo-3.com, acompañada de borrosas fotografías en la que aparece Viggiano con el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez.
Checamos el sitio y, efectivamente, sí estaba la nota del encuentro, ocurrido en un lujoso restaurante de comida hindú en Polanco. La intencionalidad de la filtración está a la vista, insinuar un arreglo en lo oscurito. Moraleja: si eres magistrado, no salgas a comer con candidatos.
Razones
Sucesión: cuando la realidad supera la ficción
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
No sé si la vida se parece cada día más a la ficción o si ésta ha sido superada ya por la realidad. Pocas series de televisión han sido más disfrutables en los últimos años que Succession, una producción sobre una familia estadunidense ficticia, dueña de un conglomerado internacional de medios, rica y poderosa, en la que sus integrantes no sólo buscan dirigir y controlar el negocio una vez que el patriarca, llamado Logan Roy, no esté, o antes incluso, sino también ejercer desde esas posiciones su visiones del poder, ignorando el plan de sucesión establecido que, como muchas veces sucede, es, simplemente, una fachada para que el patriarca siga ejerciéndolo.
Lo que estamos viviendo en estos días me recuerda esa magnífica serie, aunque en una versión tropicalizada. Y en pocos lugares eso se ejemplifica mejor que en las cámaras de senadores y diputados. El presidente López Obrador ha adelantado los tiempos sucesorios y dentro de un año ya tendremos, dijo el propio Presidente, para estas fechas candidato o candidata. Pero como el Logan Roy de la serie, no quiere tener simplemente un sucesor o sucesora, quiere controlar el proceso y muchas veces pareciera que, dejando o no el cargo, quiere controlar también el futuro. En el proceso de sucesión, los hijos, en este caso los virtuales precandidatos, hacen toda serie de contorsiones para adaptarse a las exigencias del libreto establecido por el patriarca, pero tampoco pueden ocultar que hay cosas que harían diferente: las legítimas ambiciones se suelen entremezclar con las reglas estrictas del ejercicio del poder.
En la Cámara de Diputados se juegan muchas cosas, desde los liderazgos internos hasta las luchas sucesorias en los estados. El enfrentamiento entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, por el destape anticipado de éste en medio de un fuerte enfrentamiento con Barbosa, con el senador Alejandro Armenta y otros personajes del estado, todo sazonado con recíprocas denuncias penales, es la mejor demostración de ello.
En el Senado, las cosas eran un poco más sutiles, pero ya no. Allí existe un factor diferente al de Diputados, que pasa por el liderazgo de Morena en la Cámara alta que es, aún, de Ricardo Monreal, otro aspirante para el 2024 que no es tomado en cuenta por el presidente López Obrador. Pero Monreal juega sus cartas y tiene apoyo entre varios de los senadores, y si se quieren reformas constitucionales tienen que pasar por ahí. La bancada de Morena también está dividida. Tres aspiran a convertirse hoy mismo en presidentes de la Cámara: José Narro Céspedes, muy enfrentado con Monreal y con mejores relaciones con grupos más duros de Morena (y perseguido por el tema de los dos marinos desparecidos, pero esa es otra historia); Higinio Martínez, que siendo jefe de uno de los grupos internos más poderosos de Morena en el Estado de México, vio cómo era desplazado por una de sus supuestas subordinadas, Delfina Gómez, en la candidatura de esa entidad y quiere el Senado como una suerte de premio de consolación; y Alejandro Armenta, un poblano enfrentado, como decíamos, con su primo, el diputado Mier por la futura gubernatura de la entidad (que también se juega en 2024) y que representa, además, al grupo de senadores cercanos a Monreal. También quiere Gabriel García Hernández, pero dicen que sus posibilidades son menores.
Por lo pronto, a la plenaria de senadores no fueron los integrantes del gabinete de seguridad, aunque se debate en la Cámara alta la adhesión de la Guardia Nacional a la Defensa, un tema en el que Monreal y un grupo de senadores difieren en un aspecto central: opinan que la GN está, por la letra constitucional, obligada a ser civil y si se quiere incorporar a la GN a la Defensa, se debe realizar una reforma constitucional para la que hoy el Ejecutivo federal no tiene los votos suficientes en ninguna de las dos cámaras.
Por eso, el presidente López Obrador enviará como iniciativa preferente a Diputados una iniciativa de ley para realizar ese cambio sin recurrir a una modificación de la carta magna, de forma tal que no se requiera el voto calificado, de dos terceras partes de los legisladores, sino una mayoría simple. En el Senado, Monreal sigue insistiendo que se necesita una reforma constitucional y no se puede enviar una iniciativa preferente con ese tema. La elección de la presidencia del Senado tendrá a la sucesión y a la Guardia Nacional en particular en su horizonte.
El hecho es que ni Adán Augusto López ni Claudia Sheinbaum ni el secretario de la Defensa fueron a esa plenaria de senadores a la que sí se sumó Marcelo Ebrard. Y mientras tanto, los ecos del informe Ayotzinapa siguen agitando las aguas, tanto fuera como dentro del gobierno federal e intervienen en el proceso de sucesión. Mientras tanto, nuestro Logan Ray de Palacio, como aquel de la serie, mueve sus fichas, mismas que, muchas veces, terminan adquiriendo su propia dinámica.
GUARDIA NACIONAL
La encuesta publicada ayer por Buendía y asociados, en la cual el 80 por ciento de la población prefiere una mayor intervención militar en temas de seguridad, es uno de los factores que no se podrán ignorar en el debate sobre el futuro de la Guardia Nacional. El tema constitucional es, como decíamos, controvertido, pero de lo que no cabe duda es que la gente conserva, a pesar de campañas como la del caso Ayotzinapa, su confianza en las fuerzas militares y las quiere ver mucho más involucradas en temas de seguridad. Y ése es un factor que, estoy convencido, tendrá mucho peso a la hora de votar sobre el futuro de la GN en el Congreso.
Astillero
Durazo y los vericuetos de LitioMx // Extranjeros, hasta 2065 o 2115 // Marchan por libertad de Abarca // Empresario invita a padres de los 43
Julio Hernández López
La Jornada
A las múltiples responsabilidades partidistas y de gobierno que ha cumplido en su ya larga vida política, Alfonso Durazo Montaño suma desde ayer la de coordinar las tareas relacionadas con la nueva empresa federal LitioMx.
No es común que un gobernador acepte una responsabilidad distinta a aquella para la que fue electo y a la cual, teóricamente, debería dedicar su atención por completo: 7/24, como suele decirse. Pero Durazo ha sido comisionado para tareas de índole minera porque en Sonora está uno de los yacimientos más importantes de litio del mundo (según las estimaciones de Mining Technology), concesionado en 2013 a firmas extranjeras (con Peña Nieto en Los Pinos); primero a la anglocanadiense Bacanora Lithium, que luego ha vendido el control a la china Ganfeng Lithium (https://bit.ly/3R3y1Oi), todavía con ciertos pasos procesales para estar en condición de despegar el Proyecto Sonora Lithium.
El superyacimiento está en el municipio de Bacadéhuachi (979 habitantes, conforme al censo de 2020). Ahí, las firmas extranjeras poseen siete concesiones, que vencerán en 2065, con derecho a otros 50 años de explotación de litio (es decir, hasta 2115). Parte de esos terrenos, afectados por la actividad del crimen organizado, fueron comprados en 1990 por investigadores estadunidenses.
En 2010 el dueño era un particular, que a extranjeros vendió los terrenos en unos 490 mil pesos, al tipo de cambio del dólar en esa fecha, y la original empresa Bacanora fue traspasada por aproximadamente 7 millones de pesos. Ahora, el negocio estima ganancias de miles de millones de dólares (varios datos han sido tomados de las notas del reportero Braulio Carbajal, de La Jornada: https://bit.ly/3czn5sO y https://bit.ly/3R2ijTB).
Las modificaciones a la Ley Minera de México, impulsadas por el presidente López Obrador, y la nueva regulación (que no nacionalización) en materia de litio constituyen un avance notable en cuanto a confirmar la propiedad de la nación mexicana sobre sus recursos estratégicos, pero se topa con los derechos adquiridos de firmas extranjeras con concesiones vigentes, aunque sujetas a revisión.
Es de suponerse que Durazo no será el director general de LitioMx, nombramiento que en su oportunidad hará el consejo de administración, presidido por quien ocupe la Secretaría de Energía. Pero también es de suponerse que el gobernador de Sonora será una especie de supervisor presidencial de lo que suceda en ese terreno, donde se mezclan política, diplomacia, geopolítica y economía.
En otro tema: murió Ezequiel Mora Chora, padre del único estudiante de Ayotzinapa identificado como fallecido, Alexander Mora Venancio (de quien se sembró un resto óseo en un río para luego identificarlo y a partir de ahí fundamentar la verdad histórica de Cienfuegos, Murillo y Peña).
Mora Chora murió en apariencia de un infarto cardiaco, en un contexto surrealista: el empresario Pedro Segura Valladares, un personaje de la oscuridad guerrerense, aliado y aplaudidor del cacique siniestro Rubén Figueroa, maniobró para conseguir que ocho padres de desaparecidos de Ayotzinapa participaran en una marcha pública en demanda de que sean liberados José Luis Abarca, quien era presidente de Iguala en la noche trágica, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presos bajo acusaciones por hechos ajenos a los 43.
Segura Valladares (quien fue candidato a gobernador de Guerrero en 2021, por PT y PVEM) hospedó en su hotel Vida en el Lago a los padres (cuyo apoyo a Abarca fue rechazado ayer por sus similares) y ahí murió Mora Chora. La marcha pro libertad de Abarca, a la que asistieron más de mil personas, concluyó en la plaza Galerías Tamarindo, negocio de los Abarca, beneficiados por la donación de 5.2 hectáreas que en septiembre de 2005 hizo ¡la Sedena! para que se construyeran tanto el Periférico Oriente de Iguala como áreas verdes que años después serían la entrada a Galerías Tamarindos (https://bit.ly/3AzyVeq).
Edomex: el futuro del PRI, en manos del PAN
Bernardo Barranco V.
La Jornada
Las elecciones de 2023 en el estado de México se han convertido también en comicios nacionales. ¿Qué importancia real tienen? Se les menciona como la madre de todas las elecciones, la joya de la corona. Son aforismos que juguetean, con ansiedad, la ruta de las elecciones presidenciales de 2024. Como si el Edomex fuera un test con una abultada lista nominal de más de 12 millones de votantes. En realidad, sólo vota la mitad. Sin embargo, en la elección para gobernador en 2023 está en juego la supervivencia del PRI no sólo en la entidad, sino a escala nacional. El tricolor llega mermado. Tiene una tendencia electoral a la baja. Ha sido derrotado en comicios intermedios que vienen desde 2016 y 2018. Pese a un ligero repunte en 2021, el partido enfrenta un severo desgaste. Carga el desprestigio y necedad política de Alito Moreno, su dirigente nacional. Un lastre que es referente, porque refresca la memoria de los mexiquenses, de la corrupción como eje de la práctica política del priísmo. El tricolor necesita para sobrevivir de la alianza electoral con el PAN y el PRD que, según los lineamientos del INE, se deberá acordar una alternancia de género con la elección de Coahuila. Pareciera que el futuro del PRI está en manos del PAN. Flotan muchas preguntas sobre viabilidad de la alianza, se habla ya de un gobierno de coalición.
1. Una elección atípica. Los tiempos políticos de 2023 se han adelantado. Formalmente el proceso se inicia en enero. Sin embargo, Morena destapó Delfina Gómez ocho meses antes y ha obligado a todos los partidos a acelerarse. Los tiempos electorales y políticos se han precipitado. Hay desorden, propiciado por afanes y ansiedades de los actores políticos. Destapes apresurados y las avenidas plagadas de propaganda. Aspirantes que actúan como candidatos. Se genera una atmósfera de desorden. Un carnaval electoral, porque cada uno tiene su elección ante la complacencia de las autoridades electorales.
2. Destape de Delfina Gómez. Además de haber desordenado los tiempos del proceso, se presenta un fenómeno paradójico. Delfina ha permanecido callada, mientras todo el mundo habla de ella. La oposición, generosa, ha desplegado una propaganda involuntaria. Quien piense que Delfina transita en miel sobre hojuelas se equivoca. Higinio Martínez, quien se había declarado resignado y buen perdedor, ahora disputa el control del partido en la entidad.
3. Destape de candidatos de PAN, PRD y MC. Los partidos han destapado a sus aspirantes. El PAN se decantó por Enrique Vargas, diputado local y ex edil de Huixquilucan. El PRD por Omar Ortega, y Juan Cepeda se destapó por MC. Destaca Vargas, quien pone en aprietos al PRI al formular que es el candidato mejor posicionado contra Morena. Sin embargo, tiene una cola larga que le pisen. El PAN se manifiesta favorable por la alianza, pero no descarta ir en solitario en la contienda. En el PRD, en medio de su crisis, tiene sectores que pugnan también por ir solos.
4. Las candidatas del PRI. Todo indica que son las aspirantes Ana Lilia Herrera apoyada por el veterano Arturo Montiel y Alejandra del Moral, favorecida por Alfredo del Mazo. Pareciera intensa la disputa por la nominación. Han sido funcionarias públicas que durante lustros han cubierto diferentes puestos. Alcaldesas, secretarias de Estado, diputadas y senadurías. Son insiders, ¿Qué de nuevo aportarán? Cuando han formado parte de la nomenclatura del poder mexiquense. Representan la continuidad, más de lo mismo. Han sido parte de gobiernos priístas que han sumido a la entidad en el abandono, la desigualdad y la inseguridad ciudadana. Se escudan ahora de un discurso feminista cuando muchos preguntamos qué han hecho en sus responsabilidades para detener los feminicidios en la entidad.
5. Alianza electoral titubea. Cada partido trae su elección. Son universos electorales paralelos. Enrique Vargas estira la liga con su Ruta líder Edomex. Ha iniciado su campaña en municipios para conocer las necesidades de la población. Mete presión al PRI, que parece traer otro reloj electoral. No se decide por su aspirante; hay pujas; forcejeos, dicen algunos. El gobernador Del Mazo tampoco se deja sentir, cuida las formas en exceso, cuando todos saben que es el elector estelar. Internamente se inclina por que la candidata de la alianza en Edomex sea priísta, pero públicamente es parco. El lastre para la alianza es la presencia tóxica de Alito, quien a toda costa empuja la alianza Va por México en el Edomex. El verde presume ascenso y trata de venderse caro al mejor postor.
6. Autoridad electoral a modo. Tanto el IEEM como el tribunal electoral están colonizados por el partido en el poder mexiquense. Mientras las calles están abarrotadas de propaganda electoral, permanecen mudos ante los actos anticipados de campaña. Se amparan de manera leguleya en que el proceso aún no ha empezado. De los siete consejeros electorales en el IEEM, seis son manifiestamente priístas. El PRI no sólo es el mayoritario en el consejo, sino es el dueño del instituto con el eterno secretario Javer López Corral, quien articula la complicidad de la mayor parte de los representantes que son generosamente maiceados.
En suma, estamos ante una elección atípica. Tensa y turbia. El PRI de ganar alcanzaría 100 años en el poder de la entidad. Sin embargo, los números le son adversos y tiene que echar mano del PAN para jugarse su futuro.
