Amarrar al sucesor e incendiarle la casa
Elisur Arteaga Nava
Proceso
Ante la alternativa de tener que abandonar el poder en 2024, AMLO intentará dejar el cargo a uno de los dos. Lo hará a condición de que quede amarrado y sin posibilidad de adoptar una política propia o de tomar decisiones que difieran de su proyecto.
En este mundo todo se acaba, incluso un sexenio. A lo bueno se acostumbra uno fácil, dice el refrán. AMLO no se hace a la idea de tener que abandonar el poder. Debe hacerlo en 2024. Para lo que tiene que ver con su 4T, no confía en nadie, ni en sus “delfines”: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. El tercero, el otro López, también tabasqueño, no levantó. Lo poco que había levantado lo perdió cuando abrió la boca, con su desafortunada frase: “Yo tampoco confío en usted”. Hay otras. Él no cuenta.
Ante la alternativa de tener que abandonar el poder en 2024, AMLO intentará dejar el cargo a uno de los dos. Lo hará a condición de que quede amarrado y sin posibilidad de adoptar una política propia o de tomar decisiones que difieran de su proyecto. En una palabra: pretende impedir que dé marcha atrás a su 4T, en especial, a la militarización del país y a su concepto de lo que debe ser México: un Estado militarista y de bienestar a base de derrochar los fondos públicos.
Para impedir que su sucesor abandone su proyecto, cuando pudo, reformó la Constitución; ahora que no puede, pretende hacerlo a través de “decretazos”. Considera que ha comprado la voluntad de los militares a base de contratos, administración de obras y de concesiones. Cuenta con ellos. También parte del supuesto de que, a la clase baja, a los pobres, los tiene amarrados; son suyos por razón de las pensiones y becas. Amenazará: votar por la oposición significará, para las Fuerzas Armadas, la pérdida del estatus quo las beneficia y para los desprotegidos, la pérdida de las pensiones.
AMLO, no contento con dejar a su sucesor comprometido con un proyecto que política y económicamente es inviable e insostenible y, por lo mismo, pudiera no hacerlo propio; antes de entregarle el mando, le incendiará la casa; lo hará con fin de impedirle asuma plenamente el poder y se sienta tentado a abandonar su proyecto. En forma paralela desprestigió a las instituciones, en especial a la Corte.
No provocará un levantamiento en Chiapas. Quienes fueron zapatistas no creen en él. La violencia, que la habrá, viene y vendrá de la delincuencia organizada; se dará, preferentemente, en los estados de Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. Es previsible que se manifieste de manera generalizada y sangrienta.
AMLO impedirá que su sucesor tenga éxito en su gestión y que crezca políticamente. Aspira a que los mexicanos lo añoren y le pidan que regrese al cargo: a apagar el incendio que él mismo, por su perversidad, provocó. Apuesta a que su sucesor sea incapaz de apagarlo. Ese será el resultado de su actuación contra toda lógica. Tenía que apellidarse López. Eso mismo hacía su tocayo de apellido: Antonio López de Santa Anna.
AMLO intenta dejar a gente incondicional en las gubernaturas de los estados, a fin de que, a través de su acción, se impida cualquier desviación de su proyecto o desconocimiento de su persona. De ahí que haya escogido gente mediocre, sin méritos propios, que por sí no tenían o tienen ninguna posibilidad de llegar a serlo; tal es el caso de gobernadores locales que le deben agradecimiento y fidelidad absoluta: Evelyn Salgado, de Guerrero; Jara Cruz, de Oaxaca, Ramírez Bedolla, de Michoacán; Delfina Gómez y Rocío Nahle, si llegan a ocupar las gubernaturas de los estados de México y Veracruz.
AMLO pretende que, merced a los muchos beneficios, canonjías y favores que ha hecho a las Fuerzas Armadas, sean ellas los guardianes de su legado político y las que defiendan las “conquistas” alcanzadas durante su sexenio. Confía en que los militares sean un factor de presión sobre su sucesor para impedirle realizar cambios. Olvida que, hasta ahora, las Fuerzas Armadas son fieles a las instituciones y no a quienes temporalmente los mandó o benefició. No tienen memoria.
Unas Fuerzas Armadas todopoderosas podrían convertirse en un factor político determinante en los países alejados de los Estados Unidos de América; no es el caso de México. Llegado el momento, ese país podría influir en un cambio radical o impedir un golpe militar encaminado a continuar con la política que se ha seguido. En las actuales circunstancias, al no existir el peligro comunista, difícilmente el país del norte aceptará un gobierno militar en nuestro país.
López Obrador piensa en todo. Considera la posibilidad de un eventual triunfo de la oposición: que se alce con la victoria en el Congreso de la Unión o la Presidencia de la República. Parte de la premisa, en ese eventual supuesto, de que los militares, por los favores recibidos, serán los que velarán por la vigencia de su proyecto y de que no se dé marcha atrás.
El modelo de desarrollo de la 4T es insostenible económica y políticamente. Quien asuma la Presidencia en 2024, sea moreno o de la oposición, para afianzarse en el poder, necesitará romper con AMLO; ello implicará, necesariamente, un alejamiento radical de su política. Ese paso, también, implicará destruirlo: meterlo a la cárcel o desterrarlo. En el mejor de los casos mandarlo de embajador a Somalia. Mientras viva o esté libre no se estará quieto. Siempre será un factor de desestabilización. Su sucesor tendrá que inventarle unas mañaneras. La esposa de López de Santa Anna solía pagar a gente pobre para que hiciera antesala en su casa, a fin de que sintiera que seguía siendo importante.
La política de AMLO polariza. No puede continuar. Su sucesor deberá interrumpirla; dar un volantazo de 180 grados y romper con él. Si es Claudia, por ser limitada, lo hará por presión de quien sea presidente de Estados Unidos y de los inversionistas, nacionales y extranjeros. Si es Marcelo, para poder gobernar y no precipitarse en el vacío, lo hará por sí. Si su sucesor resulta ser de la oposición, significará cárcel segura para él, el destierro de su familia y la reestructuración total de la Corte. Así de sencillo.
Juegos de poder
El presidente Peña Nieto y el caso Ayotzinapa
Leo Zuckermann
Excelsior
Hace ocho años, cuando, según el gobierno de López Obrador, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una operación para encubrir la verdad sobre la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador todavía dependía jerárquicamente del Presidente. Jesús Murillo Karam tenía jefe. Se llamaba Enrique Peña Nieto.
Hoy, Murillo está detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia. La pregunta es qué tanto sabía Peña de la acción concertada del Estado para mentir e, incluso, si dio la orden de que se llevara a cabo dicha operación a fin de terminar con el enorme escándalo que se estaba generando en la opinión pública nacional.
Ayer, el Presidente exhibió un video donde aparece el fiscal general de la República explicándoles el caso a los padres de las víctimas. Dice Alejandro Gertz Manero:
“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables…”.
Si, como asegura Gertz, el Ejecutivo federal fue el responsable, naturalmente uno se pregunta cuál fue la participación del jefe de este poder, es decir, Peña.
Ayer se lo preguntaron a AMLO. El Presidente, sin embargo, se salió por las ramas. Dijo que, de acuerdo a las propias declaraciones de Murillo en ese momento, la responsabilidad de la investigación ficticia la asumieron el procurador y el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Zerón.
Pero AMLO dejó abierta la ventana de involucrar a Peña: “Si la Fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”.
Hay que recordar que la Fiscalía General de la República está actuando de acuerdo a los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. En el informe que presentaron la semana pasada se acusa que la “verdad histórica” de Murillo Karam “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno”.
¿Quién era el más alto nivel del gobierno?
El presidente Peña.
Además, entre muchos más mandos federales, el informe responsabiliza como parte del operativo de encubrimiento nada menos que al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez.
¿Quién era el jefe directo de Eduardo Sánchez?
El presidente Peña.
Yo no tengo duda. De acuerdo al estilo de gobernar de los priistas, ningún subordinado se atrevería a tomar decisiones tan importantes como la supuesta investigación del caso más sonado del sexenio pasado sin consultar al Presidente. Ni Murillo ni Sánchez ni nadie se mandaban solos en el sexenio pasado. Antes de sacar las conclusiones de la “verdad histórica” seguramente hablaron con Peña, quien los autorizó a salir al público con esa versión.
¿Sabía Peña que se trataba de una mentira? ¿Intervino para ocultar la verdad y proteger a ciertos elementos del gobierno federal, como los del Ejército y la Marina?
Durante la conferencia matutina de ayer, varias veces le preguntaron a AMLO si se incluiría a Peña como parte de la operación de encubrimiento. Y varias veces el Presidente se salió por las ramas diciendo que eso le tocaría definir a los jueces. También recordó que, desde su campaña, él se pronunció por no enjuiciar a los expresidentes.
Como que López Obrador no tiene muchas ganas de escalar el llamado “crimen de Estado” al entonces jefe del Estado.
De hecho, ayer hasta acabó agradeciéndole a Peña que no se haya metido en las elecciones presidenciales de 2018. “Eso no se me va a olvidar”, dijo con gratitud.
Peña puede seguir durmiendo tranquilo en Madrid. No parece estar en el ánimo presidencial perseguirlo judicialmente por ningún caso, ni de corrupción ni de encubrimiento en la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco creo que este gobierno, tan metido en la cama con las Fuerzas Armadas, vaya a procesar a altos mandos militares en activo por este caso. Como siempre, el sapo se lo tendrán que tragar los subalternos, aunque el jefazo les haya instruido de cometer un delito. En eso, este gobierno es igualito a los pasados.
Arsenal
Truena Cabeza de Vaca contra el “sicario” Nieto
Francisco Garfias
Excelsior
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, termina su mandato el próximo 30 de septiembre. Se queda sin fuero, como cualquier ciudadano, pero se declara tranquilo. “Los preocupados —revira— deben ser los de Morena. Están señalados de haber recibido dinero del crimen organizado con el tema del señor Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021.
“Carmona financió sus campañas. Los dotó de vehículos blindados. Pagó a empresas para que los movieran. Hay bitácoras de vuelo que involucran no sólo a Américo Villarreal, sino a Mario Delgado. El hermano del señor Carmona está en Estados Unidos y es testigo protegido”, subraya.
* La FGR acusó a García Cabeza de Vaca de lavado de dinero y delincuencia organizada. La mayoría de Morena en San Lázaro lo desaforó, pero la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás y dejó claro que son los congresos locales los que tienen la última palabra en caso gobernadores, alcaldes y diputados locales. La Corte invalidó también la orden de aprehensión que un juez libró en contra de García Cabeza de Vaca y le conservó el fuero, pero esa inmunidad cesa con el término de su periodo, en un mes nueve días.
* Fue una charla espontánea con testigos de calidad —Javier Lozano, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, entre otros— en el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa. El gobernador nos dijo que le hubiese gustado que la primera sala de la SCJN emitiera su resolución mucho antes, porque el escándalo lo utilizaron como un instrumento político para mandar un mensaje, presionar, intimidar a la oposición desde el 2021.
“Y el nuevo titular de la UIF (Pablo Gómez) dice que, anteriormente, esa agencia del gobierno no combatía la corrupción, sino que era parte de la corrupción”.
Conforme avanzaba en la respuesta endurecía el tono en contra del extitular de la UIF, a quien se refiere como “el sicario Nieto”. Fue contratado, asegura, para ir sobre adversarios políticos y aquellos que no están de acuerdo con algunas políticas públicas o que defendían el federalismo.
“¿Qué es lo que les dijo él a mis abogados y puso por escrito? Que parte de las instrucciones que recibió era desintegrar la Alianza Federalista. No sólo eso, utilizó la UIF para presionar a empresarios y a muchos otros.
“Este señor (Nieto) utilizó su posición para engañar al Presidente de la República. Entregó documentos alterados donde dice que agencias de Estados Unidos me estaban investigando, así como a empresarios y políticos. Lo que no entendió este señor es que en esa lista venía un ciudadano de Estados Unidos, José Ramón Cabeza de Vaca (su hermano), que no tiene ni cuentas ni propiedades en México y es funcionario del gobierno de McAllen, Texas. Pensó que por tener el apellido Cabeza de Vaca era alguien que estaba cometiendo irregularidades.
“La realidad nos ha dado la razón. En este año y tres meses nos hemos dado a la tarea, mis abogados y un servidor, de poder integrar todo el expediente de la investigación, las pruebas que demuestran la fabricación de todos esos supuestos delitos. Tan no fue así que ya existe, en uno de los implicados, una suspensión definitiva en torno a hechos que nunca existieron”.
* García Cabeza de Vaca dedicó buena parte de la charla al tema de seguridad. Presume que cuando inició su administración, Tamaulipas estaba entre los tres estados más violentos del país. Hoy está entre los seis más seguros. “No es que tenga otros datos, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública”, subraya con ironía.
El gobernador recuerda que participó en las mesas que organizó el gobierno de la 4T para la Guardia Nacional. Nos dice que, más allá del compromiso de que ésta tendría un mando civil, lo que se dijo es que se iba a capacitar y certificar a las policías estatales y municipales.
“¿Qué recibimos a cambio? Quitaron al Fortaseg, que es el recurso que se les da a los municipios para que puedan reclutar y capacitar policías. Al no tener ese recurso, pues no tenemos policías municipales. Hay una manera muy fácil de determinar si hay voluntad o no. Se llama pesos y centavos o presupuesto. Al quitarlo, ya no tienes capacidades.
“¿Qué hicimos en Tamaulipas con recursos propios? Formar policías. Tenemos hoy en el país cuatro universidades de seguridad y justicia. La mejor la tiene Tamaulipas. Les pagamos dignamente. Hemos hecho convenios con autoridades y agencias de otros países, como es el caso del FBI, que vienen a certificar a nuestros mandos. Los capacitan y otorgan autonomía a las fiscalías”.
En pocas palabras, si hay voluntad, sí hay manera.
Astillero
Crimen de Estado, ¿sin jefe de Estado? // Más alto nivel del gobierno // Salvar a Peña y Cienfuegos // Comunicado del GIEI
Julio Hernández López
La Jornada
El subsecretario de Gobernación especializado en temas de derechos humanos, Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, confirmó el pasado jueves lo que durante años se ha sostenido en consignas de protesta: en resumen, se trató de un crimen de Estado.
Estas nueve palabras no están en el texto del informe oficial del caso (véase el párrafo último de la página 96, de 97: https://bit.ly/3AED6GY). Las agregó Encinas al final de su exposición, en la parte intitulada Conclusiones, aunque en esa misma ocasión ya había señalado en otro fraseo la acusación de crimen de Estado.
El párrafo luego del cual Encinas pronunció las nueve palabras definitorias no da margen a suponer que la Presidencia de la República (ni las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina) pudieran ser ajenas a ese crimen: “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
Esa acción concertada del aparato organizado del poder fue realizada desde el más alto nivel del gobierno, y en el sistema político mexicano no hay ninguno que no sea la Presidencia de la República. No puede inferirse que tamaña capacidad criminal correspondiera solamente a la Procuraduría General de la República, con todo y el sabido talante mefistofélico de Murillo Karam.
El mismo párrafo mencionado señala que la acción concertada desde el más alto nivel de gobierno incluyó ocultar la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia. Es decir, la PGR era sólo una parte de la concertación hecha desde el máximo nivel de gobierno: Murillo Karam como fundamental pieza operativa, pero no única ni la de mayor responsabilidad.
Sin embargo, hasta ahora, las indagaciones del gobierno federal pretenden dejar fuera del rango de responsabilidades al ocupante de la Presidencia de la República, el citado Peña Nieto, y a otro elemento esencial, el secretario de la Defensa Nacional, general (ahora en retiro) Salvador Cienfuegos.
Hay crimen de Estado, pero no se investiga ni se quiere incomodar al jefe metaconstitucional del Estado de ese periodo, Peña Nieto, comandante supremo de las fuerzas armadas, ni al general del Ejército Cienfuegos ni al almirante secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.
Eximir de entrada a Peña Nieto y los jefes militares significaría reducir lo sucedido en Iguala y en municipios cercanos a una inaceptable innovación teórica: un crimen de semiestado o de Estado a medias. Resultaría que un ocupante de Los Pinos y dos secretarios militares fueron ignorantes o engañados no sólo durante la noche y madrugada de la tragedia, sino en los días siguientes en que se realizó la limpia de escenarios y la desaparición de cuerpos y, posteriormente, el armado de la infame mentira histórica.
Llama la atención, además, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no haya sido informado oportuna y claramente de lo que se habría de presentar ante los padres de familia en privado y luego en conferencia de prensa el pasado jueves, que dicho grupo no hubiera participado en la redacción de lo dicho ni se le haya dado el acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla en los que se sustenta la nueva postura gubernamental.
Y, mientras ha sido asesinado un periodista más, Fredid Román, en Chilpancingo, del ardiente estado de Guerrero, ¡hasta mañana, con la Convención Nacional Morenista desconociendo a Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján como autoridades partidistas!
México SA
Covax+ONU=fraude // México los demandará // AMLO: nos adeudan
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
La megaburocracia de la Organización de Naciones Unidas es tal que ni en casos extremos como el de la pandemia (que ha puesto en peligro a toda la humanidad) y en compromisos como la distribución medianamente equitativa de las vacunas (a estas alturas hay países que solo han podido inmunizar a un porcentaje menor de su población) puede actuar en congruencia con su declaración de principios.
Eso sí, cuando las instrucciones provienen del gobierno de Estados Unidos y éste le truena los dedos, entonces la megaburocracia del organismo (supuestamente) multilateral actúa de inmediato, incluso para tapar todo tipo de tropelías y barbaridades cometidas a lo largo y ancho del planeta por los estadunidenses y sus aliados. En febrero de 2021, el gobierno mexicano denunció en el Consejo de Seguridad de la ONU que por esas fechas 10 países (altamente industrializados) tienen 75 por ciento de las vacunas aplicadas; 100 países, ninguna. Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectara a tantos en tan poco tiempo. Urge revertir la injusticia que se está cometiendo; de ello depende la seguridad de toda la humanidad.
Además, por esos mismos días, la organización Médicos sin Fronteras detalló que tres de cada cuatro dosis de vacunas de Pfizer están comprometidas mediante acuerdos confidenciales y secretos firmados por los países de altos ingresos, dejando una porción muy pequeña de las dosis para los países en desarrollo y las organizaciones humanitarias. De más de 27.2 millones de dosis de esta vacuna entregadas hasta ahora (última semana de enero de 2021), los países ricos acumulan casi 27 millones (cerca de 93 por ciento del total), mientras estados de ingresos medios sólo han recibido unas 250 mil y los países en vías de desarrollo, ninguna.
Una más: en febrero de 2021 la propia Organización Mundial de la Salud (OMS, dependiente de la ONU) denunció que de las 128 millones de dosis de inoculaciones administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en sólo 10 países, que representan 60 por ciento del producto interno bruto mundial. Hoy, casi 130 naciones, con 2 mil 500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis. Por ello, el gobierno mexicano reiteró su llamado para acelerar el acceso a las vacunas vía el mecanismo multilateral Covax y reducir el acaparamiento evidente que enfrenta la comunidad internacional. Esta es una herramienta básica, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y el escenario que queríamos evitar, desgraciadamente se está confirmando. A la fecha, no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento y privilegiar la distribución a las naciones de menores recursos.
Por ejemplo, a estas alturas, 22 de las 54 naciones africanas registran niveles de vacunación que van de 0.1 (Burundi) a 38 (Egipto) por ciento de sus respectivas poblaciones, todas ellas integrantes del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) y financiadas por el mismo. Países de los cinco continentes se aliaron con la OMS para contar con acceso expedito a las vacunas, sea éste por financiamiento directo de dicho organismo o por el pago adelantado de aquellas, como en el caso de México.
Pues bien, sirva lo anterior de contexto, pues pasa el tiempo y las cosas no cambian o, en el mejor de los casos, van a paso de tortuga. De hecho, ha sido tal la lentitud en la entrega de vacunas por el Covax y la lerda respuesta de la megaburocracia de la ONU que el gobierno mexicano ha decidido actuar en el plano judicial en contra de dicho fondo de acceso global, porque no las entrega ni rembolsa el dinero.
El presidente López Obrador lo informó así: vamos a presentar una denuncia, pues no nos han entregado vacunas. Covax nos adeuda 75 millones de dólares. Entonces, contra Covax y la ONU, porque ya es mucho, es el colmo. Y lo haremos lo más pronto posible. Imagínense, adelantarles dinero por las vacunas, creo que ya va para un año y hemos buscado un acuerdo, siendo tolerantes, pues se trata de un organismo internacional, pero no somos encubridores.
Las rebanadas del pastel
¿Quién sigue? De entrada, hay 20 militares implicados en el caso Ayotzinapa. La Secretaría de la Defensa Nacional fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República, y el de mayor rango es el general Alejandro Saavedra Hernández. Y los que faltan.
