Niñez migrante: entre el abandono y la abundancia
Tonatiuh Guillén López
Proceso
Mientras las condiciones cotidianas de la niñez migrante son muy severas, crueles en múltiples ocasiones, al lado existe un entorno jurídico e institucional que ha sido construido para su protección, siguiendo un formato notablemente positivo, dedicado explícitamente a esa tarea.
Originaria de México o en tránsito por nuestro país, la paradoja del muy grave escenario de la niñez migrante consiste, de un lado, en sus críticas y precarias condiciones y, del otro, en que dispone de un marco jurídico con amplias bases para su debida atención mediante la intervención de los sistemas nacional y estatales del DIF y, además, mediante la incidencia de las procuradurías federal y estatales de protección de niñas, niños y adolescentes. Es decir, mientras las condiciones cotidianas de la niñez migrante son muy severas, crueles en múltiples ocasiones, al lado existe un entorno jurídico e institucional que ha sido construido para su protección, siguiendo un formato notablemente positivo, dedicado explícitamente a esa tarea.
Muchas cosas no funcionan, evidentemente, para que pueda existir el contraste anterior. En parcial descargo del marco institucional, puede reconocerse que parte importante del problema es el escenario de clandestinidad de la niñez y adolescencia en tránsito, habitualmente sometida a las redes del tráfico de personas.
Otra parte del problema recae en la capacidad operativa de los sistemas DIF y de las procuradurías para procesar el interés superior de cada niño o niña, lo cual es todavía un propósito por cumplir, pues hasta ahora tiene resultados mínimos. Lo habitual es que elaboren respuestas genéricas que terminan justificando la repatriación de los menores, lo cual es particularmente crítico para la niñez no acompañada. De hecho, entre nuestras deficiencias injustificables está la carencia de instrumentos básicos, como un sistema nacional de información con diseño apropiado para la identificación, evaluación y seguimiento del interés superior de la niñez migrante, caso por caso.
En lo que corresponde a la niñez migrante mexicana, su propia movilidad describe condiciones sociales desde el origen que en la práctica anulan todos sus derechos. El simple distanciamiento de una vivienda, del hogar y familiares, de su comunidad, de su formación escolar, entre otras disrupciones, conforman un cuadro de drásticas violencias contrarias a sus derechos esenciales. Encontrar nuevamente un adecuado rumbo de vida es imposible durante el proceso migratorio e incierto en el desenlace. Debido a estas condiciones, la niñez migrante, especialmente la no acompañada, configura el pináculo de nuestros fracasos sociales y de gobierno que debiéramos hacer visible para impulsar medidas alternativas.
La niñez migrante no acompañada en tránsito por México en sí misma constituye un cuadro dramático, tanto como lo es el panorama de la niñez mexicana. Entre enero y mayo de 2022, considerando a las niñas y niños no acompañados que fueron captados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en su frontera sur, los datos son apabullantes: casi 62 mil menores durante ese periodo. De Guatemala provino 38.9% de ese total; de Honduras, 23.5%; de México, 20.9%; de El Salvador, 10.5%; y de otros países, 6.1%.
El caso de Guatemala es particularmente doloroso: del total de la población guatemalteca en tránsito por México, cerca de 25% es niñez no acompañada, conforme al conjunto que logra alcanzar la frontera de Estados Unidos. ¿De qué tamaño es la crisis social del país vecino del sur para que tantos niños y niñas se incorporen al flujo migrante, en condiciones tan severas?
Ahora bien ¿cómo han operado los sistemas DIF nacional y estatales ante el enorme desafío de la niñez migrante no acompañada, particularmente? A juzgar por los presupuestos recientes, la respuesta es muy clara: con abundancia de recursos. Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 el DIF nacional hizo un milagro financiero pues transfirió a 28 sistemas estatales la cantidad de mil 576 millones de pesos. La experiencia es inédita, excepcional, y supera muchísimas veces el presupuesto anual del DIF.
Algunos estados recibieron grandes cantidades, otros muy poco dinero, como puede confirmarse en el Diario Oficial de la Federación. El caso de Chiapas es particularmente notable debido al contraste entre la precaria situación de la niñez migrante y la disponibilidad de recursos por el sistema estatal DIF y los municipales: hasta el momento han recibido 488.2 millones de pesos, que aún no se reflejan en un cambio operativo en su misión de protección de la niñez. Otros estados que también recibieron cantidades importantes son Baja California, con 163.4 millones; Tlaxcala, 160 millones; San Luis Potosí, 100 millones; Nuevo León, 72 millones; Michoacán, 72 millones; Sinaloa, 60 millones; Tabasco, 57 millones, entre los principales receptores. Del otro lado de las cifras, Colima apenas recibió 3.6 millones, y Aguascalientes, 4.3 millones. ¿Estarán los sistemas DIF haciendo un ahorro para un destino ajeno a la protección de la niñez migrante?
No habíamos tenido en México un escenario tan contrastante como el anterior, con un monto de presupuesto muy significativo dedicado a la niñez migrante y, del otro lado, procesos migratorios de niñas y niños en condiciones que hieren sus derechos más elementales, particularmente cuando se trata de no acompañados. Hasta el momento, ambos extremos de nuestra realidad parecen dos mundos que no terminan por encontrarse, pese a la precariedad de unos y la abundancia de otros. No obstante, sobre todo, que unos fueron creados y reformados explícitamente para proteger a las y los otros, las niñas y niños migrantes. Quede claro que la persistencia de su desencuentro lastima, hiere aún más a quienes ya sufren el arrebato de sus derechos y que son los más vulnerables en todos los sentidos del término.
*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.
Punto de equilibrio
La crisis de los partidos
Francisco Guerrero Aguirre
Excelsior
Los partidos políticos constituyen uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, son parte de la pluralidad política e ideológica de toda sociedad. Las organizaciones políticas son el instrumento constitucional, institucional y legal para participar en los procesos electorales, el medio para acceder al poder público o para ejercer una oposición democrática.
No obstante, los partidos políticos atraviesan una grave crisis de legitimidad y representación. En los últimos años, la acción política partidaria ha sido parte del desencanto ciudadano hacia la democracia, perjudicando el sistema democrático y su sustentabilidad.
Esta crisis se profundiza por escenarios de virulencia, polarización y fanatismo político. Los partidos, en muchos casos, han preferido ubicarse en extremos irreconciliables, enemistando la política y cuidando sus “intereses electorales” sin dar soluciones reales a las necesidades y aspiraciones de la gente.
Como lo indica Yanina Welp: “Esto ocurre porque en las democracias del siglo XXI, los partidos enfrentan incentivos perversos que los orientan a buscar el poder a costa de atacar a sus adversarios convertidos en enemigos. En campaña, la disputa se aborda como si se tratara de un campo de batalla en el cual la misma supervivencia de la nación o de los valores democráticos estuviera en juego. Una vez en el gobierno, las oposiciones tienen pocos incentivos para cogobernar o acompañar la gestión, y muchos más para erosionarla y así crear las bases para su posterior acceso al poder”.
Esta significativa erosión de los partidos políticos en la región se evidencia en datos del informe de Latinobarómetro 2021. Las instituciones peor evaluadas de las democracias latinoamericanas son los partidos políticos, el informe indicó que apenas 13% de los latinoamericanos confía en ellos.
Otro indicador importante que refleja esta crisis de representatividad es el Índice de Democracia 2021 del semanario inglés The Economist, el cual concluyó que América Latina vive un retroceso democrático importante y su nota regional más baja es en el indicador de elecciones y pluralismo político, al situarse el promedio regional en 7.35 puntos sobre 10, existiendo países cuyo su puntaje es mucho menor al promedio regional, debido a que los partidos políticos se muestran carentes de estructuras sólidas y firmes que sustenten su trabajo.
Frente a esto, el efecto natural es que la ciudadanía busque nuevas y variadas formas de participación al margen de los partidos, a través del establecimiento de mecanismos comunitarios o vecinales para gestionar problemas locales o la formación de grupos para impulsar propuestas específicas de determinados sectores.
BALANCE
La solución a la crisis de los partidos no es simple ni única. Se debe empezar por transparentar los procesos de afiliación y adhesión, fortalecer los procesos de democracia interna y trabajar en procesos de formación política.
Como lo destaca el secretario general de la OEA, Luis Almagro: “Las soluciones que precisa la gente siguen siendo educación, salud, vivienda, empleo, salario digno, las capacidades de conseguir un empleo conforme a las capacidades profesionales. Atender a los diferentes grupos etarios, cerrar las brechas tecnológicas y generacionales que existen”.
Renovar o reinventar los partidos políticos no es una tarea simple e inmediata, pero de ella depende la vigencia de una sociedad democrática. La crisis partidaria no es un problema exclusivo de los políticos, es de toda la sociedad en su conjunto; sin partidos políticos no existe democracia posible.
*Los puntos de vista son a título personal.
No representan la posición de la OEA.
Más que propaganda, corresponsabilidad
Max Cortázar
Excelsior
El desplegado emitido por las gobernadoras y los gobernadores emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al término de la visita oficial de trabajo a la capital estadunidense, representa un nuevo botón de muestra de la obsesión que en ese instituto político tienen con la propaganda, así ésta sea un factor que evidencie —de manera innecesaria— el deterioro imperante en la relación entre ambos gobiernos nacionales, así como las inconsistencias entre lo propuesto en la reunión con el presidente Joe Biden y los alcances de las políticas públicas mexicanas. Intervención pública de los mandatarios estatales que, por su falta de visión estratégica y adecuado manejo de riesgos, sólo termina abriendo mayores frentes de crítica.
Si se comparan los protocolos y los acuerdos de las visitas oficiales del pasado a Washington DC, e incluso considerando aquellas sostenidas en coyunturas y agendas polémicas con el expresidente Donald Trump, difícilmente se puede catalogar esta última gira de “exitosa”, como la quiso apuntalar públicamente dicho conjunto de gobernadores. No lo fue porque es patente la lejanía entre los dos presidentes y la ausencia total de una agenda común que satisfaga expectativas e intereses en ambas administraciones.
Más aún, resulta increíble pretender enmarcarla en argumentos de dudosa credibilidad. Por ejemplo, dicen los gobernadores morenistas que se presentó en el encuentro bilateral un “programa sin precedentes” para combatir la inflación en la región; cuando el propio gobierno mexicano reconoce que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) ha resultado insuficiente en contener la espiral en el alza de precios de los alimentos, por lo que se está trabajando en un segundo plan de medidas orientadas a proteger la capacidad adquisitiva de las familias en situación de vulnerabilidad. Plan que, tras casi un mes de ser anunciado, ni siquiera fue hecho del conocimiento público en el contexto de la ida al país vecino.
Los mandatarios estatales de Morena resaltan también, con cierto dolo, un “programa ambicioso de inversión”. Lo hacen con dolo porque el único acuerdo difundido de manera oficial en el rubro de recursos financieros no proviene del sector privado ni es para incrementar las fuentes de trabajo. La inversión exclusiva refiere a mil quinientos millones de dólares que el gobierno de México dispondrá para actualizar la tecnología en infraestructura fronteriza. Primero escalamos la presencia de efectivos militares para ponerle un muro humano a los migrantes, ahora los instrumentos de monitoreo en los cruces.
Así lo constata la Secretaría de Economía que, a pregunta expresa de los medios de comunicación, no pudo confirmar inversión estadunidense específica como producto de la visita oficial. Peor aún, trascendió el cuestionamiento de empresarios norteamericanos por la creciente incertidumbre que tiene el clima de negocios mexicano, propiciado por el cambio abrupto de criterios de política pública y reformas que buscan beneficiar de manera indebida a empresas paraestatales.
Inquietud que, lejos de ser aislada, se acompaña a la expresada en meses recientes por otros actores relevantes, como la difundida desde el Capitolio por el senador Bill Hagerty, quien acusa lazos económicos vulnerados entre ambos países por decisiones contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los sectores de energía, agricultura, minería y turismo.
Además, resulta por demás arriesgado a los mandatarios estatales morenistas el afirmar que la gira de trabajo “llenó de esperanza y agradecimiento” a la comunidad mexicana asentada en Estados Unidos, cuando, a lo largo del presente sexenio, ha sido sistemática la negativa a sostener encuentros con las organizaciones de paisanos, en este caso las ubicadas en Washington DC y zonas cercanas.
La propaganda que busca alentar una relación bilateral en los mejores términos choca con la realidad, incluso días después de concluida. La aprehensión del presunto narcotraficante, Rafael Caro Quintero, en la que altas autoridades del gobierno estadunidense reclaman parte de los créditos en los trabajos operativos que llevaron a su captura, mientras que el gobierno de México, de la mano del embajador norteamericano, lo niegan rotundamente, reafirman que la cooperación —en un asunto tan delicado como es la seguridad— se encuentra en uno de sus puntos históricos más bajos.
Situación que inquieta porque ni la crisis de consumo de estupefacientes en Estados Unidos ni la recuperación de la paz en nuestras comunidades, asoladas por la violencia asociada a la rivalidad criminal, encontrarán solución con dos gobiernos en los que persiste el conflicto con sus contrapartes y al interior de los mismos.
Por la gravedad del momento que atravesamos en materia económica, por los desafíos a la seguridad binacional, no son tiempos de propaganda, sino de corresponsabilidad y sensatez.
Astillero
Tren Maya y Lawfare // Tramo cinco se reanuda // Seguridad Nacional // Debanhi e injusticia
Julio Hernández López
La Jornada
Es sabida la estrategia de entrampamiento de proyectos relevantes de gobiernos de orientación progresista o popular mediante acciones judiciales. La guerra jurídica o persecución judicial (en inglés se usa el término lawfare) busca enredar, retardar y culpar.
En México se han producido cascadas de solicitudes de amparo de la justicia federal contra determinados proyectos del obradorismo. El nuevo turno toca al tramo del Tren Maya contra el que se han manifestado grupos diversos, que plantean inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental y posibles daños irreversibles en las zonas rediseñadas por donde pasará el citado tren.
Ante decisiones judiciales que han ordenado frenar provisionalmente la construcción del tramo de la discordia, y que están en proceso de emitir una resolución definitiva, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que se han reanudado los trabajos en ese tramo cinco pues, aseguró, el Consejo Nacional de Seguridad, en concreto las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, determinaron que el Tren Maya es una obra prioritaria y de seguridad nacional.
El fundamento para esa decisión es el acuerdo expedido por el presidente López Obrador el 22 de noviembre de 2021 y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (https://bit.ly/3yN1UKY), mediante el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México en un amplio abanico de rubros, que incluye aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Ese acuerdo asigna a la propia Presidencia de la República facultades extraordinarias, que ya han sido impugnadas, aunque una resolución de inicio de año sólo desechó la pretensión de guardar la información de esos casos estratégicos, sin ir a la sustancia de dicho acuerdo, que instruye otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras. Ya se verá cómo avanza y se resuelve este diferendo jurídico.
En Nuevo León se acumulan las evidencias de que hay un mal gobierno, ejercido por una pareja estrafalaria a la que ya ni los trucos de internet le funcionan, y una aplicación sumamente defectuosa de los mecanismos de investigación y procesamiento judiciales, como lo muestra el caso de la joven Debanhi Escobar.
A casi tres meses de que fue descubierto su cuerpo en la cisterna de un motel del municipio General Escobedo (el 9 de abril se denunció su desaparición y 12 días después fue encontrado su cadáver), las diligencias realizadas en esa entidad norteña por sus órganos estatales siguen mostrando impericia, cuando menos, si no es que un intencional desinterés en llegar a una verdad que, a falta de asideros confiables, lleva a la voz popular a considerar complicidades de élite.
Un tercer estudio forense, del que ayer se dieron resultados oficiales, apunta en dirección opuesta a lo difundido y defendido por las instancias neoleonesas. Debanhi no murió a causa de golpes en la cabeza ni hay referencia de abuso sexual: falleció por asfixia, específicamente por obstrucción de sus orificios respiratorios. Y se descarta por completo la asfixia por inmersión. Recuérdese que se pretendió hacer creer que la joven habría resbalado y caído en una cisterna. Desde el primer momento se señalaron inconsistencias evidentes en ese planteamiento.
El nuevo dictamen, en el que han participado especialistas de la Ciudad de México y del gobierno federal, implica un desmentido a las versiones difundidas desde Monterrey, a las inducidas maquinaciones mediáticas y a las posturas de la fiscalía estatal y el gobierno de Samuel García, autoridades confrontadas entre ellas, pero igualmente mendaces y deseosas de acallar y archivar el asunto. ¿Qué han ocultado? ¿A quién han protegido?
México SA
Más fertilizantes para el campo// CSG y su idea de lo estratégico// Jueces, cuento de nunca acabar
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
El presidente López Obrador anunció que el gobierno federal invertirá alrededor de 10 mil millones de pesos para rehabilitar y construir plantas de fertilizantes, incrementar su producción y con ello favorecer mayor producción de alimentos básicos. Actualmente, detalló, en las condiciones en las que se encuentran las plantas se están produciendo 900 toneladas diarias de fertilizantes, que permiten beneficiar alrededor de 6 mil hectáreas. El plan es aumentar la producción a 2 mil 500 toneladas para 25 mil hectáreas, para que tengamos los alimentos, maíz, frijol.
El plan gubernamental es dar fertilizantes gratuitos a dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios que permitan cubrir entre 25 mil y 30 mil hectáreas diariamente en el país. Es un subsidio, desde luego, pero no hay que satanizar estos apoyos, porque esta urea (se convierte) en maíz, frijol, es lo que consumimos. Sin maíz no hay país. Desde febrero de 2020, cuando menos, el mandatario anunció el inicio de la producción de fertilizantes por el gobierno en las plantas de Coatzacoalcos, Pajaritos, que en su momento fueron básicas para documentar y denunciar la corrupción existente y actuar en consecuencia contra tipejos como Alonso Ancira y Emilio Lozoya. En esa fecha, López Obrador dijo que esas plantas ya producen.
Pues bien, en su reciente gira por el estado de Veracruz el mandatario dio cuenta de que la inversión gubernamental en ese sector productivo (los citados 10 mil millones de pesos) se mantiene en ascenso, siempre con el objetivo de cubrir la demanda de fertilizantes para el campo y disminuir la enorme dependencia foránea que de estos productos tiene el país.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados documenta que el país importa 79 por ciento de fertilizantes que se usan en el país y la mayoría provienen de Rusia, China, Irán y Egipto. En 2017 la importación ascendió a 20 mil millones de pesos, amén de que el mercado opera prácticamente sin regulaciones de precio y calidad; importadores, fabricantes y distribuidores son los que determinan los precios que rigen en el mercado, con altos márgenes de ganancia.
El presidente informó sobre los planes de inversión, pero también hizo referencia a la pérdida de soberanía en esta materia, toda vez que hay una historia negra en las plantas de fertilizantes que originalmente pertenecieron al Estado. Y la hay, sin duda alguna.
En este espacio se ha comentado que Carlos Salinas de Gortari, como parte de su proyecto modernizador, privatizó, entre muchas más, la paraestatal Fertimex, por tratarse, dijo, de un sector productivo no estratégico (¡¡¡!!!) para el país, con todo y que México no sólo era autosuficiente en fertilizantes, sino que exportaba excedentes.
Ese nefasto personaje alegremente decidió que, como las empresas del sector no eran estratégicas lo conveniente era privatizarlas y qué mejor que sus amigos (Alonso Ancira y Fabio Covarrubias) para quedarse con ellas para llenar sus respectivas alforjas. Entre bandoleros te veas.
Como toda la política privatizadora, la venta de Fertimex fue un excelente negocio para los empresarios y políticos, pero desastroso para el país; Ancira (Agronitrogenados) y Covarrubias (Fertinal) exprimieron a las ex paraestatales; no dejaron piedra sin labrar, se llenaron los bolsillos y las quebraron, sólo para revenderlas al Estado, ya chatarrizadas, en una operación totalmente fraudulenta en la que participó Emilio Lozoya, entre otros. Por si fuera poco, dejaron al país sin fertilizantes.
Para dar una idea del fraude, la historia es la siguiente: entre 1991 y 1992, Salinas de Gortari privatizó 13 plantas productoras de fertilizantes (agrupadas en Fertimex); las vendió a precio de ganga: 316 millones de dólares por todas. Dos décadas después, Petróleos Mexicanos, con Lozoya en la dirección, pagó unos mil millones de billetes verdes por sólo dos de ellas (Agronitrogenados, de Ancira, y Fertinal, de Covarrubias), y éste es sólo un ejemplo de lo que al país le representó la política privatizadora.
Las rebanadas del pastel
Los jueces están desatados: protegen los negocios sucios de las trasnacionales, impiden que las multen y evitan que les cancelen la comercialización de productos inmundos, pero también dan servicio y cobertura a narcotraficantes. Alguien debe cerrar esta cloaca.
