Consejo Ciudadano del Servicio de Medios Públicos de la CDMX
Jorge Bravo
Proceso
Los comunicadores Luisa Cantú Ríos, Jorge Armando Rocha Gutiérrez, Álvaro Cueva Cantú, Luisa Iglesias Arvide y el monero José García Hernández -todas y todos profesionales de reconocido prestigio- son los integrantes desde el 30 de mayo del primer Consejo Ciudadano de un Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México que viola flagrantemente la Constitución capitalina y la Carta Magna general en lo que se refiere al servicio público de radiodifusión, por ser un medio oficialista y propagandístico de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la Presidencia de la República en 2024.
El gobierno de la CDMX publicó el 21 de diciembre en la Gaceta Oficial el decreto que crea el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México (que opera el canal de televisión Capital 21) en sustitución del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, lo cual contraviene en muchos puntos a la Constitución de la CDMX. ¿Lo saben los ahora cinco consejeros?
El artículo 16-F-8 de la Constitución de la CDMX dice que “los poderes públicos” (entiéndase los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) crearán un Sistema Público de Radiodifusión operado por un organismo público descentralizado no sectorizado. Pero el decreto de Sheinbaum crea el Servicio de Medios Públicos (SMP) como un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Cultura, es decir, sin independencia auténtica del gobierno capitalino en turno.
La Carta Magna de la CDMX dice con claridad que tendrá un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación de once integrantes que durarán cinco años en su encargo. Pero el decreto de Sheinbaum dice que el Consejo Ciudadano tendrá cinco integrantes y sólo tres años de duración.
Aún más: la Constitución de la CDMX dice que los consejeros tendrían que ser electos mediante convocatoria pública, a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico, expertos en la materia y electos por las dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión del Congreso de la CDMX. Nada de eso ocurrió y la convocatoria sólo otorgó nueve escasos días a los interesados para entregar su documentación.
En oposición a esos mecanismos, el Estatuto Orgánico del SMP CDMX (publicado el 8 de abril de 2022 y emanado del decreto inconstitucional de Sheinbaum) decidió que el Consejo Ciudadano del SMP sea designado por el Órgano de Gobierno y que además los aspirantes participen en el proceso de selección a título personal y no como representantes de una corporación, asociación o empresa.
La convocatoria para elegir a los miembros del Consejo Ciudadano del SMP CDMX especifica que los aspirantes no deben ser personas servidoras públicas, pero tanto Luisa Iglesias como Luisa Cantú son conductoras de la primera emisión de Imer Noticias y de #PolémicaEnRedes de Canal 14, medios públicos federales, respectivamente, por lo que se entiende que son servidoras públicas. Este requisito no está en el Estatuto Orgánico pero sí en la Convocatoria, por lo que el Órgano de Gobierno incumple sus propios requisitos de selección.
La Constitución de la CDMX dice que los consejeros “deberán tener plena independencia de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter privado”, pero tanto Luisa Cantú como Jorge Armando Rocha son conductores y periodistas de La Octava y TV Azteca y Grupo Fórmula, respectivamente, en tanto que el monero Hernández es un abierto partidario de la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador.
Hernández y cualquier ciudadano está en su derecho de comulgar con cualquier fuerza política, pero el Consejo Ciudadano debe ser un órgano plural de representación social.
Hay más transgresiones a la Constitución capitalina, como que la persona encargada de dirigir el medio sea electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la CDMX. Pero una vez más el decreto de Sheinbaum determina que la Dirección General del SMP “será nombrada y removida libremente” por el titular del Poder Ejecutivo capitalino, lo cual dificulta, obstaculiza o impide la independencia editorial respecto de las políticas y el gobierno en turno.
El Estatuto Orgánico del SMP le otorga al Consejo Ciudadano una atribución descabellada. Dice que una de sus facultades es “dar seguimiento y evaluar la actuación de la Defensoría de las audiencias a fin de que su desempeño se lleve a cabo según lo establecido en la ley aplicable”, o sea, una espada de Damocles que le resta independencia a la defensoría respecto del propio Consejo Ciudadano, nombrado por el Órgano de Gobierno, integrado por cinco titulares de la administración capitalina. Es decir, todo en el SMP CDMX está politizado y no ciudadanizado.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no dice que un Consejo Ciudadano pueda dar seguimiento y evaluar a la defensoría de las audiencias de un medio. Sí dice que “la actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia”.
La legislación también señala que “el defensor de la audiencia se sujetará, exclusivamente, al Código de Ética del concesionario, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en su caso, prevea el propio Código de Ética”. Pero el Código de Ética del SMP CDMX no le otorga a su Consejo Ciudadano la atribución de seguir y evaluar al defensor, por lo que se trata de una facultad arbitraria que atenta contra su autonomía e imparcialidad y politiza su actuación.
Además, el nombramiento de la Defensoría de Audiencias tiene el agravante de que es designada por el Órgano de Gobierno a propuesta de la Dirección General, en lugar de que sea resultado de una amplia convocatoria y no de una designación directa de la dirección en turno.
Una de las principales funciones de un consejo ciudadano es asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del medio de comunicación público. Pero pareciera que los cinco consejeros del SMP CDMX se postularon sin conocer las evidentes transgresiones a la Constitución capitalina del decreto de Sheinbaum que lo crea. ¿Cómo pueden ser consejeros de un medio público viciado en su diseño institucional que no cumple con lo más elemental del servicio público?
No sorprende que la Encuesta Nacional de Confianza y Percepción de los Medios de Comunicación en México de la Unesco revele que los mexicanos tienen mayor desconfianza en los medios públicos (40%) que en los privados (37%). Es ridículo, ilegal y dañino para Capital 21 que Sheinbaum se apodere del medio y lo convierta en una plataforma oficialista y propagandística. Es increíble que un consejo ciudadano lo legitime. Es inaceptable que cinco comunicadores no se hayan enterado.
Arsenal
El boleto de Alito tiene fecha de regreso. “Estoy dispuesto a dar la vida”, dice
Francisco Garfias
Excelsior
No es fácil defender a Alito Moreno. Sabemos de sus excesos, sus múltiples propiedades, sus negocios oscuros, sus desplantes, su aferramiento a la silla de la presidencia del PRI, a pesar del notorio achicamiento del otrora partidazo.
Pero, ciertamente, es una cobardía no decir nada de las violaciones a su debido proceso con filtraciones de comprometedoras llamadas privadas por parte la mismísima gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores.
Layda sabe que es ilegal difundir esas llamadas obtenidas en forma oscura. No le importa. Las ha utilizado en su semanal programa de televisión llamado Los Martes del Jaguar. Ese programa ha ganado rating, a nivel nacional, por difundir los supuestos trapos sucios de Moreno Cárdenas.
Sin importar la presunción de inocencia, lo exhiben como transa, hambreador de periodistas y, ahora, como potencial chantajista de los empresarios más poderosos del país. Alito dice que los audios están editados.
A una de sus propiedades entraron los agentes por la fuerza. Usaron un ariete para romper la puerta, como si fueran detrás de un peligroso capo de la droga.
Lo grabaron y lo difundieron. Entraron para revisar los materiales que se utilizaron para construir la lujosa residencia, según el fiscal estatal, Renato Sales.
El que no vea la intención política que hay detrás de esta campaña que ha destrozado la imagen y los sueños de candidato presidencial que tenía Moreno no está miope, está ciego.
¿Ya se les olvidó el amenazador recado que le pasó su amigo Manuel Velasco a Moreno cuando se iba a votar la reforma eléctrica y AMLO estaba desesperado por los votos del PRI en San Lázaro? Le dijo el senador del Verde: “Si no jalas, se van a ir con todo”.
*Nos mensajeamos ayer con Alito Moreno después de la muy buena entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Desde Ginebra, Suiza, le dijo al gran comunicador que tendrán que matarlo para callarlo.
—Hay quien especula que ya no regresas —le escribimos.
—Para nada. Soy un mexicano que ama su país con decisión y carácter. Nos vamos a regresar la próxima semana. Estamos defendiendo la democracia. No nos vamos a echar para atrás.
Sin mediar pregunta agregó: “Éste es un gobierno represor y autoritario. Quieren instaurar una dictadura. No lo permitiremos”.
Alito anexó un tuit que subió en el que aparece fotografiado con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, organización integrada por 113 partidos políticos, con quien acababa de entrevistarse.
Y más adelante:
“Esto es una persecución política. Amenazas de muerte a mí y a mi familia. Ya lo he hecho público. La gobernadora se burla de la ley. Dice que mientras no le llegue una notificación, ella va a seguir sacando cosas ilegales.
“Es una guerra de odio montada en mentiras. Eso sólo ocurre en una dictadura. Yo estoy firme. Voy a defender la democracia. Tengo esposa, tengo hijos y aunque se vienen con todo y contra todos, estamos dispuestos a dar la vida por México y por el respeto a los derechos y las libertades.
“Si rompen la coalición desaparece la oposición. Eso es lo que quieren. No hay que caer en ese juego… Tener miedo y la autocensura es lo peor que le puede pasar a México”, remató.
*Los dirigentes estatales del PRI, en una carta abierta, acusaron al presidente López Obrador de degradar la aplicación de la ley y usar la fuerza del Estado para aniquilar a sus adversarios.
En la sesión de la Comisión Permanente el caso Alito fue tema recurrente. Morena lo usaba para desprestigiar a la oposición. Priistas y panistas, para denunciar el uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Del largo debate, me quedo con una frase del senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín, que sintetizó la realidad del país: “Hay casas de todos los colores”.
*“No mames, cabrón, no mames. ¿Ignorancia? La tuya…”, decía, en voz alta, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, mientras observaba la intervención en tribuna de Gerardo Fernández Noroña en el monitor de la improvisada sala de prensa que hay en el patio del Senado (Covid obliga).
Noroña decía que AMLO había entregado “en tiempo y sin deudas” la refinería de Dos Bocas y que “está terminada”.
Xóchitl recordó que Dos Bocas ha costado 80 mil millones de pesos más de lo presupuestado originalmente, y contando… “Eso es más que todo el presupuesto para Puebla”, destacó.
Número cero
¿Diálogo AMLO-Iglesia sobre política de seguridad?
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La confrontación con la jerarquía de la Iglesia católica podría dar paso a la apertura de un diálogo que, por primera vez, siente al gobierno de López Obrador a discutir la estrategia de seguridad. Sus expresiones de disposición no son asunto menor cuando éste ha sido un territorio vedado a la discusión con cualquier sector. Entre los líderes religiosos piensan con moderado optimismo que de la violencia surge un atisbo de esperanza para tratar “conjuntamente” de recuperar la paz.
El país necesita abrir oportunidades a la paz, que permanece como una de las promesas incumplidas de López Obrador. El proceso, si llega a concretarse, apenas camina con gestos para distender el enfrentamiento por los cuestionamientos desde el clero a la política de seguridad tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.
Una rebelión desde los púlpitos es un riesgo que el Presidente no puede permitirse sin arriesgar su popularidad y abrir nuevos frentes a la violencia para sumar más víctimas.
La Iglesia ha decidido no dejar pasar esta coyuntura por creer que la indignación por la violencia les abre una puerta para incidir en el esfuerzo de construir una paz estable y duradera.
Por su parte, López Obrador reconoce que no puede darse el lujo de confrontarse con ninguna de las iglesias como con otros actores sociales, porque está en juego el poder simbólico en que descansa la narrativa de esperanza en su proyecto de transformación. Tras atacarlos como un sector “apergollado” a la oligarquía o llamar “hipócritas” a los jesuitas por reclamar cambios en seguridad, el Presidente ha dado señales de atemperar el conflicto y ofrecer trabajar “conjuntamente” por la paz. Las encuestas indican una creciente reprobación a su política de “abrazos, no balazos” contra el crimen de varios puntos arriba (67% según El Financiero) sobre su popularidad (57%).
La Iglesia también ha moderado sus críticas desde las más ácidas que en las horas de dolor le reclamaron que los “abrazos” no alcanzan para tantos “balazos” por el asesinato de los jesuitas, pero sin deponer la demanda de revisar la estrategia. Y éste es el punto en que las perspectivas del diálogo son más inciertas. ¿Hasta dónde está dispuesto a escuchar y cambiar una postura cerrada a cal y canto, como si la única alternativa equivaldría a regresar a la “guerra contra las drogas”? La intolerancia con la crítica y la ausencia de matices para revisar sus resultados hace que el trabajo “conjunto” por la paz sea una tarea muy complicada.
Por supuesto, mucho más compleja si se negara a escuchar o reduce el diálogo a apaciguar las críticas, como ocurrió en la campaña cuando ofreció un proceso de pacificación y justicia mientras preparaba profundizar la militarización. El Presidente se ha confrontado con todo aquel que discrepe de una estrategia que, en los hechos, ha significado una tregua tácita a los grandes cárteles con la esperanza de reducir la violencia. Pero sin éxito, porque interpretan la no confrontación como la decisión del Estado de “dejar hacer, dejar pasar”, mientras crece la indignación por la injusticia en el resto de la sociedad.
La jerarquía católica ha convocado una jornada de oración el próximo domingo para reconocer a las víctimas y presionar por un “diálogo social” que incluya a otras iglesias y actores, como plantea en una inusual cuarta firmada por sus principales liderazgos. ¿Cuál es su capacidad? El impacto de la movilización es algo que está por verse, pero el gobierno estará muy atento a su desarrollo para definir el formato y el alcance de la discusión. El primer escollo será superar la desconfianza de la 4T con algunos sectores de la Iglesia, a los que reclaman su silencio frente a la “guerra contra las drogas” de los últimos gobiernos o en la impugnación de la elección de 2006. El Tribunal Electoral recientemente sancionó a varios ministros de culto por promover el voto contra Morena, incluido el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, lo que también es un obstáculo para el diálogo, a pesar de que la Iglesia es heterogénea y hay diversas posturas frente al gobierno.
En cualquier caso, el clero parece decidido a no soltar el micrófono y hacerse oír como, en efecto, no se había visto con ninguno gobierno anterior, aunque hace mucho la violencia amenaza con instalarse de forma estable y duradera como sucedió en Colombia.
Astillero
Sansores Productions y Murat // Alito, víctima y socialista // ¿Cuántos capítulos más? // Ken: dudar como coartada
Julio Hernández López
La Jornada
Ribetes de surrealismo en los episodios semanales de la audionovela denominable Las andanzas criminales de Alito, difundida por Sansores Productions (casa largamente especializada en asuntos de poder político y riqueza patrimonial): el villano de la historia, jefe de uno de los bandos en pugna en la nada campechana política de Campeche, y aparente traidor de pactos energéticos al más alto nivel nacional, se codeaba en Europa con miembros de ¡la Internacional Socialista! (en viaje transoceánico en el que le habría acompañado otro líder proletario, Santiago Creel como alias para la clandestinidad), mientras en México se difundía una grabación en la que se le escuchaba, entre auténtico mafioso y falso reivindicador de clase, con intenciones de apretar a los grandes capitalistas de la nación. Oh, sí, el comandante Alito convertido casi en Brigada Priísta de Ajusticiamiento Extorsionador.
La contraparte sonora de la filtración de este martes fue adjudicada a un priísta de larga y polémica historia, José Murat Casab, según el reporte oficial del jaguar laydino, que es un virtual boletín de comunicación social del Gobierno de Campeche. Alito, de apellidos Moreno Cárdenas, y Murat habrían sostenido (según las dispersiones auditivas de Layda) un diálogo cargado de crudeza verbal y de retorcido pragmatismo político, en el que desfilaron los propietarios de algunos de los principales capitales de la nación.
José Murat preside a la fecha la Fundación Colosio del PRI, según reza la autodescripción en su cuenta tuitera (@pepemuratmx); ha ocupado varias veces asientos en las cámaras federales y gobernó Oaxaca de 1998 a 2004.
Ha de recordarse que Murat Casab logró sortear la original animadversión del peñismo cuando propuso y operó el Pacto por México, y que su hijo Alejandro, gobernador saliente de Oaxaca, parece estar en las preferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando menos en materia de visitas a la entidad. Así que tiene miga el revire ante la difusión del audio mencionado: el presunto interlocutor de Alito afirmó que no ha participado en ninguna conversación de ese tipo y habló de un espectáculo circense y sensacionalista, mala fe, manipulación mediática y conspiración.
Alito y Murat Casab han compartido tramos de historia priísta. El segundo es mencionado con frecuencia como especie de tutor o impulsor del primero y como concertador de voluntades priístas y morenistas para dar viabilidad a proyectos de la llamada Cuarta Transformación. Alejandro Murat ha anunciado, en no muy disimulada cabalgata troyana, que buscará la candidatura presidencial del PRI para 2024, en un lance divisorio (contrario al diseño elaborado por Claudio X.) que no es mal visto en Palacio Nacional.
¿Cuál será el resultado de estos choques, deslindes y reacomodos en las élites priístas y en su relación con segmentos secundarios del obradorismo (el sansorismo hoy tan estridente, tan de espectáculo) y con el núcleo central de Palacio Nacional? ¿Caiga o no caiga Alito en la cárcel, se está ante un escenario de derrumbe de la trinidad anti-4T fraguada por Claudio X. ante la imposibilidad ética de sostener a su aliado tan evidenciado? ¿Habrá revire contra la familia Sansores, cuyo patriarca fue gobernador de Campeche, presidente nacional del PRI y director del Issste? ¿El camaleonismo y las historias oscuras de los Murat terminarán sirviendo a los propósitos de la 4T, al amparo de que el fin justifica los medios? No se pierda los próximos capítulos.
Astillas
Se habla de las presuntas dudas en Estados Unidos respecto a la conducta del embajador Ken Salazar, casi capturada por el seductor Presidente de México. Vale también preguntarse si no se estará ante una maniobra a la inversa: acusar de entrega a quien en realidad ha sido el diplomático gringo más injerencista, señalar como débil a quien ha fortalecido los intereses empresariales de Estados Unidos incluso en zonas de seguridad nacional, como es el sur del país y algunos de sus principales proyectos estratégicos (Tren Maya, Corredor Transoceánico).
México SA
AMLO va por acuerdo migratorio // Oferta buena para ambos pueblos // Francia: nacionalización total
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
En cuestión de días –cinco, para ser preciso– se reunirán en la Casa Blanca los presidentes López Obrador y Biden, y aunque bien a bien no se conoce el detalle de la agenda del encuentro, el mandatario mexicano adelanta que el tema migratorio será central, toda vez que son momentos de tomar decisiones (especialmente si se conoce que unos 40 millones de paisanos viven en la nación del norte) y hay que enfrentar todas las resistencias. Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente.
Sexenio tras sexenio el gobierno mexicano ha intentado –algunas veces en términos reales, otras, la mayoría, sólo de forma retórica– alcanzar un acuerdo migratorio con el vecino del norte, pero todo ha sido rechazado por los gringos. La excepción fue el Programa Bracero (lo firmaron Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt), como excepcional fue la decisión estadunidense de procurar mano de obra mexicana, porque la propia peleaba su guerra en el Pacífico y después en Europa. Este acuerdo bilateral se prolongó 22 años (1942-1964). Con Canadá, México mantiene, desde la década de los 70, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que resulta muy limitado, pues la cuota autorizada ronda 25 mil personas por año.
Por ello el presidente López Obrador acudirá a la Casa Blanca con una propuesta concreta que es buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración, especialmente si se considera que hay una crisis mundial y hace falta tomar decisiones. Se trata de ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio, y a legalizar la contratación de trabajadores. Que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos. Y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no sólo para campesinos, para obreros, para profesionales, para mucha gente.
Desde luego, la permanente negativa del gobierno estadunidense a firmar un acuerdo migratorio repercute en beneficios –ilegales a todas luces– para los patrones del otro lado, quienes reclutan mano de obra mexicana a un costo mucho menor que el que les representaría contratar trabajadores estadunidenses. El propio López Obrador subrayó que desde hace mucho tiempo se mantiene una política injusta de pagar menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. ¿Cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo?, y como ejemplo citó lo siguiente: “Hay mucha simulación en este tema, como en otros, pero sólo menciono una: si ustedes van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurante, puede que esté vacío, que sólo haya dos mesas ocupadas, o tres, y no les den servicio teniendo las mesas vacías, y la persona que atiende les dice: ‘No podemos darles el servicio porque no tenemos trabajadores de cocina ni trabajadores que atiendan las mesas’. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, ¿por qué negar este hecho real, la falta de trabajadores, y al mismo tiempo impedir que lleguen migrantes?”
Se trata de asuntos de Estado que hay que resolver sin importar lo que diga gentuza como los senadores gringos Bob Menéndez, Ted Cruz y otros de la misma calaña, en el entendido de que hay que transformar, porque si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar la decadencia; es un proceso de degradación progresivo.
En fin, habrá que ver los resultados, pero en vía de mientras López Obrador detalla que mi planteamiento es más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento, respeto a nuestra independencia. Esto que no entienden los del New York Times, que creen que somos colonia. Pero eso no significa que no podamos ponernos de acuerdo. Además, son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera. Hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, a la cuestión migratoria, pero se requiere de tomar decisiones.
Las rebanadas del pastel
¡Zas! ¿Qué dirán los defensores de las leyes del mercado, la libertad empresarial y la participación del Estado cuando menos, mejor? El gobierno galo, que preside el derechista Emmanuel Macron, anuncia la nacionalización total de la energía eléctrica y detalla que de forma inminente controlará 100 por ciento del capital de la empresa Electricidad de Francia. La crisis energética no anda en burro.
