Lo que dicen los columnistas

Arturo Zaldívar: ¿puede ser Fiscal General de la República?

Ernesto Villanueva

Proceso

Ha trascendido en medios la eventual designación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como titular de la Fiscalía General de la República en el hipotético supuesto de que ese cargo estuviere vacante. Al margen de las consideraciones metajurídicas sobre la pertinencia o no de esa especie, es importante hacer las precisiones siguientes:

Primera. Sin duda, el ministro Zaldívar cuenta con las prendas profesionales para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, lo que se deduce de su pericia jurídica y experiencia en la administración de justicia. Es tema de debate – y cada uno tiene derecho a tener y expresar su propia opinión- sobre si fuese o no un Fiscal General independiente o no del Poder Ejecutivo Federal. Este aspecto, sin embargo, es el menor de las aristas que debe ser objeto de reflexión en la agenda de la discusión pública. Debe partirse de lo primero para analizar lo segundo. En efecto, el punto medular no es si es buena o mala esa posible designación, sino apuntar que el ministro Zaldívar se encuentra impedido para ser Fiscal General de la República, aun si renunciara a su cargo para tal propósito

Segunda. Es conveniente subrayar lo dispuesto por el artículo 101, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.” (cursivas mías). No se requiere mayor ejercicio de interpretación para afirmar que el Fiscal General (o estatal o incluso un agente del ministerio público) no puede cumplir con sus atribuciones sin poder ejercer la potestad de accionar el derecho ante el Poder Judicial de la Federación para la defensa del interés común, la defensa del Estado de derecho y poner en práctica el mandato que establece el artículo 21 constitucional sobre el papel del Ministerio Público en materia penal.

Y es que el artículo 102, fracción VI, párrafo segundo constitucional prescribe que: “Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.”

Tercero. Por lo anterior, debe reiterarse que no es dable que el ministro Zaldívar, aunque deje su cargo en la SCJN, pueda ser designado conforme al procedimiento que establece el propio artículo 102 de la Constitución. Ya entrados en el tema, hay quienes aseguran que el impedimento establecido en el referido artículo 101, fracción II del máximo ordenamiento nacional se podría obviar siendo ungido como encargado de la FGR (suponiendo que el Senado no se ponga de acuerdo para enviar al Presidente de la República los elegibles para el cargo y éste estuviere disponible). Ya sea como titular o como encargado de la FGR se requiere que quien esté a cargo pueda hacer cumplir la “persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal” a que se refiere el ya mencionado artículo 102, fracción VI constitucional.

Sería un despropósito considerar una interpretación según la cual el impedimento mencionado fuera compatible con el texto constitucional si fuese “encargado” del despacho. Empero no se advierte problema, al menos legalmente, para que, si lo considera pertinente, el ministro Zaldívar renuncie a su cargo por “causa grave” a la luz de lo establecido por el artículo 98 de la Constitución Federal y espere por dos años para que termine el impedimento que le impone el precitado artículo 101, fracción II constitucional para que pueda ser considerado por el Senado de la República (siempre y cuando, por supuesto, hubiera ausencia de titular de la FGR) como integrante del universo de elegibles para ser Fiscal General. Por ahora, sería toda una odisea jurídica sin precedente forzar una interpretación para que el interés público se sujete a los intereses personales o políticos. De ahí que sería urgente y laudable que el propio ministro Zaldívar haga la aclaración respectiva.

Arsenal

Apología del odio

Francisco Garfias

Excelsior

Extremadamente peligroso. Ya circulan fotografías de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Arriba de la imagen se lee: “¡Traidor a la patria!”. Abajo, la sentencia: “La historia los juzgará”.

Morenistas y rémoras que los acompañan copiaron el estilo del viejo oeste con los afiches de “se busca” y la recompensa por información del forajido.

Los responsables de la campaña tienen nombre y apellido. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y la senadora Citlalli Hernández.

Apenas se desechó la reforma, por no alcanzar la mayoría calificada requerida, empezaron las amenazas.

Delgado invitó a los legisladores de Morena a “informar”, en los seis estados donde habrá elecciones de gobernador, lo que hicieron los diputados vendepatrias, para que el próximo cinco de junio la gente lo considere a la hora de votar.

“Morena tiene que aprender a procesar sus derrotas en código democrático. No se puede procesar una derrota en la violencia y el odio. Apelar a la traición a la patria es una práctica fascista”, nos dijo el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza.

Y más: “Esa campaña de Morena es la apología del odio. Es bordar, ya no en la polarización, sino en la construcción de la violencia. La traición a la patria es un delito”, destacó.

El diputado panista Santiago Creel, uno de los que votó en contra de la reforma eléctrica, también habló del tema. “La violencia empieza con la palabra y luego, irremediablemente, se sigue con los actos”, advirtió.

Más adelante señaló que campañas como la orquestada por la dirigencia de Morena pueden poner en riesgo la integridad física de una persona, de una familia. “Eso es lo que no me gusta”, subrayó.

* Muy comentada en los corrillos del Senado la presencia, la semana pasada, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la representación de La Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa.

En boca de senadores escuchamos calificativos como “oportunismo político”, “simulación”. Sus críticos destacan, sobre todo, que no profesa la religión católica y que pertenece a un gobierno que se supone laico.

Es la primera vez que un jefe de Gobierno asiste a un acto masivo de carácter religioso. Aspiración presidencial obliga.

* Circula un audio con una voz masculina en la que se escuchan ofensas dirigidas contra la candidata de la coalición Va por México al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández, exmilitante del PVEM. El audio es precedido por un letrero enmarcado que dice: “Voz de Jorge Emilio González”.

En el entorno de la candidata de Va por México en Quintana Roo nos adelantan que presentarán, ante la Fepade, una denuncia en contra de González —en otros tiempos conocido como El Niño Verde— por violencia política de género. Aseguran tener todos los elementos probatorios.

El audio estaría basado en una plática de mensajería instantánea entre el patrón del Verde y la hoy candidata del PAN-PRI-PRD, en el marco de su dimisión al “Ecologista”. La voz masculina lee un texto supuestamente de Laura y, al comentarlo, dice: “La mujer, por ser mujer, ya no hay pedo. Imagínate cabrón, está pendeja…”.

* El golazo que le metió la Fiscalía Anticorrupción de Morelos al gobernador Cuauhtémoc Blanco puede costarle el partido de su vida: la gubernatura y hasta la cárcel.

La Fiscalía presentó el lunes tres denuncias por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y fraude procesal. Lo hizo en el Congreso local que, hoy por hoy, tiene mayoría opositora.

Al inicio de la Legislatura, el Congreso de Morelos se dividía en partes iguales. Había 10 diputados de Morena, PES y PT afines a Cuauhtémoc. Los otros 10 son del PAN, PRI, PRD, MC y Nueva Alianza.

La muerte reciente del diputado Juan José Vázquez dejó en minoría al bloque oficial. El debate, ayer, era si con diez es suficiente para desaforar al gobernador o si se necesitan los once votos fundacionales para proceder.

Cuauhtémoc ya habló del tema. Dice que hizo un convenio durante la campaña, que avalaron el PES, el PT, Morena y Redes Sociales Progresistas, para librar los procesos judiciales. Jura que no tiene nada que esconder.

Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción, asegura, sin embargo, que hay incongruencia en lo que Blanco ganó y lo que tiene en sus cuentas bancarias.

En cuanto a la falsedad de declaraciones, explicó que el exfutbolista no cumplía con la residencia para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca.

México SA

Golpazo a oposición vencedora // SCJN: firme, Ley Eléctrica 2021 // Senado avala: litio para México

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Se creyó rotundamente vencedora y lo celebró hasta la ignominia, pero en plena cruda la patética oposición, Sociedad Anónima, apenas registró que los dos elementos torales de la reforma constitucional que el pasado domingo rechazó han sido avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por el propio Congreso, al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promulgada el 9 de marzo de 2021 y aprobar los cambios a la Ley Minera en materia de litio, respectivamente.

A esa oposición arrogante y rabiosa la fiesta le nubló la vista, por lo que, una vez más de forma arrebatada, intentó, como último recurso, poner en entredicho la validez de la citada decisión de la SCJN y con cuentas mafufas pretendió cuestionar la validez de la votación del máximo tribunal del país. Para ello utilizó como uno de sus operadores a un ultraderechista ex ministro de esa instancia, quien recorrió los medios de comunicación afines para hacer el trabajo sucio e intentar sembrar la duda.

Pero se le apestó, porque la SCJN no sólo reafirmó la constitucionalidad de la citada ley de marzo de 2021, sino que mandó a paseo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, defensora de las empresas), organismo que promovió una controversia contra esa ley, pero el máximo tribunal le reviró que la norma impugnada no afecta de ninguna manera su esfera de competencias.

Además, queda firme la desestimación de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que el pleno de la SCJN aprobó en votación económica el acta de la sesión del 7 de abril pasado, ratificando las votaciones de 7 contra 4, que terminaron por desechar la demanda. Cuatro ministros (Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Juan Luis González) anunciaron que presentarían votos aclaratorios, en donde no cambiarán el sentido de su decisión, sólo aportarán más argumentos para fundarla. Con esta ratificación, el máximo tribunal desmontó las críticas que advertían un supuesto error o manipulación en el conteo de los votos de la sesión del día 7 de abril, afirmando que en verdad sí se habían reunido los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional la LIE ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Lo mejor del caso es que el documento de ese grupo de senadores (integrante de la pandilla prianista) para revisar las votaciones (del pasado 7 de abril) ni siquiera iba firmado, requisito indispensable para hacer patente la voluntad del suscriptor, cuestión que se corrobora con la razón asentada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, detalla el acuerdo de la SCJN (ídem).

De pilón, la SCJN sobreseyó la acción de inconstitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el anterior gobierno estatal de Colima, cerrando así la última de las impugnaciones promovidas ante el máximo tribunal en contra de esta norma (ibidem).

Sobre este tema, ayer el presidente López Obrador dijo que los representantes y defensores de la oligarquía están dale y dale de que no se contó bien en la SCJN. No les gustó la decisión de la Corte. Tampoco el resultado en el Legislativo en materia de litio, por lo que a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo; pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya estaba resuelto. Además, se revisarán los ocho permisos otorgados por gobiernos anteriores a empresas extranjeras y nacionales. Se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos.

Y en el Senado, panistas y cabilderos afines descaradamente se revolvían para que los corporativos puedan clavar sus colmillos al litio mexicano. También se les apestó, pero, por ejemplo, Damián Zepeda dijo que es necesario que el gobierno se deje ayudar por los particulares, lo que hace recordar aquello que, en calidad de director calderonista de Pemex, dijo Jesús Reyes Heroles González Garza a la hora de justificar la presencia de la oligarquía en la ex paraestatal: hay que hacerse acompañar de inversionistas privados, y los neoliberales –como en la minería y tantos otros sectores– abrieron las piernas… perdón, las puertas.

Las rebanadas del pastel

¿Quién es, qué hace y a qué intereses sirve el oscuro personaje que sin formar parte de la Secretaría de Economía se ha convertido en la sombra de Tatiana Clouthier? Se llama Pedro Cámara y supuestamente se dedica a la promoción de alcaldes y gobernadores.

Rosario, madre y maestra de la esperanza

Abel Barrera Hernández*

La Jornada

En su tortuoso caminar por la búsqueda de su hijo Jesús, doña Rosario Ibarra encontró en las madres de Atoyac, de Coyuca de Benítez, San Jerónimo y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, el bastión de su movimiento, que cobró forma en el comité prodefensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos de México. En la Universidad Autónoma de Guerrero, con el rectorado de Rosalío Wences Reza, se impulsó el modelo de universidad-pueblo volcado a los movimientos sociales que se gestaban en el estado y en el país. En esta ebullición política, doña Rosario halló el espacio apropiado para diseminar su lucha.

Celia Piedra y Margarita Cabañas fueron las madres aguerridas de Guerrero que la apoyaron para articular los comités locales con el movimiento nacional de familiares que tomaban las calles para denunciar las atrocidades del Ejército y de la brigada blanca, que operaba en los sótanos de la Secretaría de Gobernación. La huelga de hambre que realizaron en la catedral metropolitana removió los escombros de un poder presidencial decrépito. Su vigor y fragor causaron un impacto internacional que obligó al Ejecutivo federal a emitir una ley de amnistía para liberar a los presos políticos e impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas.

En Guerrero la amnistía rindió frutos con la liberación de varios maestros universitarios como Alejandra Cárdenas, Antonio Hernández, Arturo Gallegos, Eloy Cisneros y Aquilino Lorenzo. Tras la liberación, doña Rosario los instó a que presentaran su testimonio ante el grupo de desaparición forzada de la ONU en Nueva York. Declararon que vieron con vida a compañeros en cárceles clandestinas como a Jaime López Sollano, Luis Armando Cabañas y Carlos Díaz Díaz. La versión del gobierno fue que sus mismos compañeros los asesinaron.

Celia Piedra, con apoyo de Rosario, escudriñaron el caso de su esposo, el profesor Jacob Nájera, quien fue sacado de su domicilio por policías judiciales. Su hija Melina de ocho años fue testigo de la acción criminal. Lograron ubicar a Isidro Galeana Abarca como originario de Corral Falso, quien coordinó el operativo en la comunidad de San Jerónimo. Lo localizaron y lo encararon. Les confesó que tuvo que cumplir una orden superior y que efectivamente se había llevado a Jacob, pero que la instrucción que recibió fue que lo entregara al Ejército en Atoyac. Así se urdió el modus operandi de las desapariciones forzadas en Guerrero. La brigada blanca ubicaba a las víctimas, aseguraba el lugar y de manera intempestiva sometía a los luchadores sociales para entregarlos a los militares. Generales como Acosta Chaparro se encargaban de torturarlos y de dar las órdenes para desaparecerlos.

Como senadora, doña Rosario acompañó a los normalistas de Ayotzinapa, que en 2007 se movilizaron para que los egresados contaran con plazas seguras. Fue madrina de generación de 120 jóvenes que vieron en ella a la interlocutora más idónea para establecer un diálogo con el gobernador Zeferino Torreblanca. Ella conoció el plan de gestión que elaboraron los egresados y el plan de acción que emprenderían si no encontraban una respuesta favorable. Su visita a la normal en junio de 2007 fue premonitoria de la violencia que se suscitaría el 14 y 30 de noviembre siguiente. Esta represión fue la antesala de la brutalidad que emprendió el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el 12 de diciembre de 2011, cuando policías federales y estatales accionaron sus armas contra los estudiantes que habían bloqueado la Autopista del Sol, dejando dos estudiantes ejecutados: Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría Pino. A los tres años ocurriría la desaparición de los 43 estudiantes.

En su discurso de clausura, Rosario dejó claro que su visita a la normal era un reconocimiento a los jóvenes que provienen de comunidades pobres y que luchan para que no desaparezcan las normales rurales. Expresó su solidaridad con sus demandas, principalmente para que los egresados cuenten con plazas, porque sólo ellos están dispuestos a trabajar en regiones inhóspitas, como la sierra y la montaña de Guerrero. Se comprometió a gestionar con el gobernador la asignación de esas plazas. Recordó a su hijo Jesús, al constatar su lucha genuina y su espíritu indoblegable para alcanzar la meta de ser maestros. Rememoró a Guerrero como estado que ha padecido los estragos de la guerra sucia, entidad gobernada por caciques y por generales represores. Aun así, dijo, hay madres valientes que se han unido para buscar a nuestros hijos. Pidió la solidaridad de los normalistas, porque la desaparición de personas afecta a todos.

El 14 de noviembre de 2007, ante la cerrazón del gobernador Torreblanca, los estudiantes de Ayotzinapa con los egresados tomaron el Congreso del estado para emplazar a los diputados a que establecieran una interlocución con el Ejecutivo estatal. La respuesta fue el desalojo violento con policías antimotines, coordinado por el secretario de seguridad pública. La situación se complicó el 30 de noviembre, cuando un contingente de egresados de la normal de Ayotzinapa quiso tomar la caseta de La Venta, en Acapulco. Desconocían que elementos del Ejército llevaban 30 días acuartelados para reprimirlos. Aparecieron con uniformes de la Policía Federal Preventiva; sin embargo, la operación la realizaron fuerzas especiales del Ejército. En el desalojo detuvieron a 56 jóvenes, 28 egresados y 28 estudiantes de la normal. Trasladaron al cerezo de Acapulco a 25 egresados y sólo tres quedaron libres.

Torreblanca demostró su aversión y arrogancia contra la normal de Ayotzinapa al cancelar sus plazas y entregarlas a las otras normales públicas del estado. La senadora Rosario constató el trato hostil de los gobernantes de Guerrero y su perfil sanguinario contra los normalistas. Los ahijados de Rosario con muchas dificultades encontraron trabajo fuera de su estado, porque quedaron proscritos.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero pidió que doña Rosario entregara al doctor Pablo Sandoval Cruz la presea popular por su trayectoria histórica como luchador social y su compromiso probado en la defensa de los derechos de los pobres. También fue homenajeada con la presea popular, elaborada por los alfareros de Tulimán, como reconocimiento de las familias guerrerenses a su trayectoria intachable, como forjadora de un legado intangible que sólo podrá ser coronado cuando se conozca el paradero de su hijo Jesús y de las 100 mil personas desaparecidas en México.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan.