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Francisco propone potente y esperanzadora reforma de la curia

Bernardo Barranco V.

Proceso

¿Francisco será capaz de revertir el descrédito y la pérdida de autoridad moral? ¿Junto con la Iglesia Sinodal, la restructuración de su cuerpo de gestión podrá ponerla a flote de un hundimiento inminente?

El papa Francisco firmó el sábado 19 de marzo una nueva Constitución que reforma de fondo la curia romana. Francisco cumple una promesa, largamente esperada, de poner orden en una burocracia clerical que ha venido cometiendo abusos y ha ejercido el poder eclesiástico de manera arbitraria.

La Constitución Apostólica se llama Praedicate Evangelium (Predicar el Evangelio). Cuenta con 250 artículos. Registra cambios importantes en la estructura y reorganización del aparato de gestión, administración y servicios del Vaticano. La Constitución Apostólica es un texto mediante el cual el papa ejerce el dominio de gobierno para legislar sobre asuntos disciplinarios, de organización, territoriales o doctrinales, así como en cuestiones de la estructura de la curia romana. La nueva Constitución reemplaza totalmente a la Pastor Bonus, publicada por Juan Pablo II en 1988.

La Praedicate Evangelium será obligatoria, entrará en vigor a partir del 5 de junio y regirá en las próximas décadas. La reforma de la curia fue uno de los asuntos considerados prioritarios por los cardenales durante el cónclave de 2013.

¿Cuál es el origen de la reforma de la curia? Nos remontamos a marzo de 2013. Ante la renuncia del papa Benedicto XVI la Iglesia se encontraba convulsionada. Previo al cónclave, los cardenales votantes decidieron discutir los grandes desafíos de la Iglesia antes de elegir al nuevo pontífice. Había una batalla campal en la curia por la lucha del poder y de privilegios. Por ello, los cardenales votantes establecieron las llamadas Congregaciones Generales antes del cónclave, como el espacio para discutir los grandes temas de la Iglesia y así elegir al candidato idóneo y mejor preparado.

¿Por qué reformar la curia? Muchos episcopados acusaban excesivo intervencionismo de la curia vaticana, burocratismo y abusos de poder. Pero el centro del debate fue la despiadada lucha palaciega en la alta burocracia vaticana. Sectores afines a Ángelo Sodano, secretario de Juan Pablo II, contra los sectores encabezados por Tarcisio Bertone, secretario de Benedicto XVI. Lobos contra cuervos. Dichas luchas intestinas desembocaron en traiciones y fuga de información clasificada que incomodaron y expusieron al papa Ratzinger. El episodio se llamó popularmente “Vatileaks”. Ahí se desnudaron ante la opinión pública acciones de corrupción, lavado de dinero, uso y atribuciones indebidas de funcionarios vaticanos, vidas de lujo y extravagancias de funcionarios, y la existencia de varios lobbies gays que hacían de los secretos de alcoba instrumentos para encumbrar a personajes o para destruir trayectorias.

En suma, el momento de la Iglesia previo al cónclave de 2013 era muy preocupante. Estaba también jaloneado por los escándalos de abusos sexuales. Debido a ello, las llamadas Congregaciones Generales no sólo se centraron en la elección de un nuevo pontífice, sino también abordaron graves problemas de la Iglesia. Por ello, los cardenales electores, antes de conocer al sucesor del trono de Pedro, recomendaron poner fin a los escándalos cortesanos, en especial debilitar los diversos grupos de poder antagónicos, poner orden y transparentar las finanzas de la Iglesia, y reformar la curia, entre otros mandatos.

Una de las primeras acciones del papa Francisco, en mayo de 2013, fue establecer una comisión para la reforma de la curia, integrada por respetados cardenales de todo el mundo. A dicha comisión se le llamó el G-9. Por tanto, el resultado de la Constitución es un largo trabajo colegiado y de construcción de consensos.

La nueva Constitución trata de contrarrestar el excesivo clericalismo reivindicado por Juan Pablo II, al cual Francisco cataloga como lastre canceroso en la Iglesia. Francisco reconoce la sentencia del también jesuita cardenal Martini: “La Iglesia está atrasada 200 años”. El papa argentino pretende una Iglesia del futuro, cercana a su misión y a la Iglesia del tercer milenio. Pretende operar cambios profundos y radicales en la curia, destinada a ser un servicio a la misión evangelizadora de la Iglesia y no más una estructura de poder. Afecta diversos roles y funciones tradicionales. Fusiona y compacta diversas estructuras con la finalidad de adelgazar y economizar la burocracia vaticana.

Con la nueva Constitución Apostólica, por ejemplo, laicos y fieles hombres y mujeres podrán ser nombrados en el cargo de gobierno de la curia. Bastará ser bautizado para que laicos ocupen cargos de gobierno. ¿Estamos ante la revolución del papa Francisco? En todo caso Francisco está empeñado en renovar su Iglesia.

Uno de los cambios más significativos recae en la Secretaría de Estado. Anteriormente dotada de gran poder y vastas líneas de incidencia, ahora tendrá la función de “secretaría pontificia” y de “asistir de cerca al romano pontífice en el ejercicio de su suprema misión”.

Otro gran cambio de la reforma de la curia romana está en la transformación de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora será el “Dicasterio para la Evangelización”, que será presidido directamente por el papa.

En la nueva curia romana diseñada por la Constitución nace un nuevo “Dicasterio para el Servicio de la Caridad”, también llamado Limosnería Apostólica, como dice el texto: “Expresión especial de la misericordia y, a partir de la opción por los pobres, los vulnerables y los excluidos, lleva a cabo la obra de asistencia y ayuda hacia ellos en cualquier parte del mundo”.

Se crea la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores. Se lee en el documento que los miembros de la comisión “son nombrados por el romano pontífice por cinco años y son elegidos entre clérigos, miembros de institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y laicos de diversas nacionalidades que se distingan por sus conocimientos, probada capacidad y experiencia pastoral”. Igualmente, en la administración y gestión de los recursos se estrenan estructuras.

A reserva de hacer una lectura más fina del texto, retomamos la sensibilidad de Francisco, quien en el preámbulo afirma: “La reforma no es un fin en sí misma, sino un medio para dar un fuerte testimonio cristiano”.

En efecto, la reforma sirve “para favorecer una evangelización más eficaz; promover un espíritu ecuménico más fecundo; para fomentar un diálogo más constructivo con todos”.

¿Francisco será capaz de revertir el descrédito y la pérdida de autoridad moral? ¿Junto con la Iglesia Sinodal, la restructuración de su cuerpo de gestión podrá ponerla a flote de un hundimiento inminente? Al entrar en el décimo año de su pontificado, Francisco promulgó la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium que cambiará la fisonomía del gobierno central de la Iglesia católica durante muchas décadas.

Arsenal

¿Un caballo de Troya en el bloque opositor?

Francisco Garfias

Excelsior

El presidente López Obrador habla como si la reforma eléctrica ya fuese una realidad. El Poder Legislativo no la ha aprobado aún, pero el mandatario es categórico en sus afirmaciones.

“La reforma se queda como está”, dijo en la mañanera de ayer. La pregunta es si esa seguridad con la que se expresa es respaldada por información que ya tiene o sólo es discurso.   

La iniciativa propone entregar, por medio de la CFE, 54 por ciento de la distribución de la energía eléctrica al Estado, y dejar 46 por ciento a los generadores privados. Si se aprueba, desaparecen la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace.

Se trata de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada –dos tercios de los legisladores presentes– para ser aprobada. Los votos de la mayoría oficialista no alcanzan. Se necesita que 56 diputados de oposición la respalden para que se apruebe en la Cámara baja.

PAN, PRI, MC y PRD han reiterado públicamente que, tal como está, votarán en contra. La cúpula del tricolor ha agregado otra condición: que se discuta después de las elecciones para gobernador en junio.

* Hay dudas fundadas sobre la postura final del otrora partidazo. Están alimentadas no sólo por la propuesta de reforma eléctrica –parecida a la de AMLO– que presentó, dizque a título individual, el diputado priista de Hidalgo Marco Antonio Mendoza.

Mendoza es secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI y está identificado con el jefe de la bancada, Rubén Moreira. Difícil que haya actuado por su cuenta.

Hace días le dimos espacio a declaraciones de la diputada de MC, Ivonne Ortega, exdirigente nacional del tricolor, sobre una presunta negociación del PRI con Morena y sus aliados: la eléctrica por Hidalgo, donde es candidata de la alianza la gobernadora Carolina Viggiano, esposa de Moreira.

La estrategia de la cúpula del tricolor para complacer a AMLO y justificar el viraje, sería dejar a los diputados tricolores “votar en conciencia”, según Ortega.

¿El PRI caballo de Troya en el bloque opositor? En la mañanera de ayer, el Presidente apeló a la conciencia histórica de los legisladores priistas   

“¿El PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad”, dijo.

Y de plano los llamo a “rebelarse” y ponerse del lado del pueblo. “Va a ser una vergüenza que se pongan del lado de las empresas extranjeras”, advirtió.

Ni dibujado.

* La bronca son los costos que pagaría el tricolor si se dobla ante el Presidente. Hay quien sostiene que firmaría su sentencia de muerte.

Para ponerlo en palabras del exdiputado federal de ese partido, Jorge Chávez Presa:

“Ya no habría diferencia entre el PRI y Morena. Al mexicano le gusta lo original, más si lo puede pagar. ¿Por qué compraría un PRI-Rolex de imitación?”, preguntó.

Le pegaría también el tiro de gracia a la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), que es el salvoconducto transexenal para el viejo partido.

La reforma ya está calendarizada. Pese a que aparentemente no hay acuerdo, la iniciativa iría a comisiones el 11 de abril, un día después de la consulta sobre revocación de mandato.

La idea es que se vote en el pleno el martes 12, para que el miércoles esté en comisiones del Senado y se debata en la sesión plenaria del jueves.

AMLO, por cierto, respondió a las inquietudes provocadas por declaraciones de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el Clima, en el sentido de que Estados Unidos formaría parte de una mesa de trabajo para ajustar la reforma eléctrica sin afectar los intereses de los inversionistas de ese país.

“Hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado”, dijo el Presidente.

—¿Y no se aceptó?

—No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara nuestra actuación.

* José Manuel del Río Virgen ya cumplió 103 días en la cárcel de Pacho Viejo, en Veracruz.  Sus hijos lo recordaron en un tuit que postearon desde la cuenta del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. “Seguimos luchando como desde el día uno; él está más fuerte que nunca”, dice el mensaje.   

Son más de 100 días de injusticia, como lo hizo notar el diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez.

“La CNDH ya dijo sobre Del Río Virgen que su detención fue ilegal y arbitraria. Un juez ya concedió su liberación, pero sigue como preso político del gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García”, puntualizó.

México SA

Energía: no más permisos // Prioridad a Pemex y CFE // Corrupción=revocación

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Si el gobierno estadunidense –cuyo enviado llegó a México en calidad de cabildero de las grandes firmas energéticas de su país, con el pretexto del analizar el cambio climático– y los empresarios nacionales –que un día sí y el siguiente también lloran y exigen protección de la Casa Blanca– saben contar, pues que no cuenten con más permisos de explotación en el sector nacional de la energía. Así de nítido, así de puntual.

En una reunión que se prolongó por cinco horas, el presidente López Obrador dijo al citado enviado, John Kerry, que “las nuevas solicitudes o permisos en trámite no se otorgarán –así de claro–, porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad –también claro–, es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación”.

Eso sí, “se respetarán los permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible –esto fue en el sexenio anterior– bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando” (las beneficiarias fueron Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch), y “las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación e inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes, como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol –porque por eso se han clausurado las terminales y por el contrabando–, el mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas -–imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban, construir terminales sin permiso; cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista a esto me refiero–, sólo podrá ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones”.

En la mañanera de ayer, el mandatario dio un repaso sobre el decálogo del gobierno mexicano a la delegación encabezada por Kerry. Entre otros elementos, López Obrador invitó a las petroleras estadunidenses que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México que inviertan, pues con la reforma energética del sexenio anterior se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo, y sólo están invirtiendo dos empresas, ninguna de Estados Unidos. Aun así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas.

En materia de generación de energía eléctrica, dijo, tenemos propuesto un sistema mixto, en el cual la CFE genere 54 por ciento de la electricidad y el sector privado 46 por ciento. El 46 por ciento del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. Sólo el 46 por ciento. ¿Dónde está la estatización, si estamos compartiendo el mercado? No se consideraría en este 46 por ciento a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

No se trata, dijo López Obrador, de una iniciativa estatista ni expropiatoria. ¿Por qué hablamos de esto de la resolución de la Corte? Porque están cancelados los llamados contratos de autoabasto, están declarados ilegales y no podemos violar nuestras leyes. Lo que se busca es rescatar a Pemex y a la CFE, por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal, o la que vive ahora España con un gran impacto para su población.

Y de cereza, López Obrador invitó al partido tricolor a no olvidar que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piense que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¡cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos! ¿En qué se van a convertir? Sin embargo, el problema no es a futuro, sino que forma parte del pasado inmediato y se vive en el presente: desde hace rato los priístas se convirtieron.

Las rebanadas del pastel

Que nunca se olvide: las Malvinas son argentinas.

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