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Una reforma precipitada y viciada

Elisur Arteaga Nava

Proceso

No estoy seguro de que sea políticamente correcto que, a espaldas de los legisladores de oposición, sin un dictamen serio, razonado y consciente y mediante un albazo legislativo, se hayan aprobado fast track las reformas interpretativas. Hacerlo era práctica propia de los conservadores, neoliberales

La semana pasada los diputados de Morena y la menudencia que tiene por cómplices aprobaron dos proyectos de reformas: uno está relacionado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el otro lo está con los artículos 33, párrafos quinto, sexto y séptimo, y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

En el proceso legislativo hubo precipitación; llegó de madruguete, como los que hacía, en sus buenos tiempos, el viejo PRI. De ser aprobadas las reformas resultaría violada la Constitución. En estas notas no voy a hacer referencia a todo lo aprobado. Aludo únicamente al siguiente texto:

“No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

“Tampoco constituyen propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.”

En ejercicio de la facultad de iniciar que les confiere la Constitución Política, los diputados y senadores de Morena y sus cómplices pueden presentar y aprobar leyes y decretos. También promover cláusulas interpretativas de las leyes que emiten. De manera expresa se les confiere la facultad para hacerlo (artículo 72, inciso F). En resumidas cuentas, pueden aprobar esa reforma y todas las leyes que les dé su regalada gana, contengan o no impertinencias, absurdos o vicios de inconstitucionalidad. Para eso están y para eso les pagan sus dietas con cargo al erario.

No estoy seguro de que sea políticamente correcto que, a espaldas de los legisladores de oposición, sin un dictamen serio, razonado y consciente y mediante un albazo legislativo, se hayan aprobado fast track esas reformas interpretativas. Hacerlo era práctica propia de los conservadores, neoliberales, emisarios del pasado y retrógrados. Nada tienen que ver con la 4T. Lo anterior no debería pasar en un estado de derecho. Al parecer, México no lo es, aunque aparenta serlo.

Los diputados de Morena ya lo hicieron. Esperemos que lo mal hecho, de ser ratificado por el Senado, se impugne por las vías de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad o del amparo y, a través de ellos, se pongan en evidencia los vicios de fondo y forma que contiene. Aquí doy algunas ideas a quienes intenten esas vías.

Los legisladores de Morena, en ejercicio de las referidas facultades, no pueden aprobar reformas legales que contravengan un texto expreso de la Constitución.

Me explico:

La Constitución Política, por lo que respecta a la revocación del mandato, dispone, entre otras cosas, lo siguiente: ­artículo 35, fracción IX:

“7º. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación del mandato.

“El Instituto y los organismos públicos, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.”

Respecto de ese precepto existe un dato: fue aprobado en 2018, contando con el voto de los legisladores de Morena. Ellos son corresponsables de su texto; lo conocen y saben cuál es su alcance.

Por virtud de lo dispuesto por ese mandamiento fundamental, la atribución de organizar y difundir el ejercicio para la revocación del mandato corresponde, en forma exclusiva, al Instituto Nacional Electoral. El hecho de que en el precepto se utilice el término “única”, implica que la atribución de realizar la difusión corresponde en forma privativa al INE, con exclusión, tanto de otra autoridad como de otras instituciones, públicas o privadas, personas físicas o morales.

En técnica jurídica, la interpretación de las normas, entre ellas las constitucionales, que prohíben una conducta o que otorgan una facultad o atribución de manera exclusiva a un poder o ente público, se regula por principios de derecho que son propios, entre otros, por los siguientes:

La exclusión que deriva del precepto implica la prohibición de una conducta. Lo es en acatamiento del principio de derecho: Cum quid una via prohibetur alicui ad id alia non debet admitti (Al que se le prohíbe algo por un medio, no se debe admitir por otro).

Los legisladores morenistas, con su reforma, hicieron precisamente eso: con la norma interpretativa que aprobaron, pretenden eludir la prohibición y con ella permitir la realización de acciones que la Constitución prohíbe.

Con el proyecto aprobado por los diputados también se atenta contra el principio jurídico que dispone: Prohibitio aliquo prohibetur etiam id per quod pervinetur ad illud (Cuando se prohíbe una cosa, se entienden prohibidos los medios para ella).

Por último, los morenistas también atentaron contra el principio: Quae rerum natura prohibentur, nula lege confirmata sumt (Lo que está prohibido por la naturaleza de las cosas, no puede confirmarse por ley alguna).

Tratándose de normas que contienen prohibiciones a las autoridades y que aparecen de manera expresa en las leyes, todos, incluyendo a los servidores públicos, más deben optar por interpretarlas de tal manera que se impida, por cualquier vía, la realización de actos que desvirtúen la prohibición. En ese supuesto, las prohibiciones son de interpretación amplia.

Más debe optarse por una interpretación amplia, cuando la prohibición está contenida en la Constitución Política.

Quienes promovieron la adición actuaron con fraude a la Ley; éste se presenta cuando a través de medios lícitos se logra algo que ella prohíbe. En el caso, mediante lo que se afirma será una norma interpretativa, se permitiría a las autoridades algo que la Constitución prohíbe.

En un estado de derecho se entiende que la autoridad siempre obra de buena fe. Se falta a ese principio en los casos en que ella recurre a un subterfugio legaloide, como lo es la cláusula interpretativa, para eludir la prohibición que se deriva del precepto constitucional.

No quiero pensar que los diputados que aprobaron la cláusula interpretativa son ignorantes del derecho. Me inclino por suponer que son, en el mejor de los casos, pícaros. Sus colegas, que sí los conocen, agregan que son perversos, “agachones” y de la “roqueseñal”.

Esperemos que los señores senadores entren en razón y se nieguen a aprobar un despropósito tan censurable como precipitado. Es de desear que ellos, actuando como revisores, no incurran en las mismas precipitaciones en que incurrieron los diputados y enmienden el error en que éstos incurrieron.

De naturaleza política

Abre AIFA sin estar “a punto”…

Enrique Aranda

Excelsior

¿Está a la vista ya el fin de la pandemia?

Lo dijeron antes y…

En medio de toda suerte de críticas e interrogantes sobre su eventual operatividad, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) iniciará actividades este lunes, merced, más al capricho de quien concibió e impulsó la ampliación y modernización de la base militar de Santa Lucia que al término de una obra que, como se ofreció en un primer momento, estaría destinada a resolver de fondo la compleja problemática y optimizar el uso del espacio aéreo en la metrópoli.

Claramente alejada de la capital, con vías de acceso terrestre inconclusas –una de las tres más importantes de reciente asignación– y no más de una docena de operaciones diarias garantizadas, 90% de ellas con destino o punto de despegue en plazas nacionales –Tijuana, Monterrey, Cancún, Villahermosa, Guadalajara y Mérida–, cuando la previsión inicial estimaba más de medio centenar; un hotel en proceso aún de construcción  –“no certificado”, a decir de la autoridad responsable– y un proyecto de desarrollo urbano cuyos cimientos no han sido siquiera delineados, la nueva terminal, una de las obras “insignia” del gobierno de la 4T, mueve más a pensar en problemas cuya paulatina solución exigirá un gasto adicional por parte del erario que, en la opción que más tarde que temprano resuelva la problemática nacional o regional siquiera…

Esta mañana, entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador y algo más de un millar de invitados atestigüen ahí el inicio de operaciones, el arribo o despegue de los primeros vuelos de Aeroméxico de Andrés Conesa, Viva Aerobus de Juan Carlos Zuazua o  Volaris de Enrique Beltranena –o el aún incierto proveniente o con destino a Caracas de la cuestionadísima venezolana Conviasa incluso– deberán tener claro que la realidad integral de la nueva terminal aérea está aún a más de uno o dos años si, como se prevé ahora, la obra estará a punto al cierre de la actual administración sexenal, por no hablar de la eventual rentabilidad de una obra cuyo costo Palacio ubica en torno a los 75 mil millones de pesos, mientras reportes presuntamente elaborados con base en documentos “oficiales” refieren con sobrecostos de entre 30 y 45%.

Existen, pues, dos visiones y criterios sobre una misma obra realizada sí en tiempo récord en lo que a la terminal aérea como tal y las pistas refiere, pero muy lejos de ser terminada en varios aspectos también claves. Al tiempo, entonces…

Asteriscos

* Luego de un largo y fructífero periodo en que la membresía de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos más que se duplicó, Arturo Morales se apresta a dejar en ocho días más la presidencia de la Amelaf en manos de Luis Verduzco, quien, se estima, seguirá promoviendo la afiliación de empresas de capital mexicano. Bien…

* Crecientes versiones, según las cuales, el senador Jericó Abramo Masso podría estar considerando dejar la bancada del Revolucionario Institucional, si en 2023, de nueva cuenta, el comando del tricolor y, más específicamente, el impresentable moreirismo deciden hacerlo a un lado en la puja por la candidatura al gobierno de su natal Coahuila…

La disputa por el poder

Mario Luis Fuentes

Excelsior

Un Estado que no tiene la capacidad de procurar e impartir justicia, de manera imparcial, objetiva y expedita a su población, es uno que abre la puerta al autoritarismo, a la ruptura del Estado de derecho y, sobre todo, a la indefensión de la ciudadanía ante quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos para cada una de las personas que habitamos en el territorio nacional.

Frente a ello es que sorprende el nivel de conflicto que se percibe en el primer círculo del Presidente de la República, justamente en esta materia. Y preocupa, sobre todo, el acelerado deterioro de la credibilidad del titular de la Fiscalía General de la República y algunos de sus funcionarios más cercanos; pues en esa institución se sintetiza el mandato constitucional de la representación del pueblo para1 acceder a la procuración de justicia.

Pero esto no debe llevar a la confusión de asumir que se trata exclusivamente de una cuestión jurídica. Estamos, por el contrario, ante un inéditamente abierto conflicto político, que atenta sobre todo en contra del propio titular del Ejecutivo, pues el pleito es entre subalternos, respecto de los cuales, en distintos momentos, ha dicho explícitamente que confía en ellos porque les considera personas honestas, capaces y comprometidas.

Las acusaciones que se hacen en uno y otro bando son tremendas: traición, extorsión, tráfico de influencias, espionaje e intervención de comunicaciones, uso patrimonialista del poder y mal uso de los recursos públicos, entre otras cuestiones que, de ser una sola de ellas cierta, bastaría para profundizar aún más la crisis política que se observa en el círculo íntimo del Presidente.

Llama poderosamente la atención que el conflicto haya escalado hasta donde está ahora, primero a unas cuantas horas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras cargadas de mayor simbolismo para el Ejecutivo federal, y a unas semanas de uno de sus eventos más importantes en todo su gobierno —el ejercicio de revocación de mandato—.

Esto, porque en el presidencialismo mexicano no se tiene registro, al menos no en fechas recientes, de una disputa tan férrea por el poder, con niveles de publicidad y exposición pública de tal magnitud que compiten y empañan la estrategia de comunicación presidencial. Además de mostrar lo disfuncional de este modelo de gobierno para la consolidación de la democracia y de un régimen auténtico de instituciones al servicio de la ciudadanía, y no del grupo en el poder.

En el presidencialismo del siglo XX se había “instituido” como una tradición de la ritualidad política mexicana, la ratificación de las y los funcionarios del presidente, de la lealtad al proyecto y de un férreo compromiso rumbo al cierre de la administración; pero en esta ocasión, justo al inicio de la segunda y más corta parte del sexenio, estamos ante un conflicto con múltiples aristas que incluyen el espionaje en contra del fiscal general.

Hay aún más problemas que deben hacerse notar, pues este conflicto involucra al titular del Poder Judicial de la Federación, que es justamente uno de los Poderes de la Unión; y que también daña la imagen y confianza de la ciudadanía en el cuerpo institucional de la impartición de la justicia, uno de los bienes más importantes para el bienestar y la seguridad de las personas en un régimen democrático; por ello es urgente que el Poder Judicial marque un tajante deslinde en este diferendo y que garantice, sin lugar a dudas, la división de poderes que establece nuestra Carta Magna.

Consolidar un Estado social de derecho implica contar con instituciones sólidas y funcionales para el ejercicio democrático del poder. Pero hoy estamos ante una posible fractura que podría dañar y limitar por más tiempo la consolidación de un régimen de libertades y capaz de garantizar para todas y todos acceso a condiciones de vida digna, con justicia y bienestar generalizados.

Sabotaje a la ratificación de López Obrador

John M. Ackerman

La Jornada

Como si fuera un partido de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) milita abiertamente contra el Presidente de la República. Desde el berrinche de diciembre sobre la supuesta falta de recursos para el ejercicio de revocación de mandato (https://bit.ly/3wlWqXP) hasta la fecha, sus constantes interpretaciones sesgadas de la normativa constituyen una grotesca violación a los principios constitucionales en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Por ejemplo, hoy atestiguamos un embate sistemático y muy bien financiado, orquestado desde los más altos niveles de la oligarquía nacional, contra la posibilidad de que el ejercicio de revocación de mandato fortalezca al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Los principales medios de comunicación privados han invertido enormes cantidades de recursos para simultáneamente desacreditar los grandes logros del gobierno actual como para desalentar la participación ciudadana el próximo 10 de abril.

La Ley Federal de Revocación de Mandato otorga amplias facultades al INE para poner un alto a la utilización de recursos privados para favorecer una u otra opción o, en su caso, desalentar la participación ciudadana. El primer párrafo del artículo 33 señala que el INE debe garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión sobre la revocación de mandato. Y el cuarto párrafo del mismo artículo indica que absolutamente ninguna otra persona física o moral, que no sea la misma autoridad electoral, puede contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

Sin embargo, los consejeros del INE guardan un silencio sepulcral frente a las graves violaciones a la normativa, demostrando su complicidad con los poderes fácticos y la oposición política que militan contra el Presidente de la ­República.

En contraste, las autoridades electorales han buscado cualquier pretexto para sacar de la manga interpretaciones fantasiosas de la ley con el fin de callar a quienes buscan promover la ratificación del mandato de López Obrador. Su constante censura a las expresiones de servidores públicos, funcionarios partidistas y representantes populares, incluso en espacios privados o estrictamente periodísticos, implica una clara extralimitación de sus facultades legales.

Si esta extralimitación fuera pareja, con una acción igualmente enérgica contra las expresiones de los poderes públicos y los privados, se podría concluir que la institución electoral al final de cuentas estaría actuando de manera imparcial e independiente. Sin embargo, el contraste con la indolencia permisiva y cómplice de estas mismas autoridades frente a las violaciones de los poderes privados demuestra su indignante parcialidad.

En este contexto, es plenamente justificable el decreto aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 17 de marzo que aclara que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni la información de interés público que debe ser difundida de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras precisiones (https://bit.ly/3JsSRTk).

Lo que se busca es apenas equilibrar un poco el tablero del juego en la intensa disputa actual entre los poderes privados y los poderes públicos sobre la revocación o la ratificación del mandato del actual Presidente de la República.

Recordemos que la ciudadanía tiene el derecho pleno de acceso a la información plural y equilibrada necesaria para tomar sus decisiones de manera libre y autónoma. El derecho a la información será garantizado por el Estado, reza el artículo sexto de nuestra Carta Magna. Así que en lugar de limitarse a regañar y a censurar a López Obrador y sus allegados, el INE debe utilizar todas las facultades a su disposición para hacer realidad este importante precepto ­constitucional.

Ahora bien, es importante también ejercer la autocrítica y señalar que no nos encontraríamos en la situación actual si, en su momento, los operadores del partido Morena en el Congreso de la Unión hubieran conducido con mayor tino el proceso de aprobación de las reformas en materia de revocación de mandato.

El hecho que el ejercicio actual no haya coincidido con las elecciones federales de 2021 y además que el INE sea la única instancia a cargo de la difusión de la revocación de mandato, de acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 35, fracción 9 de la Constitución, se lo debemos a nadie más que a Ricardo Monreal y a Mario Delgado, coordinadores de las fracciones parlamentarias de Morena y titulares de las juntas de Coordinación Política respectivas en el Senado y la Cámara de Diputados cuando se aprobó la reforma en 2019.

Monreal y Delgado pusieron la mesa donde ahora se sirven gustosos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

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