Periodistas asesinados… ¿muertos con privilegios?
Homero Campa
Proceso
El “comunicado del gobierno de la República” redactado por el propio AMLO no es un documento que haya transitado los canales diplomático habituales. De hecho, el presidente se saltó a su canciller Marcelo Ebrard para redactarlo y difundirlo.
“Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos —han sido asesinados—, y de esos cinco mil, cinco periodistas”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en “la mañanera” del viernes 11 en referencia a la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia que sufren los periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
En efecto, la comparación es muy mala. Y lo es debido a que desde esa óptica es fácil caer en preguntas como estas: ¿Por qué tanto escándalo por cinco periodistas muertos en comparación con los 5 mil ciudadanos que han sido asesinados? ¿Por qué los casos de esos cinco periodistas deben tener atención especial respecto de los demás? ¿Acaso esos cinco muertos valen más que el resto? ¿Por qué exigen tal privilegio?
La narrativa que minimiza la muerte de periodistas –a la que se desliza peligrosamente el discurso de AMLO— encierra una trampa: desconocer lo que los periodistas representan y lo que el periodismo significa.
Me explico:
Cuando un periodista pierde la vida o es agredido por un robo, un crimen pasional o una venganza personal, el trato que debe recibir es similar al del resto de los ciudadanos. Pero si el ataque en su contra es motivado por su trabajo, entonces se atenta contra principios básicos de una democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión. Estos valores éticos subyacen en el ejercicio de este oficio nuestro y es debido a ello que es muy grave atentar contra los periodistas.
En función de lo que hacen, los periodistas son constructores de democracia. Las agresiones en su contra trascienden a sus personas y se extienden a instituciones y a la sociedad toda. Tan grave es atentar contra los periodistas, como lo es –o debería ser—atentar contra un juez o un defensor de los derechos humanos, o un defensor del medio ambiente. Todos ellos entran en la categoría de personas que el Estado debe afanarse en proporcionar un marco de seguridad para que realicen su trabajo.
En la misma “mañanera” del viernes 11, López Obrador agregó que las muertes de periodistas “no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos, como era antes”.
Pero no hay forma de deslindar al Estado de la situación que padecen los periodistas. Primero porque el 37% de las agresiones contra los colegas provienen de funcionarios públicos municipales, estatales o federales, según ha documentado la organización Artículo 19; segundo, porque en muchos casos, los autores materiales de los asesinatos y atentados están vinculados de algún modo con autoridades locales; y tercero, aún si no hubiera ninguna relación entre criminales y funcionarios, la ausencia de seguridad para los periodistas en activo y de justicia para los agredidos o asesinados sí es una responsabilidad que le atañe al Estado.
No es la primera vez que alguna institución europea o internacional expresa su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México. Los han hecho en repetidas ocasiones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, así como en los informes de los relatores de la ONU en materia de libertad de expresión y en los comunicados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Al suscribir tratados internacionales en este rubro y ser miembros de organismos internacionales, el país y su gobierno –cualquiera que sea su signo— están sujeto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, libertad de expresión y prácticas democráticas. No hay que olvidarlo: tenemos con la Unión Europea un acuerdo comercial que incluye una “cláusula democrática” a cuyo cumplimiento el país se comprometió… ¿o López Obrador la va a desconocer con el argumento que la firmó un gobierno neoliberal?.
El “comunicado del gobierno de la República” redactado por el propio AMLO no es un documento que haya transitado los canales diplomático habituales. De hecho, el presidente se saltó a su canciller Marcelo Ebrard para redactarlo y difundirlo. Se trata de un texto mediático que parece más destinado al consumo interno que al exterior… Pero en el ámbito internacional las palabras tienen peso y las formas y los tonos importan. El presidente puede perfectamente fijar la posición de su gobierno sin recurrir a la rijosidad o a la majadería. Cuando el mensaje es agresivo, cargado de calificativos insultantes, se inhibe el diálogo y el remitente termina aislado: muy pocos quedrán “juntarse” con el “impresentable del barrio”…
México y Ucrania, pueblos hermanados
Julio Faesler
Excelsior
Paso a paso AMLO se debilita. Se advierte en la decisión de los diputados, mayoría de Morena, de posponer la discusión en el Congreso de la reforma de la industria eléctrica en la que AMLO ha invertido tanto arsenal político. Dicho proyecto, al que no habría de movérsele una sola coma, se topó con la suma de oposiciones de empresarios, técnicos y académicos combinada con intereses muy puntales estadunidenses y europeos a los que se añaden urgentes llamados en defensa de la ecología. La obstinación de López Obrador no prevaleció.
El fracaso de algunas de sus decisiones como la del cierre de las escuelas de tiempo completo, fundadas en tiempos del gobierno panista, que suscitó la oposición general por lesionar a las familias de escasos recursos. Quedó claro que una decisión del Ejecutivo federal no prevalece sobre la de los “estados libres y soberanos” que componen México. Querétaro y la Ciudad de México continuarán ofreciendo las escuelas mencionadas. Sólo los estados regidos por Morena se pliegan.
Hay otros casos que revelan la reducción en la aceptación popular de AMLO. Las cuentas de sus tres proyectos icónicos, que exhiben la feria de contratos directos al amparo del interés nacional que han hecho talco sus presupuestos iniciales. El aumento de números de regiones en pobreza extrema, el torpe manejo migratorio y de la atención a la epidemia de covid están a la luz del mundo.
El acuerdo del Parlamento Europeo de antier censurando al gobierno de AMLO por las muertes de periodistas es la más dura que se haya conocido. La patética respuesta del gobierno se limitó a aclarar que los referidos asesinatos no han sido del gobierno. Pero no hay manera de escapar de lo que dice el Parlamento. La incuria oficial justificada en la consigna de no usar violencia impide el uso de la fuerza policial para contener el fenómeno. Para mayor vergüenza hay veces que la propia policía tiene culpa.
Uno de los aspectos de la administración de AMLO es la manera en que reaccionó frente a la invasión de Putin a Ucrania. A casi un mes del evento, es claro el fracaso del “ejercicio militar especial” que Putin lanzó contra la hermana nación. Lo que se creía una blitzkrieg demoledora e instantánea, se topó con la resistencia de un valiente y ejemplar pueblo. La aparición de Volodímir Zelenski como presidente es un milagro. Su carisma se ha sublimado mientras que el índice de popularidad de Vladimir Putin se precipita.
La invasión no va como quiso el dictador del Kremlin. Incluso, el avituallamiento de las tropas no llega a tiempo. En cuestiones diarias y cotidianas, al igual que en sus grandes estadísticas, los regímenes socialistas de corte marxista-leninista no funcionan muy bien. En cambio, las draconianas sanciones comerciales y financieras impuestas a las entidades e incluso a las personalidades rusas, así como excluir a Rusia de la red SWIFT, enlace con todo el mundo financiero, socava las redes de comunicación que hacen posible la marcha de una economía.
Putin dedica su gestión a reubicar a Rusia en el lugar que antes ocupó. Se puede entender, sin embargo, que buena parte del pueblo ruso, hermano del ucraniano, desaprueba el ataque y que queda en duda que siga gobernando hasta 2036 como es su conocida intención. El debilitamiento de Putin es una consecuencia lógica.
El desprestigio que Putin ha vertido sobre su gobierno podrá curarse en la medida que lo decida el pueblo ruso en las elecciones de 2024. La coincidencia con el calendario electoral de México sugiere comentar que el valiente pueblo ucraniano que se ha enfrentado casi sin armas a los tanques, cañones y misiles rusos son un oportuno ejemplo de la voluntad que se requiere para respaldar los ideales. La sociedad mexicana tiene varias pruebas por vencer en su próximo futuro.
Tren Maya: destructivo, ilegal e ilegítimo
Silvia Ribeiro *
El 9 de marzo 2022, un tribunal colegiado otorgó una suspensión definitiva de las obras en los tramos 1, 2 y 3 del mal llamado Tren Maya, tramos que van desde Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán (fase 1). En respuesta, el gobierno federal anunció que de todos modos continuará las obras, desobedeciendo así el mandato judicial y peor aún, violando nuevamente los derechos indígenas de los pueblos afectados por estas obras.
Otro atropello por este proyecto que no es Maya y que tampoco es sólo un tren. Es un vasto proyecto de reconversión capitalista de territorios ancestrales de pueblos indios, que han sido invadidos y saqueados desde la Conquista, pero que siguen resistiendo y defendiendo sus tierras, formas de vida, naturaleza. Un proyecto para facilitar y subsidiar el avance de fábricas de cerdos, plantaciones de agricultura industrial y tóxica, turismo comercial, grandes empresas de energía y otras que expulsan a las comunidades de sus tierras, envenenan sus cenotes, contaminan sus siembras, matan sus abejas.
Denunciar y detener los impactos del tren es crucial porque conlleva impactos ambientales, deforestación, disrupción de la biodiversidad y fauna, contaminación del agua. Pero el proyecto es aún más grave en su totalidad ya que como lo llamó Grain, no se trata de un tren sino de un acaparamiento multimodal de territorios (https://bit.ly/3Kwpdg0).
La sentencia ahora emitida, confirmó una anterior que concedió un amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal en enero 2021, reclamando que la Manifestación de Impacto Ambiental regional (aprobada en noviembre 2020) y las obras que ésta habilitó en esos tramos constituyen violaciones al derecho a un medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos a la información y a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, como indica el Acuerdo de Escazú, aprobado en la actual administración (https://bit.ly/3vYaoir).
El juzgado cuarto de distrito ordenó entonces dejar sin efectos la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) y detener las obras de la fase 1 del Tren Maya, basándose en la necesidad de aplicar el principio precautorio, pues existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, por lo que debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo, en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales.
Semarnat impugnó esa sentencia en abril 2021, en congruencia con la posición expresada en la MIA-R de la fase 1 del Tren Maya, que reconoce que los impactos van mucho más allá del tren, pero que El etnocidio puede tener un giro positivo (sic). Semarnat 2020, MIA-R Tren Maya pág. 1329.
La impugnación fue contestada ahora por el tribunal colegiado, confirmando la suspensión definitiva, que ordena que las obras sean suspendidas hasta la resolución del tema de fondo del amparo planteado por Múuch’ Xíinbal.
Las declaraciones del gobierno de que procederá con las obras pese a la orden del tribunal, son aún más graves a la luz de las organizaciones que presentaron el recurso, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, han sido acosadas por el gobierno como si no fueran defensores de territorio y derechos humanos, llamándoles hasta organizaciones de ultraderecha.
Pese a que sus integrantes han recibido incluso amenazas de muerte, el anterior director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, además de numerosas acusaciones falsas contra las organizaciones, expuso en público a personas que participaron en amparos contra el proyecto, poniéndolos en extrema vulnerabilidad. Múuch’ Xíinbal responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Jiménez Pons por lo que pueda ocurrirles (https://bit.ly/3CCk7MP). También el Equipo Indignación, que ha acompañado a esta y otras organizaciones indígenas en la región en la defensa legal de sus derechos desde hace décadas, contestaron las falsedades, aconsejando al presidente bajarse del helicóptero y conocer quiénes son y la realidad donde trabajan (https://bit.ly/3KBtKOj).
El despecho del gobierno por la sentencia legal de suspensión a favor de las organizaciones indígenas, junto a los ataques y falsedades sobre éstas para justificar la violación legal y de derechos, es aun más grave en el contexto de que México ocupa el segundo lugar global de asesinato de defensores y defensoras de la tierra y que durante la presente administración han aumentado, al tiempo que 95 por ciento de éstos siguen en la impunidad, incluso el de Samir Flores Soberanes, también acosado por el gobierno. (https://bit.ly/3KEPkkW).
Es crucial apoyar a Múuch’ Xíinbal y todas los pueblos y organizaciones indígenas que pese a las amenazas han podido presentar recursos contra este y otros megaproyectos, así como condenar la actitud cínica del gobierno de ignorar hasta las sentencias legales a su favor.
* Investigadora del Grupo ETC.
