Lo que dicen los columnistas

¿Militarizar o democratizar al Estado?

Tonatiuh Guillén López

Proceso

A querer o no, las Fuerzas Armadas avanzan a configurarse como el principal poder político del Estado. ¿Es este el modelo de gestión pública que debe corresponder al desarrollo de la nación?

Particularmente en el contexto de América Latina y en el tiempo contemporáneo, las Fuerzas Armadas de México han destacado como instituciones excepcionales, considerando su estructura orgánica, lealtad, patriotismo, profesionalismo, la reconocida verticalidad de mando y la férrea disciplina, entre otras características de su estructura y funcionamiento. De manera notable, han contribuido con distintas funciones sociales, como las de protección civil cuando hemos padecido eventos catastróficos o en circunstancias cuando la asistencia humanitaria a la población es imprescindible.

En el siglo XXI, por decisión de las autoridades civiles del país, se les ha involucrado crecientemente en actividades de seguridad pública, atendiendo una función que corresponde, por mandato de ley, a autoridades civiles. Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, dicha intervención se asume precisamente por su extraordinaria lealtad y disciplina con la Presidencia de la República, no obstante que la tarea pueda desbordar su mandato o encuentre alguna tensión ante el marco jurídico. En especial, durante el gobierno de Felipe Calderón se impulsó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, abriendo un periodo que no ha concluido y que hoy está más que consolidado.

Para decirlo claro, el “rol ampliado” de las Fuerzas Armadas ha derivado de la franca incapacidad de las autoridades civiles para resolver la crisis de seguridad pública, que hoy es un asunto de extrema gravedad. No fue iniciativa del Ejército ni de la Marina. Es una alternativa que surgió ante la incapacidad, tolerancia o abierta complicidad de las autoridades civiles con eventos y organizaciones delictivas.

Ahora bien, esa incapacidad de la esfera civil del Estado –de los tres órdenes de gobierno– no es casualidad. Se trata de una distorsión acumulada, progresiva, de la clase política en su conjunto, que se expresa en el ámbito de la seguridad pública y en casi todas las demás áreas de la gestión gubernamental. ¿Dónde están las experiencias ejemplares de la administración pública, más allá de eventos o iniciativas individuales? Cada vez el horizonte se nubla más, en prácticamente todas las funciones y entornos de la gestión pública: la municipal, la estatal y la federal.

Es verdad que tenemos un gravísimo problema de corrupción, en gran medida derivado del deterioro de las élites políticas, que a su vez tiene por consecuencia el igual o mayor deterioro de la administración gubernamental. Por esta razón se descompuso el sistema de justicia y de seguridad pública.

La disyuntiva es entonces simple: ¿corregimos a la clase política o, en los casos graves, como es seguridad pública, pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas ante la incompetencia del ámbito civil? La respuesta del gobierno de Felipe Calderón y de los siguientes fue avanzar cada vez más por la segunda ruta.

No se ha optado por corregir a las élites políticas, pues las propias élites lo impiden. No se ha optado por fortalecer los instrumentos de control democrático, tanto en la definición de la representación política –que hacen terriblemente mal los partidos– ni, sobre todo, en el control democrático de la gestión gubernamental.

De un lado, los partidos se han especializado en ofrecer candidaturas de “impresentables”, una y otra vez, en todos los cargos, en los tres niveles de gobierno. Lo contrario es excepcional, lamentablemente. Para comprobarlo, solamente hay que dar un rápido recorrido al panorama que ahora tenemos enfrente. Por su parte, los “impresentables” incorporan en los cargos de gobierno a su contraparte, a personas de su mismo perfil, que terminan por preservar a la administración pública como espacio propicio para el abuso y la irresponsabilidad.

La mala noticia para las Fuerzas Armadas, volviendo al asunto de seguridad pública, es que su intervención confluye con una administración pública proclive al deterioro, que regularmente avanza hacia el lado contrario.

No hay manera de encontrar una salida consistente en este escenario bipolar, contradictorio y cotidiano. Lo corregido de un lado, tiene un péndulo que se descompone del otro.

Evidentemente la salida no es sustituir a la esfera civil del Estado por las Fuerzas Armadas, como pareciera la tentación de coyuntura. La alternativa es construir herramientas democráticas que impidan a los partidos políticos seguir con su ciclo de candidaturas y funcionarios que hemos definido, generosamente, como “impresentables”. Deben reconocer los partidos que así no sirven a la nación, sino todo lo contrario.

De manera paralela, es necesario construir efectivas herramientas de control democrático de las administraciones públicas, en los tres niveles de gobierno y, con extrema urgencia, en el ámbito municipal.

Es decir, la solución no es más Ejército, sino más democracia, efectiva, moderna, cotidiana, que gestione de manera correcta las tareas esenciales, desde la seguridad pública hasta las de desarrollo social, económico y todos los demás asuntos públicos. La ruta que impulsa a las Fuerzas Armadas a asumir más y más funciones del ámbito civil no resuelve el problema de fondo. Pero está construyendo otros.

Hacia el final del actual sexenio, si la tendencia persiste ampliando la incursión de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y en demás funciones civiles, efectivamente estas funciones pasarán al ámbito militar, de facto o eventualmente de jure, si se hacen reformas legislativas. Pero debe tenerse claro que la estructura orgánica del Ejército y de la Marina no los convierten en “civiles” por realizar funciones de esta naturaleza. Su poderosa estructura organizacional, sólida, disciplinada, de mando vertical, como corresponde a su naturaleza, persistirá incluso en el ámbito civil. El ejemplo más claro de lo anterior lo identifico en las actuales tareas que realizan de control migratorio.

Así, la dinámica en curso está construyendo unas súper, híper Sedena y Marina, considerando la larga lista de funciones civiles hoy bajo su responsabilidad, así como la correspondiente absorción de recursos humanos y financieros del Estado, directa o indirectamente. A querer o no, las Fuerzas Armadas avanzan a configurarse como el principal poder político del Estado. ¿Es este el modelo de gestión pública que debe corresponder al desarrollo de la nación? Considerando los eventos en curso, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas del ámbito civil está lejos de ser una circunstancia o acto temporal.

Ahora bien, una vez consolidado el megapoder de las Fuerzas Armadas, ¿cuál será su relación con el conjunto de las instituciones del Estado?, ¿con la próxima Presidencia de la República?, ¿con los controles democráticos de la gestión pública, como la transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo?, ¿estamos caminando hacia un modelo de Estado significativamente diferente al actual?, ¿cuál será el rol de las autoridades civiles?

Al final, el dilema del actual gobierno federal es muy parecido al que abrió el gobierno de Felipe Calderón, pero multiplicado. Si la autoridad civil es incapaz de resolver la problemática de seguridad, que lo hagan las Fuerzas Armadas. Si además de la seguridad pública, la autoridad civil es incapaz del control migratorio, de la distribución de vacunas, de la construcción de obras de gobierno, de la administración de puertos y aeropuertos, entre otras funciones, pues también que lo hagan las Fuerzas Armadas.

Desde hace mucho tiempo lo hemos reconocido todos: la mejor alternativa es consolidar y ampliar los procesos democráticos del Estado, que sigue siendo un gran pendiente para el desarrollo de la nación. Como dijo alguna vez el presidente López Obrador: “Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate a la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones” (Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024). De igual manera, son también ajenas otras funciones públicas que se les pide implementar.  l

* Profesor del PUED/UNAM; excomisionado del INM.

Juegos de poder

Otro nuevo escándalo del gobierno de López Obrador

Leo Zuckermann

Excelsior

No bien está saliendo el presidente López Obrador del escándalo de la Casa Gris (aunque falta transparentar y aclarar la relación de su hijo José Ramón con el empresario Daniel

Chávez de Vidanta), cuando empieza a surgir otro posible caso que pondría en entredicho la honestidad de este gobierno.

Me refiero al caso de un posible tráfico de influencias y extorsión ejecutado desde la Consejería Jurídica que estaba a cargo del hombre más fuerte de este gobierno durante la primera mitad del sexenio, Julio Scherer, a quien el Presidente calificó como “un hermano”.

A continuación gloso el reporte de Arturo Ángel del 27 de febrero en el sitio Animal Político, que dirige Daniel Moreno.

En julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Collado, conocido abogado de varios políticos priistas, entre ellos los expresidentes Salinas y Peña. Le dictaron prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con la venta fraudulenta de un terreno por el que obtuvo una ganancia ilícita de 24 millones de pesos. Luego la Fiscalía le imputaría dos cargos más de fraude y defraudación fiscal. Su proceso continúa mientras él se encuentra detenido en el Reclusorio Norte.

Acusado por la FGR, Collado eventualmente solicitó atenerse al criterio de oportunidad, es decir, se convirtió en testigo protegido para desenmascarar un presunto “grupo delictivo organizado que, bajo el amparo de las instituciones del Estado mexicano, crearon una red de complicidad con el único beneficio de obtener beneficios económicos”.

Según Collado, cuatro abogados (Juan Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) presumían ser emisarios del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Por tanto, tenían acceso a información anticipada y privilegiada del gobierno federal, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y del Poder Judicial de la Federación.

Collado les creyó y entregó diez millones de pesos en efectivo para que la UIF frenara una investigación y otro millón 386 mil dólares para que lo liberaran del Reclusorio Norte, cosa que no ocurrió. Habrían también acordado, para lograr su liberación, llegar a un “acuerdo reparatorio” de dos mil millones de pesos. Y en un lance francamente escabroso que Collado le vendiera a Julio César Villarreal Guajardo, dueño de Banco Afirme, muy cercano al gobierno y amigo de Scherer, sus acciones de Caja Libertad a un descuento considerable. “Libertad por libertad”, le habrían dicho estos abogados que presumían representar a Scherer, el funcionario todopoderoso que supuestamente controlaba el aparato de justicia en su totalidad.

De ser verdad, estaríamos frente a un posible caso de tráfico de influencias y extorsión de Julio Scherer a través de los abogados personeros arriba citados. Al parecer, Collado tiene pruebas de mensajes donde le habrían filtrado, por ejemplo, un proyecto de resolución de amparo de un tribunal que no había sesionado.

La Fiscalía ya procedió en contra de los abogados personeros, pero extrañamente dejó fuera de las acusaciones a Scherer. Los primeros niegan las imputaciones, el segundo no ha hablado. El que sí lo ha hecho es su “hermano”, López Obrador, quien le recomendó a Collado llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía en lugar de orquestar una campaña mediática para golpear a su gobierno. López Obrador, en particular, criticó al periódico Reforma que, al igual que Animal Político, dio cuenta de este caso. La típica estrategia del Presidente de culpar a los medios en lugar de entrarle al fondo del asunto.

Las preguntas son muchas. ¿Hay pruebas de que Scherer efectivamente estaba detrás de esta red de abogados que prometían arreglar casos jurídicos a cambio de dinero? ¿Dónde quedó el dinero que entregó Collado? ¿Cómo lo repartieron? ¿Recibió algo Scherer? ¿Sabía el Presidente de estas maniobras de su consejero jurídico? ¿Por eso lo despidió? ¿Llegará el fiscal Gertz Manero hasta las últimas consecuencias?

Para fortuna del Presidente, a diferencia de la Casa Gris, éste no es un escándalo difícil de explicar. Además, ningún mexicano se escandaliza de que abogados pidan dinero para liberar a sus clientes porque tienen una “palanca” en el gobierno. Es pan nuestro de cada día. La diferencia, en todo caso, es que esta red habría sido liderada por el hombre fuerte de un Presidente que todos los días repite que ellos son diferentes de los gobernantes del pasado. Un escándalo más para dudarlo.

Arsenal

Le abollaron la popularidad…

Francisco Garfias

Excelsior

Andrés Manuel López Obrador se perfila para ganar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Nadie lo duda. El hecho de que el propio Presidente promueva el novedoso ejercicio y la oposición lo boicotee, permite adelantar este escenario.
Lo que no está garantizado es la aplastante victoria que Morena y el propio mandatario cantaban de antemano.

Hay señales de que la llamada Casa Gris, el escándalo de Segalmex, el pleito de Julio Scherer con la Fiscalía, las masacres, los levantamientos y las ejecuciones, ya le abollaron la popularidad.

Encuestas publicadas a fines de febrero o principios de marzo colocan a López Obrador en mínimos históricos de aprobación.

La de El Financiero, de Alejandro Moreno, lo bajó de 60 a 54 por ciento. Mitofsky, de Roy Campos, trae la misma tendencia: de 63 a 58.8% el día de ayer.

El descenso en Enkoll, de Heidi Osuna, es de ocho puntos: de 62 a 54% de aprobación, con un dato adicional interesante: los medios de comunicación superan en credibilidad al primer mandatario en una proporción de 44-30.

“Ya entró en un tobogán. La falta de resultados tangibles le está generando un costo al proyecto del Presidente”, sintetiza el senador del MC, Juan Zepeda.

Ya que estamos. Otro senador, César Cravioto, de Morena, dijo que en la Cámara alta esperan la comparecencia de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en un máximo de dos semanas.

“Queremos que nos explique por qué, teniendo tres veces más presupuesto de lo que tuvo en la consulta de juicio a expresidentes, va a poner el mismo número de casillas.

“La única explicación que ha dado el INE es que ahora va a tener que capacitar a quienes serán los funcionarios

de casilla. Eso no justifica que nos cueste tres veces más”, dijo.

* La senadora Lilly Téllez fue incluida por primera vez en la lista de presidenciables del azul por el jefe nacional de ese partido, Marko Cortés, durante la Plenaria Legislativa del Sistema PAN.

Frente a la diputada Margarita Zavala, a la que no incluyó entre los presidenciables azules, Marko dijo: “Necesitamos darle juego a todos los que han levantado la mano o no se han descartado para la candidatura presidencial”.

Reveló que del tema ha hablado con los gobernadores Mauricio Vila, Yucatán; Mauricio Kuri, Querétaro; Maru Campos, Chihuahua, y con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y ninguno se descarta. En entrevista posterior agregó a Ricardo Anaya “que es un perseguido político de este gobierno y tiene cartel”.

En su intervención, destacó también la importancia de mantener la Alianza Va por México. “Hagamos todo por México para mantener esa coalición. Eso no significa en ningún momento claudicar a nuestras convicciones”, subrayó.

* El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, se le fue a la yugular al ministro Arturo Zaldívar.

Citó a Ricardo Flores Magón —periodista que militó en las filas del antirreeleccionismo— para que lo escuchara el presidente de la SCJN:

“Para llegar a tener un empleo de esa naturaleza

—jueces o magistrados— basta con aplaudir hasta romperse las manos, los aciertos y desaciertos del poder; felicitar al poderoso en toda ocasión e improvisa festivales de memoria”.

Agregó ya de su cosecha: “Lambiscones y zalameros, esos jueces no imparten justicia”.

* Mexicanos contra la Corrupción hizo una radiografia de la Cuenta Pública 2020. Destacó que la Auditoría Superior de Federación identificó 41,396 millones de pesos de irregularidades en recursos federales entregados a gobiernos locales.

Los recursos destinados a salud fueron el principal componente de irregularidades, presentaron problemas en 5% de los recursos que suman 9,978 millones de pesos usados al margen de la ley, dice la radiografía.

Baja California Sur y Nayarit son las entidades con mayor proporción de irregularidades. La ASF encontró 15 pesos usados al margen de la ley por cada 100 pesos que auditó. Le siguen Oaxaca y Sonora, en donde esa cifra fue de 7 y 6 pesos, respectivamente.

El 95.6% de los hallazgos de la ASF en el gasto federalizado sigue sin ser aclarado o devuelto.

Las entidades con mayor rezago son Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa. En todas estas entidades el dinero sin aclarar supera el 99 por ciento.

Las que presentan mayores avances son Guanajuato y Querétaro, con 46.3% y 80.1% de dinero pendiente de devolver o aclarar.

Astillero

Slim: el Buen Fin del conflicto // Confrontar, una estupidez // ¿Consensuar con quien arrebata? // Esclarecer muerte de Pedro Carrizales

Julio Hernández López

La Jornada

Como un rayo empresarial en la oscuridad, el hombre más rico de México, y uno de los principales del mundo, apareció para proponer a sus connacionales una ganga de temporada: no El fin de la historia y el último hombre, como proponía el siglo pasado Francis Fukuyama, sino una especie de Buen Fin político e ideológico, con la osada oferta comercial de cancelar el conflicto en general, por decreto o acuerdo de cúpulas extensible al resto del cuerpo social, que ha de suponerse muy obediente. Bienvenidos todos al paraíso trinitario de Telmex, Telcel y Carso (con enchiladas estilo Sanborns), ¡por una sociedad sin clases (aunque persistan la desigualdad, la injusticia y la corrupción)!

El multimillonario proclamó, entrevistado por el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, que es una estupidez la confrontación, a México le hace daño todo eso, al país le hace daño, a la empresa, al gobierno y a todos nos hace daño; se me hace una tontería. Lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta y se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo que hemos tenido tantas oportunidades y ya no perder esta oportunidad, en donde el Tratado de Libre Comercio es muy importante.

Converso a las necesidades del presidente de la República en turno, Slim llama a cerrar filas, a la prosopopéyica Unidad Nacional (con mayúsculas, obviamente): “los conflictos hay que ir a discutirlos y sostenerlos en la discusión, pero no es a periodicazos… lo que nos urge en México es que en lugar de discutir y pelear y encontrando los lados flacos de otro, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos con el país, la sociedad y la población de México y no estar confrontándonos”.

Convendría recordar, ante la propuesta del gran concesionario y contratista, hoy conciliador cuasi fraterno (recuérdese la línea 12 del Metro), lo que pocos días atrás publicaron Carlos Entenza y Ángel Muelas en el diario español Público, bajo el título El conflicto como motor democrático: La ausencia de conflicto es lo que buscan los otros, quienes con una seguridad que conmociona tratan de convencer al resto de que las ideologías son divisorias y conviene dejarlas morir o, en el peor de los casos, ocultarlas bajo cualquier alfombra. Esta despolitización de la política niega nuestro derecho a discutir, a ser adversarios, y pretende que los antagonismos desaparezcan, pero que lo hagan por arte de magia. Supone aceptar que esta economía y que esta correlación de fuerzas, el sentido común neoliberal, nos acompañará hasta el fin de los tiempos, es decir, que la política del pasado dominará siempre el presente.

Añaden Entenza y Muelas (politólogos y juristas, centrados en la comunicación y teoría política: @carlsentenza y @angelmuels, en Twitter): “Por su propia definición y naturaleza, el consenso debe ser algo excepcional, porque pocas situaciones existen en las que los intereses de todas las partes confluyen en uno solo. Si estamos de acuerdo en que la política es lo único que tienen los que no poseen nada, ¿cómo podemos decirles que es positivo consensuar todo cada vez más con quienes les arrebatan todas las oportunidades? La política no existe para buscar incesantemente ‘consensos’ ni para defender y gestionar lo existente. La materialización de la pospolítica vacía de contenido la democracia” (https://bit.ly/3HC3wta).

Astillas

Imprescindible, que se esclarezcan las circunstancias en que desapareció y murió Pedro Carrizales Becerra, conocido como El Mijis, ex diputado local en San Luis Potosí y activista de causas sociales. En un mensaje, Carrizales había avisado a su esposa que había sido detenido por los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos. Pero lo habían liberado. Desapareció el primero de febrero y el 3, según la versión oficial, habría sufrido un accidente automovilístico en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, y hasta ahora, un mes después, se confirmó el fallecimiento…