Lo que dicen los columnistas

No eliminen los OPLES

Defender los OPLES es defender esa pluralidad institucional. Es reconocer que la innovación democrática no proviene de las élites políticas, también del trabajo de personas técnicas, consejerías y comunidades que han apostado por mejorar el proceso electoral desde abajo.

Karolina Gilas

Proceso

La reforma electoral ha vuelto, y con fuerza, al centro del debate público. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum designó una comisión presidencial para elaborar una nueva propuesta de reforma electoral, de sus declaraciones empezaron a perfilarse algunas direcciones: eliminar la representación proporcional, reducir el financiamiento a los partidos y, en general, disminuir el costo de las elecciones. La propuesta aún no se conoce, pero las señales que se han dado son motivo de preocupación.

Mientras el debate público se centra en estos temas más visibles, una amenaza menos comentada —pero no menos grave— pesa (nuevamente) sobre el sistema democrático mexicano: la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Pablo Gómez, quien encabeza la comisión presidencial, ha declarado sin rodeos que “la desaparición de los OPLES es muy obvia; nadie puede decir para qué sirven” (El País, 6 de agosto). Esta afirmación refleja un preocupante desconocimiento de la historia electoral del país y de la función estratégica que desempeñan estas instituciones.

Los OPLES no son un lujo prescindible del sistema electoral mexicano: son una de sus bases más sólidas. Desde hace más de 25 años, estas instituciones han sido protagonistas en la construcción de la democracia desde lo local, adaptando los procesos a contextos diversos, desarrollando soluciones técnicas y promoviendo prácticas que luego se han nacionalizado. Su eliminación supondría la pérdida de un capital institucional irremplazable.

Una mirada a la historia demuestra que la democracia mexicana no se construyó desde el centro, sino desde la periferia. La primera victoria opositora fue municipal en Quiroga, Michoacán, en 1947; la primera alternancia estatal ocurrió en Baja California en 1989. Y fueron precisamente los institutos electorales locales los que sirvieron como laboratorios de innovación democrática: el Instituto Electoral de Baja California introdujo en 1991 la credencial de elector con fotografía, un año antes de que se implementara a nivel federal. El conteo rápido fue diseñado por el Instituto Electoral de Guanajuato. La urna electrónica, el voto extraterritorial, los mecanismos de democracia directa, las acciones afirmativas de género, las estrategias para personas con discapacidad visual: todo esto fue concebido y probado en el ámbito local.

Éstas no son anécdotas aisladas. Son evidencia de una dinámica institucional y de un capital humano altamente especializado que ha posicionado a los OPLES como una fuente constante de innovación. Pero no se trata solo de ideas técnicas: también han demostrado una capacidad notable para adaptarse a la diversidad cultural y territorial del país. En Chiapas y Oaxaca garantizan el desarrollo de elecciones bajo sistemas normativos indígenas, lo cual requiere conocimiento cultural profundo y relaciones de confianza construidas durante años. En Morelos se desarrolló la paridad de género horizontal. En la Ciudad de México implementaron el voto en el extranjero, que duplica la probabilidad de participación de migrantes; su sistema de voto por internet es único en el país desde hace más de 13 años; generaron materiales electorales accesibles que se han replicado a nivel nacional, así como metodologías para reducir los votos nulos. En Chihuahua han establecido convenios con universidades para generar conciencia cívica entre los jóvenes.

Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿podría el INE, desde sus oficinas centrales, replicar esa cercanía territorial? ¿Comprender las dinámicas sociopolíticas de los 570 municipios de Oaxaca, la dispersión geográfica de Chihuahua o las complejidades socioculturales de Michoacán? ¿Implementar mecanismos participativos que respondan eficazmente a los distintos diseños normativos y contextos de cada entidad y municipio? Difícilmente, y menos aún si la desaparición de los OPLES estuviera acompañada de la eliminación de los órganos desconcentrados del INE, en particular de las juntas distritales, decisión que implicaría la pérdida de la capacidad operativa de las autoridades electorales en todo el país.

El argumento de la eficiencia económica tampoco resiste un análisis serio. El gasto por ciudadano varía notablemente entre las entidades: mientras Campeche registra 553 pesos por habitante, Guerrero opera con apenas 147 (según los análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad). Estas cifras reflejan condiciones presupuestales dispares, pero no necesariamente una estructura sistemáticamente ineficiente. De hecho, trasladar todas las funciones al INE implicaría replicar estructuras en cada estado —con nuevos equipos, oficinas y personal capacitado—, lo que podría generar mayores costos y, sobre todo, una menor eficacia.

Además, los costos de operación del sistema electoral en nuestro país no son consecuencia de las decisiones de las autoridades electorales, como el INE y los OPLES, sino de las regulaciones que han establecido los partidos políticos con representación en el Congreso, lo que complejiza cada vez más las reglas operativas y amplía las tareas de los institutos. Por supuesto que la reducción de los costos es posible, pero no consiste en desaparecer la función electoral en el país, sino en simplificar —eso sí, mediante reformas a la ley electoral— varios de los procesos y procedimientos existentes, algo que el propio INE y los OPLES tienen identificado.

La propuesta de concentrar en el INE todas las funciones electorales es un evidente error de diseño institucional. Ninguna autoridad única podría asumir con solvencia la responsabilidad de organizar elecciones federales, estatales y municipales, así como los procesos de democracia directa en todo el país. El resultado sería una institución sobrecargada o, peor aún, una estructura incapaz de responder oportunamente y con calidad a las demandas de la ciudadanía.

Esto no significa que el modelo actual sea perfecto. Hay OPLES que enfrentan desafíos, entre ellos limitaciones presupuestales, presiones políticas y problemas de gestión. Pero esos problemas requieren correcciones, no su eliminación. Fortalecer la autonomía, la profesionalización y la rendición de cuentas de estos organismos es una solución sensata y democrática.

Además, desaparecer los OPLES implicaría alejar las instituciones electorales de la ciudadanía. Romper vínculos construidos con organizaciones sociales, comunidades indígenas, universidades y jóvenes electores. La democracia no se defiende solo con leyes, sino también con instituciones cercanas, accesibles y confiables.

Los OPLES encarnan el federalismo democrático: la posibilidad de que cada entidad adapte las reglas del juego político a su realidad, sin renunciar a los estándares nacionales. Representan una forma de garantizar que la democracia no sea una imposición uniforme desde el centro, sino un proceso construido con y desde los territorios.

Defender los OPLES es defender esa pluralidad institucional. Es reconocer que la innovación democrática no proviene únicamente de las élites políticas, sino también del trabajo sostenido de personas técnicas, consejerías y comunidades que han apostado por mejorar el proceso electoral desde abajo.

No eliminemos los OPLES. Mejorémoslos. Fortalezcamos su capacidad técnica, su independencia y su compromiso ciudadano. Porque en un país tan diverso como México, la democracia necesita muchas voces, muchos caminos, muchas instituciones. No una sola.

Arsenal

El cochinero del huachicol y la #LeyReembolso

Francisco Garfias

Excelsior

Las cifras que le voy a dar no sólo ilustran el tamaño del cochinero que significó el huachicol fiscal en los tiempos de López Obrador, sino los beneficios de la lucha que se libra contra el contrabando de combustible.

El huachicol fiscal floreció luego de que el tabasqueño pusiera las aduanas en manos de las Fuerzas Armadas. Empezó a combatirse en serio ya con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Lo bueno: la recaudación en aduanas llegó a un billón 275 mil millones de pesos de enero a noviembre del año en curso, según fuentes confiables vinculadas con la Secretaría de Hacienda. Nunca se había llegado a esa cifra. En la administración pasada de la Agencia Nacional de Aduanas (junio del 2023 a febrero del 2025), la recaudación total fue de 980 mil millones de pesos.

Estamos hablando de un 24.3% adicional. En pesos y centavos, esto significa 235 mil millones de pesos. El cálculo es que, para fin de año, la recaudación llegue a 300 mil millones de pesos. El huachicol le pegaba duro en la distribución de combustibles a las compañías Valero, Shell, Exxon y Chevron, que operan en México junto a Pemex.

La situación empieza a revertirse. Las fuentes ilustran la mejoría con un dato referente a Valero. Antes enviaba un barco con combustible cada tres semanas. Hoy envía a los puertos mexicanos dos barcos por semana. “Pemex también se recuperó”, sintetizaron las fuentes.

Hay otros datos en el frente contra el huachicol. Se han incautado 125 millones de litros de combustible. Esto equivale a 3 mil 125 millones de pesos. El daño al erario es grave. La Procuraduría Fiscal lo evaluó en 600 mil millones de pesos.

En la administración del general André Foullon, quien salió de aduanas en enero de este año, llegaron 500 barcos con 50 millones de litros de combustible de contrabando a los puertos de Altamira, Tampico, Ensenada y Guaymas.

Nos cuentan que el mero mero de la operación era el almirante Felipe Solano, compadre del almirante Rafael Ojeda. Fungía como director general de Operación Aduanera. A él le reportaban los famosos hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina.

“Si no se saca a las Fuerzas Armadas de aduanas, esto no va a parar”, aseveraron las fuentes.

P.D.: Hay 7 mil carpetas de investigación sobre contrabando de combustible. Se espera que en los próximos meses se libren, por lo menos, 200 órdenes de aprehensión.

*Se cumplen casi siete años de la llegada al poder de la Cuatroté. Un lapso en el que hemos padecido escasez de medicamentos.

Se amontonan las quejas de pacientes que acuden a las instituciones públicas de salud y les dicen que no tienen la existencia de tal o cual medicamento. Se ven obligados a adquirirlos por su cuenta y, si no les alcanza, quedan a la buena de Dios, con el perdón de la diputada Dolores Padierna.

Hay una iniciativa que promueven los senadores de Acción Nacional. La llaman #LeyReembolso. Su promotor, el queretano Agustín Dorantes, la justifica así: “Cuando el gobierno falla, el gobierno paga…”.

La #LeyReembolso es una iniciativa ciudadana que nace del descontento social ante un sistema de salud que no entrega medicamentos ni brinda atención a tiempo.

¿Cómo funcionaría? Si el IMSS o el ISSSTE no cumplen en tiempo las consultas médicas, las cirugías o no te surten los medicamentos, te reembolsan lo gastado.

El proyecto pasó de ser iniciativa ciudadana. Si el PAN la presenta como grupo parlamentario no pasa. Morena y sus aliados, que reivindican “primero los pobres”, tienen la mayoría para frenarla. Se necesitan 140 mil firmas ciudadanas para obligar al Senado a discutirla. Ya empezaron a recabarlas. ¿La apoyas?

*No hay tregua para los habitantes de la CDMX y otras ciudades del país. Son rehenes de todas las causas. Productores, transportistas y ahora, otra vez, los maestros de la CNTE. Estos últimos anuncian un paro nacional de actividades de 48 horas para jueves y viernes próximos. Su actividad central se ubicará en la capital de la República, con réplicas en, al menos, 20 entidades del país.

Las movilizaciones incluirán liberación de casetas de cobro, bloqueos de vialidades, toma de edificios, un cerco a Palacio Nacional y otro al Congreso de la Unión.

Entre sus demandas está la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE; la reinstalación de la mesa de negociaciones con la Presidencia de la República y más presupuesto para educación, salud y seguridad social.

*Como adelantamos ayer, José Medina Mora quedó como “candidato único” para presidir el Consejo Coordinador Empresarial. Sucederá en el cargo a Francisco Cervantes Díaz.

Juegos de poder

Planes y más planes…

Lo que no debe hacerse en esta ocasión es, cuando amaine el problema y el estado deje de ser noticia nacional, bajar la guardia porque, como ya lo hemos vivido, en Michoacán siempre regresa el cáncer de la criminalidad.

Leo Zuckermann

Excelsior

Michoacán es el retrato vivo del fracaso del Estado mexicano en materia de seguridad. Ahí comenzó la famosa guerra en contra del crimen organizado de Felipe Calderón hace 18 años. Hoy es, de nuevo, el epicentro de una delincuencia envanecida.

Planes gubernamentales han ido y venido, y el problema no se ha resuelto.

Ahora, cuando al gobierno de Claudia Sheinbaum le explotó la bomba michoacana —con dos asesinatos de personajes muy conspicuos, Bernardo Bravo, líder de los limoneros, y Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan—, la Presidenta ha anunciado otro plan de pacificación para Michoacán.

¿Funcionará en esta ocasión?

Depende de muchos factores, pero destaca uno: no bajar la guardia cuando comiencen a haber resultados.

Me explico.

Cuando en 2006 el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, le solicitó ayuda a Felipe Calderón para resolver la creciente violencia en ese estado, el nuevo Presidente no dudó y envió tropas de las Fuerzas Armadas para controlar la situación.

La estrategia funcionó en el corto plazo. La ola de homicidios bajó.

Las autoridades erróneamente pensaron que el problema se había resuelto y bajaron la guardia. Las fuerzas federales abandonaron Michoacán para irse a apagar otro incendio de violencia en otro estado. La criminalidad volvió por sus fueros.

Michoacán explotó también en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Oh, sorpresa, el nuevo Presidente presentó un nuevo plan de pacificación para ese estado. A la entidad llegaron elementos de las Fuerzas Armadas y de prácticamente todas las secretarías federales.

Volvió a funcionar. La ola de violencia menguó.

Michoacán dejó de ser noticia nacional. Aparecieron otras historias de inseguridad en otros estados. Hacia allá se movió la atención del gobierno federal. A la par que las autoridades bajaban la guardia en Michoacán, aparecieron de nuevo los criminales. Con mayor fuerza, sobre todo en el terrible delito de la extorsión en mercados tan rentables como son la cosecha de limones, aguacates, fresas y zarzamoras.

En Uruapan surgió un auténtico líder político: Carlos Manzo. En lugar de negociar con el crimen organizado o coludirse con ellos, el presidente municipal de Uruapan se dedicó a enfrentarlos. No contaba, sin embargo, con los recursos para hacerlo con eficacia. Por todas las vías solicitó ayuda al gobierno federal (no confiaba en el estatal), pero la Ciudad de México no le respondió.

Hasta que lo mataron y se armó un escándalo mayor.

Ahora el gobierno federal, más por control de daños mediático, ha tenido que salir con un nuevo plan de pacificación para Michoacán.

Ahí está el problema. Las autoridades federales siempre actúan de manera reactiva en estados como Michoacán que han sido atacados por el cáncer de la criminalidad en México. Reaccionan, le inyectan recursos humanos, financieros y materiales para resolver el problema, funciona en el corto plazo y luego abandonan la plaza.

La analogía con el cáncer funciona. Cuando un paciente tiene esta enfermedad, no puede nunca bajar la guardia. Aunque esté en remisión, debe hacerse chequeos constantes para asegurarse que el cáncer no regrese.

Incluso toma medidas preventivas muy duras. Mujeres que tienen antecedentes genéticos de cáncer de mama, o que ya lo tuvieron y ganaron la primera batalla, se hacen la mastectomía profiláctica a fin de reducir el riesgo de enfermarse.

Qué bueno que el gobierno de Sheinbaum esté movilizando sus recursos para resolver la violencia en Michoacán. No se trata de inventar el hilo negro. Hay mucha experiencia que ha funcionado en el pasado. Lo que no debe hacerse en esta ocasión es, cuando amaine el problema y el estado deje de ser noticia nacional, bajar la guardia porque, como ya lo hemos vivido, en Michoacán siempre regresa el cáncer de la criminalidad, y con más fuerza.

Una última nota. Una de las cosas que no contempla el plan de Sheinbaum es cómo se combatirá la complicidad de las autoridades políticas de Michoacán con el crimen organizado. Se entiende el silencio porque el gobernador y muchos presidentes municipales son de Morena, y si algo ha caracterizado a este partido es la impunidad que les otorga a sus miembros. No los tocan ni con el pétalo de una rosa.

Pero parte del cáncer michoacano tiene que ver precisamente con la protección política que tienen los delincuentes. Históricamente ha existido mucha colusión entre autoridades y criminales. La delincuencia organizada ha penetrado con éxito las estructuras políticas del estado. Si la Presidenta no ataca las células políticas cancerígenas, el cáncer simple y sencillamente no cederá.

Nudo gordiano

La revocación, ¿pero de quién?

Yuriria Sierra

Excelsior

Morena propone adelantar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum de 2028 a junio de 2027 para que coincida con las elecciones intermedias. La oposición grita al cielo. Que si es un madruguete, que si presidencializa la elección, que si Sheinbaum se meterá en las urnas para jalar votos. Lo de siempre. Pero, más allá del ruido predecible, hay tres razones por las que esta reforma tiene mucho sentido. Y una de ellas es absolutamente deliciosa en términos políticos. Empecemos por lo obvio, lo que la oposición llama “pretexto” pero que para los mortales que pagamos impuestos es una razón suficiente: el ahorro de recursos públicos. Con esta propuesta se evitaría gastar mil 500 millones de pesos.

Emparejar consultas con elecciones no es una ocurrencia tropical de la Cuarta Transformación. Es una práctica estándar en democracias consolidadas. En EU, por ejemplo, las ballot measures se votan rutinariamente el mismo día que las elecciones regulares. En 2024, durante las elecciones presidenciales, los votantes decidieron simultáneamente sobre cientos de medidas que iban desde la legalización de la mariguana hasta reformas electorales, pasando por enmiendas constitucionales estatales. Nadie en EU considera esto una amenaza a la democracia. Al contrario.

La revocación de mandato de López Obrador en 2022 tuvo apenas 17.7% de participación. Si se hace concurrente con las elecciones intermedias, la participación podría pasar de 17% a más de 40%. ¿No era precisamente ese el objetivo de la democracia participativa que tanto pregonó AMLO? Pero mi lectura más pragmática es mucho más jugosa en términos de real politik, que explicaría por qué esta reforma es infinitamente más importante de lo que parece. La revocación de mandato que López Obrador le heredó a Sheinbaum es una suerte de espada de Damocles. Ahí está el quid del asunto. AMLO, en su infinita necesidad de control, dejó instalado muchos mecanismos envenenados, pero éste el peor: uno que le permitiría a él —y a los gobernadores morenistas que controla— amenazar a Sheinbaum en 2028 si ésta “no se portaba bien” en los términos de su capricho transexenal. Si la revocación se hacía después de las intermedias, como estaba previsto, la Presidenta quedaría a merced de todos esos gobernadores impresentables. Al adelantarse la revocación a 2027, cuando coincida con las elecciones federales, Sheinbaum ya no dependería de esos personajes para absolutamente nada, y al revés: muchos le deberán a ella no perder estrepitosamente en sus estados. La alta participación inherente a una jornada electoral federal diluye el poder de los caciques regionales, pero también les salvará la jornada a muchos de ellos.

Porque seamos honestos: la revocación de mandato nunca fue un instrumento de rendición de cuentas. Fue un mecanismo de sometimiento disfrazado de democracia participativa. AMLO la usó en 2022 no para que el pueblo lo evaluara, sino para hacer campaña anticipada para Morena. Y el expresidente quería dejarle instalado el mismo dispositivo a Sheinbaum, para que, cada vez que pensara en alejarse de la ortodoxia lopezobradorista, recordara que en 2028 él y sus gobernadores podrían activar el mecanismo.

Varios legisladores de Morena ya empezaron a referirse al proceso como una “ratificación” en lugar de una revocación. Ese cambio semántico lo dice todo. Claro que hay riesgos. Si la mayoría vota por quitarle el cargo en una consulta con más de 40% de participación, el resultado sería vinculante y letal. Pero ese riesgo existía de cualquier modo. La diferencia es que ahora Sheinbaum lo enfrenta en sus propios términos, no en los de López Obrador. Y si su aprobación se mantiene alta (escenario altamente probable), la revocación se convierte en lo que siempre debió ser: un referéndum sobre el desempeño presidencial, no un instrumento de chantaje interno.

La reforma pasará. Y, cuando lo haga, será el más importante movimiento político interno de Sheinbaum respecto al legado de López Obrador, que le permite quitarse de encima la espada que su antecesor dejó suspendida sobre su cabeza, para convertir una amenaza en legitimación y, de paso, ahorrar mil 500 millones de pesos.

México SA

Culebrón fiscal llega a su fin // Mañana, último capítulo // Salinas Pliego, pase a la caja

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Todo indica que, tras no menos de 102 capítulos transmitidos en 16 años, el lacrimoso culebrón fiscal protagonizado por el barón de los abonos chiquitos está a punto de concluir, y para el Estado mexicano el final será rotundamente feliz, aunque no para el megalómano Ricardo Salinas Pliego, quien pagará el voluminoso adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que acumuló desde el sexenio de Felipe Calderón. Y el último episodio se televisará el próximo jueves, en vivo, desde las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, como es adicto a no pagar, hoy vence el ultimátum que le dio la Suprema Corte de Nueva York.

Como diría Juanga, “lo que se ve no se pregunta”, de tal suerte que no había ninguna necesidad de que el barón se autoproclamara de ultraderecha, porque siempre lo ha dejado claro con su proceder, discurso de odio, racismo, clasismo, fanfarronería, y actitud de “todopoderoso”, con bufones, merolicos y siervos a sus pies. De cualquier forma, se acabó la fiesta y la protección del régimen neoliberal y sus achichincles en el máximo tribunal de país.

La información publicada por La Jornada (Iván Evair Saldaña y Redacción) es contundente: “en los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la SCJN, los cuales han dilatado la resolución en definitiva de nueve juicios contra créditos fiscales que suman más de 49 mil millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas. El alto tribunal tiene previsto resolver este jueves siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que abordan amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos. Sus efectos confirmarían las sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar dicha cantidad a la Secretaría de Hacienda, correspondientes a los ejercicios de 2009 a 2015”.

Algo más: “el juicio con más impugnaciones de Elektra corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024, que cuestiona el crédito fiscal más cuantioso, originalmente determinado por el SAT en 18 mil 455 millones de pesos por concepto de ISR del régimen de consolidación fiscal de 2013; con recargos, multas y actualizaciones, las autoridades reclaman 33 mil 306 millones. Sobre este litigio, la empresa interpuso 28 recursos, desde solicitudes de facultad de atracción, en los que desde 2021 pedía a la Corte revisar el caso, reclamaciones y una decena de impedimentos que pedían apartar de los juicios a ministros, principalmente a Lenia Batres”.

Y el cúmulo de adeudos no es porque el barón careciera de recursos para pagar (“yo fui pobre”, dijo el cínico magnate), sino porque de plano no se le pegó la gana, creyéndose intocable dada la ignominiosa compra de protección de los “impartidores de justicia” y de las supuestas autoridades del régimen neoliberal. Pero la telenovela llega a su fin, de tal suerte que Salinas Pliego puede hacer coro con Molotov y cantar: cuando éramos impunes, vivíamos “en un país bien chingón”.

Ayer, la presidenta Sheinbaum se refirió al último capítulo del culebrón de los abonos chiquitos y los adeudos descomunales: “la SCJN enlistó en su agenda algunos casos de este grupo empresarial, y ella resolverá lo que considere de acuerdo con sus criterios. Lo he dicho muchas veces: este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT, que suman un monto y lo pagará lo que dice la ley, porque lo que él está diciendo es que el SAT está imponiéndole que pague lo que no es legal. Y eso, pues nunca se hará así; es muy claro el Código Financiero y tendrá que pagar. Jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer estar fuera de la ley. Nunca, no haríamos nada de eso”.

Además, dijo, “él ahora políticamente enarbola (ser de ultraderecha) y a lo mejor lo hace porque no quiere pagar los impuestos, no lo sé; y sí vamos a platicar aquí en La mañanera qué quiere decir “ser de ultraderecha”, qué es la ultraderecha, porque la ultraderecha justamente lo que defiende es el autoritarismo, lo que defiende es que sí haya libertades, pero las del mercado nada más, ningunas otras. La ultraderecha en el mundo ha llevado al fascismo, que tiene como base el clasismo, la discriminación, el racismo, incluso llevado al extremo de que se elimina a todo aquel, elimina a todo aquel que no se considera que es la raza superior. La ultraderecha no tiene nada que ver con las libertades, no tiene nada que ver con la democracia”.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, ¿debe impuestos? Que pague. Y estos sí “son hechos”.

Astillero

Javier Duarte de Ochoa, ¿pronto en libertad? // 9 años de cárcel y multa de $58 mil // Benevolencia a pandilla peñista // Salgado: homenaje a los Figueroa

Julio Hernández López

La Jornada

Una noticia mala, con posibilidades de muy relativa y breve atenuación: el ex gobernador peñista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa podría quedar en libertad en los próximos días, en caso de que una juez, Ángela Zamorano, acepte que ha cumplido con la mayor parte de su sentencia y ha observado buena conducta. Lo peor es que, aun cuando ahora se le negara la preliberación, debería estar fuera de prisión en abril del año venidero.

Duarte de Ochoa fue un pésimo gobernante, no sólo por el constante incumplimiento de las obligaciones básicas de su encargo sino, de manera marcada, por la corrupción generalizada de su administración, concordante con la putrefacción de la banda delictiva encabezada por el entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, por la represión a críticos y movimientos sociales, por los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por el crimen organizado que desde la etapa de su antecesor y virtual designante, Fidel Herrera, se consolidó en esa entidad.

Considerar siquiera que el historial pesado de Duarte de Ochoa podría significar solamente una prisión de nueve años, o 95 por ciento de este lapso si la juez ordenara su preliberación, constituye una bofetada hiriente para la sociedad. Aunque, en términos judiciales, sólo es una confirmación de las complicidades y marrullerías que permiten a tantos corruptos eludir lo que llaman justicia y, luego de algún tiempo en procesos penales o tras las rejas, salir en libertad para disfrutar de la riqueza acumulada.

A pesar de todos los graves antecedentes en su contra, Duarte de Ochoa fue favorecido por la administración de Peña Nieto cuando ya no pudo ser sostenido en el gobierno de Veracruz y hubo de “huir” a Guatemala, donde luego fue “localizado” y extraditado a México. El tratado de extradición correspondiente obliga a que el país receptor sólo pueda juzgar al extraditado por los delitos, o similares, de que sea acusado antes de dejar el país expulsor.

Así que Peña Nieto (en su momento, la PGR), acusó al amigo Javidú por delitos menores. Actualmente, está en la cárcel solamente por asociación delictuosa y lo que popularmente se denomina lavado de dinero. Acusado de corrupción por miles de millones de pesos, se le impuso una superlativamente ridícula multa por 58 mil 890 pesos con 90 centavos. Los intentos por fincarle cargos del fuero estatal veracruzano fueron rechazados y, los que subsisten, no implicarían prisión preventiva.

De tal manera que, en audiencia del pasado día 3 (que duró ocho horas), Javidú se permitió anunciar que está totalmente listo para ser reinserto en la sociedad, pues “no estoy ni siquiera inhabilitado para ejercer como servidor público, nadie me ha acusado de robarme un peso del erario público; todo se redujo a una multa que ya fue liquidada” (nota de Aldo Canedo: https://goo.su/cIMQWId).

No está de más señalar que Duarte de Ochoa ha merecido algo calificable cuando menos como benevolencia por parte de autoridades y personajes de la llamada 4T. El ex gobernador Cuitláhuac García, de ejercicio deficiente y mucho más, pareció poco enérgico ante el caso Javidú, quien fue parte del grupo de mandatarios que apoyaron a Peña Nieto, también favorecido por el olvido, virtual impunidad, por el obradorismo.

Desmemoria, incongruencia rayana con la traición histórica e ideológica, es la que el desgobierno de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado, ha practicado al auspiciar un homenaje al fallecido Rubén Figueroa Figueroa, en un aniversario de su nacimiento. Represor, señalado por acciones criminales contra opositores y movimientos sociales ( guerra sucia), ejemplo de despotismo y cacicazgo, fue recordado por el gobierno “4T” de la entidad en su mera tierra, Huitzuco de los Figueroa, en presencia de su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, también ex gobernador del estado e igualmente ejemplar en cuanto a acciones nefastas.