Reducen costos notariales a organizaciones que defienden derechos humanos

• Convenio entre SEGOB, CODHECAM y el Colegio de Notarios beneficiará con asesoría y descuentos en trámites a organizaciones que promueven los derechos humanos en Campeche.

Con el objetivo de fortalecer a la sociedad civil organizada y garantizar el acceso a la seguridad jurídica, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, encabezó la firma del Convenio de Colaboración en materia de reducción de honorarios en trámites notariales dirigido a agrupaciones, colectivas y organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos humanos en el estado.

Este acuerdo fue suscrito por la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) y el Colegio de Notarios del Estado de Campeche, A.C., y permitirá ofrecer descuentos de hasta un 50 por ciento en trámites notariales, con el compromiso de brindar asesoría legal especializada a estas organizaciones, en un acto de corresponsabilidad, solidaridad y transparencia.

Durante su mensaje, Liz Hernández reconoció el papel fundamental de las y los notarios en la construcción de certeza jurídica en Campeche, y subrayó que esta alianza estratégica busca no solo reducir costos, sino fortalecer el trabajo de quienes impulsan causas sociales, sin fines partidistas ni religiosos, priorizando la inclusión, la justicia y la filantropía.

“La instrucción de la gobernadora Layda Sansores ha sido clara: respaldar a quienes luchan por la igualdad y los derechos fundamentales. Al facilitar el desarrollo legal de estas agrupaciones, impulsamos su participación en la vida pública y consolidamos un estado más justo y humano”, expresó la funcionaria.

El convenio fue firmado por la secretaria Liz Hernández; la Mtra. Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, presidenta de la CODHECAM; y la Licda. Mónica Patricia Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Notarios. Acompañó el acto la Mtra. Addy Eugenia Bernés Aranda, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como representantes de diversas organizaciones civiles, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos.

Con este paso, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una política pública incluyente y humanista, que pone a las personas en el centro de la acción institucional.