SCJN: ¿Atribuciones para intervenir en reforma constitucional?
Como se observa, la reforma constitucional es una atribución exclusiva del Poder Reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Poder Judicial de la Federación en general.
Ernesto Villanueva | Excelsior
El aumento de la polarización que atraviesa el país ha alcanzado niveles sin precedentes y no parece haber indicios de un cambio en el corto plazo. El proceso de reforma constitucional sobre el Poder Judicial no ha sido la excepción; al contrario, se ha sumado a la lucha por una radicalización aún mayor. La intervención jurídica del Poder Judicial de la Federación en dicho proceso de reforma constitucional obliga a realizar algunas precisiones, independientemente del contenido de la iniciativa presidencial –sobre la cual he manifestado mis acuerdos y mis desacuerdos en distintos aspectos– que sigue en desarrollo.
Primero. El artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo es muy claro al precisar: “El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En este sentido, debe quedar claro que las suspensiones otorgadas por juzgadores federales para que el Poder Reformador de la Constitución, o Constituyente Permanente, pueda ejercer las atribuciones que le otorga la propia Constitución en el artículo 135 están viciadas de nulidad absoluta; es decir, carecen de validez jurídica, ya que no cumplen con los requisitos mínimos del principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, que estipula que la actuación de las autoridades (incluidas, con mayor razón, las judiciales) debe llevarse a cabo mediante “mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Esto es comprensible, ya que la misma Carta Magna establece, en el citado artículo 135, el procedimiento para su propia reforma: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. Como se observa, la reforma constitucional es una atribución exclusiva del Poder Reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Poder Judicial de la Federación en general.
Segundo. Si la regla anterior debe aplicarse a cualquier reforma constitucional, con mayor razón lo debe hacer tratándose de una que afecte la estructura de la SCJN. Esto se basa en las siguientes razones: a) La SCJN está obligada a cumplir con lo previsto en la Constitución, ya que es un tribunal de legalidad y, sobre todo, de constitucionalidad, como lo establece el artículo 105 constitucional, que enumera y delimita el ámbito de sus atribuciones (incluso tampoco procedería, a mi juicio, la acción de inconstitucionalidad, ya que no se trata de dirimir si una ley es conforme a la Constitución, sino de si una parte de la Constitución puede ser inconstitucional, y, en todo caso, sería una acción ex post, no ex ante); b) Los integrantes de la SCJN son directamente afectados por cualquier reforma que modifique su estructura y/o condiciones laborales. Permitirles revisar dichas reformas pone en riesgo la imparcialidad y daña la legitimidad de sus decisiones. Por principio, las decisiones judiciales deben estar libres de intereses personales. (El propio Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, de 2004, que obliga a la SCJN, dispone en su capítulo I que la independencia judicial “consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses ajenos a él”. ¿Acaso las marchas y paros de la judicatura no constituyen “presiones o intereses ajenos al derecho”?); c) Se vulnera el principio de objetividad, que, según el mismo Código, “consiste en emitir fallos por las razones que el Derecho suministra, y no por las que se derivan de su modo personal de pensar o sentir”. ¿La división interna de la SCJN y la participación de ciertos grupos en actividades impropias de sus atribuciones no es una muestra clara de la imposibilidad de dejar de lado “su modo personal de pensar o de sentir”?
Tercero. En un Estado de derecho no puede existir la atribución de que el Poder Reformador de la Constitución reforme o adicione la Constitución, salvo en lo que respecta al Poder Judicial, debido a que: a) La atribución de legislar, incluyendo las reformas y adiciones a la Constitución, corresponde única y exclusivamente al Congreso (tratándose de reformas constitucionales, como ya mencioné en el punto primero, al Poder Reformador de la Constitución, que incluye una mayoría calificada de ambas Cámaras del Congreso y la mitad más una de las legislaturas locales). En consecuencia, no existe en ningún país democrático una salvaguarda que limite o restrinja la división de poderes. b) Un sistema de autoevaluación judicial daría lugar a un régimen en el que los jueces serían árbitros de sus propias causas, con la facultad de legislar sobre los preceptos constitucionales. (De nuevo, en relación con la objetividad, el Código de Ética del PJF establece que “El juzgador, al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, buscará siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal”. ¿Alguien con un mínimo de sentido común podría pensar que una resolución de la SCJN en este tema no implicaría “un beneficio o ventaja personal”?). Y c) La implicación de la SCJN en su propia reforma genera un sesgo interpretativo que debilitaría, paradójicamente, los principios constitucionales que está encargada de proteger. En resumen, la SCJN no puede, conforme a la Constitución, vulnerar la soberanía legislativa, restringir el principio de supremacía constitucional ni intervenir en el modelo de nación que la sociedad, a través de sus representantes en el Poder Legislativo, decida plasmar siguiendo escrupulosamente las reglas previstas en el artículo 135 constitucional.
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De naturaleza política
Enfrenta reforma a la Iglesia con el régimen…
Enrique Aranda | Excelsior
Hoy, ¡todos a marchar! Es por México…
Si bien en algún momento no pocos cardenales y obispos aconsejaron a sus pares “tender puentes…” con el régimen de Andrés Manuel López Obrador a fin de favorecer una suerte de diálogo intersectorial, lo cierto es que la aprobación por parte de la ilegal sobrerrepresentación de la 4T en la Cámara baja, de la inconstitucional reforma judicial parece haber cancelado toda posibilidad de acercar posiciones entre el gobierno en proceso de retiro y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)…
Tan es así que luego de un sinnúmero de reuniones más o menos formales y mensajes intercambiados entre las partes, la cúpula de la jerarquía católica decidió ya, y lo evidenció, sumarse a los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes universitarios y millones de ciudadanos más en la resistencia al despropósito del tabasqueño y los suyos que, dígase lo que se diga, no tiene más objetivo que acabar con todo vestigio democrático en el país y dar paso a la imposición de un nuevo régimen de corte autocrático y dictatorial inclusive.
Apenas el jueves, en efecto, la Conferencia hizo público un inusual comunicado en que no sólo externa su confianza en que el Senado, sus integrantes, “tomando en cuenta su responsabilidad y trascendencia del tema se dé tiempo para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios…”, sino que aprovecha para dejar en claro su convicción de que “la reforma impulsada no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, (sino que) más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de Poderes que establece nuestra Constitución”.
El documento signado por el primer nivel de decisión de la CEM, que encabezan el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, y el (aguerrido) obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, destaca igualmente que la elección directa de jueces y magistrados que plantea la reforma “además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”.
Huelga hacer notar que el desencuentro con el clero católico no constituye la mejor señal ante el inminente cierre del lopezobradorismo –como se irá evidenciando al paso de los días– ni, más grave aún, el mejor augurio para el inicio de la administración entrante que, como una y otra vez ha externado Claudia Sheinbaum, no sólo heredará proyectos y programas de gestión, sino también la línea política e ideológica marcada por López Obrador, y que todo ello será intocable durante su gobierno y más, serán la base sobre la cual se edificará lo que llaman el segundo piso de la Transformación que, en opinión de muchos lo será sí, pero de la extinción de las libertades y la democracia.
Al tiempo…
ASTERISCOS
* Rindió el panista Mauricio Kuri su tercer informe de gobierno y, en ese marco, destacó logros que llaman la atención: inversiones por 16 mil millones de pesos en obra pública, sin ningún apoyo del gobierno federal y 1,400 millones más en educación, así como acciones que tienen a Querétaro como el principal receptor de inversión extranjera con 6 mil 500 millones de dólares en el último año y quinto generador de empleos. Anunció nuevas obras y acciones de gobierno para el segundo trienio. Bien…
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Número cero
El desafiante López Obrador
José Buendía Hegewisch | Excelsior
El liderazgo desafiante de López Obrador hace una demostración de poder, en el momento en que se siente más poderoso del sexenio, al abrir la puerta a la carrera política de su dinastía. El Presidente se va, como prometió el 1 de octubre, pero se comporta como si quisiera permanecer con la tentativa de que su hijo se proyecte el siguiente sexenio hacia 2030. De todos los mandatarios que han intentado marcar periodos políticos con una misma familia, ninguno lo ha conseguido en México.
La idea de encumbrar a su hijo Andrés López Beltrán en la dirección de Morena es retadora por traspasar límites del compromiso mil veces expresado de no aferrarse al poder, dado que compromete y reduce espacio de maniobra al próximo gobierno, con decisiones de alcance transexenal. Si su protagonismo en una acelerada reestructuración constitucional atenazada por el conflicto se percibe imprudente, la idea de pavimentar la carrera de su hijo sería una temeridad cuando su sucesora ni siquiera ha tomado posesión de la Presidencia; tampoco podría exculparse como precipitación o atrevimiento, sino aceptar que simplemente es un acto de poder como el líder indiscutido de su movimiento, aunque eso no quita la mayor probabilidad de equivocarse. ¿Qué quiere el Presidente?
A menos de un mes de entregar la banda presidencial, la noticia sacude las estructuras políticas de la coalición que lo llevó al poder en 2018 y con la que ahora capitalizó en 2014 la más amplia victoria electoral de la era democrática como un triunfo personal. En posición no sólo regionalista sino reverencial, consejeros nacionales de Morena en Tabasco destaparon a Andy para ocupar la secretaría general del partido, en fórmula única con Luisa María Alcalde, que alzó la mano desde julio pasado para encabezar Morena.
El discurso de Alcalde para destacar su legado fuera del protocolo en la entrega del Informe ahora parece, además de devoción al líder, un saludo a la llegada de Andy a Morena, aunque dirigir el partido con un vástago del caudillo político de la 4T no puede ser cómodo para ella. La secretaría general es clave para la movilización política y la articulación con los comités estatales en la ruta del calendario político electoral trascendental para la suerte del siguiente gobierno, con la revocación de mandato o la elección intermedia. Pero también por la vinculación con los secretarios de finanzas de los gobiernos estatales de Morena a los que llegan cercanos al Presidente y al propio Andy. Él ha sido un operador informal, pero eficaz del Presidente, y, por consiguiente, atacado por la oposición política y mediática por corrupción.
La aprobación popular que despide del gobierno es potente, pero sería un error, como el de otros antes, creer que podrían llevarse en la maleta la Presidencia al caer el telón de su mandato. Ningún Presidente ha logrado el sueño del poder transexenal, menos por línea familiar. Aunque coincidieran en pensar que seis años son pocos para despuntar los cimientos de sus proyectos, como creían los gobiernos neoliberales; o los de Morena, con la conciencia de que la consolidación del suyo es de largo plazo.
Pero la provocación desata demonios arraigados de las claves de la estabilidad y transmisión sexenal del poder; aunque haya ventilado muchos tabúes políticos, con la incitación indica confiar en que en su caso sea diferente. Contrario a su estilo de pronunciarse sobre todo tema político, incluso destapar candidaturas como la de Xóchitl, con la de su hijo prefirió evadirse con un “ya, ya… mañana”, a pregunta de la prensa. Tampoco Andy se pronuncia, pero la propuesta avanza rápido en Morena, que analiza el cambio en la dirigencia en su Consejo Nacional.
El destape agita temores que permearon su mandato, de que al final no se iría a La Chingada, como nombra el rancho familiar donde planea retirarse, y compromete el arranque del gobierno de Sheinbaum, de por si sacudido por su protagonismo y el empuje de reformas de impacto transexenal como la de la Justicia o la militarización de la Guardia Nacional. Una extrema visibilidad que eclipsa a su sucesora y a la que lega reformas que encuadran su sexenio.
“Me voy tranquilo porque ya hay relevo generacional”, dijo el Presidente cuando Sheinbaum ganó la candidatura de Morena desde 2023 con el diseño con que resolvió su sucesión de puño y letra, pero entonces nadie hubiera pensado que quizá se refería a otros además de ella.
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Ruge la pantera por la reforma judicial
Antonio Gershenson * | La Jornada
Saludamos con entusiasmo al grupo Jóvenes por la Reforma que realizaron el mitin del pasado miércoles frente a la Rectoría de la UNAM. Personal docente y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y de nuestra UNAM se dieron cita para informar que éstas y otras instituciones más se manifestarán en lo sucesivo a favor de la reforma judicial.
La fuerza estudiantil es un motor potente que hace frente a las corrientes retrógradas que generan la desigualdad y las injusticias. En todas las épocas, los pueblos oprimidos dicen ¡basta! tarde o temprano.
Durante el evento, explicaron el contenido de la reforma al Poder Judicial. Tres de los principales mitos acerca de la propuesta, son los siguientes:
Mito 1: Cualquier persona sin preparación podrá ser juez. Realidad 1: Los candidatos deberán tener título en derecho, con cinco años de antigüedad para ministros de la SCJN y magistrados del TEPFJ y tres años para jueces de distrito y magistrados de circuito, así como promedio de 9 en la materia en la que van a desempeñarse, no haber sido funcionarios federales y tener una ética intachable.
Mito 2: Morena y la presidenta impondrán a ministros, magistrados y jueces. Realidad 2: Serán los tres poderes de la Unión los que propongan a los aspirantes. El Senado de la República validará que cumplan con los requisitos de la ley y seleccionarán a los mejores perfiles y, mediante insaculación, se elegirán tres candidaturas por cargo.
Mito 3: La reforma afectará en la independencia judicial. Realidad 3: Los procesos judiciales se transparentarán y los juzgadores dejarán de atender los intereses de unos cuantos para, genuinamente, servir al pueblo.
Otras aclaraciones son las siguientes: En cuanto a su integración y funcionamiento: a) se reduce el periodo de encargo de ministras y ministros de 15 a 12 años; b) se eliminan las pensiones vitalicias para actuales y futuros ministros; c) las remuneraciones se ajustan al tope establecido para la Presidencia de la República.
Respecto de la elección popular: a) todos los cargos de ministros, jueces y magistrados se renuevan por ocasión única en 2025; b) posteriormente, se renovarán de manera escalonada cada tres años en elecciones federales; c) quienes actualmente tienen un cargo, podrán participar en la elección y ser ratificados.
¿Cómo será la elección? Los tres poderes de la Unión proponen candidaturas igualitarias y paritarias. El Senado verificará que las candidaturas cumplan los requisitos. El INE organizará la elección, computará los votos y publicará resultados. No habrá financiamiento público ni privado, pero habrá tiempo en radio y Tv para difundir propuestas y perfiles. Los partidos políticos no podrán intervenir ni realizar proselitismo.
En cuanto a la reforma al Consejo de la Judicatura, se sustituye por dos órganos técnicos autónomos. El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de investigar denuncias a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley (como corrupción y encubrimiento, entre otros). El Órgano de Administración Judicial es el responsable de las funciones administrativas de la carrera judicial y del control interno.
Otros aspectos más que se pronunciarán conforme se vaya ampliando la información al público darán mayor certeza de lo que es la reforma al Poder Judicial de la nación. Uno de los puntos de mayor controversia con las prácticas actuales dentro de la composición de la SCJN es el nepotismo tradicional. En el caso de que alguien aspire a integrarse a esta institución en la actualidad, es un trámite difícil. Solamente aquel o aquella que tenga algún contacto o, como lo conocemos coloquialmente, alguna palanca, podrá lograr su objetivo. De lo contrario, tendrá que esperar a que alguien le proporcione el apoyo necesario para esto.
Referirse a las casas de estudio es una acción que trae consigo la simpatía o, como antaño, la revancha que significaba un motivo de enfrentamiento. Pertenecer a una u otra era un motivo de orgullo y de identidad entrañable. Lo que en años anteriores fue un motivo de cierto recelo y competencia profunda, ahora es un motivo de solidaridad y fraternidad, por lo menos es lo que se puede observar a simple vista.
Por esa razón, hemos recabado con afecto algunos párrafos de los himnos de la UNAM, el Politécnico y la UAM:
A alcanzar el sublime ideal. Y un mañana de luz será nuestro. De la patria diadema triunfal. Universidad, Universidad. Por mi raza hablará el espíritu.
Politécnico, fragua encendida con la chispa del genio creador en ti forja su nueva estructura nuestra noble y pujante nación. En la aurora de un día venturoso te dio vida la Revolución; una estrella te puso en las manos, ¡que no apague su limpio fulgor!
Eres semilla y futuro para un México diverso, raíz que desgrana el muro, casa abierta al universo.
* Colaboró Ruxi Mendieta.
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El plan de Trump para migración
Jorge Durand | La Jornada
Una cosa es la retórica electoral de Trump sobre migración, en la que se saltan todas las bardas posibles, se propalan los insultos más procaces y se proclaman las exageraciones más idiotas y otra es llevar a cabo una política migratoria en el día a día y año con año.
Su propuesta de ser dictador por un día y cerrar la frontera puede concretizarse en algo teatral y televisivo, pero los mexicanos ya aprendimos, con la pandemia, que se puede cerrar la frontera para el tráfico de personas y no pasa nada, pero no se puede cerrar el tránsito de productos y mercancías porque les afecta demasiado.
Quizá la peor patraña de Trump fue la de separar a las familias de migrantes y solicitantes de asilo y mandar a los niños a diferentes instituciones del país, sin ningún orden, control o concierto. Pero sus promesas de deportar a millones de indocumentados no se cumplieron y sus cifras fueron mucho menores que las de Obama, que llegó a deportar a 3 millones en ocho años. Lo que sí se incrementó, en 25 por ciento, fue la persecución al interior, con la consecuencia nefasta de separar familias. El documental de Nexflix sobre la actuación de la migra, del ICE, es muy elocuente al respecto.
Tampoco hubo redadas en centros de trabajo, la única que recuerdo fue la de una empacadora pequeña, regenteada por un chino y que capturó a una centena de migrantes, especialmente centroamericanos. Nunca tocó a las grandes empacadoras de carne y de aves, que contratan a miles de migrantes indocumentados.
Tal vez el efecto más funesto de su administración fue su afán de generar miedo en la población migrante en situación irregular. Pero no pudo, por ejemplo, quitarle la protección a los dreamers y tampoco a los que tienen estatus temporal protegido.
En letra impresa, su plan consiste en seis puntos: deportar a un millón por año, militarizar la frontera, incrementar centros de detención, aplicar y expandir su plan de tercer país seguro, resucitar el decreto en el que impide la entrada a ciudadanos musulmanes y reformar la constitución para quitar el derecho de nacionalidad por nacimiento.
Si bien la retórica de Trump habla de 20 millones de indocumentados, en la práctica son 12 y deportar a un millón por año es una cifra plausible. Se hizo en 1954 con la operación espalda mojada, principalmente con trabajadores agrícolas; sin embargo luego de unos meses tuvieron que abrir otra vez la puerta y poner en marcha el programa bracero. El problema es a dónde los va a deportar y si se va a aplicar su amenaza de capturar y deportar a México, lo que incluye extranjeros.
Militarizar la frontera, construir el muro e incrementar el personal de la patrulla fronteriza puede hacerse, pero requiere de mayor presupuesto y eso queda en manos del Congreso. Habrá que ver cómo se distribuye el pastel de legisladores y senadores.
El plan de construir más centros de detención y utilizar recintos militares es una medida acorde con el plan de empezar la cacería de migrantes irregulares y contar con instalaciones con capacidad para albergar a unos 80 mil o 100 mil migrantes, mientras se da el proceso de deportación, que requiere de burocracia, organización y disponibilidad de aviones para el caso de los que no son mexicanos.
Por su parte, Trump piensa forzar a varios países de la región a firmar acuerdos de tercer país seguro, ya lo hizo con Guatemala y Honduras y trató, por todos los medios, de involucrar a México; no obstante, nuestro país sólo hizo varias e importantes concesiones, sin firmar nada. Con esta medida se pretende controlar el flujo de solicitantes de refugio que tendrían que solicitarlo, primero en esos países que se consideran seguros, pero que obviamente no tienen condiciones mínimas para albergar y procesar a miles de solicitantes.
El asunto de los musulmanes tiene que ver con sus fobias racistas, aunque también con evitar algunos de los problemas que tienen los países europeos con el radicalismo islámico. No obstante, en una de sus últimas declaraciones, Trump se refirió a que llegaban migrantes de todo el universo e incluso de países de los que él no tenía noticia (sic). Ventajosamente ya no habla de mexicanos y generaliza que esos migrantes son delincuentes, enfermos mentales, ex presidiarios, traficantes de drogas y de personas, y demás apelativos.
Finalmente, vuelve a tocar el punto de la Enmienda 14 y el cambio de la constitución sobre el derecho que otorga la nacionalidad a todos los nacidos en su suelo, incluidos los esclavos, derecho conquistado precisamente en la guerra de secesión y la supresión de la esclavitud. Un tema álgido, rara vez se reforma la constitución, pero la propuesta ya se ha planteado por la derecha en múltiples ocasiones. Los más afectados, sin duda, serían los mexicanos, por ser el grupo inmigrante mayoritario.
Como quiera, esta medida también afecta de manera simbólica a los negros, que ganaron la ciudadanía con esa enmienda.
Pero ya lo dijo Donald Trump, él ha hecho más por los negros que el mismísimo presidente Lincoln.
