La soledad de los periodistas
Homero Campa
Proceso
¿Por qué los periodistas no reciben el apoyo de la ciudadanía a la que sirven? ¿Por qué ésta mira los asesinatos y agresiones a los periodistas como algo que le es ajeno, como un asunto “de ellos”? ¿Por qué después de 153 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, uno más ya no sorprende?
Cinco periodistas asesinados en México en lo que va del año. La indignación que estos homicidios concita se circunscribe básicamente a los informadores y organizaciones de derechos humanos que los apoyan… y no mucho más.
Unos trescientos colegas se manifestaron frente a una de las puertas de la Secretaría de Gobernación el pasado 25 de enero, dos días después del asesinato en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado; cientos más se manifestaron en una decena de ciudades del país. Pero a esas movilizaciones no se sumaron asociaciones de profesionistas ni de universidades ni de sindicatos ni de organizaciones civiles. A todas luces, en este trance los periodistas estamos solos. A la inacción de las autoridades –denunciada una y otra vez–, se suma el vacío de la sociedad.
¿Por qué los periodistas no reciben el apoyo de la ciudadanía a la que sirven? ¿Por qué ésta mira los asesinatos y agresiones a los periodistas como algo que le es ajeno, como un asunto “de ellos”? ¿Por qué después de 153 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, el homicidio de uno más ya no sorprende? ¿Acaso debemos normalizar el hecho de que México sea el país más peligroso para ejercer este oficio?.
Una de las causas de los reiterados ataques a los periodistas es la impunidad. Se agrede o mata a un periodista porque se puede… sin que ello implique que el responsable sufra consecuencias. La Unesco ha documentado que de 34 asesinatos cometidos contra periodistas de diciembre de 2018 a diciembre pasado, sólo se pudieron resolver tres homicidios, dos en 2019 y uno en 2020; es decir, 90% de los casos se mantienen en la impunidad.
Una segunda causa: la inoperancia de los instrumentos creados por el Estado para defender a los periodistas: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y el Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La primera sólo ha ejercido su facultad de atracción en seis de los 28 homicidios que la organización Artículo 19 ha documentado durante la gestión de López Obrador. El Mecanismo por su parte sufrió la eliminación del fideicomiso que lo dotaba de recursos y su presupuesto para este año –justo cuando han aumentado el ritmo de agresiones y asesinatos— fue de 380 millones de pesos, 100 millones menos de lo proyectado, y la mayoría ya comprometido con deudas del año anterior.
Ante estas falencias desde el Estado, se suma la falta de conciencia en la sociedad sobre por qué importa el periodismo y por qué importan los periodistas.
Ya se ha dicho, pero vale la pena reiterarlo: el periodismo resuelve cotidianamente la necesidad de saber qué pasa en el entorno de un ciudadano para que éste pueda ubicarse y tomar decisiones. En este sentido, el periodismo es necesario para una vida social sana. Sólo una sociedad informada puede conocerse a sí misma y tomar decisiones responsables sobre su futuro.
Más aún: el periodismo es un “ojo fiscalizador” que, en nombre del interés público, está atento a la buena marcha de las instituciones de acuerdo con las normas legales y los valores socialmente aceptados. Dentro de una sociedad que se presume como democrática, se acepta que ese “ojo fiscalizador” tenga el deber y el derecho de denunciar los excesos y los abusos, como la corrupción gubernamental o empresarial o las violaciones de los derechos humanos…Es decir, el periodismo se convierte en una especie de conciencia crítica del poder y de la sociedad.
Es en el ejercicio del periodismo que se aterrizan dos principios básicos de toda democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información. Cierto, el periodismo no es la única actividad que hace esto ni pretende tener el monopolio de estos derechos y libertades, pero su práctica profesional, seria y ética, afinca estos derechos. Y es debido a este aspecto que es muy grave atentar contra los periodistas.
Se parte de la siguiente premisa: cuando un periodista pierde la vida o es agredido por un robo, un crimen pasional o una venganza personal, el trato que debe recibir es similar al del resto de los ciudadanos. Pero si el ataque en su contra es motivado por su trabajo, entonces se atenta contra principios básicos de una democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión. Estos valores éticos subyacen en el ejercicio de este oficio nuestro.
Pero a la sociedad no parece importarle dicha función social del periodismo… Y en ello poco ayuda la descalificación a medios y periodistas que se hace regularmente desde la máxima representación del poder político: el presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso más reciente y más claro es el de los señalamiento del mandatario mexicano contra la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de “engañar durante mucho tiempo” y de “simular” cuando en realidad estaba “a favor del bloque conservador”.
Cuando un presidente que concentra tanto poder y que es sumamente popular descalifica a un medio o un periodista se desata en sus seguidores (o en bots) una rabiosa andanada en redes sociales en contra de éstos, a quienes se les somete a una presión no basada en la razón y en argumentos, sino en la agresión y el insulto; se intenta deslegitimarlos y desfondarlos de sus audiencias a partir de dañar lo que es clave para un periodista: su prestigio.
Lo que López Obrador concibe como el “buen periodismo” –así lo ha manifestado — es el que “acompaña los procesos de transformación”; es el que abiertamente se compromete a favor de un proyecto político. “La neutralidad en un proceso de transformación no aplica”, dijo en la mañanera del lunes 7. Y añadió: “Basta de simulación, basta de hipocresía, que cada quien se sitúe en su lugar. Nada de que somos objetivos. ¿Por qué no tomar una decisión?”.
López Obrador usualmente remite como ejemplos del “deber ser” a los periodistas del siglo XIX como Lerdo de Tejada o de principios del siglo XX, como los Flores Magón. Estos hacían, por supuesto, un periodismo abiertamente militante porque su ejercicio se realizaba a partir de causas políticas.
Pero el periodismo no está para trabajar en función de causas políticas, por muy nobles que sean, sino de una función social que –si bien no está ajena a la política— tiene otro objetivo: el interés público.
Contrario a lo que manifiesta AMLO, el periodismo transformador no es el que acompaña al poder “legítimo”, sino el que lo escudriña… Y es que, el periodismo que se somete al poder de cualquier signo, se convierte en un factor del inmovilismo social y político.
Para que el periodismo cumpla esta función de “Watchdog”, de “ojo fiscalizador”, de conciencia crítica del poder y de la sociedad, se requieren ciertas condiciones, porque es una actividad que no se ejerce en el vacío sino en un ecosistema político, social y mediático. ¿Qué condiciones requiere?: en principio, un marco de seguridad, de legalidad, de libertad y de independencia. El presidente apela a un “derecho de réplica ”o lo que él llama un “diálogo circular”: “si ustedes me critican, yo también tengo derecho a criticarlos”. Y por supuesto –en tanto entes públicos–, los medios y los periodistas también deben ser objeto de dicho escrutinio, pero –a diferencia de lo que pregona López Obrador—dicha crítica no debería ejercerse desde el poder, sino desde la sociedad; es está la que debe evaluar y, en su caso, sancionar el actuar de los periodistas.
¿Qué hacer ante la falta de apoyo de la sociedad a los periodistas?
La primera respuesta es obvia: hacer más periodismo y mejor periodismo; es decir, un periodismo que cumpla con los preceptos básicos del oficio: ofrecer información veraz, oportuna, contextualizada, con datos precisos, previamente cotejados y contrastados, con fuentes citables y verificables… Es decir, un periodismo profesional que se eleve sobre la polarización que vive el país y que responda al interés público y no a intereses de gobiernos o de grupos políticos o empresariales.
Una segunda respuesta está de alguna manera en ciernes: la creación de redes de periodistas. En su libro Surviving Mexico (University of Texas Press, 2021), las investigadoras estadunidenses Celeste González de Bustamante y Jeannine E. Relly señalan que, ante la ausencia de instituciones del Estado que los protejan y ante la desconexión de la sociedad que no los reconoce como suyos, los periodistas mexicanos, sobre todo de provincia, se han visto en la necesidad de convertirse en “activistas de sí mismos” y desarrollar estrategias para mantener vivo el oficio y para sobrevivir ellos mismos. Entre esas estrategias destacan la creación de redes con otros colegas y medios –nacionales e internacionales– para realizar y difundir investigaciones conjuntas; con organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos que defienden a periodistas de ataques y agresiones por parte de agentes del Estado o de la delincuencia organizada; con otras organizaciones, universidades, fundaciones, financiadoras que les permiten obtener recursos para realizar periodismo, pero también para recibir cursos de capacitación profesional o para instrumentar protocolos de seguridad física y digital.
Estas redes les ha permitido romper el aislamiento, movilizarse en caso de ataques y amenazas, potenciar denuncias, prestar refugio y crear comunidad. Y ello es importante porque como periodistas no tenemos una conciencia de gremio que luche por sus derechos… y estas redes –así sea a nivel local—están procurando un sentido de pertenencia y de solidaridad en un sector individualista y fragmentado; están al mismo tiempo creando vasos comunicantes con otros sectores sociales –universidades, colegios de profesionistas, por ejemplo—que puedan acompañar y arropar a los colegas.
Una tercera respuesta es elemental, pero no ha sido puesta en práctica: lanzar una campaña de concientización sobre la importancia del periodismo y de los periodistas. Se trata de posicionar el mensaje de que no somos ajenos a la sociedad: somos “sus” periodistas, nos debemos a ella, trabajamos para ella; que sin nosotros se impondrían las zonas de silencio, se escamotearía el derecho a saber de las audiencias y se inhibiría la toma de decisiones colectivas; que sin una prensa libre, profesional e independiente, campearía sin freno la manipulación política y empresarial, y sobre la ciudadanía se impondrían sin contrapesos los grupos de poder, sus abusos y sus excesos.
Arsenal
La “verdad histórica” le estalla a la 4T
Francisco Garfias
Excelsior
Por primera vez, el gobierno de la 4T admite que tiene información de que hay infiltrados de la delincuencia entre los normalistas de Ayotzinapa, que aventaron un tráiler sin chofer contra la Guardia Nacional y los policías antimotines que les impedían tomar la caseta de Palo Alto, en Guerrero, para extorsionar a los usuarios de la Autopista del Sol. “Tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento. Eso a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando”, dijo el Presidente en la mañanera.
Añadió: “Me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ése no es el camino”, dijo en la mañanera.
*A la 4T se le vino encima la tan criticada “Verdad histórica”. Ésa que señalaba que los normalistas desaparecidos fueron confundidos con integrantes de Los Rojos.
Hoy les estalla en las narices. Más de tres años en el poder para llegar a una misma conclusión que el exprocurador Murillo Karam: la organización criminal Los Rojos —adversarios de Guerreros Unidos— infiltró a normalistas de Ayotzinapa.
“Lo de Los Rojos se empezó a conocer desde que se produjeron los lamentables hechos de los 43 en Iguala, pero ésta es la primera vez que se reconoce por parte de este gobierno”, destacó el senador guerrerense del PRI, Manuel Añorve. Añadió: “Es momento de pasar del dicho al hecho. Tienen que intervenir las fuerzas federales, hacer una investigación con la Guardia Nacional, con la FGR, la Fiscalía local, ir sobre los responsables”.
El tráiler lanzado en contra del cordón policial era de la cadena de supermercados Soriana, que ya presentó una denuncia por robo. Los normalistas bajaron al chofer antes de utilizar el vehículo como misil contra la GN.
* Lo ocurrido el viernes en la caseta de Palo Alto es un acto criminal que no puede quedar impune. Ninguna causa social, por noble que parezca, lo justifica. Dejarlo pasar es invitar a que estos actos de terrorismo —no exagero con el término— se repitan no sólo en Guerrero, sino en todo el país. El propio AMLO reconoce que el tráiler-misil pudo haber causado “muchos muertos”. Pasó sin piloto por la caseta de peaje. No la tocó de milagro. Se fue a estrellar 40 o 50 metros adelante, en un módulo de turismo ubicado muy cerca de puestos de comida.
“Se puso en riesgo la vida de los guardias nacionales; pero también de familias que pacíficamente se ganan la vida vendiendo comida. Pusieron en riesgo a los usuarios de la autopista varados en los carriles en sentido contrario. Gracias a Dios no se desvió y se fue a estrellar contra ellos”, destacó Añorve.
* El presidente López Obrador creyó necesario aclarar que en la 4T “no somos represores” por haber hecho valer el Estado de derecho con las fuerzas de seguridad pública.
“Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó con responsabilidad, sin armas, salieron muchos heridos. Espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, porque los conservadores quisieran que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes”, puntualizó.
* Desafortunado debut del actor Roberto Palazuelos en política. MC lo hizo candidato a gobernador de Quintana Roo el pasado 22 de enero. En ese lapso se ha visto involucrado en dos asuntos negativos que han incomodado al partido que lo postuló. El primero, cuando dijo en Imagen que, una vez que llegara al Palacio de Gobierno, iba a ajustar cuentas a “todas esas gentes” que lo están difamando. Se tuvo que retractar.
El segundo, más grave, es la confesión que hizo, en una vieja entrevista con Jordi Rosado, de que participó en una balacera. “Matamos al gordo y a otro güey”, en legítima defensa, aseguró. Voces dentro de MC ya se han elevado para pedir que se le retire la candidatura. “Su trayectoria lo marca y es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en MC para ser una alternativa ciudadana. Estoy convencida de que hoy es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla”, escribió en Twitter la exdiputada de MC Martha Tagle.
El secretario general de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, le recordó al actor que la justicia debe servir para dar paz a la gente, no para ajustar cuentas.
* Se empieza a calentar la batalla por la CDMX en el seno de la coalición Va por México. Cada partido ya menciona a sus aspirantes a suceder a Claudia Sheinbaum. En el PAN se maneja el nombre de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; en el PRI, el de Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, y en el PRD el de Nora Arias, jefa del amarillo en la CDMX.
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Claves para entender el presente
Santiago Nieto Castillo
La Jornada
Mi generación fue formada bajo los parámetros de un proceso histórico que denominamos transición a la democracia. El discurso central hablaba de que la transición mexicana a la democracia había sustituido a un sistema de partido hegemónico por un sistema plural, con tres partidos principales; que el presidencialismo había sucumbido a la división de poderes con el establecimiento de un tribunal constitucional y los gobiernos divididos (1997-2018) y que dicha transformación había sido pactada con sucesivas reformas constitucionales y votada por la ciudadanía.
Hubo promesas que la transición logró. Otras no. Entre las primeras, la gestación de autonomías institucionales; de un sistema de partidos plural y alternancias a escala nacional sin derramamiento de sangre y, a nivel local, cambios de partido en casi la totalidad de las entidades. Sólo tres entidades no han experimentado una alternancia, y antes de que acabe el año serán únicamente dos.
Pero hubo promesas que la transición democrática no pudo cumplir. No significó mejores controles en lo local. Tampoco desarrollo económico, como los más optimistas señalaban. Pero sobre todo, el principal defecto fue no haber podido disminuir la corrupción y, por el contrario, ésta se multiplicó en los espacios locales sin contrapesos. La transparencia fue un paso importante, pero no logró los alcances esperados. El Sistema Nacional Anticorrupción, sin la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), resultaba incompleto. Por ello, el resultado electoral de 2018, entre otros elementos, como el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador, es reflejo directo del hartazgo de la sociedad mexicana por los niveles de corrupcion.
2018 cambió el discurso y la dinámica. El tripartidismo (evidentemente había más partidos políticos, pero tres fundamentales) fue sustituido por la presencia de un partido predominante que no ha hecho más que crecer. Y es predominante porque las elecciones son competitivas, pero los otrora partidos grandes sólo unidos pueden intentar competir con seriedad a Morena y con esa coalición rompen los propios matices que les daban presencia.
Otro cambio sustancial está en la visión de una democracia ya no solo representativa. A partir de 2019 se le ha dado un lugar especial a la democracia directa a partir de las distintas herramientas que el diseño constitucional permite: la consulta popular o la revocación de mandato, entre ellas. Hoy mismo uno de los principales debates en la nación es precisamente la revocación de mandato que, sin duda alguna, tendrá evidentemente como resultado la “ratificación“ del Presidente por un porcentaje muy elevado de votos.
Las cosas han cambiado, los conceptos con los que estudiamos los fenómenos políticos, jurídicos y sociales no nos permiten explicar de manera satisfactoria los nuevos tiempos. Debemos entender la nueva realidad y la transformación que se está gestando en nuestro país.
La lenta muerte de la rentabilidad
José Blanco
La Jornada
El sábado pasado el presidente López Obrador dijo: ¿Por qué ganamos nosotros? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie, nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal, dijimos: vamos a cambiar la política económica, y es lo que estamos haciendo. Pero no hay tregua: todos los días en los medios, desde los más variados flancos, se reprueba su política económica; en síntesis: AMLO no sabe lo que hace. Llámeme, señor, pregúnteme, yo le digo.
El propósito social del Presidente persiste: en 2022 serán destinados 445.5 miles de millones de pesos para beneficiar a 65 por ciento de los hogares; además, la política de recuperación de los salarios continuará.
Las críticas suelen partir del crecimiento del PIB: el crecimiento es necesario para impulsar el empleo, se dice, entre otras cosas. Bueno, no es el crecimiento del PIB lo que impulsa el crecimiento del empleo, es el crecimiento de la inversión lo que impulsa el crecimiento del empleo y del producto. La inversión es lo que importa.
Los economistas saben (las personas enteradas también) que el neoliberalismo contrajo severamente la inversión pública como proporción del PIB, a partir de los años 1980. Las privatizaciones feroces jugaron su parte en la jibarización del Estado. Las reformas mal llamadas por el neoliberalismo estructurales, hicieron el resto. El crecimiento del producto y del empleo quedó, con mucho, en manos de la inversión privada. Un Estado raquítico quedaría a cargo de obras de infraestructura.
Es, por tanto, equivocado decir, como los medios lo dicen a todas horas: “durante la administración de fulano, el PIB creció o cayó así o asá”. Lo dicen en voz muy alta también los propios empresarios, responsables de la inversión que produce el crecimiento del PIB.
En 2019 Carlos A. Ibarra y Jaime Ros publicaron La disminución de la participación del trabajo en el ingreso en México, 1990-2015. Durante ese lapso hubo una lenta tasa de crecimiento de los sectores modernos de la economía, que llevó a una fuerte expansión de las actividades informales, caracterizadas por rendimientos decrecientes. En ese lapso –y hasta nuestros días– no hubo una tasa de inversión de los privados que llevara a un aumento significativo en la tasa de crecimiento del producto. Los autores se preguntan: ¿por qué la reducción de la participación laboral y su efecto positivo sobre la rentabilidad no han aumentado la tasa de acumulación?; y responden: no hay crecimiento (simplifico): 1) porque la caída de los salarios reales contraen la demanda interna, lo que impide una mayor tasa de inversión; 2) “en un ambiente de movilidad del capital e integración industrial entre los dos países… la acumulación de capital en México pudo haber sido inhibida por la creciente participación de las ganancias, en Estados Unidos [EU] [donde también hubo una aguda caída de la participación de los salarios en el ingreso], que [neutralizó] el efecto potencialmente positivo del aumento en la participación de las ganancias en México”; 3) en un ejercicio análogo al concepto de Marx sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia a la par de un aumento en la masa de ganancias, los autores apuntan: “la caída de la tasa de ganancia a mediano plazo –y su tendencia a mantenerse plana en el periodo más reciente– debe explicarse por una caída en la razón producto-capital lo suficientemente fuerte para compensar el efecto del aumento en la participación de las ganancias y, en el periodo más reciente, la caída en el precio relativo de los bienes de capital”. La era de la innovación permanente conduce a índices de productividad insuficientes para los gigantescos montos de capital acumulado; el aumento en la masa de ganancias, a costa principalmente del aplastamiento del ingreso de los trabajadores, no consigue una tasa de ganancia que sea suficiente al capital, para invertir.
Las tendencias descritas, además, contribuyeron al aplastamiento de los sindicatos y al abatimiento extremo de los índices de sindicalización tanto en México como en EU. Los hechos reseñados no son temas de la coyuntura, ni problemas superables por alguna política económica genial; son los problemas contemporáneos del capitalismo en los centros, empeorado en los países dependientes. Como en otros momentos de la historia, los privados se encuentran frente a un límite que en el pasado se ha solucionado mediante diversas formas salvajes de destrucción de capital, para recuperar la tasa de ganancia. Cada momento límite (1929, 1945, 1965, 2000 y 2007), ha sido más difícil de superar que el anterior. Nadie sabe en qué parará el momento actual.
En tales condiciones ¿debería un gobierno popular esperar a que el capitalismo corrija sus problemas estructurales, para tomar decisiones en favor de los asalariados y los excluidos de siempre? El balón está del lado de los privados. Por lo pronto no será reventando más a los de abajo.
