Lo que dicen los columnistas

Otra vez la democracia 

Desde la llamada transición democrática, México la identifica con las elecciones y la alternancia política en el poder, que en la adjetivización podría definirse como una “democracia representativa”, que desde la década de los ochenta y la caída de la URSS se ha privilegiado en el mundo como “la mejor forma democrática”. 

Javier Sicilia 

Proceso 

Desde la llegada de Morena al poder y su destrucción de los cascarones institucionales que posibilitaron la transición democrática, no ha dejado de hablarse de democracia. El término se ha vuelto más frecuente conforme Morena, adelantándose a los tiempos electorales, ha comenzado su campaña con el fin de mantener su hegemonía en las elecciones intermedias del próximo año. Ante ello, las preguntas, que no he dejado de hacer desde que Felipe Calderón desató la guerra contra las drogas y el Estado mostró su profunda corrupción, vuelven a hacerse pertinentes: ¿realmente podemos hablar de democracia en un país tomado por el crimen organizado y con el 96% de impunidad?; ¿es posible decir que en esas condiciones —que no han dejado de potenciarse de elección en elección— las urnas son una expresión democrática o la convalidación del dominio del crimen? ¿Entendemos realmente lo que democracia significa? 

Una de las características de la crisis que vivimos es, como lo he analizado en estas páginas, la pérdida de los significados. El lingüista Uwe Poerksen se refirió a ello al analizar lo que definió como “palabras plásticas” (términos que proviene del ámbito científico o técnico, como “desarrollo” o comunicación” y que al ser adoptados por el lenguaje político y masificarse sólo sirven para crear discursos sin significado que empobrecen el debate público). Iván Illich llevó la tesis de Poerksen a un territorio más vasto y las llamó “palabras amibas”, palabras que, como las amebas, no tienen contornos y parasitan la lengua cargándolo de mensajes simplificados, ideológicos y enfermizos. 

La palabra “democracia” es una de ellas. Aun cuando su significado es “gobierno del pueblo”, su ausencia de forma —el pueblo puede ser cualquier cosa— hizo, dice Douglas Lummis, que la palabra democracia “representara el papel de puta” en el lenguaje político. Así. La democracia se ha hecho acompañar de todo tipo de adjetivos tan vacíos como la palabra misma: democracia “representativa”, “popular”, “autoritaria”, “dirigida”, “liberal”, “socialista”, etcétera. Se ha utilizado lo mismo para justificar la revolución y la contrarrevolución; el terror y la indiferencia. 

Desde la llamada transición democrática, México la identifica con las elecciones y la alternancia política en el poder, que en la adjetivización podría definirse como una “democracia representativa”, que desde la década de los ochenta y la caída de la URSS se ha privilegiado en el mundo como “la mejor forma democrática”. Sin embargo, si tomamos en cuenta el concepto en su sentido más pleno —“el gobierno del pueblo”—, la democracia es más que un arreglo particular entre instituciones políticas y económicas, más que el voto y las elecciones libres, más que la separación entre los tres poderes de gobierno y sus contrapesos. Aun cuando todo eso puede ayudar a la democracia, siempre y cuando los partidos y el Estado no estén, como sucede en México, cooptados por el crimen organizado y una corrupción generalizada, la democracia no es, como suele entenderse, un aparato que pretende representar a la gente. Es, por el contrario, una experiencia que la gente expresa cuando sale a la calle y exige que el sistema que dice representarla cumpla con lo que prometió y traicionó. 

Esas expresiones verdaderamente democráticas, al mismo tiempo que son, dice Lummis, un horizonte que nunca agotamos, son, completa Sheldon Wolin, momentos políticos, quizás los más políticos, en los que lo político, entendido como el fundamento del orden social, “se recuerda y se (re)crea”. 

Uno de ellos en México, el que mejor recordamos del periodo del priato, que en el orden de los adjetivos era una “democracia dirigida”, fue el movimiento del 68. Durante los procesos que dieron paso a la llamada transición democrática, el momento más democrático fue el levantamiento zapatista y las movilizaciones que suscitó. A partir de la transición, que caminó hacia una “democracia representativa”, y del ascenso de Morena que busca reestablecer la “democracia dirigida”, las expresiones democráticas más importantes han estado a cargo de las víctimas que han padecido las consecuencias del sometimiento del Estado y del país a una lógica completamente criminal y corrupta, que destrozó lo poco que la “democracia dirigida” del priato dejó del Estado. Recordemos La Marcha de Blanco en 2004, Iluminemos México en 2008, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, las movilizaciones por los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y desde entonces las decenas de brigadas de las Madres Buscadoras que recorren el país en busca de los desaparecidos. 

En esas condiciones de violencia y corrupción que, como lo referí, han ido creciendo con cada elección, la única manifestación democrática que nos queda es movilizarnos y no ir a las urnas; es darle la espalda al proceso electoral; es manifestar que la democracia en cualquiera de sus expresiones adjetivadas es en México un poder robado que no es capaz de darnos ya los mínimos indispensables —la justicia y la paz— que la vida social necesita para florecer y expresar su horizonte democrático, y que es necesario refundar el Estado. Gandhi lo mostró cuando la India dejó de cooperar con el poder británico y su colonialismo se desmoronó. Lo mostró también en 1989 la llamada Revolución del Poder del Pueblo que en Filipinas derrocó al dictador Ferdinand Marcos. 

Ciertamente esto no establece la democracia, que es siempre un horizonte que por momentos se encarna y por momentos hace posible lo imposible, pero crea las condiciones para que ella pueda existir y expresarse. 

Por desgracia, los mexicanos no se movilizarán para esa refundación y una buena parte de ellos irá una vez más a las urnas a convalidar el poder de los cárteles y el sometimiento cada vez mayor de nuestra libertad y de nuestra existencia a ellos. 

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. 

Razones 

La rebelión de las batas 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Excelsior 

Hasta el viernes pasado, en el gobierno federal minimizaban lo que estaba ocurriendo con el movimiento sindical de los trabajadores, personal médico y sanitario del sector salud, y se insistía en que eran sólo un grupo de disidentes en un universo de 490 mil trabajadores. Ese mismo día, el movimiento se había extendido a 18 estados y comenzaban a sumarse en apoyo al movimiento otros grupos sindicales y sociales.  

La demanda trasciende en mucho lo sindical, pero se expresa a través de la inconformidad manifiesta con la actual dirigencia encabezada por el diputado federal de Morena, Rafael Olivos. Durante décadas, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social fue una de las piezas mejor aceitadas del viejo sistema corporativo: disciplinado, bien negociado, siempre del lado del poder en turno. Lo que estamos viendo desde finales de septiembre es otra cosa. No es una disidencia marginal ni una provocación opositora. Es una base trabajadora conformada por enfermeras, médicos, laboratoristas, administrativos y jubilados, que desconoce a su dirigencia, que salió a las calles en por lo menos siete estados (el movimiento ya se ha extendido a 18) y lleva su reclamo hasta Gobernación y las oficinas centrales del instituto, pero también se moviliza y recibe apoyos de diversos sectores sociales. 

El detonante fue el aumento salarial. La dirigencia de Rafael Olivos pactó un incremento directo de 2.9 por ciento, presentado como parte de un paquete de 8.55 que sumaría aportaciones a la cuenta individual por la cláusula 157, además de un complemento salarial. Pero para quienes cobran una quincena, que cada día alcanza para menos, la cuenta es más simple: el aumento al sueldo base es menor a tres puntos. La base pide 10. Y tiene memoria: en 2024 el incremento acordado fue de 8 por ciento. 

Pero reducir esto a un pleito de porcentaje salarial sería un error. El 1 de octubre, después de horas de marcha desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, trabajadores derribaron una puerta de la sede sindical en la Condesa. Esa imagen de los trabajadores del Seguro forzando la entrada de su propio sindicato resume la crisis: no tienen interlocución con quien, en teoría, los representa. Por eso la demanda central no es sólo dinero, sino un Congreso Nacional Extraordinario y la salida de Olivos. 

Hay un dato que explica mejor que cualquier otro el fondo del conflicto. Entre las exigencias está derogar la parte de los estatutos que impide a los agremiados hablar de los problemas de los hospitales, de la escasez de insumos y de sus condiciones de trabajo. Dicho de otra forma: el convenio firmado por el sindicato funciona también como una ley mordaza. Y lo que se busca callar es justamente lo que el gobierno niega. 

Porque el gran tema es el desabasto de medicinas e insumos. En marzo, en la mañanera, se informó que el sector salud tenía en promedio más de 97 por ciento de abasto de medicamentos.  

Ayer se volvió a decir lo mismo, pero los trabajadores que marcharon en Durango, Querétaro, Morelos o la Ciudad de México exigieron por el abasto de medicamentos e insumos en el mismo pliego que el aumento salarial. Son ellos quienes tienen que explicarle al paciente renal o al oncológico que no hay medicinas, que el tratamiento se retrasa. Ese 97 por ciento no se reconoce en ninguna sala de espera. Y el condicionante de prohibirles hablar de ese tema detonó aún más la protesta. 

Hace cinco meses, en mayo, el propio Olivos señalaba la dotación oportuna de insumos y medicamentos como un área de oportunidad. Hoy su base lo acusa de no haber hecho nada al respecto, ni con eso ni con el salario. 

La respuesta oficial ha sido lamentable. Después de un mes de movilizaciones, Gobernación abrió, apenas el 8 de octubre, una mesa con representantes de las 37 delegaciones; un grupo se levantó, denunció que habían sido retenidos y terminó movilizándose en Reforma, donde se instaló un plantón frente a las oficinas centrales del instituto. Gobernación, en lugar de negociar, pidió no afectar vialidades. La presidenta Sheinbaum anunció una gira de casi tres meses por los hospitales en 24 estados. Puede ser útil, pero el conflicto es con los trabajadores, los que todavía sostienen buena parte de un sistema de salud que quedó destrozado luego de los López: Obrador y Gatell. 

El gobierno enfrenta un dilema. Sostener a Olivos significa defender a una dirigencia que perdió a sus bases, exactamente el tipo de sindicalismo que la reforma laboral de 2019, con el voto libre, personal y secreto, prometía dejar atrás. Abandonarlo implica abrir un congreso extraordinario sin control en uno de los sindicatos más sensibles del Estado, nadie tiene mayor cantidad de empleados, y aceptar una negociación salarial que superará el marco de austeridad obligada del gobierno. 

Lo peor es apostar al desgaste: esperar a que las marchas se agoten, a que los automovilistas se harten de los bloqueos y a que todo vuelva a la actual “normalidad”. El problema es precisamente esa normalidad: hospitales sin insumos, personal agotado, un sindicato que no representa a sus trabajadores y una autoridad que mide el abasto de medicinas e insumos en porcentajes que nadie en una clínica reconoce. Cuando quienes sostienen al sistema de salud dicen públicamente que no pueden más, hay que escucharlos, porque los pacientes se han hartado ya de reclamar.  

Juegos de poder 

Un diagnóstico de los males económicos de México desde la izquierda 

LEO ZUCKERMANN 

Excelsior 

Una de las heroínas de la izquierda mexicana ilustrada, la economista Mariana Mazzucato, publicó en agosto pasado el reporte “Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque orientado por misiones para alcanzar la prosperidad compartida”. Su coautora es Lara Merling; ambas son académicas de la University College London. 

Open Society Foundations financió la investigación. Mazzucato se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de septiembre para conversar sobre el informe. El documento analiza los obstáculos estructurales al desarrollo mexicano y propone transformar las capacidades y la coordinación del Estado para traducir los objetivos del Plan México en resultados económicos y sociales. 

Vale la pena glosar este estudio de una economista heterodoxa que cree en la innovación y el valor público. Mazzucato es reconocida por redefinir el papel del Estado en el capitalismo moderno. Se le concibe como una alternativa de izquierda que ofrece un proyecto alternativo al neoliberalismo. Lejos de ver al sector público como un ente meramente regulador o un corrector de fallas del mercado, está a favor de un Estado que actúe como motor dinámico, asumiendo riesgos financieros y liderando el progreso tecnológico. 

En esta entrega resumo su diagnóstico sobre México. 

La tesis central es que México ha construido una economía exportadora de gran escala, pero no ha logrado convertir ese éxito en aumentos equivalentes de productividad, innovación y bienestar territorial. 

Las autoras sostienen que atraer inversión y aumentar exportaciones resulta insuficiente cuando no se desarrollan proveedores, conocimientos e instituciones nacionales capaces de difundir sus beneficios. El problema combina restricciones fiscales, desigualdad productiva y deficiencias de coordinación estatal. 

El reporte identifica una contradicción entre los objetivos del Plan México del gobierno de Sheinbaum y la política presupuestaria. Mientras el Plan busca elevar la inversión por encima de 25% del PIB, la inversión pública descendió de 4.5% en 2014 a 3.1% en 2024 y a 2.2% en 2025. El documento señala una caída real de 28.4% de la inversión física durante 2025. Al proteger compromisos sociales, pensiones y servicio de la deuda, la consolidación fiscal termina recortando precisamente la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad productiva. 

Por su parte, la estructura empresarial está polarizada. Las microempresas constituyen 95.4% de los establecimientos y generan 41.4% del empleo, pero solamente 16% del valor agregado. Las grandes empresas representan 0.2% de los establecimientos y producen 54.3% del valor agregado. Entre ambos extremos existe una franja relativamente reducida de empresas capaces de crecer, innovar y convertirse en proveedoras especializadas. 

Esta heterogeneidad explica parte de la informalidad. Muchas unidades económicas carecen de productividad e ingresos suficientes para asumir los costos de formalizarse. 

El sistema financiero dispone de recursos, pero los canaliza insuficientemente hacia la transformación productiva. El reporte contrasta utilidades bancarias de 304 mil millones de pesos en 2025 con el escaso financiamiento de inversión empresarial. 

Existen recursos públicos: la banca de desarrollo tiene activos superiores a 3.2 billones de pesos. Sin embargo, estas instituciones públicas operan con mandatos fragmentados y parte importante de su crédito pasa por intermediarios comerciales. 

Las exportaciones manufactureras más que se triplicaron entre 2000 y 2024, mientras la productividad laboral permaneció estancada y terminó por debajo de su nivel inicial. Las autoras atribuyen esta divergencia a una integración que utiliza numerosos componentes, equipos y tecnologías importados sin desarrollar capacidades nacionales equivalentes de ingeniería, investigación y diseño. 

La innovación constituye otro cuello de botella. El gasto en investigación y desarrollo cayó de 0.41% del PIB en 2015 a 0.26% en 2022. El reporte reconoce recortes reales a ciencia entre 2019 y 2024, y la desaparición de alrededor de 65 fideicomisos científicos en 2020. 

Las oportunidades se concentran donde ya existen infraestructura, trabajadores especializados y redes empresariales. Las brechas digitales, la inseguridad, corrupción y debilidad del Estado de derecho dificultan la inversión en los territorios rezagados. 

El diagnóstico desemboca en una insuficiencia institucional: agua, energía, salud y producción necesitan decisiones coordinadas, pero los presupuestos y responsabilidades funcionan por dependencias separadas.  

Astillero 

Se le cae la narrativa a Lemus // Testimonios de detenidos // Imágenes en redes sociales // ¿Móvil privatizador? 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La Jornada 

Es insostenible la versión del gobernador Pablo Lemus que pretende atribuir la represión de este domingo a las provocaciones de una fuerza de choque de unas 400 personas. Por el contrario, en redes sociales se multiplican los testimonios gráficos y orales que muestran a los policías predispuestos al ataque contra manifestantes, policías incitadores y persecutores, golpeadores sin disimulo de los detenidos. 

El registro de lo sucedido este domingo frente a la Casa Jalisco y sus alrededores no queda solamente en el plano policiaco, aunque este sea el más evidente. Además, “al estilo Jalisco” (el Jalisco de los gobiernos panistas, priístas y emecistas, orgullosos de reprimir para demostrar que en este estado no se tolera a los “revoltosos”) a los 39 detenidos por los antimotines se les negó la asesoría de abogados, se les ocultaron las acusaciones judiciales en su contra y, en varios casos, se les liberó haciéndoles firmar diversos documentos, con la advertencia de que no deberían considerar la presentación de demandas contra los policías por violencia y otros abusos. 

Varios de los detenidos, luego de salir de la fiscalía estatal de justicia, señalaron haber sido capturados al azar, golpeados por grupos de policías, sometidos a burlas (arrojarlos a charcos de agua lodosa, por ejemplo) y desproveídos de defensa legal. A la hora de cerrar esta columna habían quedado en libertad, en varios casos bajo reserva de posible continuidad de las investigaciones, 32 de los 39 detenidos que reconoció la fiscalía jalisciense de justicia (testimonios y entrevistas en https://goo.su/pAid). A las afueras de esta fiscalía, en un campamento improvisado de familiares, amigos, abogados y activistas se sostenía la convicción de que el gobierno estatal buscó chivos expiatorios. 

En el terreno político, el gobernador Lemus no recibió un apoyo más o menos firme ni siquiera de su propio partido, pues el dirigente formal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó reconocimiento a la protesta ciudadana contra el agua sucia y tóxica que se suministra a la población, se sumó al dicho de Lemus de investigar cada caso y “reparar” abusos y excesos policiacos si se hubieran cometido. No hubo un respaldo clamoroso ni un cierre de filas del mando naranja aparente (el real lo ejerce Dante Delgado), acaso atrapado el jalisciense en la grilla interna de MC relacionada con Sonora (Colosio Riojas), Nuevo León (Samuel y Mariana) y otros puntos de rojo naranja. 

La presidenta Sheinbaum también expresó rechazo a la represión y pidió al gobernador de Jalisco esclarecer los hechos. Un punto preocupante sigue siendo el de las pretensiones de Lemus de encubrir formas de privatización del servicio de agua. Uno de los señalamientos en pancartas, pintas y coros de manifestantes del domingo fue en contra de posibles inversiones privatizadoras “sionistas”. 

En la Mañanera, la Presidenta señaló: “nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización –de ningún– del servicio del agua y que, en todo caso, técnicamente resolvamos conjuntamente, con recursos comunes, el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo (…) Y el gobernador tiene otro proyecto, y él quiere financiarlo bajo un esquema. Nosotros no estamos de acuerdo en que ese esquema represente la privatización de los servicios. Entonces, claro que él tiene atribuciones autónomas en su estado para resolverlo”. 

Y, mientras hoy se realiza una más intensa movilización de trabajadores del IMSS en demanda de aumento salarial real y suministro de material adecuado y suficiente para atención de derechohabientes, con los charrificados líderes oficiales del sindicato en plena organización de una “encuesta” (mmm, con lo nada manipulables que son tales ejercicios) para definir cómo definir tales puntos, ¡hasta mañana, con el dirigente panista Jorge Romero abriendo la puerta a “alianzas” partidistas (Alito ha de brincar de gusto) con tal de “quitar” del poder a Morena! 

México SA 

Alfaro-Lemus: represión y engaño // Guadalajara: 11 años sin solución // Agua sucia, contaminada y fétida 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

La Jornada 

Con lo fácil que sería poner manos a la obra (que para eso fueron elegidos), en lugar de ofrecer mugre tras mugre y pretexto tras pretexto, y de inmediato atender las urgencias de la población afectada por el agua puerca, contaminada y fétida que reciben en, por lo menos, los domicilios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco. Sin embargo, en lugar de invertir para garantizar ese servicio a la ciudadanía, los “gobernantes” no saben otra cosa que soltar a sus perros y reprimir ferozmente a quienes defienden su derecho de tener agua limpia y suficiente. 

El problema reventó con el actual cuan ineficiente “gobernador” Pablo Lemus, pero viene creciendo de forma por demás veloz desde los tiempos de Enrique Alfaro, hoy cómodamente instalado en España. Ambos impresentables fueron presidentes municipales de Guadalajara y, en el caso del primero, además dos veces de Zapopan, y, en el del segundo, también de Tlajomulco de Zúñiga (conurbado a la Perla tapatía); es decir, desde entonces conocían la frágil situación del abasto y calidad del agua en la zona conurbada de la capital jalisciense. Ambos sabían que tarde que temprano la situación explotaría, pero no movieron un dedo para evitarlo. 

Alfaro y Lemus, caprichosos, indolentes y prepotentes, han permanecido pegados a la ubre del erario desde 2015 (como presidentes municipales de Guadalajara y de Zapopan –dos veces en el caso del segundo–, y ambos como “gobernadores” del estado). El primero es el clásico chapulín: ex priísta, ex perredista, ex petista y ahora de Movimiento Ciudadano. El segundo, empresario, ex banquero, presidente de la Coparmex Jalisco y de Movimiento Ciudadano, lo que da cuenta de lo efectiva que es esa empresa privada con disfraz de partido político. Y el par resultó igual de oportunista y comodino, aunque no para los negocios y enjuagues con empresas privadas. Entonces, 11 años en puestos públicos claves en los que conocieron a detalle la bomba de tiempo que implicaba la problemática del agua en la zona conurbada de Guadalajara y no hicieron nada para desactivarla. 

Como era más que obvio, la bomba reventó y la “respuesta” institucional no ha sido solucionar el problema, atender a la ciudadanía y acelerar las inversiones para revertirlo, sino largas y más largas, y reprimir a golpe de garrote y cárcel a quienes con todo derecho reclaman contra el agua puerca, fétida y contaminada que reciben en sus domicilios (a todas luces un asunto de salud pública que las “autoridades” están obligadas no sólo a atender, sino a remediar de inmediato). 

Enrique Alfaro (“me comprometo a que Guadalajara tendrá agua garantizada durante los siguientes 50 años”, según expresó como “gobernador”) hizo caso omiso de la ayuda federal que, en tiempos de López Obrador (el mismo que le solucionó el problema político en la presa El Zapotillo), comprometió para de-sactivar esa bomba de tiempo, pero el entonces “gobernador” fingió demencia dado su feroz cuan gratuito enfrentamiento con Palacio Nacional, amén de que incumplió con lo que le correspondía (entre otras cosas, un acueducto complementario al existente –ineficiente y vetusto– que se nutre del lago de Chapala para el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara), obviando la renovación de plantas potabilizadoras. En pocas palabras, nada le importó desactivar la citada bomba. 

Y Pablo Lemus, quien después de la represión asegura que “refrenda el compromiso de construir el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara”, es decir, el mismo que en el sexenio pasado construiría Enrique Alfaro, amén de que, dice, “ya estamos trabajando en soluciones temporales y permanentes para mejorar la calidad del agua de la zona metropolitana de Guadalajara”, o lo que es lo mismo, lo que seis años atrás dijo el feliz habitante de Madrid. ¿Así o más caradura? Y sobre la represión: “ayer fue un día difícil para Jalisco; el contingente de la marcha ciudadana ejerció su derecho a manifestarse pacíficamente… hasta que llegó un grupo de choque”. (¿Quién lo mando? Favor de preguntar en Casa Jalisco). 

Mientras, no deja de fluir el agua puerca, contaminada y fétida, más represión. 

Las rebanadas del pastel 

Una vez más, el gobierno federal entra al quite y hace pública su “disposición a colaborar” con el “gobernador” Lemus. Anuncia la presidenta Sheinbaum, como antes lo hizo López Obrador, para solucionar el problema del agua e la zona metropolitana de Guadalajara. Es cuestión de que la “autoridad” jalisciense no finja demencia como Alfaro, especialmente en lo referente a desechar “un esquema de financiamiento que podría derivar en la privatización del suministro”.