Lo que dicen los columnistas

AMLO prometió no mentir. Después escribió este libro 

Su catecismo de seis años tenía tres partes: no mentir, no robar, no traicionar. El capítulo final de Pueblo enumera 150 logros y afirma que el único robo al erario de su sexenio fue de 2,019 millones. Solo el huachicol que operó por sus aduanas se llevó 118 veces más. 

Santiago Igartúa Scherer 

Proceso 

Lo que dice Pueblo y lo que dicen las cifras. 

Durante seis años repitió un juramento de tres partes, como un catecismo: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Lo dijo en campaña, lo dijo en el Zócalo, lo dijo cada mañana en Palacio Nacional. Era más que un eslogan: era la vara con la que pedía ser medido. 

Vamos a medirlo con ella. 

El capítulo final de Pueblo —su nuevo libro, publicado por Planeta a dos años de dejar el poder— contiene un inventario de 150 logros de su gobierno. Y el capítulo se llama, textualmente, Los otros datos. No es una burla de sus críticos: es el título que él eligió. Ahí está la fórmula con la que durante seis años desactivó cualquier cifra incómoda, ahora convertida en encabezado de imprenta. 

Él mismo fija la regla del juego: aquí sólo pongo las cosas buenas, porque las malas se las dejo a mis críticos. Cualquier periodista debería aceptar el encargo. Un libro que numera es un libro que se puede verificar. 

Varios de esos puntos aguantan cualquier revisión. La pobreza bajó de 41.9% a 29.6% y salieron de ella 13.4 millones de personas. El salario mínimo aumentó 110% en términos reales, que es probablemente el logro social más sólido de su sexenio y uno de los mayores de la historia reciente del país. El peso no se devaluó. 

Y luego hay otros que no son logros discutibles ni cifras alegres: son afirmaciones sobre hechos que los hechos contradicen. No son interpretaciones. No son matices. Son frases que no se sostienen al cruzarlas con el INEGI, con los tribunales o con los informes que se publicaron mientras el libro estaba en prensa. 

De las tres cosas que prometió no hacer, hay una que el propio libro consuma. 

Escribe que el único robo al erario de todo su sexenio fue el de Liconsa y Diconsa, con un quebranto de 2,019 millones de pesos. 

El único. 

Mientras esa frase se imprimía, dos mandos de la Armada mexicana ingresaban al penal del Altiplano por la red de contrabando de combustible que operó durante su gobierno por las aduanas marítimas. El contralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y su hermano vicealmirante. Los dos, sobrinos políticos del secretario de Marina que él nombró y a quien le entregó los puertos por considerarlo incorruptible. 

Las estimaciones del daño de ese huachicol fiscal arrancan en los 240 mil millones de pesos que calculó el Observatorio Ciudadano de Energía y llegan a los 600 mil millones del consultor Ramsés Pech. Tomen el piso del rango: es 118 veces el único robo que el expresidente reconoce. Tomen el techo: 297 veces. 

Lo notable es que el libro sí habla de huachicol. Presume haber reducido 94.2% el robo de combustible y haber ahorrado 343 mil millones de pesos. Pero habla del huachicol de ducto, el de las tomas clandestinas en los campos de Guanajuato. Del otro, el que se cometía con papeles en las aduanas que custodiaban sus marinos, no hay una sola línea en las 150. No está negado. Simplemente no existe. 

Hay otra frase más audaz: sostiene que se eliminó el espionaje a opositores. 

Hace dos semanas, el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley publicó Bajo ataque. Su conclusión forense: un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Sedena usó el software Pegasus y otras herramientas de vigilancia —Geomatrix, de la israelí Rayzone— contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso contra los propios órganos de control del gobierno. Sin autorización judicial. Sin ninguna ley que facultara a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas. 

Para esta casa no es noticia: Proceso lo documentó en 2022 con Ejército Espía. Entre los blancos de entonces había periodistas, abogados del Centro Prodh y Alejandro Encinas, que era su propio subsecretario de Derechos Humanos. Espiaron hasta al encargado de vigilar que no espiaran. 

Y hay una tercera, construida con un verbo que lo delata. Dice que se garantizó la libertad de expresión hasta el insulto al presidente, que a ningún periodista se le censuró y que no se permitió el asesinato de ningún comunicador. 

“No se permitió”. Como si concederlo o negarlo fuera una prerrogativa del Estado. 

El mismo informe de Berkeley contó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024: 78 comunicadores y 259 defensores. Artículo 19, con otra metodología, había documentado entre 46 y 47 periodistas. Y el HRC apunta dónde empezaba el hostigamiento: en las conferencias mañaneras, donde se estigmatizaba a periodistas por su nombre y se les llamaba enemigos del Estado. 

Quedan los dos capítulos donde las cifras son más crueles que cualquier adjetivo. 

Sobre seguridad, el libro presume una reducción de 15% en homicidios y de 22.8% en feminicidios y aclara que recibió el país con 100.5 asesinatos diarios y lo entregó con 90.6. Puede ser aritméticamente defendible. También mide la pendiente para no mirar el volumen: según el INEGI, el sexenio acumuló 202 mil 336 asesinatos, 95 al día. Es el más violento del que se tenga registro: 66% más muertos que con Calderón, 28% más que con Peña Nieto. Y 2020, con 36 mil 773 víctimas, sigue siendo el año más sangriento en la historia del país. Bajar 15% desde el pico más alto jamás alcanzado no es pacificar: es descender un escalón de una escalera que uno terminó de subir. 

Falta la cifra que el libro no menciona ni una vez. Proceso documentó, con datos del Secretariado Ejecutivo, 53 mil 566 víctimas de desaparición entre diciembre de 2018 y octubre de 2024. En 150 puntos no aparece la palabra desaparecidos. Ni una sola vez. 

Y sobre salud, presume el IMSS-Bienestar creado para garantizar a toda la población atención médica, estudios, cirugías y medicamentos gratuitos, con 48 mil médicos contratados y 4 mil 644 centros de salud construidos o rehabilitados. El resultado también está medido: según el INEGI, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024. Se duplicó. En el campo, de 4.2 a 13.9 millones. Y no fue por falta de dinero: México Evalúa calculó que el gasto público en salud para la población más vulnerable promedió 325 mil millones de pesos anuales, su mayor nivel histórico. Más presupuesto que nunca y el doble de gente sin médico no es austeridad. Es desmantelamiento. 

Lo que desconcierta de todo esto no es el engaño: es lo innecesario del engaño. 

Un inventario sin una sola grieta no es un balance: es un monumento. Y éste lo construyó el homenajeado. 

De su catecismo de tres mandamientos, los otros dos tendrán que resolverlos los tribunales, los expedientes y el tiempo. El primero ya tiene veredicto y tiene 150 puntos, portada de Planeta y precio de lista. 

Pidió que lo leyeran. Lo leímos. 

No son los otros datos. Son los datos. 

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Razones 

Injerencia: la narrativa choca con la realidad 

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

Excelsior 

El crecimiento exponencial de las exportaciones de México a Estados Unidos, el volumen del comercio bilateral entre los dos países, el crecimiento de cadenas integradas en áreas como la IA, la computación, la cibernética (que han pasado a ser los más dinámicos del comercio bilateral), lo mismo que la relación que se establece en términos de seguridad tanto en el ámbito civil como militar, exhibe el discurso hiperideologizado que se maneja desde Morena y Palacio Nacional contra Estados Unidos, sus dirigentes y el presunto injerencismo en México.  

La realidad, una vez más, se cruza, hace tropezar el discurso de Palacio inspirado en Palenque y que se termina expresando en leyes sin sentido, como la de la doble nacionalidad que acaba de firmar ayer la presidenta Claudia Sheinbaum: hay millones de mexicanos que tienen doble nacionalidad y que tendrían sus derechos disminuidos por una ley que se elabora desde el discurso ideológico y no desde la realidad. 

La integración comercial y económica entre México y Estados Unidos es de una magnitud enorme. Entre enero y agosto alcanzó 682 mil millones de dólares. México concentra 17.4% del comercio total de mercancías de Estados Unidos, con una balanza favorable a un saldo de 155 mil 871 millones de dólares. Estados Unidos representa más de 85% de nuestro comercio exterior. Sin eso, la economía mexicana no existe. 

Nadie puede saber qué ocurrirá dentro de cuatro semanas en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ingenuamente, hay quienes creen que si los demócratas se imponen a los republicanos e incluso si se quedan con la Cámara de Representantes, las presiones contra México se reducirán. No es así, en realidad, lo que ocurrirá es lo contrario: en los dos años que le quedan en el poder a Trump, éste endurecerá su agenda, lo mismo que su principal delfín, que es Marco Rubio, al que, en una decisión insensata, el gobierno federal y López Obrador han señalado como su enemigo (el otro aspirante principal para los comicios dentro de dos años entre los republicanos es el vicepresidente J.D. Vance, mucho más duro y con menor conocimiento de la región que Rubio). Hay que insistir en un punto, Rubio concentra hoy dos carteras clave, es el secretario de Estado y es simultáneamente el consejero de seguridad nacional del presidente (nadie, salvo Henry Kissinger en los 70, concentró ambos cargos) y, obviamente, su agenda es la de Trump. 

Y la agenda de Trump en estos dos años finales de mandato pasa por concretar un cambio que no sea reversible por quien lo suceda, y en relación con México pasa por tener alineado el hemisferio americano, incluyendo México (hoy es prácticamente el único país que juega con el discurso antiestadunidense después de la derrota, que se debe confirmar el 25 de octubre, de Lula en Brasil); erradicar a China de las áreas estratégicas de la región; integrar sus cadenas productivas a partir del alineamiento político y acabar con los grupos narcoterroristas y con sus beneficiarios políticos. 

Esa agenda podría ser muy positiva para México en todos los sentidos. Ningún país podría competir en integración productiva; los cárteles, como se ha dicho muchas veces, lo dijo el propio Trump, tienen su “epicentro” en México y nada debería ser más de nuestro interés que acabar con ellos; nada afecta más al actual régimen que la narcopolítica y uno debería suponer que es de su interés acabar también con sus beneficiarios políticos, sean quienes sean. 

La economía, a pesar de todas las vicisitudes, va en ese sentido: si el crecimiento es raquítico, apenas 0.5% en los dos primeros años de la actual administración, es porque no se cumple, como lo expresó un documento del Departamento de Estado divulgado esta semana, con los requisitos en seguridad, seguridad jurídica y ruptura de la redes políticas de protección y complicidad con los criminales.  

Ése es el nudo que se debe desatar y la decisión política es no hacerlo, lo que, paradójicamente, debilita la economía porque no se crece; no llegan las inversiones necesarias pese al crecimiento del comercio exterior; debilita al propio gobierno que debe ver cómo se reproducen las acusaciones de corrupción en su contra sin tomar acción alguna que las frene; y nos expone cada día más a una injerencia mayor de Estados Unidos, misma que, paradójicamente, tiene cada vez mayor apoyo social. 

El desafió no pasa por los discursos y las acciones chovinistas más que nacionalistas. Pasa por cuidar la soberanía fortaleciendo la seguridad, acabando con el poder de los cárteles, rompiendo las redes de protección y complicidad, y buscando profundizar la integración y colaboración en todos los ámbitos en nuestra zona de interés real que es América del Norte. Pero el discurso ideológico, la narrativa gubernamental choca, un día sí y el otro también, con la realidad y con costos para el gobierno y para toda la sociedad. 

TRES AÑOS 

Puede no gustar el gobierno de Netanyahu en Israel, no nos gusta, pero nada puede justificar una agresión tan brutal contra la sociedad como la cometida por Hamás hace tres años. Hamás, el terrorismo islámico, organizaciones como Hezbolá, Isis, gobiernos como el de Irán, están en la antípodas de cualquiera que se considere demócrata y liberal. Lo sucedido hace tres años con la agresión de Hamás a la población israelí es inadmisible, indefendible. Es la mejor demostración de que organizaciones como Hamás no pueden tener espacio si se quiere algún día normalizar la situación en Oriente Medio. Hay quienes, incluso en el gobierno federal, quieren normalizar o justificar esa agresión. Como lo hacen con la invasión rusa a Ucrania.  

Juegos de poder 

Ayotzinapa, 12 años después 

LEO ZUCKERMANN 

Excelsior 

El tiempo vuela. Hace poco se cumplió un aniversario más —el doceavo— de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por desgracia, conforme pasan más años, los recuerdos se van borrando. No así para las madres y padres de las víctimas. Esa nefasta noche del 26 de septiembre de 2014 sigue sin terminar. Han pasado tres gobiernos y todavía falta una explicación completa, comprobable, de lo que ocurrió con sus hijos. 

Regreso a mis columnas que he escrito sobre el tema y me encuentro con la misma rabia. He hablado de un Estado incapaz de encontrar a los desaparecidos y hacer justicia a sus familias. Con un agravante: hemos acumulado ya 12 años de promesas, expedientes e investigaciones sin resolver la pregunta esencial. 

Hace seis años, en 2020, describí tres escenarios para los padres: la esperanza de encontrar vivos a sus hijos, el horror de saberlos muertos y el peor de todos, la duda eterna. Hoy, otros seis años después, las familias siguen atrapadas en ese último escenario. La desaparición les impide saber dónde buscar, qué esperar y cómo despedirse. 

Sí ha habido hallazgos. Se han identificado restos de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Hay que reconocerlos y nombrarlos. Pero identificar fragmentos de tres muchachos no equivale a esclarecer la desaparición de los 43. De los otros 40 no se conoce el paradero. Tampoco existe una reconstrucción completa del destino de todos. 

La llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto quedó desacreditada. El trabajo de los expertos independientes mostró graves fallas en la investigación. La fabricación de una explicación tiene una consecuencia devastadora: obliga a las familias a luchar contra las autoridades de las que deberían recibir ayuda. Y compromete la posibilidad de castigar a los responsables con pruebas válidas. 

Andrés Manuel López Obrador convirtió el esclarecimiento de Ayotzinapa en una de sus grandes promesas. Su gobierno creó una comisión para la verdad y, en 2022, calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”. Un reconocimiento de enorme gravedad. Sin embargo, terminó el sexenio sin cumplir la promesa central. Las familias siguen buscando a sus hijos. 

Hace años vengo preguntando, como muchos, por qué los soldados no habían protegido a los estudiantes y qué sabían de su desaparición. Hoy esas preguntas tienen detrás informes, documentos y actuaciones judiciales. En 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se retiró al considerar que no existían condiciones para continuar. La CIDH ha recogido los reclamos por la falta de entrega de información militar. 

El problema sigue abierto. En febrero de 2026, un tribunal ordenó entregar 853 páginas de inteligencia militar cuya existencia había sido negada. ¿Cómo puede esclarecerse un crimen si las familias tienen que litigar para acceder a información del propio Estado? Investigar a integrantes del Ejército exige pruebas y respeto al debido proceso. También exige que la institución entregue la información necesaria. Su prestigio no puede depender de mantener archivos fuera del alcance de quienes buscan la verdad. 

Claudia Sheinbaum recibió esa deuda. En septiembre de este año, los investigadores presentaron nuevas líneas sobre funerarias y comunicaciones telefónicas. Hay que indagarlas con rigor. La posibilidad de que se hubieran utilizado instalaciones funerarias para deshacerse de cuerpos es estremecedora. Pero sigue siendo una hipótesis sobre el destino de los estudiantes. Las familias ya conocen el daño que causa presentar como certeza una explicación que después no resiste el examen de las pruebas. 

Como padre, vuelvo a pensar en lo que he escrito en múltiples ocasiones: una madre buscando un cepillo de dientes, un peine con cabellos o un diente de leche para entregar material genético. Objetos que guardaban recuerdos de la infancia convertidos en herramientas para identificar restos. Trato de imaginar esa escena 12 años después y me resulta dolorosa. 

También pienso en los jóvenes que sobrevivieron y en las familias de quienes fueron asesinados aquella noche. Ayotzinapa dejó vidas destruidas mucho más allá de los 43 desaparecidos. 

El paso del tiempo no absuelve al Estado. Agrava su responsabilidad por cada oportunidad perdida de investigar y buscar. Peña Nieto dejó una investigación desacreditada; López Obrador, una promesa incumplida. Sheinbaum tiene que responder por lo que haga ahora. Ninguno puede exigir a las familias que esperen indefinidamente. 

Hace seis años cerré mi columna preguntando si algún día los padres sabrían dónde habían quedado sus hijos. Me niego a aceptar que dentro de otros seis tenga que escribir la misma pregunta.   

Astillero 

Regeneración institucionalizada // Fiesta de quince años // ¿EU empuja a Morena a la derecha? // Tatiana pone más distancia 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La Jornada 

A quince años de distancia, a Morena le va pesando la acumulación de poder. Ayer, en su festejo oficial en el Auditorio Nacional, la retórica fluctuó entre la complacencia de aspiración épica, los lugares comunes y una temprana mayoría de edad sosegadora, acomodada, una especie de regeneración institucionalizada. 

Punto de referencia obligado en el discurso de la dirigente Ariadna Montiel fue la defensa de la soberanía nacional frente al acecho extranjero, en una repetición, al clásico estilo de la política de “antes”, de los reiterados posicionamientos presidenciales mañaneros. También la convocatoria al mantenimiento de la unidad fue pieza central, sobre todo en la intervención del gobernador de Sonora y presidente del consejo nacional guinda, Alfonso Durazo, quien enfatizó la importancia de que los partidos aliados, el Verde y el del Trabajo, se mantengan en alianza con Morena. 

Fue una fiesta, y como tal, se plantearon los aspectos positivos a celebrar y los flancos repudiables de los opositores, nativos y foráneos. En 15 años Morena tiene una colección impresionante de poderes (el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, la Corte y el Poder Judicial en general, la mayoría de los organismos autónomos (¿cuál no?), más de dos terceras partes de los gobiernos estatales y una aceptación electoral hasta ahora suficiente para mantener el optimismo. 

Pero, al mismo tiempo, se ha agudizado la presión trumpista, centrada en lo comercial y el “combate” al narcotráfico, cada vez con signos más preocupantes de cesiones del poder mexicano ante el estadunidense. Justamente una de las estampas más aplaudidas ayer en el Auditorio Nacional, y más emblemática de lo que hoy es Morena, la ofrecieron los gobernado-res en funciones y varios de los aspirantes de-signados mediante encuestas: sumamente distantes de la regeneración nacional, muchos de esos “machuchones” (para usar el catálogo de términos del sexenio pasado, aún tan presente y más en actos como el estos 15 años), practicantes de lo discursivamente repudiados, ensoberbecidos y enriquecidos, además del factor facilitador del amago intervencionista, el de la colusión o cuando menos connivencia con poderes oscuros. 

En tanto, el senador Alberto Anaya, virtual líder máximo del Partido del Trabajo (formalmente, el PT es dirigido por dos comisiones colegiadas, pero en los hechos ha habido un mando personal) hacía ayer mismo declaraciones que podrían considerarse muy delicadas si no fuera que a estas alturas pocas palabras parecen generar turbulencias perdurables en el ámbito político mexicano. 

Anaya, en el contexto de la reticencia general petista a los procesos de designación de “coordinaturas” estatales (coordinaciones que serán candidaturas), dijo: “Creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha (…) Ve a los personajes, vélos. La presión norteamericana es más fuerte de lo que pensamos”. Esa presión, le preguntaron los reporteros, se ha dirigido a los gobernadores o a la propia presidenta, y el dirigente petista señaló: “A todo mundo, a todos los mexicanos. Estamos presionados. Hay interés de que el mundo dé un giro a la derecha y ve a América Latina como estamos”. 

En otro escenario, y obviamente sin la vitrina de poderes concentrados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ex legisladora y ex integrante del gabinete federal, Tatiana Clouthier Carrillo, iniciaba una gira en busca de la transformación de Nuevo León. La denuncia central es contra la “coordinadora” Clara Luz Flores y el sistema de encuestas para designar virtuales candidaturas. Ya se verá si este movimiento crece y se sostiene o queda en un terreno testimonial o negociador. 

Y, mientras en San Lázaro avanzaba anoche la llamada “ley antimemes”. 

México SA 

Germán Larrea y el “comunismo” // Crece su riqueza 135% en un año // Neoliberales, al servicio del barón 

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 

La Jornada 

Algo huele a podrido, y no precisamente en Dinamarca. Se trata del tóxico barón Germán Larrea, dueño, entre tantas otras cosas, de Grupo México, el mayor depredador ecológico del país y que mantiene la medalla de oro a la impunidad al acumular el mayor número de muertes de trabajadores mineros en los terrenos nacionales que explota, concesionados vasta y generosamente por el régimen neoliberal. 

Resulta que en su más reciente entrega (2026), la revista especializada Forbes atribuye al tóxico barón una fortuna de 67 mil 100 millones de dólares, un monto 135 por ciento superior, y contando, si se le compara con el registrado en 2025, con todo y que su aborrecida 4T repitió en Palacio Nacional. Para dar una idea, en el sexenio de su odiado Andrés Manuel López Obrador su fortuna (siempre de acuerdo con la misma fuente) se incrementó 110 por ciento, pero sólo en el primer año de la presidenta Sheinbaum logró acumular más que en los seis previos. 

Cuando por primera vez (1994) Jorge Larrea Ortega (papá de Germancito y conocido por los mineros como El Azote) apareció (número 18) en la lista de multimillonarios mexicanos marca Forbes (ya en sus manos la histórica mina de Cananea por cortesía de Carlos Salinas de Gortari, que obtuvo a precio de remate –cuando mucho, al 20 por ciento del valor real–), el barón que heredó al baroncito registraba una fortuna de mil 100 millones de dólares, y cuando el régimen neoliberal llegó a su fin (2018) su hijo la hizo crecer a 17 mil 300 millones, siempre a costillas de la nación. 

Los Larrea no se pueden quejar y menos el heredero Germán, quien con la llegada del “comunismo” (él mismo dixit) a Palacio Nacional ha visto crecer su fortuna a 67 mil 100 millones de dólares, equivalente, más-menos, a un billón 200 mil millones de pesos, monto superior a los pasivos por el “rescate” bancario del Fobaproa-IPAB (del que también fue beneficiario, vía Banamex, entonces presidido por Roberto Hernández, conocido como mister tax-free) y poco más del doble de lo que el gobierno federal destinará en 2026 al pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De ese tamaño. 

Ése es el más reciente inventario de cómo ha llenado sus alforjas (siempre a costillas de la nación), lo que se contrapone, rigurosamente, a la “tesis” (léase propaganda sucia) por él difundida y repetida hasta el cansancio (como lo han hecho otros integrantes de la minoría rapaz) que cierto personaje de la política nacional “es un peligro para México”. 

Lo anterior viene a colación, porque en su más reciente libro, Pueblo, Andrés Manuel López Obrador subraya que Felipe Calderón “otorgó títulos de concesión a unas cuantas empresas mineras (a Grupo México de forma preferencial) por 26 millones de hectáreas , lo que equivale a 15 por ciento del territorio nacional de nuestra República” y recuerda que Borolas, “obediente como Fox, en el caso de la mina Pasta de Conchos, también se subordinó a Larrea de Grupo México para buscar desaparecer al sindicato (Nacional de Mineros) de la emblemática mina de Cananea”. 

Así es: en 2010, Felipe Calderón envió a la Policía Federal a esa mina para “resolver el problema” (de Larrea) a sangre y fuego, cuando la solución era por demás sencilla: atender el reclamo de los mineros, en huelga desde julio de 2007. Pero Grupo México ordenó esa acción a Borolas para reprimir salvajemente a los trabajadores, romper la huelga a golpe de garrote y bala y “enterrar” al Sindicato Nacional de Mineros, el cual, dicho sea de paso, goza de cabal salud. 

López Obrador resalta que “en los tiempos recientes del neoporfirismo prianista, la riqueza minera no se tradujo en bienestar ni en la construcción de obras públicas para el progreso de los pueblos. Los trabajadores mineros ganaban, en promedio, 16 veces menos que los de Estados Unidos y Canadá. Casi no recibían reparto de utilidades. Tampoco hay una obra ni ningún beneficio en los pueblos mineros; es más, hasta hace poco, por decisión de Salinas, las empresas mineras nacionales y extranjeras ni siquiera pagaban impuestos por la explotación de esa riqueza”. 

Y menciona la participación de Larrea (junto con otros barones) en la sucia campaña en su contra cuando fue candidato presidencial y a lo largo de su sexenio y, por lo visto, también en el de Claudia Sheinbaum, mientras acumula riqueza de cuento de hadas en pleno “comunismo” mexica. 

Las rebanadas del pastel 

No tienen remedio: los memes vivientes de la “oposición” critican la “normativa antimemes” y como pericos, repiten: “es una ley mordaza”. son los mismos que aplaudieron el “pacto de silencio” de Calderón.