Lo que dicen los columnistas

Razones

Con tres mil millones y en Suiza

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Si algo hacía falta para comprobar que la FGR es el eslabón más débil de la cadena judicial y de seguridad, el reportaje divulgado ayer por Irving Pineda de Azteca Noticias sobre Jorge Amílcar Olán, residiendo en Lugano, Suiza, el país en el que depositó una fortuna millonaria cuando abandonó México, es la mejor demostración de la negativa de las autoridades para investigar presuntos delitos que han tenido amplia difusión en medios y que para la fiscalía no existen.

Sobre Jorge Amílcar Olán existen elementos de todo tipo como para iniciar una investigación judicial y por lo menos llamarlo a declarar. Hay grabaciones en las que Olán, hablando con distintos personajes, se refiere al suministro de balasto para obras ferroviarias como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. En uno de los audios, Olán dice que Gonzalo Bobby López Beltrán le dio la instrucción de producir “500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre”. También se difundió otro fragmento en el que Olán afirma que Bobby le facilitaría el acceso a minas en Oaxaca, en las que se deduce que habría pagado sobornos para evitar la revisión del material utilizado en las vías férreas.

En la grabación, Olán conversa con Pedro Salazar, primo de los hijos del exmandatario, sobre pagos a laboratorios para avalar la calidad del balasto, la piedra que da estabilidad a las vías, aun cuando reconocen que el material podría provocar fallas futuras. La parte más polémica de uno de esos fragmentos es la frase sobre que, si el tren se descarrilaba, “ya sería otro pedo”.

Se exhibieron audios en los que Olán presuntamente habla de pagos o sobornos para evitar pruebas físicas y químicas al balasto, de modo que el material no fuera sometido a controles rigurosos antes de utilizarse en las obras.

En agosto de 2026, Latinus difundió nuevas grabaciones atribuidas a los hermanos Olán, Amílcar y Luis Alberto. En ellas hablan de contactos con personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger minas y operaciones de balasto en Veracruz frente a extorsiones, una relación criminal que habría servido para controlar minas y garantizar el suministro de material para el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Se podrá argumentar que los audios no constituyen necesariamente la prueba material de un delito, pero sin duda son indicios que deben ser investigados, porque estamos hablando, además, de negocios realizados por un presunto empresario sin experiencia alguna en esas actividades y menos aún de esa magnitud, y que resultó beneficiario de todo tipo de contratos, desde balasto para vías férreas hasta proveer medicinas, a partir de la relación de amistad con los hijos del expresidente.

Resulta evidente que, por lo menos, ameritaría una investigación que Ernestina Godoy dice que no se ha abierto e incluso se dijo que no se sabía su localización. Pues bien, ahora se sabe que está en Lugano, una de las ciudades más caras del mundo, que cambió su apariencia y que utiliza de otra forma su nombre. Que allí se esconde. Esa información enlaza con la que ya había sido difundida de que, terminando la administración López Obrador, había sacado del país tres mil millones de pesos, casi 170 millones de dólares al cambio actual, que fueron depositados en Suiza.

El argumento de no saber dónde está un presunto involucrado en este tipo de delitos también se aplicó desde la FGR para el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, directamente relacionado con el caso de contrabando de combustible que involucra a sus dos sobrinos, los hermanos Farías Laguna, que tuvieron durante su gestión altos mandos en la Marina y en áreas de Aduana. Es imposible que no se conozca la ubicación del almirante Ojeda porque un secretario de la Marina (lo mismo ocurre en la Defensa) cuando termina su encomienda no se retira, continúa como asesor de su sucesor y, como tal, está en activo y siempre localizable por su superior. Se trata simplemente de demandar su presencia.

Es más ridículo porque, hasta hace unos días, Ojeda disfrutaba cotidianamente de un campo de golf muy exclusivo en la Ciudad de México. Con regularidad jugaba los sábados a las 8:45 de la mañana. Recordemos que existe una grabación del almirante Ojeda con el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar que denuncia el contrabando de combustible, el denunciante, al igual que otros involucrados, fue poco después asesinado. El caso también termina relacionando a los hijos del exmandatario y a políticos como Adán Augusto López. No sólo a ellos, sino también a empresas identificadas con el CJNG. Ninguno ha sido siquiera citado a declarar.

Tampoco la FGR ha podido avanzar en las investigaciones sobre Rubén Rocha o Enrique Inzunza, acusados por la justicia estadunidense de trabajar con el cártel de Los Chapitos. Vamos, ni siquiera ha podido esclarecer qué sucedió hace más de dos años con la extracción de Ismael El Mayo Zambada y con la muerte, ese mismo día, de Héctor Melesio Cuén.

Las huellas de la corrupción son evidentes y no se investigan porque las mismas llegan hasta Palenque. Mientras tanto, los esfuerzos nacionales en muchos otros ámbitos, como la seguridad, se deterioran porque sin justicia resulta imposible avanzar. Y eso sirve tanto para la lucha contra la corrupción, como en la seguridad y las inversiones. Hacer justicia es construir soberanía. 

Juegos de poder

Otro engaño, ahora reconocido, del lopezobradorismo

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

El domingo, la Presidenta dijo: “Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental, acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”. Es el reconocimiento de un engaño. En este caso, del fundador de Morena, el expresidente López Obrador.

En mayo de 2018, en plena campaña electoral, AMLO vino a Tercer Grado. Yo le pregunté si su propuesta de “Cuarta Transformación” implicaría la redacción de una nueva Constitución. Y es que las otras tres transformaciones históricas—la Independencia, Reforma y Revolución—todas habían terminado precisamente con una nueva Carta Magna (las de 1824, 1857 y 1917, respectivamente). El candidato respondió que él no pensaba que se requería algo así y abundó: en caso de ganar, no promovería ninguna enmienda constitucional durante sus tres primeros años de mandato; según él, las leyes en el país estaban bien, sólo había que aplicarlas. 

Ocho años después, la segunda presidenta del lopezobradorismo presume lo contrario: hoy tenemos una nueva Constitución. 

Nos engañaron porque, aunque sigue vigente la Carta Magna de 1917, ésta sí se enmendó en serio. 

Durante el sexenio de AMLO se expidieron 26 decretos de reformas constitucionales. En lo que va del periodo de Sheinbaum, 19 más, para un total de 45. 

En términos de artículos constitucionales modificados, hubo 96 cambios con AMLO en 54 artículos distintos (algunos como el 4, 35, 73 o 123 se alteraron varias veces). Desde el primero de octubre de 2024 hasta el tres de marzo de 2026, ya con Sheinbaum, se modificaron muchos de esos artículos y se incorporaron otros. Acumulando ambos periodos y eliminando duplicados, desde diciembre de 2018 se reformaron 68 artículos distintos de los 136 de la Constitución. Es decir, en poco más de siete años se reformó 50% del articulado constitucional.  

Esto en términos de cantidad, pero también importa, y mucho, la calidad, es decir los cambios en la arquitectura del Estado, distribución del poder y/o los derechos constitucionales. 

Si lo vemos así, tuvimos enmiendas de gran calado como la judicial, que aniquiló la independencia de este Poder; la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos contra adiciones o reformas a la Constitución; la militarización de la seguridad pública; la eliminación/reconfiguración de diversos organismos constitucionales autónomos, como Inai, Cofece e IFT; el regreso del monopolio estatista en electricidad y petróleo; la incorporación como derechos constitucionales de las pensiones no contributivas para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad y becas; el reconocimiento de derechos especiales a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; la contrarreforma educativa; la introducción de la revocación del mandato y nuevas reglas de democracia directa; la ampliación del catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa; la prohibición de condonaciones fiscales y la reducción gradual de la jornada laboral. 

Si las tuviéramos que resumir en tres grandes rubros, esta nueva Constitución reconcentró el poder del Estado en el Ejecutivo federal, expandió las obligaciones sociales del gasto gubernamental y otorgó mayores facultades coercitivas a militares en seguridad pública. 

Las reformas de mayor calado se hicieron en este sexenio porque, a diferencia del pasado, Morena y sus aliados no contaban con mayoría calificada para enmendar la Carta Magna. Aquí entra otro punto polémico: con un poco más de la mitad de los votos, la 4T obtuvo la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso para reformar la Constitución. 

En 2024, Morena, PT y PVEM obtuvieron alrededor de 54% de la votación, pero la aplicación de las reglas por partido —y no a la coalición en su conjunto— les permitió alcanzar cerca de 73% de la Cámara de Diputados y 65% del Senado (a posteriori compraron tres senadores de oposición para lograr la mayoría calificada). Todo esto con el vergonzoso respaldo de los árbitros electorales (INE y TEPJF).

En campaña, AMLO nos engañó. Él sabía perfectamente que su proyecto pasaba por reformar profundamente la Carta Magna. A lo largo de su sexenio, fue moviendo las piezas para lograrlo. En 2024, gracias a la sobrerrepresentación, finalmente obtuvo la mayoría calificada que le permitió acelerar las enmiendas constitucionales. 

Hoy tenemos una nueva norma fundamental que será muy difícil de revertir. Con todo y engaño, la 4T logró su objetivo. 

Por cierto, cuando vino Sheinbaum a Tercer Grado como candidata presidencial, le pregunté si promovería una reforma tributaria para enfrentar los crecientes gastos del Estado. Me respondió que no. ¿Ella sí cumplirá? 

Astillero

NL: la revancha de NXIVM // Otra al Verde: Nayarit // SLP: ¿ceder a Gallardo? // Construyen “verdad crematoria”

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

El caso de Nuevo León parece inexplicable, a menos que la intención sea allanar el paso a la continuidad de Movimiento Ciudadano (tal vez con la esposa del actual gobernador, Samuel García) o, ¿impensable?, a Adrián de la Garza, el probable candidato priísta a la gubernatura.

Postular a Clara Luz Flores no es solamente un retroceso sino una claudicación, electoral y doctrinaria. En el muy proclamado “tiempo de mujeres”, el partido guinda retoma la candidatura derrotada en la pasada elección a causa de la flagrante mentira de quien negaba tener relación con NXIVM, la secta dirigida por Keith Raniere, aunque poco después de esa declaración apareció una larga y afectuosa entrevista videograbada de Flores con Raniere, quien más adelante fue sentenciado a 120 años de prisión por tráfico de personas y delitos que incluían la virtual esclavitud para fines sexuales de mujeres a las que incluso se marcaba para fijar la propiedad del depredador y su grupo.

En Nayarit se confirmó el carácter altamente ganancioso del Partido de las Cuatro Mentiras (PVEM). El ganador de las siempre misteriosas encuestas fue el morenista Héctor Santana García, presidente municipal con licencia de Bahía de Banderas y carta impulsada por el gobernador Miguel Ángel Navarro. Pero la dirección nacional guinda hizo “ajustes de género” para que la postulación quedara en Jasmine María Bugarín Rodríguez, conocida como Jasmín, quien ha ocupado diversos cargos a nombre del Verde Ecologista de México que, así, se quedaría con una candidatura explícita, la de Nayarit; otra implícita, la de Quintana Roo, y otra por “deslinde” en San Luis Potosí.

En esta entidad se declaró coordinador a Elí César Eduardo Cervantes Rojas, ex senador suplente que cubrió la mitad del periodo por acuerdo con el titular y actual delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De confirmarse que sería el candidato a gobernador implicaría una cesión al triunfo nepotista en SLP, donde Ricardo Gallardo Cardona controla una estructura electoral muy aceitada y pretende que su esposa sea la sucesora. A menos que el paso de Cervantes Rojas por la coordinación haya sido pensado para afinar la fuerza guinda y ceder la postulación a una candidatura con mayor peso.

En Sonora quedó Lorenia Iveth Valles Sampedro, senadora con licencia especialmente impulsada por el gobernador Alfonso Durazo, quien además es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Caso contrario a lo sucedido en Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar promovió al presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García (hijo de Alfonso Sánchez Anaya, ya fallecido, quien gobernó la entidad a nombre del PRD con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador). Sin embargo, la decisión recayó en la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera, no alineada con la gobernadora Cuéllar.

A la hora de cerrar esta columna no se habían anunciado las determinaciones relacionadas con Baja California Sur y Chihuahua, entidad ésta que fue dejada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para el final, con virtual sentido de suspenso narrativo, pues en ella se ha librado la batalla más cerrada entre las intenciones de Palacio Nacional y el pragmatismo retador del grupo que lidera el senador Adán Augusto López Hernández.

Lo que se haya resuelto respecto a la norteña entidad fronteriza dará luz respecto a la correlación de fuerzas entre las dos corrientes principales de la llamada Cuarta Transformación. Ya habrá oportunidad en este espacio de analizar lo sustancial del proceso de postulación de 17 coordinaciones que, excepto tal vez SLP, son virtuales candidaturas (“coordinaturas”, sería el término posible para combinar las dos categorías) a sendas sillas estatales de gobierno.

Y, mientras el gobierno federal busca la manera de construir la “verdad crematoria” e ir cerrando expedientes sin tocar el verde olivo.

México SA

Altos Hornos, historia sin fin // Alonso Ancira la quebró y huyó // 20 mil trabajadores en vilo

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Mientras el causante directo de la quiebra de la principal acerera del país (una ex paraestatal privatizada por Carlos Salinas de Gortari) y los cerca de 20 mil trabajadores afectados por esta situación la pasan muy mal por la pérdida del empleo y el salario no cubierto –sin olvidar que el motor económico de la ciudad de Monclova, Coahuila, era la sede de esa empresa–, a duras penas se organizó una suerte de subasta por Altos Hornos de México (AHMSA) que a la hora de la hora debió aplazarse, porque ninguno de los supuestos seis postores acreditaron el pago de la “garantía de seriedad” (56.3 millones de dólares), requisito indispensable para formalizar sus ofertas.

Alonso Ancira Elizondo es el hampón causante del desastre de Altos Hornos de México (consorcio privatizado a su favor y a costillas de la nación por su amigo el innombrable, en 1991, por apenas 145 millones de dólares –el paquete incluyó 11 empresas más, entre ellas seis mineras–, cuando en los hechos tenía un valor real no menor a 4 mil millones de billetes verdes; desde luego, la deuda del corporativo la asumió el Estado, por cortesía de Salinas de Gortari), quien vive impune y de maravilla en Estados Unidos (tiene doble nacionalidad), a donde huyó tras incumplir el acuerdo de “resarcimiento” al Estado (en febrero de 2021 por 201 millones de dólares) firmado con el gobierno de López Obrador como condición para salir del Reclusorio Norte, donde lo encarcelaron por la fraudulenta venta de Agronitrogenados (otra empresa ex propiedad del Estado, también entregada por Salinas de Gortari) a Petróleos Mexicanos, con otro hampón a la cabeza: Emilio Lozoya Austin.

Como era de esperar, a duras penas y a regañadientes, Ancira cubrió la mitad de ese “acuerdo”. Entregó los dos primeros abonos, pero cuando llegó el tercero pidió ampliación del plazo de vencimiento –que le concedieron–y antes de que la fecha se cumpliera el gánster hizo maletas y rápidamente huyó a Estados Unidos.

Por cierto, este nefasto personaje es uno de los que destinaron millones de dólares para “desaparecer” al Sindicato Nacional de Mineros y “acabar” con su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y fracasó en ambos embates, de la mano de sus socios (entre ellos el tóxico Germán Larrea y Alberto Baillères).

Famoso por sus transas (siempre con la protección y complacencia de sus amigos prianistas, quienes, entre tantas otras cosas, permitieron que defraudara a Nacional Financiera), ¿cuál fue la gracia de Ancira Elizondo? Como se ha comentado en este espacio, quebrar AHMSA, exprimirla, desguazarla, endeudarla a más no poder, violar permanentemente el contrato colectivo de trabajo, dejar en la calle a cerca de 20 mil obreros (la mayoría especializados), no pagar al IMSS, al Infonavit y al Servicio de Administración Tributaria –a éste entre 3 mil y 5 mil millones de pesos–. Además, corrupción galopante, fraude fiscal, lavado de dinero, huir a Israel –donde hizo más y más chanchullos–, regresar limpio a México, volver a huir –en esa ocasión a España, por el caso Agronitrogenados, donde fue capturado y extraditado– por defraudar, una vez más, al Estado mexicano, sólo para poco después huir a Estados Unidos, donde permanece.

En lamentable situación dejó Ancira Elizondo a la ex paraestatal Altos Hornos de México. Más aún, en la calle dejó a 20 mil trabajadores del consorcio, algunos con 30 años de labor en la empresa. Pero ya emocionados por la subasta, ésta no se llevó a cabo.

La Jornada (Jared Laureles, Gustavo Castillo y Jessica Xantomila) lo reseñó así: “el proceso de venta de AHMSA y su filial Minera del Norte no pudo concretarse el pasado viernes, luego de que dos postores calificados se presentaron para participar en la subasta, pero ninguno acreditó el pago de la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares. Ante dicha ‘omisión’, que contraviene las bases, la jueza segundo de distrito en materia de concursos mercantiles con sede en la Ciudad de México, Ruth Haggi Huerta, dio un plazo de 10 días hábiles para cumplir con el requisito; dos firmas que se apersonaron en la audiencia celebrada en la ciudad de México para manifestar su interés de compra por la siderúrgica y la minera, ubicadas en Coahuila”. Entonces, seis postores en total y ninguno presentó la documentación para avalar “su solvencia y disponibilidad inmediata del dinero”.

Las rebanadas del pastel

El SAT informó que de enero a agosto de 2026, los ingresos del gobierno federal sumaron 4 billones 327 mil millones de pesos, con un incremento nominal de 154 mil 494 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025.

Ayotzinapa a 12 años: entre informes y líneas de investigación

Magdalena Gómez

La Jornada

Escribo esta colaboración en espera de un informe anunciado desde la Presidencia de la República para hacerse público “antes del 26 de septiembre” y ahora la misma voz se le ubicó para el lunes 28 de septiembre. Cuando estas líneas se publiquen, ya se conocerá, suponemos, el referido informe y si como se ha reiterado, en su contenido se abordarán “nuevas líneas de investigación”. Conviene detenernos en la explicación que dio la titular del Ejecutivo federal. “Será el lunes porque el viernes hay muchas actividades y el sábado es la marcha de los normalistas por los 12 años de Ayotzinapa”. ¿Qué se está mostrando? Insensibilidad por decir lo menos y bien podemos irnos a revisar la trayectoria de un discurso que se siente autorizado para ello. Las madres y los padres siguen reiterando, durante 12 años, la exigencia de conocer el paradero de sus hijos.

Con el dolor a cuestas han resistido y han aprendido que en los hechos las previas o las nuevas líneas de investigación no les acercan a la respuesta clara a la pregunta básica ¿Dónde están?

Es evidente que estamos ante un caso que toca a la estructura de la justicia en nuestro país y en consecuencia a la impunidad. Tenemos otros ejemplos, el del movimiento estudiantil de 1968 que sufrió una masacre el 2 de octubre de ese año y sigue en la lógica de numeralia. Un año más sin esclarecimiento ni castigo a los culpables. También el Estado ha callado ante el incumplimiento de la ley para el diálogo, la negociación y la paz digna en Chiapas de 1995 y todo lo que generó el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, de parte oficial mejor que el diálogo esté suspendido desde septiembre de 1996.

Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno federal ante la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Ciudad de México durante el próximo mes de diciembre para acompañar a los colectivos de madres buscadoras. Menciono sólo esos ejemplos para dar cuenta de que las asignaturas pendientes en nuestra historia trascienden a los sexenios, aun los que como los de la llamada Cuarta Transformación que iniciaron en 2018 y siguen con un segundo periodo.

Regresando al aniversario 12 de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontramos en esos años una compleja trayectoria de la investigación. Con impactos fuertes como la conocida como “verdad histórica”y la participación del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que realizaron un muy acucioso seguimiento del caso que tradujeron en informes y los dieron a conocer públicamente como es el desmontaje de la llamada verdad histórica y la insuficiente información del Ejército sobre la llamada “noche de Iguala”. Sus resultados no fueron reconocidos por el gobierno, lo que motivó su salida del país. En cambio, las madres y los padres de los 43 estudiantes les reconocen su trabajo y piden su retorno sin éxito por más declaraciones oficiales, pasan de decir el GIEI ya no existe a plantear que les buscarán para el retorno, que ya lo han hecho, pero no todos muestran interés, etcétera. Lo cierto es que los informes no tienen fuerza vinculante y no se ha logrado la judicialización plena.

Habrá que destacar que la marcha del pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México tuvo una amplia participación de sectores sociales, muchos estudiantiles, que acompañaron a los familiares y les respaldaron en el eje de “hasta encontrarlos”. En estas recientes jornadas de lucha fueron recibidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, a quien solicitaron que esa instancia atraiga y resuelva amparos que están en curso, por lo que él les ofreció dar seguimiento y contactarlos con la ministra que tiene uno de los proyectos.

Cabe destacar que uno de los factores “nuevos” en la investigación es la reciente detención del ex gobernador de Guerrero, hoy vinculado a proceso y en prisión preventiva, acusado de ordenar la destrucción de dos videos que contenían evidencias sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

No sabemos aún si lo consideran nueva línea de investigación en el informe del 28 de septiembre de este año, lo que de entrada nos muestra que durante 12 años podría haberse considerado prioritaria su participación y pese que él renunció a su cargo las semanas próximas al 26 de septiembre de 2014, es hasta ahora y con el testimonio de dos colaboradoras del Poder Judicial en Guerrero que el Estado apunta a su responsabilidad pese a que los familiares desde un inicio hicieron la propuesta de que se le investigara. Entre los vacíos de fondo está el de la participación del Ejército en la noche de Iguala, como se le conoce al 26 de septiembre de 2014. La reciente recomendación de la CNDH buscó eximirlo de responsabilidad. Son muchos los cabos sueltos en una investigación que hasta hoy no concluye con la demanda central de los familiares de los 43 estudiantes “queremos saber dónde están”.