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El INE no puede medir la ironía

La Sala Superior del Tribunal Electoral acaba de ponerle un alto. Conviene entender por qué.

Ernesto Villanueva

Proceso

El Instituto Nacional Electoral puede contar segundos. Puede registrar cuántas veces aparece una candidatura y cuánto tiempo recibe. Lo que no puede hacer es entrar en la cabeza de un periodista para decidir qué intención escondía una ironía, un sarcasmo o una crítica. No es sólo un problema jurídico. Es también neurocientífico. La Sala Superior del Tribunal Electoral acaba de ponerle un alto. Conviene entender por qué. 

Primero. El 9 de julio el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG350/2026, con la metodología para monitorear los programas de radio y televisión durante las precampañas y campañas federales 2026-2027. El ejercicio es legítimo. La ley se lo ordena: observar la cobertura y hacer públicos los resultados. El problema estaba en la variable 14: “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”. Pretendía identificar expresiones que, sin constituir agresión explícita, transmitieran descalificación o menosprecio, y clasificarlas como ironía o sarcasmo, minimización, infantilización o cuestionamiento implícito de legitimidad. Ahí estaba la falla. El monitor no debía limitarse a registrar qué dijo un periodista. Tenía que determinar qué quiso decir. Y convertir esa interpretación en información oficial. La diferencia no es menor. Treinta segundos son treinta segundos. Una entrevista existe o no existe. Pero el sarcasmo no es una propiedad objetiva contenida en una frase. No se pesa. No se cronometra. Su comprensión exige integrar lenguaje, contexto, entonación, expectativas y atribución de intenciones. Quien clasifica una ironía no describe un hecho. Formula una hipótesis sobre la mente de otro. Y una hipótesis, elevada a dato oficial del árbitro electoral, deja de ser inocua. 

Segundo. La neurociencia lo demuestra desde hace años. Un estudio con pacientes con lesiones cerebrales focales encontró que comprender el sarcasmo depende de integrar procesamiento afectivo y capacidad de adoptar la perspectiva ajena, con participación de regiones prefrontales ventromediales derechas (Shamay-Tsoory, Simone G. et al., “The Neuroanatomical Basis of Understanding Sarcasm and Its Relationship to Social Cognition”, Neuropsychology, vol. 19, núm. 3, 2005, pp. 288-300). Un metaanálisis con 354 participantes y 23 estudios halló que la ironía activa redes de mentalización: representar estados mentales de otros (Bohrn, Isabel C. et al., “Looking at the Brains Behind Figurative Language”, Neuropsychologia, vol. 50, núm. 11, 2012, pp. 2669-2683). Un experimento con resonancia magnética funcional mostró que una misma frase adquiere o pierde sentido sarcástico según el contexto previo y la prosodia afectiva (Matsui, Tomoko et al., “The Role of Prosody and Context in Sarcasm Comprehension”, Neuropsychologia, vol. 87, 2016, pp. 74-84). La psiquiatría aporta otro dato. Un estudio comparó 22 personas con esquizofrenia y 17 controles: diferencias amplias en identificar sarcasmo, ligadas al procesamiento de la prosodia afectiva, aun con inteligencia global preservada (Leitman, David I. et al., “Theory of Mind (ToM) and Counterfactuality Deficits in Schizophrenia”, Psychological Medicine, vol. 36, núm. 8, 2006, pp. 1075-1083). El dato exige cautela. No se trata de patologizar la discrepancia interpretativa. Demuestra algo más útil: inferir sarcasmo es una operación cognitiva, falible y variable entre personas. No es la constatación física de un hecho. La consecuencia jurídica es directa: la autoridad que clasifica el sarcasmo no observa discurso. Infiere el estado mental de quien lo produjo. Y no es lo que hace un juez. El juzgador infiere intenciones dentro de un caso concreto, con contradictorio, carga probatoria, defensa y recursos. El monitor clasificaría de manera masiva y periódica, sin audiencia, sin prueba y sin remedio para el clasificado. Inferir la mente ajena con garantías procesales es jurisdicción. Hacerlo en serie y sin ellas es etiquetamiento oficial. 

Tercero. La Sala Superior corrigió el problema el 26 de agosto al resolver el SUP-RAP-185/2026, promovido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Por unanimidad dejó sin efectos la variable 14: descansaba en apreciaciones subjetivas y podía generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico. La pregunta constitucional no era si el INE podía castigar el sarcasmo. La variable no imponía sanciones. Sería exagerado llamarla censura previa. La pregunta era otra: ¿modificará su lenguaje un periodista que sabe que una autoridad calificará periódicamente sus expresiones como descalificación indirecta? Si la respuesta es sí, aparece el efecto inhibitorio. La libertad de expresión no se afecta sólo cuando llega la multa. También cuando el poder público genera incentivos para autocensurarse. Ahí operan los artículos 6 y 7 constitucionales y el 13 de la Convención Americana. El 13.3 veda las restricciones indirectas “por cualesquiera medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas”. El estándar no exige sanción: exige aptitud objetiva del acto estatal para condicionar el discurso. Un registro oficial y periódico de intenciones atribuidas a periodistas identificables la tiene. Y cuando hay duda, la duda no favorece a la restricción. Favorece a la libertad. La razón es doble. Primera: la libertad de expresión ocupa una posición preferente en el orden constitucional porque no protege sólo a quien habla; protege el derecho de todos a recibir información y sostiene la deliberación democrática. Las restricciones son la excepción, y las excepciones se interpretan de manera estricta, conforme al principio pro-persona del artículo 1º constitucional. Segunda: los costos son asimétricos. El exceso expresivo tiene remedio posterior: réplica, rectificación, responsabilidad ulterior. La palabra inhibida no tiene remedio alguno. Simplemente nunca llega al debate. Una precisión necesaria. Eliminar la variable 14 no deja sin protección a las candidatas. El sistema electoral conserva mecanismos específicos contra la violencia política de género cuando concurren sus elementos jurídicos. Pero quien busca ejercer poder público, mujer u hombre, debe soportar crítica intensa, sátira e ironía. Proteger frente al sexismo no exige proteger frente a la ironía. Y la inteligencia artificial hará más visible la tentación: hoy se pueden clasificar miles de expresiones y asignar probabilidades. Pero “87 por ciento de probabilidad de sarcasmo” seguiría siendo una inferencia. No un hecho. La reproducibilidad de una inferencia no la convierte en hecho: sólo la repite. La tecnología puede automatizar una interpretación. No puede convertirla en verdad. 

El monitoreo es legítimo mientras mida lo medible: tiempos, frecuencia, presencia, formatos. La ironía no cabe en una base de datos. El Estado puede contar segundos; no puede leer mentes. Una democracia soporta cualquier sarcasmo. Lo que no soporta es una autoridad que dictamine, con sello oficial, lo que piensan sus periodistas. 

Razones

Otros datos

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Durante la época de Luis Echeverría los informes llegaron a durar hasta seis horas, ahora los de Claudia Sheinbaum se agradece que duren poco más de una hora. Antes, los informes se hacían en el Congreso con cientos, a veces miles, de invitados, y durante los años de Salinas, Zedillo, Fox o Calderón, con fuertes confrontaciones políticas; ahora son más restringidos, en espacios controlados. Pero al final siempre es lo mismo: los informes son una suma de supuestos aciertos gubernamentales, algunos reales, otros que son medias verdades colocadas fuera de contexto y otros que se confrontan con la realidad.

La mayoría de los datos dados en un informe, y el de ayer no fue la excepción, son verificables, pero el método de verificación los puede convertir simplemente en un acto de fe. El informe presidencial busca instalar la idea de una continuidad exitosa, pero paradójicamente donde ha tenido mejores resultados es donde ha roto con esa continuidad. 

El ámbito en el que mayor éxito ha tenido la actual administración es en la seguridad. Los homicidios dolosos, según los datos oficiales, cayeron 51% en promedio diario, de 86.9 el primero de septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. Es una caída real. Pero el 20 de febrero de 2026, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública publicó una nueva metodología que reclasificó los “delitos contra la vida” y reajustó las series de medición. Ya no están integrados feminicidios y desapariciones, lo cual descontextualiza esa información. El dato duro es que hay 83 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.

Lo que es un hecho es que en seguridad está administración, aunque no lo reconozca, ha dado un giro de 180 grados respecto a la política de abrazos, no balazos del sexenio de López Obrador. Las del informe, son cifras que, en seguridad, son relevantes si se confirman en series sostenidas y comparables. Pero no bastan para declarar superada la crisis de violencia que dejó el sexenio anterior. 

Como hemos dicho muchas veces, está muy bien desarticular redes de operación del crimen organizado, y eso en buena medida se hace, pero pierde sentido cuando no va acompañado de la desarticulación de las redes de protección y complicidad política con los cárteles.

El debate no pasa por negar que existan mejoras puntuales ni en magnificar los problemas reales, profundos, que tiene el país. No se puede hablar, por ejemplo, de la seguridad o de la relación con EU y obviar las denuncias sobre la narcopolítica, las acusaciones contra personajes como Rubén Rocha Moya o Enrique Inzunza, sobre los funcionarios a los que como castigo se les ha quitado la visa, o las denuncias reiteradas sobre funcionarios relacionados con el crimen organizado o el contrabando de combustible. 

En salud, el informe presidencial sostuvo que el abasto gratuito de medicamentos ya supera 90 por ciento. El dato, sin embargo, depende de cómo se mida el surtimiento: un indicador administrativo puede registrar la entrega de claves o piezas de medicamento, sin resolver necesariamente el acceso efectivo del paciente, la disponibilidad de especialistas, las listas de espera o la atención en comunidades rurales.

La herencia del sexenio anterior en salud fue catastrófica, e incluyó un deterioro muy amplio en el acceso institucional a la salud. Las mediciones del Coneval señalan que la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022: de 16.2 a 39.1% de la población. Recuperarse de esa caída, sin reconocerla no es posible ni viable.

En economía el patrón se repite. Es cierto que México ha mantenido estabilidad macroeconómica y que la relocalización de cadenas productivas abre oportunidades relevantes. Sin embargo, un crecimiento de 1.2% es insuficiente para una economía que requiere crear empleos formales, elevar la productividad y recuperar inversión pública.

Lo mismo sucede con las inversiones. El informe presume una inversión extranjera directa récord de 34 mil 968 millones de dólares en el primer semestre. Es verdad, pero 30 mil 957 millones, o sea 88.5% del total, son reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, mientras las nuevas inversiones apenas alcanzaron 2 mil 726 millones, una caída de 42% anual. 

El debate sobre las obras públicas del sexenio anterior obliga a separar la utilidad potencial de los proyectos de su costo real, su transparencia y su desempeño financiero. El Tren Maya fue anunciado en 2018 con una estimación de su costo de construcción de hasta 150 mil millones de pesos. Costó 540 mil mdp, es decir, 171% por encima de lo planeado, el aumento real fue de por lo menos 341 mil millones de pesos. Nadie niega que haya transportado dos millones y medios de pasajeros, como se dijo, pero la empresa registró pérdidas de al menos mil 223 millones de pesos en 2024, sin contar los subsidios que hoy siguen sangrando la economía.

El principal mensaje político del informe fue que “nadie se equivoque, aquí no hay divisiones”. Pero muchos lo vemos desde afuera dividido: ahí está el intento de Rocha Moya de regresar a la gubernatura, el que Enrique Inzunza se siente impunemente en su curul en el senado, la carta de Andy López Beltrán contra Trump, las campañas de los duros contra Omar García Harfuch, la Defensa, Marcelo Ebrard, Edgar Amador o Roberto Velasco, a veces contra la propia Presidenta para comprobarlo. Ojalá tengamos un futuro sin divisiones no sólo en la 4T, sino también en la sociedad, hoy son una realidad.

Juegos de poder

Apuntes sobre el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Henos aquí analizando un evento que debería desaparecer.  

Los mexicanos le copiamos a los estadunidenses la obligación del Poder Ejecutivo de presentarse una vez al año a rendir cuentas al Congreso. Ellos le llaman State of the Union. Nosotros, Informe de Gobierno. Allá sigue yendo el Presidente una vez al año a reunirse con ambas cámaras para hablar de cómo va su gobierno y hacia dónde piensa dirigirlo. Acá, hace muchos años que el jefe del Ejecutivo federal ya no asiste al Congreso porque no hay las condiciones políticas para un evento civilizado. En su lugar, los presidentes se inventaron un discurso con sus invitados. 

Desde que llegó la 4T al poder, este discurso se tornó aún más obsoleto en la medida en que los presidentes, primero López Obrador, ahora Sheinbaum, realizan un ejercicio propagandístico diario que disfrazan como una “conferencia de prensa”. Ahí hablan de lo que se les antoja, incluyendo la presunción de los logros del gobierno. 

De hecho, la gran mayoría de las cifras que mencionó la Presidenta ayer en su informe ya se habían adelantado en alguna de las mañaneras. No hubo ningún dato sorpresivo que no se hubiera dicho antes. En este sentido, el discurso fue como una mañanera donde se resumieron todos los temas sin que la interrumpiera alguno de los periodistas paleros. 

Se agradece, en este sentido, la brevedad del discurso. Finalmente, uno que es analista político y tiene la obligación de soplarse este evento, sí puede aguantar una pieza retórica de una hora cinco minutos donde predomina el autoelogio. 

Muchos comentaristas se quejan de la falta de autocrítica. Pues que se sigan lamentando porque ningún político en México hace eso, mucho menos un mandatario en su informe anual de gobierno. 

Para eso de la crítica estamos nosotros, los analistas. Los que tenemos el deber de aceptar los verdaderos logros del gobierno, pero también desmentir las cifras incorrectas y matizar otras, amén de develar las mentiras y apuntar sobre los temas que no fueron mencionados. 

Por ejemplo, los desaparecidos. Ayer también desaparecieron de la retórica presidencial como si no existieran, como si no fueran un enorme problema que enfrenta esta administración. Ni una referencia a ellos. Es característica de la 4T esconderlos debajo de la alfombra. Reprobada la Presidenta en este rubro. 

En cambio, me gustó el formato austero del informe. Nada de boato. Poco público, escenografía discreta, vestuario sencillo, pero elegante. Es, en sí mismo, un mensaje en este momento en que varios miembros de la 4T se han olvidado de que llegaron al poder prometiendo austeridad republicana y purificación de la vida pública del país. 

El formato se vio acompañado del mensaje explícito de Sheinbaum: “Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero, al mismo tiempo, con sencillez y humildad. Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación, y lo digo claro: debe continuar de esa manera”.

Pues no, Presidenta, desgraciadamente no terminó con la 4T. Esa lacra sigue ahí presente. 

¿Habrán entendido todos los miembros de la coalición oficialista a los que les gusta tanto darse vida de marajás? 

Para que no hubiera dudas, la Presidenta lo repitió cuando terminaba su discurso: “No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días. Ésa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello, y justamente por ello, insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados”. 

Un nuevo llamado a misa de Sheinbaum. A ver si ahora sí le hacen caso. 

En un ambiente donde se sospecha (y vaya que hay elementos para hacerlo) de posibles diferencias y rupturas dentro de la 4T, la Presidenta afirmó: “Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”. Fue la frase del día. Pero a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen, así que tendremos que seguir evaluando hasta dónde es cierta o no la aseveración presidencial. 

Una última nota. También me gustó el estilo ecuánime de la Presidenta. Nada de aspavientos, manoteos o gesticulaciones a los que ya nos tienen acostumbrados los políticos en estas épocas de redes sociales. No, ayer vimos a una política que se comportó, por fortuna, como jefa de Estado.

Astillero

Unidad 4T: del dicho al hecho // Conflicto interno es natural // Ambiciones y presiones // No sólo son Adán y Noroña

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

El punto más alto del Informe de ayer fue alcanzado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que en el movimiento llamado Cuarta Transformación no hay lugar para divisiones ni rompimientos. Reconoció así el peso de las especulaciones sobre presuntos distanciamientos y eventuales deslindes específicos respecto al fundador y líder en retiro público de ese movimiento, Andrés Manuel López Obrador.

Las palabras presidenciales, con la aspiración retórica de veracidad autoasignada al llamar a que otros “no se equivoquen” (sólo evitaría “errar” quien estuviese en la línea de argumentación del ponente), van dirigidas al segmento de los opositores explícitos de la 4T, pero también a las voces y acciones internas que se desalinean o abiertamente controvierten las disposiciones o intenciones de la ocupante de Palacio Nacional, entendida como jefa política del movimiento en mención.

No deja de ser una pretensión de inmediatismo discursivo, de blindaje circunstancial, el pretender la conjura de las voces disidentes y de la presión de ciertas facciones internas de un frente tan amplio como el que se constituyó para ganar el poder en 2018, y el rediseñado en 2024 para mantener al guinda en la silla presidencial (con la garantía de futuro político compensatorio a las llamadas “corcholatas” que fuesen derrotadas y con la persistencia de un enorme poder de quien se fue a vivir a Palenque).

Mantener la unidad política real en un movimiento como la 4T, con tantos intereses, facciones y ambiciones en juego, necesita mucho más que un discurso. El conflicto interno es un agravado factor inherente a los procesos políticos triunfantes, en especial en momentos cercanos a la repartición de nuevas cuotas de poder, como son, en este caso, las candidaturas a 17 gubernaturas, a 500 diputaciones federales y a cuantiosos cargos legislativos estatales y en presidencias municipales.

Las elecciones de 2027 implican una recomposición del mapa de reparto de poderes y, ante ello, las consignas ideológicas unitarias son rebasadas por la facciosa búsqueda pragmática de incentivos y premios que por sí mismos no son suficientes. Ante lo cual, y para mantener la mencionada unidad, se requiere una centralización impositiva del mando, con medidas disciplinarias y demostraciones de fuerza política (lo que a estas alturas no ha podido darse, en razón de la antes mencionada conformación diversificada del poder presidencial 2024-2030).

La construcción de un enemigo o poderoso adversario, al cual sólo se puede frenar o vencer mediante acciones de unidad, funciona parcialmente (en el caso, con la derecha y la ultraderecha como amenazas), pues es mayor el torbellino obcecado que genera la natural física del jaloneo interno por candidaturas, posiciones y compensaciones.

A este panorama debe sumarse el ingrediente desarticulador que significa la presión del trumpismo y sus aliados en México contra el ex presidente López Obrador y algunos de sus hijos, en especial contra quien lleva sus mismos nombres, y las implicaciones para la presidenta Sheinbaum que está tejiendo una red de entendimientos con Estados Unidos, no todos reconocidos públicamente pero cada vez más a la luz pública, que diferencian notablemente algunas posiciones centrales del primer piso 4T con el segundo, en curso.

Y, sin entrar a detalle de los casos de Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña (que ni remotamente son los únicos, sobre todo si se ve el jaloneo por cargos estatales) a ese escenario de física interna confrontacional debe agregarse el giro que al menos en estas horas se ha hecho percibir en cuanto a menor rispidez de la 4T con sus opositores, como lo han ido perfilando en las cámaras los coordinadores guindas, Ricardo Monreal e Ignacio Mier.

Y, mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó al Congreso en menos de cinco minutos y de manera apacible el segundo Informe presidencial.

México SA

Sheinbaum: contra viento y marea // Cierra primer tercio de su mandato // Régimen neoliberal, rotundo fracaso

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

La presidenta Sheinbaum cierra su primer tercio de gobierno y para ella el balance parece positivo: llega con alrededor de 73 por ciento de aceptación ciudadana, la economía reporta estabilidad y avance –aunque no a la velocidad deseada–, la moneda nacional se ha fortalecido, la inflación permanece en un nivel reducido y controlado, los principales indicadores sociales son positivos y la tasa de desocupación es de apenas 2.7 por ciento; todo ello a pesar de la constante presión del vecino del norte y las constantes barbaridades del delirante Donald Trump.

Y en su segundo Informe de gobierno, una vez más pintó su raya: “durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno (el prianato, pues) se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad; utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos; eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación, y lo digo claro: debe continuar de esa manera; hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo; somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio, que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas”, siempre con “la obligación de los servidores públicos de comportarnos con profunda responsabilidad, pero, al mismo tiempo, con sencillez y humildad”.

Mencionó el buen uso y destino de los dineros nacionales: “en estos 23 meses hemos cuidado cada peso; no hemos comprado autos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios; los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han subido; hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas, ahorros que nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan en el servicio público; los recursos públicos se convierten en Programas para el Bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad; los Programas del Bienestar son una expresión de la convicción de que nadie construye una nación solo y de que tenemos la obligación de apoyar a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados”.

Subrayó que la 4-T “separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad; recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de un mayor gasto público, sino contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que, al mismo tiempo, garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética; durante décadas predominó un modelo (el neoliberal) que redujo la participación del Estado y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones; todos sabemos que fracasó en proveer bienestar”.

Se refirió al “bebé” de 80 años que despacha en la Casa Blanca: “en estos casi dos años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales, marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, así como la guerra en (contra) Irán que elevó los precios internacionales del petróleo y han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo; aún en estas difíciles condiciones, la economía mexicana permanece estable y avanzando”.

En política exterior, “hemos mantenido los principios constitucionales, no sólo porque es nuestra obligación, sino por convicción propia: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, subrayo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento. Uno de los aspectos más dolorosos ha sido el trato que han recibido las y los mexicanos a través de detenciones y la dolorosa muerte de 17 connacionales en centros de arresto y operativos; cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero no significa sometimiento; México no se somete ni detiene; es libre, soberano y avanza con dignidad y la fuerza de su pueblo”.

Las rebanadas del pastel

Como nada tiene que proponer, el PRI compra megáfonos para gritar como merolico.

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