Lo que dicen los columnistas

Razones

Narcopolítica, del ‘Michoacanazo’ a Manzo

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Lo que ocurre en Michoacán, la trascendencia que tiene la narcopolítica en el estado, la penetración que ha logrado el crimen organizado en las autoridades, debe analizarse retrocediendo en el tiempo. Hoy se olvida o se tergiversa un tema que es central en esta historia: en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó el primer operativo en Michoacán, por un pedido expreso del entonces gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de oficina de la Presidencia, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y lo que es más importante, un político honesto, porque el crimen organizado había rebasado a las autoridades locales, como ocurría ya en otros estados, pero en ninguno con la virulencia que se presentaba en Michoacán, la tierra natal del propio presidente.

No era “la guerra de Calderón”, era la guerra que habían emprendido entre sí los cárteles desde 2004, coincidiendo con la decisión del presidente George W. Bush de cancelar la prohibición que había impuesto Bill Clinton de la venta de armas de alto poder. Repentinamente los cárteles se encontraron con arsenales que nunca habían tenido a su disposición y eso coincidió con su lucha por definir la nueva geopolítica del crimen organizado.

En Michoacán se logró contener la violencia, pero no se pudo ir más allá porque el sucesor de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, entregó el estado a los grupos criminales. El gobierno federal decidió entonces dar uno de los golpes más importantes de aquellos años, el llamado Michoacanazo, un operativo federal realizado el 29 de mayo de 2009, mediante el cual se detuvo a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios, incluyendo casi todo el gabinete de seguridad estatal y a un juez de Michoacán.

Uno de los detenidos era Roldán Álvarez Ayala, alcalde de Apatzingán por el PRD y acusado de nexos con el crimen organizado. Roldan tiene, un hermano, Ramón Ángel (apodado El R1, algunos apodaban desde entonces a Roldán como El R0 porque decían que era el que en realidad mandaba). Ramón fue detenido en 2012 por el Ejército mexicano en Guadalajara, Jalisco, e identificado, desde entonces, como un operador de alta relevancia para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Tanto Roldán como los otros detenidos en el Michoacanazo terminaron en libertad y recuperaron sus posiciones políticas, pese a que las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados eran abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias. Inexplicablemente, el michoacanazo, que era el caso que mejor demostraba las verdaderas redes de la narcopolítica en el país, se fue desvaneciendo: primero, por decisión judicial, los acusados fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Nayarit a la de Morelia, donde, según los propios datos oficiales, tenían un régimen prácticamente de spa, y de allí fueron enviados por un juez, Efraín Cázares López, uno por uno a sus casas. Todos sin excepción, incluyendo por supuesto al alcalde Roldán Álvarez Ayala. 

En paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy Toscano, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la Cámara de Diputados y obviamente de su fuero.

La historia posterior es conocida: Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el Michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en el baúl del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del líder de ese partido en la Cámara baja, Alejandro Encinas, y dos días después rindió protesta ante el pleno. Para que la burla no fuera menor, Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la Comisión de Seguridad de la Cámara para analizar, dijo, “los excesos de las fuerzas policiales”.

Pero resulta que se solicitó su desafuero y los diputados de la comisión especial, lo mismo que todos los mexicanos, pudimos escuchar las grabaciones que el juez Cázares López había desestimado, otorgándole a Godoy amparo y fuero. Eran las conversaciones con Servando Gómez, La Tuta, jefe de la Familia Michoacana,que, con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato las instrucciones y los apoyos que tendría de ese grupo criminal. Julio César Godoy fue desaforado, pero antes tuvo tiempo de darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Ninguno de los involucrados en su entrada clandestina a San Lázaro, de haberlo convertido en candidato y luego en diputado, sufrió alguna consecuencia. El juez que ordenó todas las liberaciones del Michoacanazo, Efraín Cázares López fue destituido por el Consejo de la Judicatura. 

Roldán siguió su carrera en el PRD y cuando se fundó Morena se fue al partido de López Obrador; era un importante líder regional y miembro del consejo político del partido. Era también un enemigo de Carlos Manzo. Su hermano, Ramón, El R1, por otra extraña decisión judicial, quedó libre en 2022, y se convirtió en el líder criminal de la región donde su hermano era el líder político. Roldán fue separado de Morena apenas en diciembre del año pasado, meses después del asesinato de Manzo y de las denuncias de Grecia Quiroz. 

Su hermano Ramón fue detenido el fin de semana por fuerzas del Ejército mexicano, y señalado como el responsable del homicidio de Manzo. La pregunta es quién le pidió a El R1 matar a Manzo. Y muchos piensan que podría haber sido su hermano Roldán, el mismo que fue liberado en 2011, gozando, como muchos otros de los detenidos por el Michoacanazo, de absoluta impunidad. ¿Ahora también?

Peras y manzanas

Autorregulación y censura

MARÍA JOSÉ ALONSO SOBERANIS

Excelsior

“Los medios mentimos deliberadamente”, esas palabras las pronunció un conocido periodista en una mesa de opinión del extinto CNI Canal 40, el 21 de mayo del año 2000. Al escucharlo, Denise Maerker le cuestionó a qué se refería, a lo que Sergio Sarmiento le respondió: “¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca?”.

Y vaya que mienten. Ha pasado ya una semana desde que se abordó en la conferencia mañanera la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y la desinformación no ha cesado. En este sentido, independientemente de la invitación que le extiendo a quien amablemente lee esta columna a consultar el documento de apenas 38 cuartillas que está siendo sometido a consulta y que ha predominado en el debate público los últimos días, vale la pena, nuevamente, hacer algunas precisiones.

Hasta el cansancio se ha repetido que con esta propuesta de lineamientos —que la ley mandata a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones expedir— el gobierno busca determinar lo que es verdad y lo que no, que se busca censurar y limitar la libertad de expresión. Nada más alejado de la realidad. ¿A partir de qué interpretación forzada y errónea llegaron a esa conclusión? 

La realidad es que estamos frente a un falso debate. Lo que se propone regular no es el contenido que presentan a sus audiencias las televisoras y radiodifusoras, sino los elementos que aportan a sus televidentes y radioescuchas para diferenciar entre opiniones, información y contenido pagado; así como las herramientas que ponen a su disposición para presentar quejas en caso de que sus derechos se vean vulnerados.

Resulta una enorme hipocresía de aquellos que antes ejercían la censura previa, pues pasaban sus noticiarios por Gobernación antes que en sus emisoras, ahora acusen censura donde no la hay. 

Para quienes son de memoria corta, vale la pena recordar, por ejemplo, que a Ricardo Rocha lo sacaron de la televisora en la que trabajaba cuando reveló las imágenes de lo que realmente ocurrió en el caso de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. Tras la masacre de 17 campesinos, el gobierno de Guerrero dijo que la policía sólo había “repelido las agresiones”. Nueve meses después se supo, gracias a Rocha, que éstos se encontraban inermes y que las autoridades ordenaron la masacre. O que Carmen Aristegui sufrió un despido ilegal e injustificado, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras revelar en su programa de radio el escándalo de la Casa Blanca adquirida por Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera por alrededor de 7 millones de dólares. Pero quizá el ejemplo más ilustrativo lo vivimos el 24 de marzo del 2011 en el Museo Nacional de Antropología, donde más de 700 empresas de información se dieron cita para firmar lo que llamaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que no fue más que un pacto de silencio para no hablar de la violencia que vivía México con la narcoguerra de Felipe Calderón.

Ésa sí era censura, impuesta por el Estado o autoimpuesta por la prensa para congraciarse con quienes ostentaban el poder.

Regresando a las mentiras deliberadas de las que se hablaron hace 26 años en CNI, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué limitantes deben imponerse a periodistas y comunicadores que manchan esta profesión con la mentira? ¿Qué se debió hacer cuando Loret presentó imágenes de un enfrentamiento en Irán diciendo que era Sinaloa? ¿O cuando una televisora nacional utilizó las mismas imágenes en dos desastres naturales en años distintos? Los lineamientos expuestos por el gobierno de México proponen la autorregulación. Que sean los propios medios de comunicación quienes adopten mecanismos para privilegiar la veracidad de sus contenidos y poner por delante a las y los consumidores de la información.

En democracia ése es el camino.

Astillero

Transparencia: reglas y voluntad // Militares y “seguridad nacional” // ¿Peces gordos o charales? // UNAM: amparos e impunidad

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Son importantes los pasos que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum para remontar la creciente propensión elusiva y opaca de poderes y poderosos ante solicitudes de transparencia. La prueba de fuego, como en otros temas y otras épocas, será el paso de la letra legal, siempre en riesgo de ser esquivada, a una voluntad política plena, tajante, comprobable.

La Presidenta emitió un decreto y en fecha próxima presentará una iniciativa de reformas a la ley de transparencia, para que, de ser aprobadas éstas, los términos decretados tengan la mayor fuerza jurídica. Habría dos excepciones o consideraciones en los asuntos que impliquen riesgos para la seguridad nacional o estuviesen en litigio y la difusión gubernamental de algunos términos o datos pudiera afectar el proceso jurídico.

Las propuestas claudistas tienen como contexto la proclividad escurridiza o francamente inhibidora de la clase política dominante, a escala nacional y en los estados, en los poderes tradicionales y en órganos autónomos, para proporcionar información sobre temas consultados por periodistas y ciudadanos en general. Con el mayor desparpajo se responde actualmente a solicitudes de información con la cantaleta de que no hay material disponible o, abiertamente, que la materia del tema invocado está bajo reserva durante largos años.

Un ejemplo constante, que de hecho podría constituirse en el medidor concreto de la profundidad y viabilidad de las reformas de la presidenta Sheinbaum, se da en el ámbito de las fuerzas armadas que, a partir de esa condición, escabullen toda solicitud de transparencia con el argumento de la “seguridad nacional”.

Es natural que las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina se nieguen a dar información respecto a hechos o circunstancias que desde el específico ámbito de lo militar pongan en riesgo el tema puntualísimo de la seguridad nacional. Pero se constituye en coartada inaceptable cuando se aplica a tareas comerciales, empresariales o “civiles” que, contra su naturaleza real, les han sido concedidas desde la administración federal anterior.

De por sí, históricamente, los militares han estado lejanos al escrutinio civil en cuanto al ejercicio de presupuestos; ahora, con la tentadora ampliación de sus actividades, que pueden implicar temas de corrupción, se ha buscado escamotear la transparencia informativa bajo el paraguas de la seguridad nacional, que puede aplicar para lo estrictamente militar, pero no para lo empresarial.

También será importante corroborar en lo inmediato si esta actualización normativa tendrá consecuencias inmediatas y plenamente palpables, es decir, si se inicia una auténtica batalla contra la corrupción, contra peces gordos y no charales (como sucedió en su momento con Vicente Fox, quien impulsó prontamente la transparencia, pero nunca pasó de asuntos menores).

Es de esperarse que las reformas no queden sólo en una ayuda escénica a los discursos gubernamentales en tiempos de cuantiosos señalamientos de corrupción y abusos desde diversas instancias de los poderes constituidos, con “barredoras”, huachicoleo (no sólo ruffista o panista), gobernadores y políticos en la cuerda floja del narco (no sólo Rocha Moya), empresas favoritas y favorecidas en exámenes de admisión (no sólo en la UNAM) y una incesante presión intervencionista del trumpismo.

Ayer fueron presentadas las primeras solicitudes de amparo de la justicia federal contra la decisión de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de realizar un segundo examen, esta vez presencial, para aspirantes a ingresar a carreras de licenciatura.

Sea que los juzgadores concedan las suspensiones solicitadas o que se considere que los primeramente aceptados aún no tienen derechos consolidados, la sustancia del conflicto sigue activa, sobre todo porque no hay acciones vigorosas, a la altura del problema, respecto a la empresa privada responsable de aplicar los exámenes de admisión.

México SA

Larrea se lava las manos // Afectados: irresponsable // Morena: ¿control de calidad?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Como acostumbra (siempre bajo la condescendiente mirada de la autoridad), Grupo México (obviamente por instrucciones de su dueño, Germán Larrea) finge demencia y se lava las manos por los daños (humanos, sociales y ecológicos) causados por su más reciente –que no el último– derrame tóxico en tierras sonorenses (70 mil litros de hidrosulfuro de sodio vertidos en un arroyo, que afectó una zona de 1.7 kilómetros cuadrados del municipio de Naco; de hecho, un alto mando político de esa entidad sostiene que “hay que cuidar” al corporativo, porque “invierte en el estado”, ergo: hay que mantenerlo impune, según su entender), no sin antes asegurar que “terminaron los trabajos de limpieza” del área afectada. Y se quedó tan tranquilo.

Algo similar dijo el corporativo cuando en 2014 y 2019, la empresa derramó tóxicos en el río Sonora y en el mar de Cortés, y lo cierto es que después de 12 años del primero y siete del segundo la “remediación” que debió hacer Grupo México se mantiene “pendiente”, toda vez que el Fideicomiso Río Sonora (mediante el cual supuestamente Grupo México aportaría 2 mil millones de pesos, que en los hechos, si bien va, sólo se ejerció la mitad, especialmente destinados a lavar la cara de la empresa de Larrea) sólo fue una puesta en escena, en contubernio con Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, un grupo de diputados exigió cancelar la concesión a Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea), pero ese gobierno fingió demencia, con todo y que este derrame de tóxicos se calificó como “el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México”.

De hecho, a 16 años de distancia, la doctora Reina Castro Longoria, investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de la Universidad de Sonora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y activista del Frente Río Sonora, no quita el dedo del renglón: “es grave lo que está ocurriendo”, por lo que exige “un ordenamiento entre el gobierno federal, Grupo México, la población afectada y la comunidad científica para crear un plan de remediación; es una organización básica para poder emprender una justicia ambiental; es lo que hemos buscado a lo largo de todo este tiempo, siendo la empresa la que debe pagar por estos daños; en la población existen muchas afectaciones a la salud de menores de edad y al medio ambiente; el desastre en el río Sonora va de mal en peor y el gobierno del estado y el corporativo apuestan al olvido; no se requieren acciones distractivas para evadir el problema, sino su solución”.

Grupo México, especialista en evadir su responsabilidad, asegura que el derrame en Naco “no provocó daños”, cuando lo cierto es que los hay, no sólo en el plano ecológico, sino social y humano. Llega la información desde esa población, afectada por el más reciente ecocidio: “familiares de Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años (“una de las primeras personas trasladadas para recibir atención médica tras el derrame tóxico registrado el pasado 26 de julio, quien presenta edema cerebral derivado de la inhalación de los gases tóxicos liberados por Ferromex, además de daño neurológico y pulmonar”) denunciaron que Grupo México no ha establecido contacto con ellos ni ha ofrecido apoyo para cubrir los gastos derivados de la atención médica a su pariente por inhalar el hidrosulfuro de sodio que hace una semana tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex; el paciente ingresó a terapia intensiva, su estado de salud se agravó en las últimas horas y lo van a intubar; ninguna representante del corporativo ha preguntado por la salud de Luis Arturo; lo han atendido, porque nosotros hemos insistido en los hospitales, pero de la empresa absolutamente no se ha acercado nadie; exige que el consorcio asuma los costos de la atención médica, cubra todos los gastos actuales y futuros derivados de las afectaciones a la salud de Luis Arturo y que responda por los daños que el derrame llegue a ocasionar a las personas que se expusieron al compuesto químico” (La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal).

¿Y la autoridad? Bien, gracias. ¿Y Larrea? Tan campante.

Las rebanadas del pastel

¿Y el control de calidad? ¿Quién dejó pasar a las hoy diputadas “morenistas” Nay Salvatori y Grace Palomares? (que por lo visto no representan a nadie), porque, sin más, se burlaron de los adultos mayores de forma infame y soez: “los grandes ya huelen diferente, huelen a baúl, ya tienen tics y se están pudriendo, guey”. Entonces, ¿quién dio entrada a estas panistas con careta de guindas? Y como este hay más casos por falta de supervisión en ese partido.

“Huelen a baúl”

JUAN BECERRA ACOSTA

La Jornada

Durante décadas, llegar a la vejez en México significó, para la gran mayoría, ingresar a un terreno de profunda incertidumbre, vulnerabilidad y, lamentablemente, dependencia. Trabajar toda la vida en la informalidad, en el campo o en el hogar sin derecho a una jubilación formal, condenaba a millones de adultos mayores a transformarse en una “carga” económica para sus familias, o a depender de la caridad para subsistir.

Desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política pública hacia ellos ha sido uno de los ejes que el movimiento ha emprendido con mayor fuerza para lograr la reducción de la pobreza extrema, la garantía constitucional de sus ingresos y la búsqueda de una vejez digna. Gracias a las políticas de los gobiernos de Morena, más de 13 millones de adultos mayores reciben hoy una pensión que constituye un ingreso garantizado por la Constitución.

Las diputadas morenistas en el Congreso de Puebla Nayeli Salvatori y Graciela Palomares no se han enterado. Esta semana protagonizaron un episodio que contradice, en forma y fondo, el proyecto que su propio partido ha construido durante casi una década. En un fragmento de su videopodcast Descasadas, ambas se burlaron mientras una invitada afirmaba que los hombres mayores “huelen a baúl”, incluso Palomares añadió que “ya se están pudriendo”.

El clip se viralizó, la indignación fue inmediata, y la reacción –disculpas falsas, comunicados de “descontextualización” y deslinde de la dirigencia estatal– siguió el guion ya conocido de una conducta ajena a los principios y compromisos por los que desde 2018 la mayoría de los ciudadanos ha votado: primero negar, después matizar, finalmente disculparse sin asumir del todo.

Aquí la contradicción no es sólo entre una política de dignificación y un discurso estigmatizante. Lo ocurrido no puede leerse sólo como un exabrupto aislado; es, sobre todo, el síntoma de un fenómeno que crece sin freno, el de los influencers convertidos en políticos cuya relación con el cargo público parece secundaria frente a su vocación primaria de generar contenido, audiencia y monetización.

Salvatori construyó su carrera en radio y televisión antes de saltar a la política en 2018, hoy es una de las diputadas con mayor presencia digital de Puebla gracias a un personaje propio, La señora de las Lomas. Palomares transita un camino paralelo. Ambas suman apenas nueve iniciativas aprobadas en la actual legislatura del Congreso poblano, mientras que su actividad en redes sociales y su participación en escándalos mediáticos superan por mucho su producción legislativa.

Ahí está el problema de fondo. Cuando el capital político de una legisladora se mide en seguidores, y no en leyes, la tribuna deja de ser un espacio de representación para convertirse en una extensión del set de grabación. El chiste, la ironía, el “humor negro” que funciona para generar clicks en TikTok no tiene el mismo peso cuando lo pronuncia quien ocupa una curul pagada con recursos públicos y jurada para representar, entre otros, a las personas que hoy ridiculiza.

No es la primera vez que a Salvatori se le cuestiona ese límite entre espectáculo y la función pública. De la parodia de un asalto en transporte público a comentarios sobre una víctima de mala praxis estética, su trayectoria muestra un patrón de declaraciones que primero generan controversia, y después obligan a la ya conocida “disculpa” pública.

El fenómeno no es exclusivo de Morena ni de Puebla, pero en este caso golpea de manera particular. Un movimiento que ha hecho de la dignidad de los adultos mayores una de sus políticas insignia no puede permitirse legisladoras que, así sea “en broma” o “en un espacio de entretenimiento”, conviertan a ese mismo sector en motivo de burla pública. La frase con la que intentan justificar sus insultos y burlas: “los comentarios fueron sacados de contexto”, es un cliché de manual de control de daños que rara vez convence a nadie. “Tonto es quien cree que el pueblo es tonto”.

Morena cuenta, en este episodio, con la oportunidad de decidir qué clase de representación quiere tener. Puede conformarse con el deslinde discursivo y dejar que el escándalo se diluya en el ciclo noticioso de la próxima semana. O puede aprovechar el momento para revisar con seriedad los criterios con los que incorpora a figuras mediáticas a sus filas legislativas, exigiendo no sólo popularidad y arrastre de votos, sino también un mínimo de coherencia entre el discurso social del partido y la conducta pública de quienes lo representan.

Establecer códigos de conducta claros para el uso de redes sociales por parte de legisladores y hacer que las sanciones internas dejen de ser sólo comunicados de prensa, sería un primer paso. Mientras la popularidad siga pesando más que la congruencia, episodios como éste seguirán repitiéndose.