Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
El poder de regular la IA
Lo singular del episodio es la arquitectura institucional que dejó al descubierto. La única instancia que impuso límites al uso militar de la inteligencia artificial contra ciudadanos estadunidenses fue una empresa privada. No el Congreso, no los tribunales, no una agencia reguladora.
Proceso
La inteligencia artificial está cada vez más presente, se desarrolla más rápido de lo previsto y está dejando una huella cada vez más visible en el mundo. En las últimas semanas, a raíz del lanzamiento de Claude Mythos —el nuevo modelo de Anthropic, capaz de identificar vulnerabilidades de seguridad que pusieron en alerta a varios gobiernos—, la atención se concentró en los cinco hombres que dominan el mercado de los modelos de frontera: Dario Amodei, Demis Hassabis, Sam Altman, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Sus personalidades, sus ambiciones, sus visiones disímiles sobre lo que la inteligencia artificial debe ser. Cinco hombres no electos cuyas decisiones afectan al mercado laboral, a la seguridad nacional y al debate público global.
En paralelo, la guerra en Irán ha vuelto evidente —no es que antes no se supiera— el uso militar de la inteligencia artificial. Los modelos analizan imágenes satelitales, sintetizan documentos, sugieren blancos. El sistema Maven, que integra tecnología de Anthropic, se utiliza en las operaciones del Comando Central de los Estados Unidos. En febrero, ese uso derivó en un conflicto.
El Departamento de Guerra exigió a Anthropic que retirara dos cláusulas de su contrato: la que prohíbe usar sus sistemas para vigilancia masiva sobre ciudadanos estadunidenses, y la que prohíbe integrarlos a armas autónomas capaces de matar sin supervisión humana. Anthropic se negó. El 3 de marzo, el Pentágono respondió declarándola «amenaza para la cadena de suministro» —figura jurídica reservada hasta entonces para Huawei— y la administración ordenó a las agencias federales abandonar el modelo en un plazo de seis meses. OpenAI aceptó un esquema contractual más amplio con el Pentágono, bajo el argumento de que sus usos quedarían sujetos a límites legales y salvaguardas internas.
Lo singular del episodio es la arquitectura institucional que dejó al descubierto. La única instancia que impuso límites al uso militar de la inteligencia artificial contra ciudadanos estadunidenses fue una empresa privada. No el Congreso, no los tribunales, no una agencia reguladora. Una empresa defendiendo cláusulas de su propio contrato. Que esas cláusulas existan es notable; que sean lo único que existe es alarmante. Si mañana el director ejecutivo cambia, cede o vende, la resistencia desaparece.
Los dos episodios —la llegada de Claude Mythos y el conflicto entre Anthropic y el Pentágono— devolvieron al centro del debate público la necesidad de regular el desarrollo y el uso de la IA. Y también complicaron la pregunta y las posibles respuestas.
¿Podemos confiar la regulación a los gobiernos? Uno de esos gobiernos acaba de pedir vigilancia masiva sin orden judicial y armas autónomas sin que nadie apriete el gatillo. ¿A las empresas? Una resistió; otra firmó. La diferencia no es estructural: depende de quién dirige cada compañía, de quién encabeza cada gobierno. Por eso la pregunta no es cómo regular cada modelo, sino cómo impedir que ciertos usos queden disponibles para cualquier actor con poder suficiente para imponérselos.
Regular es, además, técnicamente difícil. Quienes deben hacerlo —legisladores, jueces, funcionarios— no necesariamente comprenden el objeto. Y aunque lo entendieran, regularían lo que ven hoy: un modelo que sintetiza textos, analiza imágenes, sugiere blancos. Pero los modelos dentro de pocos meses (o semanas) harán cosas que ahora no imaginamos, lo que significa que cualquier regulación demasiado específica nace obsoleta. La velocidad del desarrollo tecnológico supera estructuralmente la del cambio institucional. Esto no es nuevo —pasó con la imprenta, con la radio, con internet—, pero esta vez la brecha es mayor y los costos de equivocarse, también.
De ahí que la regulación útil sea probablemente la que renuncia a regular cada producto y se concentra en principios: qué usos quedan fuera de toda discusión —vigilancia indiscriminada, decisiones letales sin supervisión humana, manipulación masiva del debate público—; qué obligaciones de transparencia rigen para los datos de entrenamiento y los casos de uso; qué mecanismos de auditoría independiente sobreviven a los cambios de gobierno y a los cambios de director ejecutivo. Una regulación general, basada en valores, dialogada en serio entre gobiernos, desarrolladores, sociedad civil y academia. No un manual técnico de un objeto que mutará antes de imprimirse, sino un marco ético que cualquier desarrollo futuro deba respetar.
El problema es que el contexto político vuelve esa conversación casi imposible. La desconfianza es generalizada y simétrica: la sociedad desconfía de las empresas, las empresas desconfían de los gobiernos, las empresas y los gobiernos compiten entre sí. La opinión pública oscila entre el pánico al desempleo y la fascinación por la próxima maravilla, sin espacio para la deliberación sostenida. Y esa desconfianza, como sucede en general con las tecnologías nuevas, es más visceral que reflexiva: nace del miedo y de la visibilidad repentina, no de un examen pausado de lo que está en juego.
Lo peligroso no es que la inteligencia artificial merezca escrutinio —lo merece, y mucho—. Lo peligroso es que la desconfianza, cuando se vuelve rechazo irreflexivo, paraliza la capacidad de imaginar y construir las instituciones que necesitamos. Y aquí necesitamos imaginar mucho: arquitecturas de gobernanza que todavía no existen, contrapesos que no encajan en el molde de la regulación nacional, formas de cooperación internacional para las que no hay precedentes cómodos. Si el debate público sigue atrapado entre el optimismo de los desarrolladores y el miedo difuso de quienes sólo intuyen lo que se viene, la decisión la tomarán por nosotros los cinco hombres y los gobiernos que los presionan. Algo que, en realidad, ya está ocurriendo.
Arsenal
¿Miedo a Lenia Batres?
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
La reforma que propone pasar la elección de juzgadores del 2027 al 2028 no incluye la “antinomia” (contradicción) que existe en la Constitución, relacionada con la elección y duración en el cargo del presidente(a) de la SCJN.
Será discutida y votada durante el periodo extraordinario que será convocado este jueves en la Comisión Permanente.
Incluye la modificación de 18 artículos de la Constitución, según cuentas de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.
La corrección de la “antinomia” podría modificar el difícil escenario que se vislumbra en la SCJN en septiembre del 2027, pero no está contemplada, por ahora, en la agenda del extraordinario.
¿Cuál es la contradicción? El artículo 94 (reformado en septiembre del 2024) establece que el periodo del presidente o presidenta de la mesa directiva de la SCJN durará dos años y que lo sucederá quien haya obtenido el segundo lugar en la elección de juzgadores de junio del 2025.
No modificaron, sin embargo, el Artículo 97, que dice que el presidente de la Corte durará cuatro años en el cargo –y no dos–, y que será electo por una mayoría de los ministros del máximo tribunal.
“No viene la antinomia. Prefirieron no meterse en la bronca, pero el problema subsiste. Los dos artículos tienen la misma jerarquía constitucional”, nos dice el también presidente de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro.
No especificó cuál es la “bronca” en la que no se quisieron meter los proponentes de las iniciativas que se van a fusionar en un dictamen –la del Ejecutivo y la de Olga Sánchez Cordero y Ramírez Cuéllar– pero no es difícil sacar conclusiones: Hugo Aguilar, actual presidente de la Corte, concluye su periodo el 1 de septiembre de 2027. ¿Miedo a Lenia?
Y es que, si el periodo extraordinario se aprovechara y quedara el artículo 97, la ministra Lenia Batres se puede ir despidiendo de la presidencia de la SCJN.
Ese artículo prevé que los propios ministros (as) elijan al presidente (a) del máximo tribunal y Batres difícilmente ganaría. No trae el mejor ambiente entre sus pares.
Monreal ha dicho, anteriormente, que el caso de la antinomia se resolvería idealmente con una nueva reforma constitucional. ¿Se atreverán?
La reforma, entre otras cosas, constituye un reconocimiento de los errores cometidos en el diseño original.
Interrogado sobre si la contradicción podría corregirse en el mencionado periodo extraordinario, respondió:
“Puede ser. Es parte de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pueda proponerlo en el dictamen”, respondió.
* Ya encarrerado, le preguntamos sobre su declaración de “separar el poder político del poder criminal”.
Esas palabras rompieron con el coro de “¡pruebas!, ¡pruebas!” que el oficialismo utilizó para responder a la solicitud de EU de detener a Rocha Moya y a nueve de sus colaboradores, por sus nexos con Los Chapitos.
Añadió: “No podemos negarnos, ni tampoco desplazarnos, para evitar una demanda ciudadana”.
Ricardo Monreal sugirió crear una “comisión de filtro” sobre candidatos, en todos los niveles y para todos los partidos, y llevarla a la Constitución. ¿Objetivo? Que no se cuelen personajes que pudieran estar vinculados al narco.
* Buenas noticias para Somos México, una fuerza política y un movimiento ciudadano que se encuentra en el proceso de consolidación como partido político.
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y la de Partidos Políticos y Financiamiento les notificó que ya alcanzaron los requisitos para convertirse en partido político.
Les reconocen, preliminarmente, 205 Asambleas –de 200 que se requieren— y 294 mil 40 filiaciones –de 256 mil exigidas para alcanzar el registro–.
“El niño ya nació. Sólo nos falta el acta de nacimiento”, dijo, muy orondo, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, en rueda de prensa convocada en la sede del movimiento.
Lo interrogamos sobre considerar la posibilidad de que una “decisión política” pudiera arrebatarles el registro, respondió:
“Sí, tienes razón, porque si defienden a Rocha Moya como pensar que no pudieran perjudicarnos. Hacen tantas cosas, de manera permanente, que por desgracia no podemos decir, de manera permanente, que se van a apegar a la ley”, respondió.
A Somos México se ha afiliado gente con trayectoria. Además de Acosta Naranjo podemos mencionar a Emilio Álvarez Icaza, Cecilia Soto, Fernando Belaunzarán, Edmundo Jacobo, Rodrigo Morales, Amado Avendaño.
En su Consejo Consultivo están Lorenzo Córdova, Ceci Flores, Adrián LeBarón, Manuel Clouthier, María Elena Morera, Ernesto Ruffo, Jorge Castañeda…
Juegos de poder
La CIA en Cuba
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Hace unos días, John Ratcliffe, jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) visitó Cuba.
Según reportes de la prensa fue a entregar un mensaje directo del presidente Trump, presionar al gobierno cubano para que realice “cambios fundamentales” y discutir seguridad, inteligencia y crisis económica.
Ratcliffe se reunió con su contraparte del ministerio del Interior y los jefes de la inteligencia cubana. Algunas fuentes estadunidenses señalaron que también habría participado en el encuentro Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
En varias ocasiones, Trump ha dicho que su país está listo para intervenir directamente en Cuba. Hay que tomarlo en serio después de lo que hizo en Venezuela e Irán. El régimen comunista debe estar muy preocupado por esto, al punto que estuvieron dispuestos a recibir nada menos que al jefe de la CIA.
La reunión con Ratcliffe es un duro sapo de tragar. Y es que la historia de la CIA en ese país es de una feroz animadversión. Esta agencia trató varias veces de asesinar a Fidel Castro, amén de realizar muchas operaciones encubiertas.
No es cualquier cosa la visita pública del director de la CIA a La Habana. Se trata de un evento extraordinario. Adelanta que algo gordo ocurrirá en la isla. El gobierno de EU está presionando y negociando para que haya un cambio pronto en la isla. Trump quiere ser el Presidente que finalmente resuelva la afrenta histórica de tener a un país comunista a 145 kilómetros de su territorio.
“¿Alguien realmente cree que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?”, preguntó el entonces presidente Obama cuando visitó La Habana en 2016. El mandatario habría hecho esta pregunta en privado después de ver lo que era ese país desde el avión presidencial y, luego, transitando por las calles de la capital cubana en La Bestia. La Revolución había fracasado. La pobreza generalizada podía esconderse.
Aunque esta anécdota no está verificada, resulta verosímil por la decadencia económica que ha tenido Cuba desde que cayó la Unión Soviética, país que subvencionó durante años a la isla caribeña.
En su segundo periodo como Presidente, Trump ha sido aún más duro con el régimen castrista de lo que fue en su primera presidencia.
El 29 de enero de este año, la Casa Blanca publicó un documento que presenta la postura oficial de la administración hacia Cuba. Considera a ese país como una amenaza a la seguridad y a los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Trump sostiene que el gobierno cubano actúa de manera hostil hacia EU, apoya adversarios, desestabiliza la región y utiliza inteligencia, represión y alianzas estratégicas contra los intereses de su país.
Cuba aparece no sólo como un problema ideológico, sino como nodo estratégico de adversarios de EU. Acusa a ese país de mantener relaciones estrechas con Rusia, China, Irán y Venezuela.
El texto también vincula a Cuba con crisis migratorias que presionan a Estados Unidos.
El documento justifica mantener o endurecer sanciones, restricciones financieras, limitaciones comerciales y presión diplomática. La lógica es privar al gobierno cubano de recursos y capacidad operativa.
Esta visión es consistente con la Doctrina Donroe que propone la intervención estadunidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos para garantizar la seguridad, frenar la influencia de potencias como China o Rusia y proteger sus intereses comerciales y estratégicos.
La realidad es que Cuba, desde 1959, ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos.
La realidad también es que Cuba ha sido un experimento social fracasado. Hoy, ese país está más cercano al siglo XIX que al XXI.
La isla enfrenta simultáneamente una recesión, crisis energética, inflación, escasez generalizada, caída del turismo y emigración masiva.
Estados Unidos, que mantenía un embargo económico, ahora sí implementó un bloqueo para evitar que lleguen buques con petróleo a la isla. Sin crudo, las plantas generadoras de electricidad no funcionan. Los apagones son de entre 20 y 22 horas diarias en algunas regiones.
Además de electricidad, combustible y transporte, hay faltantes de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. La moneda local no vale nada. Los salarios reales están muy deteriorados, se han expandido los mercados negros que operan en dólares y ha aumentado la desigualdad.
En suma, un desastre.
Y aunque Estados Unidos tiene mucha responsabilidad, la mayor culpa la tiene un gobierno que, a diferencia de otros, como los chinos, nunca quiso transformar su economía a un modelo de mercado.
La necedad de la dictadura castrista está terminando muy mal. Comenzando por tener que recibir al jefe de la CIA para exigirles su capitulación.
Astillero
Mahahual: impreciso freno // No a Perfect Day México // Desconfianza a Bárcena // “No bajaremos la guardia”
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, anunció ayer de una manera breve e imprecisa, sólo ante camarógrafos (https://goo.su/L9qqEw6), que no será autorizado el impugnado proyecto Perfect Day México, que se pretendía desarrollar en Mahahual, una pequeña comunidad costera (2 mil 636 habitantes, en 2020) en el municipio de Othón P. Blanco, cuya cabecera es Chetumal, capital de Quintana Roo.
Las palabras que pronunció Bárcena, en 32 segundos, fueron: “Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Bueno, me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Todos ustedes que se llevan la primicia, sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.
Desde luego, el freno a ese proyecto es positivo, pero el fraseo llama la atención, pues se estaría en presencia de un extraño o al menos inexplicado abandono o dejadez de una empresa que presumía sus intenciones de inversión de unos mil millones de dólares para inaugurar en septiembre de 2027 un nuevo destino de la línea de cruceros Royal Caribbean, con 4 mil empleos en las etapas de construcción y operaciones, según su página oficial, https://goo.su/hmMJH.
¿La empresa desiste y sobre esa deserción la Semarnat asegunda negando una aprobación que ya no sería necesaria? ¿O la Semarnat negó formalmente la aprobación y por ello Perfect Day México desiste y acaso litigue en busca de compensaciones? ¿Se desaprueba en Mahahual, pero se buscará instalarlo en otro lugar de características parecidas? Lo cierto es que ese proyecto se convirtió en una masiva protesta en redes sociales, con base en un rechazo desde el propio Mahahual, y que la presidenta Sheinbaum advirtió que se debería revisar a fondo el proceso de autorización y evitar daños a arrecifes y naturaleza.
La manera en que se produjo el anuncio mencionado, con una protesta convocada en redes para este jueves, genera natural reserva, pues la secretaria Bárcena ha caracterizado su gestión por una continua permisividad a proyectos dañinos al medio ambiente, litigando y actuando en contra de las comunidades para beneficiar proyectos empresariales, sobre todo trasnacionales, e incluso el incumplimiento de su palabra empeñada y las promesas de diálogo y atención a fundadas protestas ciudadanas.
Ayer mismo, Luis Fernando Amezcua, integrante del colectivo Salvemos Mahahual, dijo que no bajarán la guardia, seguirán activos y exigirán que la Semarnat emita un resolutivo oficial que declare la total detención del proyecto de Perfect Day México, además de motivar a que Mahahual sea visitado por turistas y viajeros responsables.
En otro tema: así fuera sólo por la reacción videograbada con la que pretendió aminorar su responsabilidad en la pifia mayúscula de aparecer cantando junto a un bajista con una gran suástica en la camiseta, el senador zacatecano aún morenista Saúl Monreal debería dejar de lado sus extrañas pretensiones de gobernar un estado que ya han gobernado dos de sus hermanos.
Sólo cuando se multiplicaron las críticas a esa exhibición escandalosa fue que el senador Monreal decidió darse por enterado de la imagen que había estado a su lado durante una discutible interpretación musical y que él mismo había promovido en redes sociales. Le pareció, según la “explicación” de autojustificación que colocó en Internet, que el caso se había “politizado” y quiso transferir la culpa a su “equipo”, al que pidió tuviera más cuidado en ese tipo de hechos. Hasta su hermano de colmillo retorcido, Ricardo, criticó lo sucedido.
Es posible que este doble error sosiegue al hermano menor, Saúl, al que Ariadna Montiel ya ha advertido que por razones nepóticas no será considerado para buscar la candidatura guinda al gobierno zacatecano. Ya se verá si PT o el Verde le ofrecen postularlo, con camisetas comprometedoras a un lado o con presuntas justificaciones desastrosas.
México SA
Pruebas y reciprocidad // Congeladas, 269 extradiciones // Trump no extradita forajidos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Se aproximan las elecciones intermedias en Estados Unidos (la perspectiva es una gran derrota para Donald Trump) y, por lo mismo, el delirante magnate naranja aumenta los decibeles e intensifica su campaña contra México –a su lado, como siempre, el coro de la ultraderecha autóctona–, de tal suerte que un día sí y el siguiente también aprieta, chantajea y exige para que terceras naciones hagan el trabajo de “limpieza”, pero “olvida” hacerlo en su propio territorio, en donde el narco y las bandas delictivas gozan de cabal impunidad. Entre lo más reciente, que no lo último, está el caso de los 10 sinaloenses (incluido Rubén Rocha) a los que la Casa Blanca acusa de colusión con el narcotráfico, y al gobierno mexicano exige su extradición a la de ya, sin mayor trámite, a la par que el secretario estadunidense del Tesoro “invita” al sistema financiero internacional a “responder con fuerza” en contra de “estos terroristas”, dejando de lado que su propio país es el mayor lavadero de dinero sucio, y no a partir de ahora.
La presidenta Sheinbaum puso en la agenda este desbalanceado trato y clarificó la situación: de enero de 2018 a la fecha, el gobierno mexicano ha formulado al gobierno estadunidense 269 requerimientos de extradición (36 ya fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos, 183 son de extradición y 50 de detención provisional con fines de extradición) de casos relevantes, y ni uno solo ha sido atendido, sin olvidar que en esta materia, dados los acuerdos bilaterales, la relación es obligadamente recíproca. “No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México; ninguno”, precisó la mandataria. Y en ese inventario “hay casos gravísimos”.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló algunos de ellos: Francisco Javier N (García Cabeza de Vaca), caso Tamaulipas, con varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional. Después, se solicitó presentar una solicitud formal”.
Otro: Víctor Manuel N (Álvarez Puga), acusado de un tema relacionado con las factureras, delincuencia organizada también. “Se negó, por no ser un delito violento y para que ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado presentar una solicitud formal.
Rafael N y Elías N (Zaga), caso Infonavit: delito, delincuencia organizada. Se solicitó petición formal a México por no ser delito violento ni considerarse, los acusados, un riesgo para la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Porque cada país, conforme a su legislación, también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional, no es un análisis literal del tratado, como si existiera en el vacío legal, como han sugerido algunas personas.
José Ulises N (Bernabé García), caso Ayotzinapa: delincuencia organizada. “Se nos requirió información adicional y pruebas en el proceso. Esto se presentó desde 2024. Pablo N (Vega Cuevas), apodado Transformer, miembro de Guerreros Unidos, también caso Ayotzinapa: delincuencia organizada, también. Se nos solicitó presentar la petición formal”. Uno más: William N, un caso de trata de personas: “Se negó la detención provisional; es una práctica común entre los dos países; los dos hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición y detención provisional, y tiene fundamento legal clarísimo”.
La mandataria señaló que “hay una ofensiva de la derecha mexicana, con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos: ‘nosotros (el gobierno mexicano) no queremos entregar a nadie’; y en su momento lo aclaramos: ‘a ver, presenten pruebas’, lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros pedimos una orden de extradición”.
Entonces, “si hubiera realmente un interés de algunas instancias del gobierno estadunidense de disminuir la violencia en México y el consumo de drogas en su país, pues hay otras formas: atender la adicción en Estados Unidos, el tráfico de armas a México y la delincuencia organizada en su territorio. Es como si allá no existiría nada y todos los ojos en México”.
Las rebanadas del pastel
Transcurren días, semanas, años, décadas y nadie mueve un dedo para detener el genocidio en Gaza y juzgar a los responsables por crímenes de guerra. Ignominioso.
