Lo que dicen los columnistas

La presidenta de la República no es soberana; está obligada a respetar la ley

En el artículo 89 constitucional, que es el que enumera de manera expresa las facultades de la presidenta de la República, no la autoriza, por sí, sin juicio previo, a entregar reos a estados extranjeros. Ningún otro precepto la faculta para hacerlo.

Elisur Arteaga Nava

Proceso

La presidenta de la República, de nueva cuenta, para quedar bien con el señor Trump, entregó 37 reos que estaban en prisiones mexicanas; para no faltar a su costumbre, lo hizo sin observar lo que disponen la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición celebrado entre México y Estados Unidos. Con anterioridad, y también sin observarse esa normatividad, entregó 55 reos. 

Para hacer la entrega alegó: “Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral, fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos… Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana y se analiza a partir de las condiciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía”. 

En respuesta a preguntas de la prensa, Sheinbaum enfatizó que la medida no obedece a presiones externas ni a un acuerdo directo derivado de su reciente llamada telefónica con el presidente Donald Trump.” (Proceso 21 de enero de 2026).

Las decisiones soberanas únicamente las puede adoptar un poder que es soberano y ella, como presidenta de la República, es simplemente una autoridad constituida y, como tal, está sujeta a la ley; por ningún concepto es soberana y, como consecuencia, tampoco puede adoptar decisiones soberanas. 

Por declaración expresa, que no deja de ser declarativa o teórica, en el sistema constitucional mexicano (artículo 39) se dispone: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo…”.

La presidenta únicamente puede actuar respecto de aquellas materias que, de manera expresa o implícita, le confiere la Constitución (artículos. 73, fracción. XXXII, 89 y 124). Dada la estructura constitucional, debe entenderse que lo demás lo tiene prohibido.

El secretario de seguridad, para justificar la actuación del gobierno federal y pretender legitimar la entrega de los reos, invocó la Ley de Seguridad Nacional.

Él, como servidor público, está obligado a saber que la Ley de Seguridad que invoca es de naturaleza inferior a la Constitución y a los Tratados internacionales, entre ellos, el celebrado entre México y Estados Unidos, así lo dispone el artículo 133 constitucional: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…”.

La Ley de Seguridad que invoca no puede ser base para ejecutar la extradición; no lo es por cuanto a que el artículo 119, en todas las extradiciones, sin excepción, ordena que necesariamente debe intervenir un juez y derivar de una resolución judicial.

En el artículo 89 constitucional, que es el que enumera de manera expresa las facultades de la presidenta de la República, no la autoriza, por sí, sin juicio previo, a entregar reos a estados extranjeros. Ningún otro precepto la faculta para hacerlo.

Además, la presidenta estaba obligada a obtener de Estados Unidos el compromiso y garantía de que a los reos entregados no les será aplicada la pena de muerte o algún castigo no autorizado por las leyes mexicanas, tal como lo dispone la Constitución (artículo 22) y el Tratado de Extradición.

La Constitución, en su artículo 119, por lo que se refiere a las extradiciones que se realizan a petición de Estados extranjeros, no confiere al presidente de la República una facultad amplia y sin restricciones. En garantía de los reos dispone: “Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias. En estos casos el juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales”.

El precepto no establece excepciones: Ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere, (Cuando la ley no distingue, no debemos distinguir), por ello, para los efectos del artículo 119, tratándose de extradiciones, siempre, en todo caso, debe darse intervención a los jueces, sin importar la naturaleza de los delitos o la peligrosidad de los reos. 

El artículo 13 del Tratado de Extradición de 1978 entre México y Estados Unidos, por lo que se refiere al procedimiento a seguir, en observancia del artículo 119 constitucional, en todo proceso de extradición, sin excepción, hace intervenir a las autoridades judiciales competentes.

La Ley de Seguridad Nacional, una ley de naturaleza secundaria, no autoriza ni podía hacerlo, la extradición de reos sin observar lo dispuesto por la Constitución y el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

La presidenta de la de República, una autoridad constituida, que, además, protestó guardar y respetar la Constitución (artículo 87), por sí no puede establecer excepciones y bajo el pretexto de adoptar una decisión soberana, sin intervención judicial, entregar ahora y antes 92 reos en total.

Si dentro de los reos entregados hubo extranjeros no puede alegarse que se entregaron sin observar la Constitución y el Tratado de Extradición por razón de su extranjería, de haber cometido delitos en el territorio nacional o de hallarse de manera ilegal en el territorio nacional. No es válido alegarlo.

El artículo 1 Constitucional establece una regla general: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección (…)”.

En fin, ahora entiendo por qué en los países en los que los socialistas o izquierdistas asumen el poder, de inmediato desaparecen o no se respetan los derechos humanos: media una razón soberana, que es lo mismo que decir “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, aquí se hace lo que yo digo, sin importar lo que dispongan la Constitución, las leyes o los tratados.

Comienzo a sospechar que nuestra presidenta de la República, pese a la protesta que rindió al asumir el cargo, no tiene ni la menor idea de lo que son la Constitución, las leyes y los tratados; y, si la tiene, al igual que su antecesor en el cargo, no le importa; ella, como es soberana, hace lo que le viene en gana. 

Visto el contexto internacional: las presiones a que están sujetas nuestras autoridades, en la entrega no hubo una determinación soberana: mediaron amenazas y estas derivaron en un acto de sumisión y obediencia: la entrega de los reos. 

No lo quería creer, pero debo admitir que nuestra presidenta sí miente y que lo hace de manera reiterada y también deliberada. Esto, desde cualquier lado que se le vea, es muy grave. 

Arsenal

Los ministros, las Cherokee y el “ahorro” de mil mdp

Francisco Garfias

Excelsior

No hay justificación para la compra de las nueve camionetas de lujo Jeep Grand Cherokee blindadas, que fueron asignadas a cada uno de los ministros de la Suprema Corte (del Acordeón).

Se estima que cada unidad cuesta entre un millón 100 mil y un millón 700 mil pesos. El costo total del vehículo depende del nivel del blindaje. El nivel III ronda entre los 2.2 y 2.4 millones, incluyendo la camioneta base. Un nivel IV (contra rifles de alto poder) puede subir a 3 o 4 millones, según un cotejo con empresas certificadas que hicimos en internet.

En el colmo del mal ejemplo, las camionetas para los “guardianes de la Constitución” las emplacaron en Morelos, supuestamente para no pagar tenencia.

* Esta adquisición es un ultraje a la “austeridad republicana” y a la “justa medianía” que Andrés Manuel López Obrador incluyó en su discurso político para atraer el voto de los desposeídos.

El silencio del expresidente es elocuente. No se atreve a salir para condenar esos y otros excesos, como los negocios de Amílcar Olan y El Clan, el huachicol fiscal que involucra a la Marina Armada; Adán Augusto y La Barredora; Abelina y su collar de Van Cleef & Arpels, valuado en 227 mil pesos…

A López Obrador le pudo más la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Después de que los gringos lo sacaran en pijama de sus aposentos en Caracas, junto con su esposa, rompió su silencio autoimpuesto para condenar el “prepotente atentado a la soberanía del pueblo venezolano”.

Ni una palabra ha dicho de la violación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que entró en vigor en noviembre del 2019, cuando él era presidente.

El artículo 16 de esa ley prohíbe, cito, “las compras o arrendamientos de coches de lujo, remodelaciones lujosas e innecesarias y el derroche de servicios básicos”.

* La explicación oficial de “La Corte del Acordeón” mueve a risa. Dice que la compra se hizo con el objetivo de garantizar la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad. El comunicado oficial agrega: “Las unidades en uso ya no cumplían con los estándares de seguridad. Su continuidad compromete su operación. La adquisición responde a criterios de prevención, seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales”.

A la presidenta Sheinbaum, quién pidió un informe de la transacción, le respondieron con una opaca “nota informativa”, que ella misma describió en la mañanera: “Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorrar más de mil millones de pesos”.

Aquí cabe la pregunta: ¿qué clase de arrendamiento era ése que sustituirlo permite un ahorro de ese tamaño? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién lo hizo? ¿Mil millones?

Me queda claro que optar por vehículos de lujo es un exceso innecesario que contrasta con las condiciones económicas precarias por las que atraviesan millones de mexicanos.

¿No había alternativas más modestas que cumplieran con el objetivo de protección de los ministros? Por supuesto que sí.

* El gobierno de la presidenta Sheinbaum presume casi cotidianamente la reducción de homicidios en alrededor de 40%; robo de vehículos, secuestro, capos capturados, decomisos récord de droga… Pero los supuestos avances no permean en la sociedad. El Inegi dio a conocer ayer que 63.8% de la población de 18 años o más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era “inseguro” vivir en su ciudad.

Lo anterior “representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2024 (61.7%)”, puntualiza.

Las ciudades con los mayores porcentajes de la población que percibió más inseguridad fueron Uruapan (88.7%), Culiacán (88.1%), Ciudad Obregón (88.0%), Ecatepec de Morelos (88.0%) e Irapuato (87.3%). Más datos: 72.3% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 64.9%, en las calles.

* Lo leí en Le Monde. Es parte del editorial que el prestigiado vespertino francés dedica a la intervención del presidente Trump en el Foro Económico de Davos, Suiza, que reunió las élites económicas, políticas y sociales del orbe.

Dice textual: “El discurso (de Trump), tejido de mentiras descaradas, confuso e inconexo, muestra que la crisis entre Estados Unidos y la igualmente obsesivamente despreciada Unión Europea es grave y profunda”.

Trump dijo cosas como:

-Amo a Europa y quiero que le vaya bien, pero no está yendo en la dirección correcta.

-Algunas partes del continente ya ni siquiera son reconocibles debido a políticas que, según él, han debilitado su seguridad, economía e identidad.

-Criticó las políticas de “energía verde”. Las llamó “estúpidas” o no rentables. acusó la migración masiva y el exceso de regulaciones “de izquierda radical” en el viejo continente.

¿Qué tal el vecino, eh?

El reto de la narcopolítica, la corrupción y la reforma electoral

Urge parar la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

Ivonne Melgar

Excelsior

A convocatoria del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se presentaron las líneas de lo que será la reforma anticorrupción del sexenio.

Los participantes confirmaron que México cuenta con una masa crítica que no se dobla frente al abuso del poder y que sabe que la corrupción alimenta al crimen organizado.

Magda Ponce, del Consejo Coordinador Empresarial, habló de Morelos: “Debemos combatir la impunidad, porque en mi estado no pasa nada, todo mundo hace y deshace. Señalas tantito y tienes persecución y tienes miedo”.

Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, dijo que es indispensable que la reforma incorpore el enfoque del crimen organizado.

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, sostuvo que la corrupción “ha impregnado a los diferentes grupos políticos de México” y “se ha infiltrado en el aparato de seguridad y justicia”.

Jacobo Pastor García Villarreal, especialista anticorrupción de OCDE, llamó a los legisladores a construir un nuevo sistema de fiscalización que evite la llegada del dinero del crimen organizado a las elecciones.

“Es el momento ideal para empatar la revisión del sistema anticorrupción y la reforma electoral, porque se sabe, y hay estudios, que hay un gran flujo de dinero informal en los partidos y en las campañas; son el punto de origen de fenómenos de corrupción”.

Al siguiente día, en la reunión virtual del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez expuso: “Quiero reconocer el trabajo decidido de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó que se llevaran a cabo los trabajos de una reforma que refuerce el sistema anticorrupción y nos convocó para trabajar con el Congreso. En siete años no nos habíamos reunido sector público y sociedad civil”.

La presidenta del SNA fue directa: “La corrupción está facilitando la operación de grupos criminales y se ha convertido en una amenaza a la estabilidad del mundo y de nuestro país. Casos como el huachicol fiscal, la Estafa Maestra, Segalmex u Odebrecht son una muestra clara de que los servidores públicos e integrantes de las Fuerza Armadas, en actos de corrupción y conflictos de interés e impunidad, han tenido una participación presumiblemente directa y eso se debe de castigar”.

Llamó la atención el señalamiento de la titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, María Elena Mijangos, quien aseguró que, con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se había activado la indispensable coordinación frente a una corrupción sofisticada que, con unos cuantos clics, mueve dinero de forma anónima, “constituye esquemas corporativos complejos, dificulta el rastreo de los flujos de recursos y trata de ocultar a los beneficiarios finales; desarrollando operaciones y redes delictivas que pretenden confundir la definición de jurisdicciones dentro y entre los países para su combate”.

Ese martes, la consejera ciudadana sinaloense evidenció la opacidad del gobierno de Rubén Rocha, que no responde a las solicitudes de transparencia en adquisiciones, obra pública, gastos en viáticos y a un nuevo crédito de 2 mil 200 millones de pesos que compromete la viabilidad financiera de la entidad. “Sabemos que nuestros recursos públicos, como lo han señalado diversas investigaciones y organizaciones nacionales e internacionales y periodísticas han sido utilizado en actos ilícitos, para financiar también actos de violencia política y del crimen organizado en nuestros estados”.

Frente a este panorama, resulta pertinente el reto que el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, lanzó este jueves a Morena y a la Presidenta de la República: limpiar de narcopolítica al país.

“¿Están dispuestos a que pierda el registro como partido político cualquiera que se haya financiado con el crimen organizado? ¿Están dispuestos a que se anule una elección si se comprueba dinero ilícito? Les lanzamos el reto”, anunció el líder del PAN.

Más allá del atinado planteamiento opositor y del jaloneo del gobierno con PVEM y PT para quitarle plurinominales al Congreso y dinero a los partidos, urge parar la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

Esa es una tarea obligada para los artífices de la ruidosa reforma electoral y para quienes comenzaron a preparar los cambios del sistema anticorrupción.

De ello depende que no sigan pendientes dos promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum y que en San Lázaro recordó el maestro Adán Córdova en el foro: “Cuando era candidata se dijo que íbamos a tener dos nuevos derechos: a vivir en un ambiente libre de corrupción y a la buena administración”.

Al cierre de esta columna, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y la presidenta del SNA hicieron un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación a su exesposo se esclarece, con el fin de proteger el interés público sobre cualquier interés particular o personal. ¿La defenderán en Palacio?

México SA

Sigue el culebrón fiscal // Salinas Pliego no pagó // Procede el embargo

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Pues nada: hasta el cierre de esta edición, el culebrón se mantiene y en la fecha legal límite para cubrir sus adeudos fiscales, el evasor Ricardo Salinas Pliego no pagó (51 mil millones de pesos, acumulados a lo largo de 17 años) ni mostró intención de hacerlo (ergo, se evapora cualquier beneficio garantizado por la ley), de tal suerte que el gobierno nacional puede comenzar el proceso de embargo de los bienes propiedad de la llorona del Ajusco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo sentenció a saldar tal pasivo y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo notificó en tiempo y forma, por lo que no puede fingir demencia, es decir, debe asumir el costo de su prepotente decisión.

Ayer, resultó más que notorio el silencio en torno a este asunto (tanto de la parte gubernamental como la del barón de los abonos chiquitos), aunque Salinas Pliego utilizó la red social X para enviar lo que él considera un “mensaje frontal” (parapetado en su oficina). Escribió: “buenos dias (así, sin acento) a todos mis sobrinos, vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México!!! Que el Cartel de Tabasco no siga destruyendo al país y robándonos impunemente, no se dejen”, y agradeció a un tercero (uno de sus achichincles) el regalo de una cachucha con las siglas “MACC” y la frase “vida, propiedad, libertad”. Todo ello aderezado con una fotografía personal, tomada en su oficina y en pose de perdonavidas, en la que sostiene un arcabuz de varios siglos atrás (y dos adicionales a su espalda, uno de ellos de doble cañón).

Y para no dejar de subrayar lo lactante que es, adicionalmente escribió en la red X: “les enseño unos volcanes que vimos en el viaje rumbo a mi yatecito. Lo mandé traer desde Europa al Caribe para pasar el fin de semana con la familia hay que festejar”. Qué bueno, pero tal vez Salinas Pliego crea que es igualmente sencillo enfrentarse al Estado que robar impunemente un canal de televisión (el 40 y sus instalaciones en el Cerro del Chiquihuite, como lo hizo en diciembre de 2002) sin consecuencia alguna y por ello presume su “arsenal” y su “yatecito”.

Lo cierto es que no queda duda: el megalómano evasor es feliz haciendo y presumiendo el ridículo, y le encanta jugar al tío Lolo, sin considerar que en breve puede pasar de embargador de sus clientes de abonos chiquitos e intereses de usura a embargado por la autoridad fiscal de la nación. Y, según su propia presunción, abundan los bienes de su propiedad con los que el Estado puede cobrar el adeudo, es decir, los citados 51 mil millones de pesos.

En este sentido (siempre de acuerdo con su más reciente informe anual, de 2022, el último en hacer público), y en caso de embargo, el valor de Tv Azteca –oficialmente reconocido por el empresario de la pistola chiquita– no alcanzaría para cubrir el adeudo que la SCJN y el SAT le exigen. Tal informe reconoce que dicho año sus activos totales ascendieron a cerca de 25 mil millones de pesos (y los años posteriores no han sido precisamente de jauja para el consorcio), es decir, poco menos de la mitad del monto reclamado por el Estado mexicano.

Entonces, podría ser Tv Azteca y algo más. Para reunir los dineros reclamados por el SAT hay un abanico de oportunidades: Elektra, Banco Azteca, Punto Casa de Bolsa, afianzadora, aseguradora, Totalplay, Arena CDMX, empresas del sector petrolero y muchas más (sus dos casinos no, porque fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera “para evitar que sean usados por el crimen organizado”, por ejemplo, para lavar dinero del crimen organizado, mientras la Secretaría de Gobernación ordenó la “suspensión inmediata de los establecimientos”; por cierto, para operarlos contó con permisos otorgados –25 años, renovables– en 2018 como un regalo de despedida de Enrique Peña Nieto. Él que abomina al Estado.

En fin: el culebrón se mantiene y habrá que ver la respuesta legal del Estado mexicano y el tamaño de la pistolita presumida por la llorona del Ajusco, quien debe estar a las vivas ahora que se pasee por el Caribe en su yate.

Las rebanadas del pastel

Los ojos y el debate puestos sobre la intentona de ( fuck) Trump en Groenlandia, mientras el propio magnate va derecho y no se quita en realizar su sueño de contar con su lujosísimo “resort” en Gaza. Para ello creó un mamarracho que denomina “junta de paz” (la cual, según dice, “colaborará con la ONU”, es decir, con nadie ni nada), mientras el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu impunemente sigue asesinando palestinos y destruyendo lo ya muy poco que queda de la infraestructura gazatí, sin que nadie se atreva a detener esta locura.

Palabra de Trump

Fabrizio Mejía Madrid

La Jornada

Tras invadir Venezuela, Donald Trump confesó que era “por el petróleo”. Sus apoyadores apreciaron que, por fin, un político estadunidense hablara con la verdad. Los críticos, como el comediante John Stewart, extrañaron la añeja retórica cuando cada invasión y golpe de Estado alentado por Estados Unidos se disfrazaba de luchas por la libertad y la democracia. Que Donald Trump utilice su antirretórica supuestamente directa no quiere decir que diga la verdad o que no busque engañar. Se supone que hablar con claridad es ser serio sobre lo que se dice y, para ser tomado en serio, las palabras deben reflejar la realidad. Nada de esto es cierto con el presidente que dijo, sólo en su último discurso en Davos, que solucionó “ocho o más” guerras, que China no tiene granjas eólicas o que Estados Unidos “le devolvió” Groenlandia a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. O, al día siguiente, que los somalíes tenían un IQ bajo. En realidad, estamos ante alguien que lleva la retórica hasta su límite al ya ni siquiera reconocer las normas de autocontención que solían tener la diplomacia y el ejercicio presidencial.

Estamos ante un tipo de retórica cuya antirretórica oculta la mentira, el doblez, y el engaño porque presenta su crueldad y vulgaridad como autenticidad y sinceridad sobre lo que “realmente” se piensa. Esta crudeza se disfraza, a su vez, de contraparte de lo políticamente correcto al presentar a éste como falso, timorato e hipócrita. Los que “realmente dicen la verdad” son los que insultan y agreden sin preocuparse ni por la dignidad y la reputación de los demás, menos por los hechos y datos comprobables. Soportan la veracidad usando la repetición, la hipérbole, y la grosería. Ellos son los verdaderos salvadores en el relato de superhéroes detrás de cómo se habla de la política estadunidense.

Desde mediados de los años 60 a esa visión se le ha llamado “paranoica”, que es una forma de no decirle “despolitizada”. Arranca en los crímenes contra los Kennedy y sigue hasta el 11 de septiembre y la guerra en Afganistán e Irak. La política en Estados Unidos se entiende más a partir de la conspiración que por la lucha de clases o el conflicto racial y geográfico que jamás han logrado resolver. Como si la política fuera un cómic o un videojuego, unos demonios que se benefician de su propia maldad trabajan en la penumbra de un Estado Profundo o un pantano de pederastas.

Así, sin pasar por ninguna evidencia o historia de la indignación social, se señala con claridad a un enemigo y se logra ganar votos electorales. Ese poder oscuro maneja recursos ilimitados para tener influencia sobre la educación, los medios, Hollywood o todo un entramado que manipula las mentes. Por su parte, el héroe es el que sabe contra quién se enfrenta y él encarna a un personaje de historieta, más que representar a una mayoría, contar con un proyecto y un mandato en las urnas. La paranoia política reduce todos los conflictos sociales al exterminio de un otro abominable. Y lee la política, no por lo que es, sino desde la resolución a favor de su personaje imaginario. Así, para QAnon o los Proud Boys que acabaron contratados como agentes del ICE, Trump juega un ajedrez de cuatro dimensiones donde toda consecuencia no calculada de su proceder abrupto y vulgar es, en realidad, parte de un plan maestro para terminar con el enemigo que, en el primer periodo presidencial, era la élite de los medios y las universidades, y ahora son los todos los demás. Así que, al final, quien presume de ser directo y no retórico se convierte en el mensaje más oscuro por descifrar.

Otro asunto de la supuesta claridad trumpiana es que no usa palabras que la despolitización considera “huecas”. Cuando la política prescinde de sus palabras más evocativas como “justicia”, “igualdad”, “nación” o “soberanía”, renuncia al afuera que toda participación política necesita. Por eso la movilización del trumpismo llega ese 6 de enero de 2021, rompe el cerco policiaco y no tiene ninguna claridad de si ir por Mike Pence o Nancy Pelosi para ahorcarlos en la picota que han puesto afuera solucionará lo que ellos creen que es un fraude electoral. Se dedican más bien a circular por el Capitolio golpeándose con los policías, sentarse en las curules, y fumarse un toque. Cuando tu proyecto político es insultar a los demás en nombre de la sinceridad, la política se convierte en cambiarle los nombres a todo como única transformación posible: “Golfo de América”, “Consejo de la Paz”, “Centro Trump-Kennedy para las Artes Escénicas”. Es la política entendida como administración de recursos humanos y como mercadotecnia a la que ahora Trump ha agregado “las amenazas falsas y los viajes glorificadores del ego”, como las definió el gobernador de California.

El último asunto que viene a la mente es el llamado “lenguaje de crisis”, que plantea una o varias catástrofes y legitima así el uso de políticas extremas y hasta ilegales. Tal es la crisis migratoria que planteó Trump o las muertes por fentanilo o el déficit comercial. Es una táctica discursiva de las derechas como el “gobierno de emergencia” en Chile. El declive o la deriva son palabras que se usan para sostener un pasado idílico de bonanza que se perdió. De igual manera se utiliza algún fenómeno de desaparición, siempre ligado a la figura fuerte del hombre que terminará con ella. En este caso ha sido redundante la supuesta desaparición de niños por miles. La pérdida es crucial en este discurso de crisis: entre más lejos estés de ella, más tenderás a darle crédito a quien la enuncia.

La afrenta que otros les han hecho es quizás el centro de la retórica cruda de Trump y él la personifica: lo trataron de meter a la cárcel, le dispararon en una oreja, y a su país le han visto la cara Europa, la OTAN, China, Canadá, México, y un largo etcétera. También los organismos internacionales. Y los liberales. Y los demócratas. Y hasta los medios. El resultado ha sido un espectacular reality con armas nucleares y muchos insultos. Lo nuevo es que, cuando se descubre que las promesas o las crisis no eran del todo verídicas, se trata de borrar la evidencia con shocks mediáticos. Uno lleva al otro. Epstein a Maduro, Groenlandia a un resort en Gaza. Pintar todo de dorado, aunque por debajo el unicel que querías ocultar está cada vez más agujerado. Como escribió Will Fish durante el primer periodo presidencial: “Trump es la disposición a emitir advertencias independientemente de si existe una sensación real de amenaza, o hacer promesas que sin el compromiso real de cumplir, o hacer afirmaciones que no hay una razón real para creer que sean verdaderas, todo con el propósito de obtener una ventaja”.

Trump no gobierna, sólo “gana”, aunque para ello haya que maquillar la derrota.