Lo que dicen los columnistas

Recursos públicos bajo la lupa ante el arranque del proceso electoral 2026

La vigilancia sobre programas sociales, obras públicas y el ejercicio del presupuesto es una forma legítima de contraloría social que fortalece la democracia y previene abusos.

Julieta del Río

Proceso

Cada proceso electoral pone a prueba no sólo a los partidos políticos, sino a las instituciones y a quienes administran recursos públicos. De cara al inicio del proceso electoral de 2026, el uso responsable del dinero público vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, porque no se trata de una recomendación ética, sino de una obligación constitucional.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro: los recursos económicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siempre con el propósito de generar beneficios colectivos. Estos principios no admiten excepciones, mucho menos en tiempos electorales.

La propia Carta Magna establece, además, que los servidores públicos están obligados a ejercer los recursos bajo su responsabilidad con absoluta imparcialidad, evitando cualquier conducta que pueda incidir en la equidad de la contienda. Dicho de manera simple: los recursos públicos no son una herramienta de promoción política ni un medio para inclinar la balanza electoral.

La legislación en la materia es contundente. Constituye delito que un servidor público destine, utilice o permita el uso indebido de fondos, bienes o servicios públicos para favorecer o perjudicar a precandidatos, partidos políticos, coaliciones o candidaturas. También está prohibido brindar apoyos o prestar servicios a actores políticos durante horarios laborales, ya sea de forma directa o a través de subordinados, conductas que incluso pueden configurar el delito de peculado.

Estas disposiciones cobran especial relevancia rumbo a 2027, cuando se renovarán cargos en 17 entidades federativas. Conforme al principio constitucional de paridad de género, nueve de estas candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres y ocho por hombres. No obstante, en distintos estados los tiempos políticos parecen haberse adelantado, no sólo en la carrera por las gubernaturas, sino también en diputaciones locales y presidencias municipales, lo que obliga a extremar la vigilancia.

Frente a este escenario, la participación ciudadana resulta indispensable. La sociedad no puede ni debe ser un espectador pasivo. La vigilancia sobre programas sociales, obras públicas y el ejercicio del presupuesto es una forma legítima de contraloría social que fortalece la democracia y previene abusos.

La correcta ejecución del presupuesto 2026 debe mantenerse ajena a cualquier interés electoral y concentrarse en atender áreas prioritarias como salud, educación, desarrollo social e infraestructura. Cualquier desvío con fines políticos, o para promover aspiraciones personales, no sólo representa una falta administrativa grave, sino un acto de corrupción que lastima la confianza pública.

En un contexto electoral cada vez más competitivo, el respeto a la legalidad y la vigilancia ciudadana son claves para garantizar procesos equitativos y transparentes. El mensaje debe ser claro y contundente: los recursos públicos son de todas y todos, y su uso indebido no sólo puede, sino debe ser denunciado.

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Primer año, dos gobiernos

Javier Aparicio

Excelsior

Al asumir el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió prosperidad compartida. Durante su campaña electoral se difundió el mensaje de que, a diferencia de su antecesor —para quien las políticas públicas de un buen gobierno “no tenían tanta ciencia”—, la doctora Sheinbaum representaría la llegada de un perfil científico al Poder Ejecutivo.

Una vez que ha concluido su primer año de gobierno, entre los logros que más suelen presumirse están los avances en la disminución en los niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. Aunque estos avances parten de cifras recogidas durante 2024, antes de que Sheinbaum asumiera el cargo, son logros que deben reconocerse y quizá representen una de las ventajas de la continuidad del grupo gobernante.

Un segundo logro del primer año de gobierno es la significativa disminución en la tasa de homicidios. Es claro que ha habido un cambio en la política de seguridad pública del gobierno federal. Lo que resulta insostenible a la luz de esta evidencia es seguir pidiendo que se aplauda el sexenio anterior: en la medida en que se pida reconocer los logros recientes en seguridad pública, también debería reconocerse el fracaso heredado durante el sexenio pasado.

Por desgracia, en el terreno del desempeño económico no hay mucho que presumir. Con base en las cifras oficiales de México y Estados Unidos, la economía nacional continúa estancada, mientras que la estadunidense muestra gran resiliencia. En el caso de México, en el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 0.3% respecto al trimestre anterior. Respecto al mismo trimestre del año pasado, la caída fue de 0.2%, con cifras desestacionalizadas en términos reales. El sector primario tuvo una variación anual de 2.9%, mientras que las actividades del sector secundario cayeron 2.7% y las del sector terciario aumentaron sólo uno por ciento. En términos prácticos, en promedio, la economía mexicana acumula ya siete años de estancamiento económico.

En el caso de Estados Unidos, en el tercer trimestre de 2025 su PIB registró un aumento anualizado de 4.3%, mientras que, durante el segundo trimestre, la tasa de crecimiento anual fue de 3.8 por ciento. A pesar del cambio en el partido en el poder en Estados Unidos tras las elecciones de 2024, de la incertidumbre y las muy erráticas, por así decirlo, políticas públicas implementadas por el presidente Donald Trump durante su primer año de gobierno, la economía estadunidense sigue manteniendo notables tasas de crecimiento.

Dada la diferencia en el tamaño de ambas economías, lo más natural y esperable sería que la economía mexicana creciera a mayores tasas que la estadunidense, de modo que hubiera cierta convergencia entre ambas en el largo plazo. Lo que se ha observado de unos años a esta parte es un desacoplamiento de ambas economías y, peor aún, que la economía mexicana crece a menores tasas que la norteamericana.

Como he señalado antes en este espacio, si la economía mexicana no crece a tasas mayores a dos por ciento —el promedio de los gobiernos neoliberales—, los avances redistributivos logrados por la política salarial y los programas sociales no serán sostenibles. De poco servirán los aumentos en los salarios si no mejora la creación de empleos formales. Y mientras la inversión pública y privada continue estancada, la economía no crecerá. Desde el punto de vista fiscal, sin crecimiento económico tampoco será sostenible la creciente carga en el erario de las pensiones y transferencias.

Algo que tienen en común ambos países son crecientes niveles de déficit y endeudamiento público, lo cual implica que cada vez será más difícil disminuir las tasas de inflación en los próximos años en ambos países. Y, como sabemos, la inflación afecta en mucho mayor medida a los hogares con menores ingresos o menores activos.

A decir verdad, nada de lo dicho aquí requiere grandes conocimientos científicos. ¿Cómo es posible que un gobierno con la mayor concentración de poder vista en este siglo no sea capaz de inducir mayor crecimiento económico? ¿Acaso los gobiernos neoliberales sabían algo que el actual no puede reproducir?

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Periodistas en la indefensión

Es muy grave que un señalamiento periodístico acertado sea falsamente desmentido por el poder de quien ocupa un alto cargo político, o bien (o mal), por las relaciones o el dinero de quien se considera afectado, algo que a últimas fechas hemos visto multiplicarse peligrosamente en muchos estados de la República.

Humberto Musacchio

Excelsior

Reconocidos juristas recomiendan que el sistema de justicia obre con cuidado al abordar casos de periodistas. Los trabajadores de los medios recogen versiones que pueden considerar acertadas, pero que en no pocas ocasiones resultan insuficientes, equívocas o de plano falsas. Ni hablar, pero cuando se trabaja en el día a día hay que confiar en quienes suponemos enterados o dignos de crédito.

Por supuesto, ocurre que quienes se consideran afectados, si son poderosos, respondan en forma desmedida, echando mano de relaciones de alto nivel, compra o intimidación de jueces y, desde luego, de bufetes jurídicos de prestigio, cuyos abogados cobran por hora lo que un periodista quizá gane en una semana o en un mes, hecho que lo pone en notoria desventaja, pues no cuentan con relaciones políticas que le permitan librar el asedio judicial, carece de recursos para solventar un juicio largo o complicado y no puede abandonar el trabajo del que viven él y su familia.

Más grave es que un señalamiento periodístico acertado sea falsamente desmentido por el poder de quien ocupa un alto cargo político, o bien (o mal), por las relaciones o el dinero de quien se considera afectado, algo que a últimas fechas hemos visto multiplicarse peligrosamente en muchos estados de la República, donde se ha llegado a casos extremos de censura, lo que se expone en el libro Cállense, editado por el sello Grano de Sal, que dirige Tomás Granados, hijo de ese legendario columnista que fue Miguel Ángel Granados Chapa.

Un caso que quedó fuera de ese libro fue el expuesto por Hernán Gómez Bruera en el foro Proteger la Libertad de Expresión en la Ciudad de México, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2025. Ahí, ante los legisladores, el citado colega refirió las represalias de que ha sido víctima por un par de libros de autoría: Traición en palacio y El ministro del poder, en los que acusa a Julio Scherer Ibarra y a Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte, de estar implicados en “una red de extorsión, corrupción y tráfico de influencias”.

Gómez Bruera dice que “estas dos investigaciones periodísticas van mucho más allá de los personajes mencionados. Hay nombres, apellidos, fundamentos, fuentes y datos precisos sobre la red. Se señala a muchos otros actores y empresas con inmenso poder económico y político que utilizaron el sistema de justicia para sus intereses privados” y perseguir al propio periodista, demandado por 15 millones de pesos “con motivo de estas investigaciones”, que se han expuesto en diversos medios impresos y electrónicos.

Los demandantes pidieron que se prohibiera la venta de una de las obras de Gómez Bruera, publicación de la también demandada editorial Random House, lo que, de concretarse, hubiera sentado un precedente muy grave, pues de ahí a la persecución de las ideas e incluso a la quema de libros se podría pasar sin dificultad.

Del aberrante proceso, el acusado narró en un artículo (El Universal, 25/VIII/24) que fue sometido a un interrogatorio en el que sólo podía responder sí o no, sin entrar en explicaciones. La sesión aquella duró ocho horas, durante las cuales no le permitieron comer algo o siquiera ir al baño porque, como le dijo alguien, “no se puede interrumpir la audiencia y ¡porque no hay papel!”, lo que muestra hasta dónde llegan las miserias burocráticas.

Semanas antes de la audiencia citada, la juez que lleva el caso “había aceptado un aberrante peritaje psicológico” solicitado por la parte demandante, supuestamente con el fin de determinar si el acusado es “capaz de ejercer el periodismo”. Gómez Bruera recuerda que, tiempo atrás, el mismo tribunal le impuso a Sergio Aguayo un peritaje similar que duró 25 horas, lo que remite a los procedimientos del estalinismo.

Por fortuna, ahora el acusado obtuvo un amparo, pero no entiende por qué la juez aceptó un procedimiento pericial invasivo, estigmatizante y absurdo. Y se pregunta el periodista si fue por “pedido de Rafael Guerra —presidente del Tribunal que da línea a los jueces presuntamente autónomos— para incrementar el hostigamiento judicial en mi contra”.

En fin, todo indica que, para muchos colegas, la libertad de prensa ha pasado de ser un derecho para convertirse en una burla.

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Astillero

Trump-Epstein, más descrédito // Revelaciones y reacciones // Avanza venganza de Armenta // Periodista sujeto a proceso

Julio Hernández López

La Jornada

Tal vez lo más notable haya sido la reacción del Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de dar a conocer, entre marrullerías y de manera obligada, un nuevo lote de documentos correspondientes al expediente del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con referencias a sus amigos y cómplices: algunos de esos documentos “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”, aseveró el mencionado departamento.

No debería ser necesaria una defensa tan forzada del presidente que nombró a la titular, Pamela (Pam) Bondi al frente del faccioso Departamento de Justicia. La determinación de la falsedad, sensacionalismo y falta de fundamento de lo que contenga el expediente Epstein corresponde a los jueces, no a los miembros del equipo de quien incluso, a la vista de lo apenas develado, ni siquiera tiene menciones que puedan indicar la comisión de algún delito, aunque en términos éticos, cívicos y políticos queda clara la relación e intimidad que hubo entre un convicto reciente por delitos sexuales, Donald Trump, con otro convicto por delitos sexuales, el citado Epstein, quien se suicidó en su celda, según la versión oficial sumamente puesta en duda.

La revelación de un nuevo conjunto de documentos sobre este delicado tema arroja más descrédito a un presidente de Estados Unidos que tiene bajos niveles de popularidad, según diversas encuestas de opinión. Grave sería que, en la desesperación por crear cortinas de humo, Trump detonara la agresión bélica contra Venezuela que lleva meses preparando.

Por otra parte, la lista de personajes involucrados en vuelos, fiestas y entendimientos con Epstein confirma el uso de las sesiones de sexo en una isla privada, incluyendo a menores de edad, como fórmula de control y chantaje para beneficio de planes del gobierno de Israel.

En otro escenario: aun cuando esos pronunciamientos quedan en el plano retórico, pues la Organización de Naciones Unidas carece del poder para ejecutar decisiones que no hayan sido aprobadas por unanimidad por la quinteta de su Consejo de Seguridad con facultad de veto, México, por medio de su embajador Héctor Vasconcelos, puntualizó, en una “sesión informativa” del citado consejo, que “la reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional”. Queden esas palabras como posicionamiento de un México que mantiene puertas abiertas a participar como mediador o propiciador de diálogos.

En Puebla fue vinculado a proceso judicial el periodista Rodolfo Ruiz, director del diario digital e-consulta, bajo el señalamiento de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acusación original fue instaurada en tiempos de dominio político de Miguel Barbosa, ex perredista de los Chuchos luego impulsado al mando poblano por Morena como pago por haber traicionado al sol azteca en momentos políticamente claves. Cinco años estuvo ese expediente en el abandono, pero ahora ha sido reactivado en tiempos de dominio político de Alejandro Armenta, marinista (por Mario Marín)-morenista que ha insultado públicamente al periodista Ruiz atribuyéndole en falso la autoría de un texto que molestó al citado gobernador.

Armenta también había exhortado en público a la fiscalía estatal de justicia para que actuara contra Ruiz, quien ayer aseguró que el juez del caso reactivado, Joel Daniel Baltazar, “hizo suyas, sin el menor pudor, las acusaciones de la fiscalía de Puebla, basadas en puras suposiciones sobre el dinero con que cubrí los honorarios de mi abogado Raúl Argüelles”.

Y, mientras se han producido asesinatos y detenciones que afectan al primer círculo del de por sí estropeado poder de Los Chapitos, ¡hasta el viernes, con una fórmula extrañamente tripartita para remediación de daños ambientales graves de Grupo México, de Germán Larrea, en el entorno del río Sonora!

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México SA

Triunfo de los indoblegables mineros // Golpazo al barón Larrea // Trump, “vampiro chupa petróleo”

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Al mezquino cuan tóxico Germán Larrea le pegaron en la única parte que le duele: el bolsillo y de él los victoriosos mineros de Cananea obtuvieron una multimillonaria cantidad para resarcir los poco más de 18 años de lucha tras el estallido de la huelga en la mina Buenavista del Cobre (30 de julio de 2007), periodo a lo largo del cual el arrogante cuan arbitrario barón nunca atendió las justas demandas de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros. Y por si fuera poco, a lo largo de una década el dueño de Grupo México se mantuvo impune por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, que contaminó 270 kilómetros de territorio y afectó a cerca de 25 mil pobladores.

Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que, por fin, se hizo justicia a los mineros y detalló que Grupo México y los gobiernos federal y de Sonora integraron un fondo mayor a 2 mil 222.6 millones de pesos para desarrollar el Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social en Cananea. Para los mineros, dijo, “justicia social”.

Explicó la funcionaria que “se pudo lograr un fondo de recursos con una aportación de 70.14 por ciento de Grupo México; de 21.7 por ciento del gobierno de México, y 8 por ciento del estado de Sonora, para desarrollar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social. Así, el acuerdo contempla la participación de Grupo México con mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones depositados por esta empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. También, el gobierno federal aportó 483.6 millones y el estado de Sonora 180 millones; estamos en un acto histórico porque hoy terminan 18 años largos años de lucha; escuchamos y atendimos las voces para avanzar en la resolución de uno de los conflictos laborales más largos de los que se tiene registro en México; ha sido un gran esfuerzo, con resistencias, pero también con apertura y cooperación de todas las partes”.

En total, “se invertirán 2 mil 222.6 millones en un plan que contempla que los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie; ahora ya se atienden a los trabajadores, a las viudas y a sus familias y también se fortalecerán las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejoramiento de los servicios de salud; estos recursos servirán para la liquidación (de acuerdo con lo establecido en el contrato colectivo original) de más de 650 mineros y la indemnización de más de 53 viudas, con lo que se da por concluida la huelga que mantuvieron por más de 18 años.

Rosa Icela subrayó que “el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México por incumplimiento de una serie de condicionantes para llegar a un buen acuerdo, y lo que se logró es de gran beneficio para las comunidades y trabajadores mineros”. Bien, pero debió ser ese corporativo el que cargara al ciento por ciento los gastos inherentes, por ser el único responsable del estallido de la huelga en la mina Buenavista del Cobre y del “mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México”, en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Dijo la secretaria de Gobernación: “la resolución del conflicto laboral permitió avanzar” en la justicia para los mineros, a las viudas y familiares. Además, “se acordaron medidas específicas para atender las consecuencias del derrame del río Sonora, con énfasis en la restauración ambiental, el saneamiento del agua y el fortalecimiento de los servicios de salud en las comunidades aledañas”.

Con ello, detalló, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales llevará a cabo “acciones de justicia ambiental” en beneficio de los sonorenses; se construirán 16 plantas potabilizadoras por parte de Comisión Nacional del Agua y se adecuarán otras existentes; se contará con equipo para operar un laboratorio regional de calidad del agua y que se establezcan estaciones de monitoreo de la calidad del agua, en río Sonora.

Además, para que se construya el Hospital Regional de Ures, con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro para la salud renal, así como un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología. El IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura física y equipamiento para atender la salud de la población del estado.

Las rebanadas del pastel

Muchas décadas atrás, don Jesús Silva Herzog (el original) ubicó en su exacta dimensión a las trasnacionales petroleras y, visionario, a infames como Donald Trump: “vampiros que chupan el oro negro de nuestras naciones”. Ayer México, hoy Venezuela.