Lo que dicen los columnistas

Razones

El triángulo México, Cuba, Venezuela

Pemex está desfondada, lo último que necesita son sanciones

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Mientras Petróleos Mexicanos sigue a la deriva, con números cada vez más rojos (la inversión cayó un 29 por ciento, la producción sigue bajando, está en apenas un millón 600 mil barriles diarios, la deuda con los proveedores no se reduce, el área de refinación sigue siendo un barril sin fondo), le seguimos regalando petróleo a Cuba y, peor aún, cada vez hay más indicios de que ese crudo podría estar siendo parte de los mecanismos ilegales de contrabando de petróleo en el que participan la isla y Venezuela.

El envío de petróleo de Venezuela a Cuba es considerado ilegal bajo el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que prohíbe transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA y sus filiales. La toma del buque petrolero Skipper el 10 de diciembre de 2025, por fuerzas militares de Estados Unidos fue la primera incautación física de un cargamento de petróleo venezolano desde 2019. El petrolero, que operaba bajo una falsa bandera, transportaba casi 2 millones de barriles de crudo pesado. Era el mayor buque petrolero de PDVSA y estaba reportado por la OFAC y el Departamento del Tesoro por su relación con Irán y servía para financiar operaciones terroristas, según las autoridades estadunidenses.

Las investigaciones realizadas revelaron que el cargamento estaba destinado a Cuba (específicamente al puerto de Matanzas) a través de la empresa estatal cubana Cubametales. Se señala que la operación era parte de una red de contrabando utilizada como “salvavidas financiero” para el régimen cubano. 

Para eludir las sanciones y el rastreo internacional, esos países están utilizando diferentes métodos: lo que denominan una flota oscura, o sea el uso de buques no regulados, sin seguros internacionales y con transpondedores apagados para ocultar su ubicación. La triangulación, que consiste en el involucramiento de intermediarios y empresas en terceros países, como Panamá, para gestionar el flujo de crudo. Y la falsa documentación, el uso de banderas de conveniencia o registros falsos para navegar sin ser detectados por el Departamento del Tesoro de EU, era el caso del Skipper.

Ante las presiones estadunidenses, las exportaciones de crudo de Venezuela a Cuba han registrado niveles históricamente bajos en 2025, alcanzando apenas los 8 mil barriles diarios en junio, comparado con los 56 mil barriles promedio de 2023.

Ante la inestabilidad de los suministros venezolanos, Cuba ha recurrido a México, cuyos envíos están alcanzando niveles históricos. Los envíos son operados a través de una filial de Pemex denominada Gasolinas Bienestar S.A. de C.V. cuyo único cliente es Cuba. Los datos reportados hasta diciembre de 2025 muestran que en el primer semestre del año se enviaron aproximadamente 3.2 millones de barriles de crudo y derivados. El promedio diario en este periodo fue de 17 mil 900 barriles de petróleo crudo y mil 700 barriles de productos refinados.

Entre el 29 de mayo y el 27 de junio, se registró un envío extraordinario de 10 millones 200 mil barriles de crudo y 132 millones de litros de refinados (gasolina, diésel y turbosina). Esta operación, que incluyó 39 embarques, superó en un solo mes el valor de lo enviado en los dos años previos.

Entre mayo y agosto, el valor de las exportaciones superó los tres mil millones de dólares (aproximadamente 60 mil millones de pesos), lo que representa el triple de lo enviado durante el cierre de la administración anterior. 

La mayoría de los cargamentos zarpa desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Se ha identificado el uso de embarcaciones como el buque Sandino, el cual opera bajo sanciones de la OFAC por su historial en el transporte de crudo venezolano a la isla. 

Aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas en sus informes ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos), la filial Gasolinas Bienestar ha reportado pérdidas netas que coinciden exactamente con el valor de los envíos y se estarían operando bajo condiciones de opacidad y violaciones a sanciones internacionales.

Gasolinas Bienestar es una filial creada en 2022 para gestionar, exclusivamente, estas exportaciones. Cuba es el único destino de los hidrocarburos exportados por esta empresa. La filial reporta pérdidas netas equivalentes al valor de los envíos, lo que sugiere que el combustible se entrega de forma subsidiada y que Cuba no realiza los pagos correspondientes. Pemex se ha negado oficialmente a entregar comprobantes de pago de Cuba, argumentando que la información de su filial es un “asunto privado”. Los tres mil millones de dólares en crudo que envió, sólo entre mayo y agosto de 2025, México a Cuba es superior al presupuesto anual total de instituciones como el INE o la nueva Secretaría de Ciencia.

Pero a eso se suma la denuncia realizada en Estados Unidos de que esos cargamentos no llegan directamente a Cuba para su consumo, sino que podrían venderse en el mercado ilegal internacional para lograr que el régimen cubano pueda obtener recursos ante el virtual quiebre de su economía.

Estos movimientos desafían directamente el embargo estadunidense y Pemex podría enfrentar sanciones financieras internacionales. Pemex es una empresa que está desfondada, lo último que necesita son sanciones internacionales que podrían dejarla en una quiebra real, más allá de la virtual que sufre ahora. México necesita crecer y recuperar su relación con Estados Unidos, no atarse, además con mecanismos ilegales, a regímenes a punto de derrumbarse como los de Venezuela y Cuba.

Sextante

Orbán en México

Las investigaciones de una institución de la sociedad civil —MCCI— provocaron el enojo oficial

Federico Reyes Heroles

Excelsior

Hace más de dos décadas, un hombre –Carlos Fernández Márquez– cayó de la Torre de oficinas de Pemex. Profesionista, con una relación familiar de alrededor de 20 años, el caso sacudió a muchos. No había nadie en la oficina que pudiera dar testimonio de qué ocurrió. Especulaciones fueron y vinieron, que si se acercó a la ventana a fumar un cigarrillo y perdió el equilibrio, que podía tratarse de un suicidio y otras. Pero, bien a bien, nada podía probarse. Nada puede probarse en el 2025. Pemex lo registró como un “accidente”.

La prestigiada académica –socióloga por la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge, investigadora del CIDE– era ya conocida. El hecho sacudió. El entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, declaró a la prensa que no había motivos para la indagación, pues no había ningún indicio de homicidio. El jefe de Gobierno era AMLO. La viuda, en uso de sus derechos, reclamó la pensión correspondiente, misma que le fue otorgada. Como añadido, ningún precepto u ordenamiento cancela una pensión por tratarse de un suicidio. La ley del Seguro Social establece que, a menos que la relación hubiese durado menos de seis meses, procedería la cancelación: sospecha de arreglo. Pero la relación es, en todo caso, entre el patrón y el trabajador, Fernández Márquez. En esa fecha, ella trabajaba en la Secretaría de Gobernación.

Más de una década después del accidente, se crea una institución de la sociedad civil –MCCI– enfocada a denunciar a través de investigación periodística y datos duros la corrupción en todos los niveles. Esas investigaciones provocaron el enojo oficial. Desde el megáfono presidencial, a ella en lo personal, se le mencionó en 111 ocasiones y 300 a MCCI, torciéndole burlonamente el nombre. ¡Vaya obsesión! Pero, lo más grave, al exponer datos personales, la autoridad violó la ley. Casualmente, es un decir, en abril de 2024, Pemex suspendió la pensión a la activista social. Gertz lo judicializó, alegando que la Ley Federal del Trabajo prevé el suicidio –de nuevo el fantasma– para suspender las obligaciones frente al trabajador. Un absurdo ¿obligaciones con alguien fallecido? Pero los beneficiarios, explícitamente, están excluidos. Fue por ello que la activista recurrió al amparo y… lo ganó. La ley le dio la razón.

Pero hace unos días, la flamante titular de la FGR, judicializó de nuevo el caso. Es decir, reinició la investigación. Sí, la misma persona que relevó a Gertz y prometió que no habría persecución política, retomó el caso. Teniendo enfrente al monstruo del huachicol fiscal –quizá 600 mil mdp– o el caso del señor Rocha Cantú, con infinitos tentáculos, la fiscal dio prioridad al de la viuda y Pemex. Al judicializar, está implícita la posible pena corporal, prisión. Pocas horas después, y ante el alud de enojo en redes sociales, la FGR aclaró que revisaría el caso. Ojo, no se desiste, lo revisa, pues el artículo 217 del Código Penal Federal alude “al servidor público que ilícitamente” otorgue concesiones de prestación, explotación o aprovechamiento de bienes de la Federación. También franquicias, adjudicaciones o autorizaciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos o productos, realice contratos de obra pública o contrate deuda y otros así. ¿De que hablamos? Vaya que merece revisión.

Es por eso que, apoyado por mi amigo, referente jurídico y compañero de páginas, Luis de la Barreda, suscribo totalmente el pronunciamiento impulsado por Eduardo Guerrero que expresa “nuestra grave preocupación” por los hechos relatados y la exigencia de que la FGR “observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de MAC”. Ahora una juez federal ordena devolver el caso a la Fiscalía Especializada. O sea, destruir vidas sin costo alguno.

Amedrentamiento como modus operandi. Orbán dixit.

Nudo gordiano

El pretexto: mass destruction

Yuriria Sierra

Excelsior

Ayer, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando el fentanilo “arma de destrucción masiva”. La orden autoriza al Pentágono y al Departamento de Justicia a usar recursos normalmente reservados para amenazas nucleares, químicas y biológicas. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo”, proclamó Trump. Hemos estado aquí antes.

Hace veintidós años, Colin Powell sostenía un vial ante la ONU argumentando que Saddam Hussein poseía “armas de destrucción masiva”. Bush y siete altos funcionarios de su administración hicieron, al menos, 935 declaraciones falsas sobre armas de destrucción masiva en Irak. El resultado: cientos de miles de muertos, una región desestabilizada y, años después, la admisión de que esas armas nunca existieron.

La retórica actual es idéntica. La administración afirma repetidamente que los grupos internacionales de tráfico de drogas no son redes criminales motivadas por ganancias, sino organizaciones destinadas a desestabilizar a Estados Unidos. El mismo argumento que justificó lo de Irak.

El problema: Venezuela y Sudamérica no son conocidos como centros de producción o exportación de fentanilo. John Walsh, director de Política de Drogas en la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, lo dijo sin ambigüedades: “No hay fentanilo proveniente de Venezuela o del resto de Sudamérica”. El fentanilo se oculta en paquetes, carga aérea o contenedores, originándose en laboratorios con químicos precursores chinos, traficados a través de México.

Pero los hechos son un inconveniente menor. Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado ataques aéreos contra embarcaciones en el mar Caribe matando, al menos, a 87 personas en 22 ataques conocidos. Cuando se le preguntó si consideraría acciones similares contra México y Colombia, Trump respondió: “Seguro lo haría”.

La orden del lunes es la construcción jurídica de un pretexto. Al clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, Trump establece el marco legal para intervenciones militares. Como señala el historiador Alexander Aviña, Estados Unidos ha usado la guerra contra las drogas como otra forma de avanzar los diseños geopolíticos imperiales estadunidenses en el Hemisferio Occidental.

Es el macartismo renovado. El enemigo cambia (ahora son “narcoterroristas”), pero la estrategia permanece: pánico moral, amenazas infladas, respuesta militarizada.

Para México, la administración ha usado el fentanilo como excusa para aumentar aranceles y los ataques en aguas internacionales podrían expandirse a territorio mexicano. Colombia está en la mira pese a no producir fentanilo. China es señalada como proveedor de precursores.

Es la construcción jurídica de un pretexto. Al clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, la administración Trump está estableciendo el marco legal para intervenciones militares bajo el disfraz de la “guerra contra las drogas”.

Venezuela es el principal blanco. Diez mil soldados a bordo de diez buques de guerra estadunidenses, incluido un submarino nuclear, patrullan el Caribe sur. Pero si realmente se tratara de combatir drogas, Venezuela carece de sentido como objetivo. La verdadera intención es cambio de régimen. Igual que en Irak.

Trump usa el mismo lenguaje apocalíptico de los Bush, construye el mismo caso para guerra con amenazas exageradas. La orden de ayer lunes no es salud pública. Es militarización de su política exterior.

México, Colombia, Venezuela y China deben entender que esto no es política antidrogas. Es la construcción deliberada de un caso para intervención militar. La pregunta no es si Trump usará la fuerza. Ya lo hace. La pregunta es qué tan lejos llegará.

Sabemos cómo termina esta película. La vimos en Irak. Y el hecho de que las “armas de destrucción masiva” estén o no ahí, es realmente lo de menos…

Astillero

Caso Casar: ¿se reanuda o se congela? // FGR revisará expediente // Toma nota de protestas // Jaloneos en Congreso de CDMX

Julio Hernández López

La Jornada

La fiscalía federal a cargo de Ernestina Godoy deberá decidir si retoma con prontitud y firmeza el expediente de la presunta responsabilidad de María Amparo Casar (y dos personas más) por una pensión vitalicia de Pemex que le fue adjudicada de manera presurosa, irregular y supuestamente delictiva, o condena tal caso a la gaveta de los asuntos a congelar.

La disyuntiva tiene como marco la decisión de una jueza que hoy debería realizar la primera audiencia relativa al caso, pero la ha cancelado no yendo al fondo del asunto, sino planteando que no le corresponde llevarlo, pero sí otro juzgado con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (ante el cual se habían realizado previos actos de investigación sobre el mismo tema). Por tanto, la juzgadora resolvió regresar el expediente a la Fiscalía General de la República para que, a su vez, lo renvíe al juzgado que le han indicado.

Desde luego, la oficina a cargo de Godoy puede cumplir una función casi de simple mensajería: tomar el expediente, con los debidos protocolos, y encauzarlo al nuevo domicilio. Es decir, no se ha cancelado la posibilidad de acción penal contra Casar ni debería haber retroceso o pausa procesal alguna.

Pero la propia FGR, en un comunicado oficial, acusó recibo de la protesta que una corriente de periodistas, comentaristas e intelectuales ha expresado sonoramente al considerar que el caso de Amparo Casar es venganza política, persecución a una opositora y atentado contra la libertad de expresión.

Por ello, la fiscala Godoy planteó que el “Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones han señalado erróneamente”. Es decir, se precisa que la responsabilidad de ese procesamiento es del anterior titular, Alejandro Gertz, y que debe ser revisada, a efecto de que cumpla con los requisitos de legalidad.

La presidenta de la República, en su conferencia matutina, también sostuvo una postura elástica: quien detonó el asunto fue el anterior habitante de Palacio Nacional y el tema penal debe ser precisado por la FGR. Ya se verá si las cuidadosas expresiones de la fiscalía y la Presidencia corresponden a un ánimo de afinar acusaciones, para que no se caigan, como solía suceder con Gertz, o significan el adelanto de un ánimo conciliador, apaciguante, con la corriente defensora del caso de la ex coordinadora de asesores de Santiago Creel en la secretaría foxista de Gobernación.

En el Congreso de la Ciudad de México se suscitó ayer una serie de jaloneos y confrontaciones entre diputadas, principalmente de Morena y el Partido Acción Nacional, a propósito de las reformas legales que extinguen el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (conocido como InfoCDMX) y adjudican tales funciones a un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

El motivo principal de la escandalosa escaramuza fue, según el partido blanquiazul, el rompimiento de un acuerdo con el guinda para que el nuevo esquema de transparencia y conexos dependiera de una fórmula colegiada, tripartita, lo cual habría sido incumplido a última hora para tratar de imponer una conducción individual, que sería decidida por Morena y sus aliados.

Aun cuando ciertamente se viven momentos de constante tensión política y de enorme facilidad para transitar senderos propicios para el choque, lo acontecido ayer quedó más para el natural consumo mediático (los jalones de cabello, como ingrediente más llamativo); en todo caso, pendiente de resolverse el punto central relacionado con la manera en que se gestionarán las venideras solicitudes de transparencia y temas correlativos.

México SA

Segunda temporada del culebrón // Casar y la “pensión que yo perdí” // Libra primera audiencia, por ahora

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Por el momento, María Amparo Casar libró la audiencia judicial en la que, dadas las sobradas pruebas del caso, resultaría imputada por el cobro de una gruesa cuan fraudulenta pensión por viudez (Petróleos Mexicanos se la paga desde hace 21 años: 125 mil pesos mensuales, más seguros, colegiaturas de sus hijos y otras menudencias), toda vez que una jueza decidió suspenderla (originalmente programada para hoy martes).

La Jornada (Gustavo Castillo y César Arellano) lo reseñó así: “la jueza, Diana Selene Medina Hernández, suspendió la audiencia de imputación –programada para hoy– en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se le acusaría de ser presunta responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la hipótesis de haber incurrido en promoción ilegal de autorización de contenido económico, y obtenido en 2004 una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos”.

Algo más: “también se canceló la comparecencia en la cual se imputaría a dos ex funcionarios de Pemex (Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, en 2004 gerente de Administración Financiera y subgerente de Recursos Financieros, respectivamente, de Pemex, quienes autorizaron la pensión fraudulenta) por el mismo delito, pero en la hipótesis de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber participado en la autorización y promoción del pago de la pensión de 125 mil pesos mensuales desde octubre de 2004, ya que supuestamente ese beneficio se otorgaría siempre y cuando el trabajador hubiera fallecido por accidente laboral, y en este caso se concluyó que fue suicidio”.

Así, la citada jueza ordenó “devolver” la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía General de la República (FGR), “en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos por los que se instruye la carpeta de investigación. El expediente, si el Ministerio Público Federal decide continuar con el procedimiento de imputación, quedará en manos de un juez con sede en el Reclusorio Norte, ya que en junio de 2024 el juez, Gerardo Alarcón López, autorizó la práctica de dos diligencias relacionadas con este caso”.

Por una “casualidad”, Gerardo Alarcón López fue el juez (ahora en retiro y “en resiliencia”, es decir, abiertamente contrario a la reforma judicial y, por lo mismo, “declinó” participar en los comicios del 1º de junio de 2025) que dio generosa cobertura al director peñanietista de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pues en agosto de 2023 ordenó suspender el procedimiento en contra del ex funcionario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (casos Odebrecht y Agronitrogenados, por ejemplo). En aquella fecha, la FGR apeló tal decisión al calificarla de “ilícita, injusta y notoriamente parcial”, para favorecer al susodicho.

Por si fuera poco, en febrero de 2024 Alarcón López (como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte) ordenó la libertad inmediata a favor del propio Lozoya Austin, y de nueva cuenta la FGR acusó a jueces y magistrados federales de “dar a Lozoya privilegios procesales injustos y desproporcionados”. Y además del citado Alarcón López, responsabilizó de tal decisión a los magistrados de los tribunales de apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, cuyas resoluciones “son parciales e ilegales”.

Y ése es el tipo de “jueces” que dieron cobertura a muchos bandidos de cuello blanco, entre los que se cuenta a María Amparo Casar –otra “mártir de la democracia” y “perseguida política”–, quien, muy a su pesar, más temprano que tarde deberá dar cuenta de los delitos de los que se le acusan.

En vía de mientras, la presidenta Sheinbaum dijo que el de Casar es un caso “muy cuestionado por cómo obtiene la pensión; pero la parte penal se la dejaría a la fiscalía para que, en todo caso, ella o la propia fiscal o a quien corresponda, explique por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Entonces, eso se lo dejaría a la FGR”.

Bien, pero que esto no se convierta en la segunda temporada del culebrón “la pensión que yo perdí”, protagonizada por María Amparo Casar y sus achicharrados enanitos “intelectuales” y “comentócratas” de derecha.

Las rebanadas del pastel

El cavernícola de la Casa Blanca clasifica al fentanilo como “un arma de destrucción masiva”, pero “olvidó” mencionar que, en los hechos y con pruebas irrebatibles, el arma más letal y devastadora se llama Donald Trump.