Lo que dicen los columnistas

La Ley de Ingresos y la regulación del comercio electrónico

El nuevo marco fiscal debe convertirse en un verdadero pacto de confianza, porque detrás de cada peso que se recauda debe haber un derecho que se garantiza.

Julieta del Río

Proceso

Nos encontramos en una etapa de transformación económica y digital en nuestro país. El proyecto de Ley de Ingresos para el próximo año no sólo es una herramienta para garantizar la estabilidad fiscal, sino también un llamado a involucrarnos, como sociedad, en la revisión de este paquete, ya que sus efectos (positivos o negativos) impactarán directamente en los bolsillos y hogares de los ciudadanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, en 2024 existían 100.2 millones de usuarios de internet, lo que equivale a 83.1% de la población de seis años y más.

Además, entre 2023 y 2024 el uso de internet para comprar productos y servicios, realizar pagos y operaciones bancarias en línea presentó incrementos estadísticamente significativos de 2.4, 3.3 y 3.0 puntos porcentuales, respectivamente. Los principales productos adquiridos fueron artículos de uso e higiene personal (77.9 %), artículos para el hogar (45.8 %) y alimentos y bebidas (33.0 %).

Este crecimiento evidencia que el sector digital ha alcanzado una relevancia incuestionable. Hoy, millones de personas (especialmente jóvenes, emprendedores y usuarios digitales) operan, consumen y trabajan dentro de estas plataformas. Es indispensable, por lo tanto, que esta dinámica también contribuya de manera proporcional al sostenimiento del gasto público. No se trata de castigar la innovación, sino de actualizar el marco fiscal para que todos aportemos lo justo, como lo dicta nuestra Constitución.

Entre los puntos más relevantes del paquete económico, destacan las disposiciones que contemplan impuestos sobre actividades realizadas en el comercio electrónico, como operaciones financieras digitales, servicios de videojuegos y entretenimiento en línea, es decir, todas aquellas actividades que, hasta ahora, han permanecido parcialmente fuera del alcance del régimen tributario tradicional.

Sin embargo, este avance fiscal debe ir acompañado de una responsabilidad aún mayor: la protección de los datos personales de los mexicanos. Detrás de cada transacción electrónica hay una identidad, datos sensibles, patrones de consumo, ubicaciones e historiales financieros. Si el Estado exige que las plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras participen en el régimen fiscal, también debe exigir, con la misma contundencia, que estas garanticen la privacidad, la seguridad y el resguardo de la información.

Debemos ser claros: cualquier vulneración, filtración o uso indebido de información personal no es un simple error técnico, sino una amenaza directa a la seguridad, la dignidad y el patrimonio de las personas. Es una puerta abierta al robo de identidad y, posteriormente, al robo financiero.

Por ello, es necesario que este proyecto de Ley de Ingresos incluya reglas claras y obligatorias sobre el manejo de datos personales por parte de las plataformas tecnológicas. 

Esas reglas deben contemplar protocolos de auditoría y supervisión digital con participación de organismos especializados, académicos e instituciones expertas; mecanismos de responsabilidad civil, administrativa y penal contra quienes vulneren esta información; y, sobre todo, garantías para que los ciudadanos sepan quién se hace cargo cuando sus datos son vulnerados y cómo se les va a resarcir.

Porque no se puede hablar de modernización fiscal sin modernización de derechos. Porque no hay recaudación legítima sin protección legítima.

Este es un debate urgente, pero también una oportunidad: recaudar, sí, pero también proteger; avanzar tecnológicamente, sí, pero con ética, ley y responsabilidad. En este sentido, el nuevo marco fiscal debe convertirse en un verdadero pacto de confianza, porque detrás de cada peso que se recauda debe haber un derecho que se garantiza.

Arsenal

Un día difícil para Morena

Francisco Garfias

Excelsior

Los escándalos tienen a Morena contra las cuerdas. El huachicol fiscal está en todas las conversaciones, junto con el fantasma de Andrés Manuel López Obrador y su decisión de entregar las aduanas a la Marina.

Súmele que el extraño “amparo” que otorgó un juzgado federal para evitar que los hijos de López Obrador vayan a la cárcel, alimentó la confusión.

Andy niega haberlo solicitado. En carta dirigida a la opinión pública dice que es un “montaje” mediático y judicial, para vincularlo con actividades delictivas.

Una más: la expulsión de Paraguay del líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, anunciada ayer, reactivó las demandas de remoción del líder de la mayoría en el Senado, Adán Augusto López, por parte de la oposición.

Los senadores Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Marko Cortés, exjefe nacional del PAN, coinciden en que Adán debe separarse del cargo para ser investigado.

“De ninguna manera”, reviró el tabasqueño, quien está dispuesto, eso sí, a declarar sobre sus vínculos con Bermúdez.

Fue un día difícil para los guindas.

* Sobre el contrabando de combustible hablamos con Marko Cortés en sus oficinas del Senado. Nos contó que en 2021 el PAN denunció el huachicol, con la versión que en su momento proporcionó el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

“Nos decía que, vía buques y de manera terrestre, se introducía combustible que no declaraban. Denunciamos entonces que con ello estaban financiando las campañas políticas.

“Señalamos que el actual secretario de Educación, Mario Delgado, se reunía, hay testimonios de fotos, con los hermanos Carmona, líderes del huachicol.

“Los Carmona construyeron una red de financiamiento de las campañas políticas. Señalamos particularmente el caso de Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán, y muchas otras. Los denunciamos en la OEA. López Obrador no lo quiso investigar nunca. Incluso declaró que se había acabado el huachicol en México”, puntualizó.

Cortés no cree que la investigación sobre el huachicol fiscal se haya iniciado sin autorización de la Presidenta, por todas las implicaciones que ha tenido en la Marina. “Pareciera que (la Presidenta) dio luz verde para que se investigue. No digo que lo haya hecho por convicción. Puede ser que por presión de Estados Unidos o por ambas”, subrayó.

En cualquier caso, el escándalo de siglo, por los montos que implica, es una oportunidad para que Sheinbaum demuestre que va en serio en el combate al crimen organizado.

El panista, sin embargo, no se hace ilusiones de que el escándalo de La Barredora concluya con el relevo de quien está al frente de la bancada morenista: Adán Augusto.

“¿Con qué cara puede combatir a un grupo delictivo, detener a un criminal y mantener como líder de la fracción mayoritaria al jefe político de quien instrumentará todo esto? Para mí es insostenible”, dice.

Y concluye: “Tarde que temprano la presidenta Sheinbaum tendrá que tomar decisiones.”

* Contra su costumbre, Adán Augusto hizo declaraciones a la fuente del Senado. La expulsión de Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad, lo obligaba.

“Lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades seguramente tendrá que pagar”, dijo.

Y pidió a los reporteros revisar los tiempos. “Cuando fui gobernador, yo nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan de Bermúdez. Nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte o un informe.

— Usted es señalado incluso por Estados Unidos.

—No me consta, pero si le consta a usted lo conmino a que presente a denuncia, reviró algo molesto.

No negó su amistad con Saúl Vera, un empresario vinculado con el huachicol, supuestamente su socio.

“Ésa es otra mentira. Yo no niego a mis amigos, yo no otorgo concesiones de servicio aduanero. Saúl Vera es mi amigo, mi paisano, pero él tendrá sus negocios y si tiene alguna responsabilidad tendrá que comparecer”, dijo.

* En la trinchera del PRI, Alito Moreno presentó un punto de acuerdo para declarar formalmente a los cárteles que operan en México, incluyendo al cártel venezolano de Los Soles, como organizaciones terroristas.

Dijo al respecto: “Esto está en consonancia con otros países. Lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú. Eso se tiene que trabajar para tener una cooperación regional, una cooperación hemisférica. No tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado. Se tiene que llegar a los jefes del cártel de gobierno de Morena que ha destruido la integridad de los mexicanos, pero sobre todo este robo descomunal de huachicol fiscal.

Alito comparó a los de Morena con el nopal. “Cada día les encontramos una nueva propiedad, algo que hicieron nuevo, otro acto de corrupción. Por donde le busques están saliendo”, remató.

Número cero

Romper la ley del silencio, “caiga quien caiga” huachicol

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La mayor pregunta sobre el huachicol fiscal es qué tan a fondo llegará el gobierno de Sheinbaum con la investigación de la intrincada trama de intereses en aduanas. Abjurar de la ley del silencio es un paso fundamental para romper con complicidades, pero el mea culpa es insuficiente para convencer de que no habrá impunidad de la corrupción de autoridades y empresarios desde Tamaulipas hasta Tabasco.

La revelación oficial de las mafias del contrabando de combustible parece un rechazo tácito a esa norma no escrita de callar el delito en las instituciones y estamento militar. Así puede leerse también la declaración del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, de que “hubiera sido imposible callar”, aunque es más difícil identificar a quien apunta cuando habla de ir al fondo “trátese de quien se trate”.

La detención de 14 altos mandos navales y del militar de más alto rango en los últimos sexenios, el contralmirante Fernando Farías, arroja luz sobre un monstruo de un negocio ilegal de enormes fortunas y grupos que tocan al poder político como las mafias rusas. La decisión de Sheinbaum de poner el reflector sobre esta hybris recuerda el impacto del barón italiano que pronuncio por primera vez la palabra mafia tras un homicidio, sin saber lo que desataría sólo con nombrarla, y aquí, ¿hasta dónde puede conducir?

Por supuesto, la visibilidad oficial y el “golpe de timón” contra la corrupción del que habla la Marina, marcan una distancia con el gobierno de López Obrador que no aceptaba que existiera en las Fuerzas Armadas ni el delito huachicol fiscal; la evidencia de decenas de embarques entre puertos de Tamaulipas y EU desde 2023 tampoco deja lugar a la duda de un modus operandi como el que ahora describen las filtraciones de las pesquisas a la prensa.

Tanto como el conocimiento de esas redes en el gobierno de Adán Augusto López con el caso Bermúdez y la fractura del Grupo Tabasco por la decisión de hablar del gobernador Javier May. Pero eso no significa que Sheinbaum pretenda confrontarse con los “barones” tabasqueños y López Obrador, o al menos no abiertamente, como si ése fuera el único objetivo válido de investigar las tramas del huachicol. Sus opositores descuentan que si no es así todo será sólo una coartada para proteger a las verdaderas cabezas, aunque otra oportunidad pudiera perderse con la politización del caso.

Sin duda habrá sido duro aceptar el involucramiento de mandos navales en un caso que derrumba la imagen de incorruptibilidad de los militares como última red de probidad ante el crimen, como exaltaba López Obrador. Posiblemente, la Presidenta, el peso de los hechos o la presión de EU, no le dejaron opción, pero el jefe de la Marina cualquier sea el caso tomó la ruta de subirse al discurso de Sheinbaum de ventilar ese mal, aunque tampoco está claro si sea sólo para aceptar la culpabilidad o para desmontar la red de involucrados con su antecesor, Rafael Ojeda Durán, cuando floreció el negocio.

La Presidenta, como ahora el almirante Morales, aborda la investigación como un golpe a la impunidad de la ley del silencio, y la mejor manera de fortalecer a la institución. Su argumentación es correcta siempre que cumpla con su promesa de conocerse todos los nombres de funcionarios de aduanas, militares y empresarios coludidos con políticos en el negocio. Según sus palabras, prevalecen muchas interrogantes como determinar desde cuándo opera o cuántas empresas de México y EU participan en este robo al erario.

Pero la estrategia opositora de explotar el caso para poner en la picota a López Obrador y exhibir a la 4T sólo conducen a politizar la investigación y cerrar el camino a la Presidenta. Las filtraciones del expediente demuestran el golpeteo político para descarrilarla. Más cuando se acompañan de maniobras propagandísticas de amparos contra la detención de los hijos de López Obrador por parte de abogados del narco como Caro Quintero con listas de “huachicoleros”, que los medios reproducen como si fueran parte de la misma operación de difusión de pruebas de defectuosa culpabilidad.

La intención de acorralarla puede cerrar la oportunidad de ir a fondo en la investigación, si es que realmente existe; no sólo para sancionar el caso, sino también para reducir el espacio a la ley del silencio que protege a las mafias.

Juegos de poder

Televisiones Admiral o Sony Trinitron

Los consumidores mexicanos serán los afectados

Leo Zuckermann

Excelsior

El gobierno actual ha retomado la vieja idea de industrializar al país vía la sustitución de importaciones, modelo conocido por sus siglas ISI que estuvo en boga durante el desarrollo estabilizador en el siglo pasado.

El Ejecutivo ha anunciado que impondrá altos aranceles a productos chinos y sudcoreanos, países con los que no tenemos un tratado de libre comercio, con el objetivo de hacer que su importación se encarezca y haya incentivos para que vengan a producirlos a México.

Es el mismo pensamiento que tiene el presidente Donald Trump: subir los aranceles para incentivar que la producción industrial regrese a Estados Unidos. No funcionará en el caso del vecino del norte porque la desindustrialización allá se debe más a la automatización de los procesos productivos (la creciente presencia de robots en las fábricas) que a la entrada de bienes extranjeros libres de arancel ya sea de México, Canadá, la Unión Europea y/o China.

En todo caso, si quisieran recuperar los empleos en manufacturas, en lugar de imponer altas tarifas al comercio exterior, los estadunidenses deberían prohibir la utilización de robots en los procesos productivos, algo completamente absurdo.

Regresemos al caso mexicano. La pregunta es si vendrán muchas empresas a producir aquí si se elevan los aranceles a los productos chinos y sudcoreanos como propone el gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Habrá un nuevo impulso a la industrialización vía la sustitución de importaciones? Puede ser.

Valdría la pena, sin embargo, recordar algunos problemas que generó el modelo ISI implementado en México durante décadas.

La industria nacional, protegida con aranceles, produjo bienes caros y de mala calidad. Los empresarios no tenían incentivos para ser más competitivos. No gastaban, por ejemplo, en investigación y desarrollo tecnológico. No necesitaban porque, con los malos productos que enviaban al mercado, igual ganaban mucho dinero.

Doy un ejemplo. Las televisiones producidas aquí eran caras y de una inferior calidad a las estadunidenses ni se diga de las japonesas.

En mi casa había una marca Admiral hecha en México, en blanco y negro, a la que constantemente había que pegarle un par de manotazos para que recuperara la señal. La visita de técnicos era frecuente para cambiarle los bulbos que se fundían.

Eso era lo que producía una industria protegida por el Estado con altos aranceles a la importación.

Y había otro fenómeno asociado: el contrabando.

Teniendo México una frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos, inevitablemente entraban productos contrabandeados de mejor calidad.

Para seguir con las televisiones, en las residencias más opulentes no había Admiral, sino Sony Trinitron japonesas a colores y con control remoto.

Recuerdo la primera vez que vi uno de estos aparatos en la lujosa casa de un amigo de mi escuela. Pregunté dónde la habían comprado a lo que me respondieron que todo lo que había en ese hogar lo habían adquirido del catálogo de una tienda estadunidense. El menaje había llegado a la puerta de la casa en un camión de mudanzas, sin contratiempo alguno, proveniente del vecino del norte, gracias a las gestiones de un eficaz contrabandista.

Los pobres y la clase media de menos ingresos estuvimos condenados a las deficientes manufacturas mexicanas. Los más ricos, en cambio, tenían a su disposición los mejores productos que llegaban a México vía el contrabando.

Nuestro país se ha beneficiado, sin duda, del cambio de modelo de desarrollo a uno de libre comercio. Los consumidores hemos sido de los más favorecidos. Hoy podemos ir a tiendas que venden buenos productos a buenos precios. Televisiones, por ejemplo. Algunas de ellas, por cierto, hechas en México.

En tiempos recientes, muchos mexicanos se han beneficiado de la entrada de automóviles chinos más baratos que otras marcas. Se calcula que la participación de mercado de los coches del gigante asiático ya es de alrededor de 20 por ciento. Esto ha enfurecido, obvio, a las marcas estadunidenses, japonesas, coreanas y europeas que compiten con ellos.

Ahora el gobierno de Sheinbaum impondrá un arancel de 50% a los coches chinos como parte de su estrategia de industrializar al país vía sustitución de importaciones. Los consumidores mexicanos serán los afectados. Ya no podrán adquirir automóviles buenos y baratos. La pregunta es si este costo se compensará con el beneficio de un incremento de empleos en México gracias al retorno del ISI.

Yo me declaro escéptico. Hasta no ver, no creer. A lo mejor porque crecí pegándole manotazos a una televisión Admiral para poder verla.

Astillero

“Amparos”: mentiras sembradas // Maquinar para enturbiar // Llega subsecretario de EU // “Terrorismo e inteligencia financiera”

Julio Hernández López

La Jornada

Un torrente de enturbiamien-to programado se vivió ayer, sobre todo en redes sociales, a propósito de la siembra de un hecho de apariencia cierta (que juzgados de tres ciudades del país dictaron suspensiones provisionales a determinadas personas), que, sin embargo, fue maquinado con evidente irregularidad (no había firma física ni electrónica de los supuestos abogados solicitantes) y un evidente ánimo de dar material propagandístico explosivo a adversarios de la 4T.

La especie fue producida mediante la suplantación de identidad de cuando menos una de las presuntas partes promoventes de un “am-paro”, según Francisco Javier Rodríguez Smith Mac Donald, abogado zacatecano que de manera rotunda negó haber gestionado tales suspensiones provisionales, e incluso mencionó que suplantación similar se hizo años atrás al mencionársele como promotor de un amparo para el narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Los ingredientes del montaje legaloide estaban a la vista: los amparos fueron conseguidos en Zacatecas, Chiapas y Tabasco, significativas plazas de poder guinda en graves complicaciones a causa del crimen organizado. Además del involucramiento tramposo de hijos del ex presidente López Obrador, se agregó a la lista de solicitantes a personas involucradas en diversos grados, incluso sólo mediáticos, en temas de contrabando de combustible (el llamado huachicol fiscal).

La coartada eficaz para conseguir la suspensión provisional, pronta y sin entrar en verificaciones, consistió en argumentar que los solicitantes de amparo lo hacían ante el riesgo de “detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión”. En esos casos, los jueces proceden a dictar de inmediato las medidas de protección, ante el riesgo de sucesos irreversibles. Aun así, advirtieron: “no se soslaya que dicho escrito de demanda no presenta firma alguna (ni autógrafa ni electrónica), por parte de quien la suscribe”. Pero, en razón de la “naturaleza” de los hechos reclamados, se otorgó la suspensión solicitada.

Ninguno de esos indicativos de la probable falsedad de las solicitudes frenó la cascada de críticas y denuestos en redes sociales, no sólo de usuarios en general, sino de comentaristas y periodistas de medios convencionales, principalmente contra Andrés Manuel López Beltrán y, en segundo lugar, su hermano Gonzalo. El secretario de Organización de Morena emitió, horas después del inicio del adelanto dado por Claudio Ochoa, del equipo de Latinus, un comunicado en el que niega que él o su hermano hubiesen solicitado tales amparos.

La desbordada difusión de las interpretaciones de tales “amparos” y la evidente búsqueda de consolidar la percepción de actividades delictivas de los López Beltrán sucedió un día antes de la llegada del subsecretario estadunidense para asuntos de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, John Hurley, quien hoy tendrá reuniones con servidores públicos mexicanos sobre lavado de dinero, narcotráfico y cárteles (recuérdese el golpe dado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa).

Diríase que plumas, voces y teclas propicias al intervencionismo gringo y contrarias a la 4T se dispararon ayer en redes sociales a partir de maquinaciones perceptibles, de construcciones tramposas y mal hechas, para calentar la plaza.

Para cerrar: la antes mencionada lista de presuntos amparados, de haber sido cierta, habría sido una especie de tonta confesión gru-pal delictiva. Pero la intención era fortalecer la percepción de que los hijos del primer presiden-te morenista estarían implicados en delitos relacionados con el diésel. Según esa fabricación, tan temerosos estarían de ser detenidos que habrían sucumbido a la necesidad de ampararse.

Y, mientras de Paraguay ha llegado el momento de probar si se va en serio y hasta donde tope en el tema de La Barredora y el senador López Hernández.