Lo que dicen los columnistas

El rol de la transparencia en la atención a derechohabientes

Siempre que el recurso de revisión lo requiere, en mi equipo buscamos resolver cada asunto tomando en cuenta el contexto, como lo es el actual el estatus de los servicios de salud.

Julieta del Río | Proceso

Cuando hablamos de la utilidad social del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, nos referimos al aprovechamiento que ha hecho la sociedad de sus derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales para impactar en su vida otras garantías constitucionales, como por ejemplo el acceso a la salud.

Para hacerlo, la sociedad ha encontrado en la Plataforma Nacional de Transparencia una herramienta efectiva para preguntar a las autoridades sobre información que por ley es pública y a la cual pueden y deben acceder en todo momento. Esto se vuelve especialmente importante cuando hablamos de instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, que están dedicadas a atender a las y los mexicanos y su derecho a la seguridad social.

Por ejemplo, en la PNT se encuentran actualmente 5 millones 68 mil registros al buscar “ISSSTE”. Este dato da un panorama sobre la relevancia del derecho a la información, la transparencia y el mismo INAI en el derecho a la salud.

Por ello, en la Sesión Pública de Pleno del día de ayer, expuse un asunto dirigido al ISSSTE, donde una persona le solicitó información sobre el promedio de tiempo para otorgar citas médicas, causas por la que se dan las citas en periodos prolongados, número de recetas que no se han surtido y piezas de medicamentos no surtidos.

Al no recibir respuesta completa, decidió acudir al INAI. Después de analizar el caso, por unanimidad consideramos que el ciudadano tiene la razón y el ISSSTE debe rastrear la información y proporcionarla.

Este sujeto obligado es hoy uno de los organismos públicos más conocidos por los servidores públicos, ya que somos derechohabientes por trabajar en el sector público. Acorde con datos oficiales, en 2023 el ISSSTE contaba con 13 millones 800 mil derechohabientes de los cuales 4.5 millones corresponden a asegurados directos y el resto a familiares.

Las instituciones de salud en el país buscan transformarse en aparatos más eficientes y eficaces para atender problemas de salud; asimismo, deben ser facilitadores y no obstáculos en procedimientos administrativos, toda vez que resulta claro que hay un expediente por cada paciente atendido. Las voluntades y la entrega en el servicio público deben estar presentes en cada paso de la cadena de atención a la sociedad mexicana.

En semanas recientes medios de comunicación han destacado la reforma a la Ley del ISSSTE que el actual gobierno impulsa y que tiene como intención fortalecer los servicios de salud y el otorgamiento de vivienda sin afectar ni al magisterio ni a los trabajadores del Estado.

Que esta institución sea parte de la agenda pública actual hace que la sociedad tenga interés en conocer más sobre su operación. Y, así, deriva en la presentación de solicitudes de información, cuyas respuestas brinden certidumbre sobre las causas del desabasto de medicamentos y retrasos en citas para pacientes.

Siempre que el recurso de revisión lo requiere, en mi equipo buscamos resolver cada asunto tomando en cuenta el contexto, como lo es el actual el estatus de los servicios de salud, que a final de cuentas las personas atendidas por los servicios de salud son las beneficiadas por el trabajo que hacemos y las decisiones colegiadas que tomamos.

La información sobre el otorgamiento de citas médicas, canje de recetas y dispersión de medicamentos a derechohabientes permite identificar su efectividad y áreas de oportunidad.

Hasta que el marco legal actual nos lo permita, seguiremos resolviendo en favor de la sociedad; a ella y a sus derechos es a la única que funcionarios públicos nos debemos.

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Arsenal

Una buena y otra peor

Francisco Garfias | Excelsior

La oposición en la Cámara de Diputado le dio su confianza a Edgar Amador Zamora como titular de Hacienda. Su ratificación como sucesor de Rogelio Ramírez de la O fue por unanimidad de 419 votos.

No deja de ser una buena noticia. El país no está para grillas.

Pero eso sí. Le dejaron claro que no es un respaldo incondicional. “No vamos a encumbrar a ningún secretario ni a caer en la lógica del oficialismo de aplaudir sin cuestionar”, advirtió el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador Económico de la bancada del PAN.

El nuevo secretario llega en una coyuntura muy complicada. Lo digo sin hipérbole. Entraron en vigor los aranceles de 25% que impuso Donald Trump al acero y el aluminio, y el 2 de abril próximo están anunciados “aranceles recíprocos”, sin que el gobierno mexicano tenga una idea precisa de qué se trata o cómo nos va a afectar.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que va a esperar hasta ese día para tomar una decisión sobre poner o no aranceles recíprocos a EU.

Ramírez de la O le deja a Amador una economía sostenida por hilos:

El crecimiento promedio en el sexenio 2018-2024 fue de 0.9 por ciento. El déficit fiscal pasó de 1.9 del PIB en 2019 a 5.9 en 2024; tenemos un endeudamiento histórico de 17.4 billones de pesos y una inflación cercana al 4 por ciento.

A eso hay que agregar que la calificadora Moody’s cambió ayer a negativa la perspectiva para el sistema bancario de México, debido a la desaceleración económica, necesidad de mayores provisiones y de inversiones en digitalización, según el mensaje que subió a X Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Base.

En la sesión de ayer en San Lázaro también fueron ratificados Carlos Gabriel Lerma Cotera como subsecretario de Ingresos, y Roberto Carlos Fernández González como tesorero de la Federación.

* Arbeit macht frei —El trabajo te hará libre, en alemán— es la inscripción sobre la puerta de Auschwitz, campo de concentración y exterminio nazi, ubicado cerca de Cracovia, Polonia.

Allí vi, a finales de los setenta, montones de zapatos y ropa que perteneció a personas que murieron en hornos crematorios sólo por ser judíos.

La imagen regresó a mi memoria con las fotografías del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco. Doscientos pares de zapatos y botas de gente que fue incinerada en los tres hornos crematorios encontrados o simplemente asesinada por el crimen organizado.

Coincidentemente llegó a Arsenal un correo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el que se lee:

“Reportes oficiales (de la Guardia Nacional) mencionan que desde agosto de 2019 se hallaron restos calcinados y zapatos regados en la misma zona donde buscadores de Jalisco descubrieron un crematorio clandestino. Grupos criminales ofrecían sobornos para que los dejaran trabajar”.

¿Por qué no se hizo nada? ¿Miedo? ¿Complicidad? ¿Desinterés?

El reporte añade: “Al igual que en el hallazgo realizado este mes por los buscadores, hace seis años se encontraron abandonados y regados zapatos de las víctimas, por lo que desde entonces se presumía que en ese lugar había una fosa clandestina, debido a que había restos humanos que presentan mayor antigüedad”, puntualiza MCCI.

* La Segunda Sala de la Corte, por unanimidad de votos, determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y, ojo, Yasmín Esquivel, consideran que las manifestaciones públicas y subjetivas de Batres contra el empresario dejan al descubierto una postura contraria a la imparcialidad.

Luego de hacer un recuento de declaraciones de la autollamada “ministra del pueblo” en contra de Salinas Pliego, la SCJN agregó en un comunicado: “Al usar calificativos y connotaciones despectivas sobre la forma en que se expresó del quejoso, resultó razón suficiente para estimar que se encuentra impedida para conocer del amparo en revisión 492/2023 y, por tanto, la Segunda Sala calificó de legal el impedimento que se plantea”.

En respuesta, Lenia abandonó la sesión. Ésta tuvo que ser suspendida por falta de quórum. En la agenda de la Segunda Sala quedaron sin resolverse una treintena de asuntos.

La “ministra del pueblo” subió a su cuenta de X un mensaje en el que califica el impedimento de “acto de sometimiento y complicidad de integrantes del máximo órgano jurisdiccional a los intereses ilegítimos de los poderes fácticos”.

¿Cómo la ve?

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Juegos de poder

Olvido y no investigación

El asunto denota la cultura que permeó a las autoridades durante el sexenio pasado. Mejor no hacer olas. Mejor no indagar. Mejor voltear a otro lado.

Leo Zuckermann | Excelsior

Como “campo de exterminio” y “centro entrenamiento criminal” ha caracterizado la prensa al rancho Izaguirre en el municipio jalisciense de Teuchitlán. Ahí se han encontrado todo tipo de objetos personales —ropa, zapatos, mochilas, libretas— de personas desaparecidas. También fragmentos de huesos y un crematorio clandestino.

Es el horror. Muestra de la barbarie que ha vivido México por lustros.

Pero también el escándalo porque este rancho ya había sido descubierto por las autoridades, no una, sino dos veces en ocasiones anteriores.

La primera fue hace seis años: “Un informe oficial consultado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalla que elementos de la Guardia Nacional reportaron el 10 de agosto de 2019 que habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, la misma zona donde los buscadores localizaron a inicios de marzo de 2025 el crematorio”.

¿Qué pasó en ese entonces?

Narra el reporte de MCCI:

“Siete meses después del hallazgo de los cuerpos calcinados, fue remitido a la Coordinación estatal de la Guardia Nacional en Jalisco un reporte del comisario de Teuchitlán, en el que informaba que el representante de un grupo criminal había contactado al batallón a su cargo para intentar sobornar a los agentes a cambio de que ‘le bajen a la intensidad de las operaciones’. El reporte fechado el 21 refiere que la persona que los contactó solicitó: ‘Lo único que ellos (los criminales) piden es que los dejen trabajar’. El contacto quedó en volver a llamar para ‘llegar a un acuerdo sobre la cantidad de dinero y la fecha de entrega’. Según el reporte, el comisario le respondió que ‘no ocupaba dinero ni obsequios’, por lo que rechazó el soborno. Y ante posibles actos de venganza, se reforzó la seguridad perimetral en la base de operaciones”.

No se supo más del rancho Izaguirre hasta hace seis meses en que de nuevo fue cateado gracias a una denuncia anónima a la Guardia Nacional y el Ejército. Las autoridades llegaron el 20 de septiembre de 2024 al rancho.

Dice MCCI:

“Un comunicado difundido aquella tarde de septiembre presume que en el rancho Izaguirre fueron detenidos 10 presuntos delincuentes, quienes portaban armas de fuego, y fueron rescatadas dos personas maniatadas. Las autoridades catearon el rancho y además de las dos personas secuestradas, encontraron cuatro fusiles de asalto, dos armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, diez placas balísticas, cinco chalecos tácticos y cuatro vehículos. Sin embargo, en el cateo pasó de largo que en el sitio había indicios de que el sitio había funcionado como crematorio clandestino”.

Ahí quedó, de nuevo, el asunto.

Ahora, una organización de buscadores de desaparecidos comenzó a recibir mensajes de que debían hacer pesquisas en el rancho en cuestión. Según el testimonio de Raúl, uno de los padres buscadores, “llegando al lugar no había acordonamiento, no había cadenas, no había candado, no había sellos, no había nada; así que nosotros decidimos ingresar y empezar a hacer nuestros trabajos”.

Ni hace seis años ni hace seis meses las autoridades hicieron su trabajo. Les valió un sorbete.

El asunto denota la cultura que permeó a las autoridades durante el sexenio pasado. Mejor no hacer olas. Mejor no indagar. Mejor voltear a otro lado.

No es que hayan sido “abrazos y no balazos”. Fue “olvido y no investigación”.

Así lo relata Raúl:

“Queríamos que vieran lo que habían dejado de hacer, de trabajar; tanto Fiscalía como Policía Municipal (…) No se llevaron la evidencia, porque encontramos muchísima evidencia en el lugar. No entendemos el por qué no hicieron los trabajos que tenían que hacer como llevarse las cosas que sirven. Es evidencia que les pudo haber servido para ver si traía las huellas, para poder proceder con las personas que fueron los responsables”.

Pues no. Nada. Ni la Guardia Nacional ni el Ejército ni la Fiscalía de Jalisco ni las policías ni ninguna autoridad. Cero.

La impunidad como política de Estado frente a la barbarie.

Ahí están, ahora, las fotografías de centenas de zapatos apilados que recuerdan a los campos de exterminio nazis. Rancho Izaguirre no es, desde luego, de la misma magnitud que aquellos, pero sí trasmite la idea de un lugar donde se asesinaba impunemente y se calcinaban los cadáveres.

El reporte de MCCI concluye que “el predio era utilizado como centro de encierro de personas secuestradas, campo de entrenamiento y crematorio”. Se supone que hay decenas de estas fincas a lo largo y ancho de la República. Es la barbarie. Nuestra barbarie.

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Astillero

Sí, Enrique Alfaro; pero no sólo él // En constante huida hepática // Teuchitlán y los tres niveles // FGR, GN, militares, ¿no sabían?

Julio Hernández López | La Jornada

Enrique Alfaro fue un gobernador en constante choque con la prensa no controlada. Solía responder malhumorado o abiertamente confrontacional ante preguntas que le molestaban; era un servidor público en constante huida hepática, cada vez más enojado conforme era preguntado sobre temas de los cuales no podía responder con veracidad, sobre todo los relacionados con el cártel de máximos jefes asentados en la entidad y con el récord de personas desaparecidas.

Relevó, entre esperanzas de mejoría gubernamental, a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el priísta que fue asesinado en un bar de Puerto Vallarta dos años y 13 días después de dejar el cargo, en un contexto sumamente cargado hacia los temas del crimen organizado. Alfaro había sido presidente de Tlajomulco, municipio conurbado con Guadalajara, capital que también presidió. Ya como gobernador, se fue alejando de manera consistente y creciente de las expectativas de cambio positivo que había postulado desde Movimiento Ciudadano.

Luego de que dejó el gobierno jalisciense viajó a Madrid, donde dijo que estudiaría para ser director técnico de equipos de futbol, con la aspiración de llegar a manejar al histórico equipo de Guadalajara, las Chivas.

Ahora su nombre se ha reinstalado vertiginosamente en los medios mexicanos de comunicación debido a las omisiones o complicidades que durante su administración permitieron o propiciaron el crecimiento del cártel regional que tiene presencia nacional e internacional y, en particular, por el hallazgo de un rancho en el municipio de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, que era centro de concentración, entrenamiento y exterminio de personas secuestradas.

La reinserción de Alfaro, contra su voluntad, a la arena política nacional y regional, en formato de asuntos judiciales, puede ayudar a su sucesor, Pablo Lemus, a zanjar una relación difícil entre bandos del mismo Movimiento Ciudadano. Lemus es la cabeza de un grupo que internamente confrontó a Alfaro, aunque a fin de cuentas marcharon electoralmente juntos para evitar que una creciente oleada de votos a favor de Morena (a pesar de una mala candidatura guinda a la gubernatura) pudiera arrebatar el poder a los naranjas.

En el plano nacional tampoco tiene Alfaro el mejor escenario. Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República empujaron para que el caso de Teuchitlán haya sido atraído al fuero federal. Cierto es que Alejandro Gertz no es garantía de celeridad ni ánimos justicieros genuinos (una de las recientes muestras la ofreció en Sinaloa, con sus primeras investigaciones sobre el caso Chapito- Mayo-Cuén-Rocha Moya, que de ahí no han pasado), pero en esta ocasión podría ir más allá del bostezo para enderezar acciones judiciales contra miembros del poder naranja jalisciense, que es uno de los pocos estados donde la ola guinda no ha podido hacerse del gobierno.

En el fondo, sin embargo, y más allá de los pleitos políticos y electorales, Teuchitlán exhibe en toda su contundencia la ineficacia y complicidad de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), sea cual fuere su bandera partidista. Ciertamente le corresponde a Enrique Alfaro una importante cuota de responsabilidad política, histórica y ¿también judicial? por las desapariciones sistematizadas y la prosperidad e impunidad del cártel denominado como jalisciense.

Pero no se queda en el nivel estatal la corresponsabilidad; alcanza al fuero federal, a la Guardia Nacional, que fue el primer cuerpo policiaco-militar que puso a Teuchitlán en un expediente atenuado, aparentemente sin darse cuenta de la dimensión de lo que estuvo ante sus ojos. Y los cuerpos de inteligencia y operaciones de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como el Centro Nacional de Inteligencia, como parte del aparato gubernamental obradorista y su continuidad en la actual administración.

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México SA

Trump: acuerdos de saliva // Pausa = carabina de Ambrosio // Otro saqueo de Germán Larrea

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Las pausas decretadas por Donald Trump son como la carabina de Ambrosio: no sirven para nada, viola sus propios acuerdos y ni siquiera es útil para aparentar la supuesta disposición a dialogar con las naciones-objetivo (es decir, todas) de los sueños húmedos de Donald Trump, quien asegura que su único objetivo es resarcir a Estados Unidos de lo que, dice, a lo largo de los años lo han despojado, cuando si de pillaje se trata el país de las barras y las estrellas se lleva la palma, y por mucho.

La Jornada lo reseñó así: Trump impuso, a partir de las 10:01 de la noche del pasado martes, tiempo del centro de México, aranceles de 25 por ciento a todas las importaciones estadunidenses de acero y aluminio, que incluyen las que llegan de México y Canadá, sus dos socios en el tratado comercial de América del Norte. Tal decisión, de acuerdo con los reportes de las agencias informativas, ayudaría a crear empleos en las fábricas estadunidenses, en un momento en que sus amenazas arancelarias, con sus fluctuaciones, están sacudiendo el mercado bursátil y generando temores de una desaceleración económica.

Ante tal decisión, la presidenta Sheinbaum dijo que vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean de reciprocidad; a partir de ahí, nuestra definición: si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo vengan.

Pausa tras pausa, el energúmeno que despacha en la Oficina Oval ha hecho lo que le viene en gana, violando todos los acuerdos resultantes de las negociaciones con, por ejemplo, el gobierno mexicano. Entonces, ¿se puede confiar en este deleznable personaje? Desde luego que no, y si bien la política de serenidad y paciencia (Kalimán-Sheinbaum dixit) es buena consejera, no debe ser permanente.

Ante la más reciente decisión, ¿tiene un plan en ese sentido?, preguntaron a la mandataria, y ésta respondió: sí, sí, se está trabajando, pero no aportó el mínimo elemento sobre el sentido que tendría, aunque hay que recordar que ella misma ha mencionado, en reiteradas ocasiones, que el gobierno mexicano tiene un titipuchal de planes que prácticamente incluyen todas las letras del abecedario.

Es de esperar que entre esos planes destaque el relativo a lo referido por la misma mandataria: de consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana; tenemos que reorientar la visión y se buscarán, si es necesario, otros socios comerciales, todo para proteger a México y a los mexicanos.

En días pasados, en este espacio se recordó el enorme abanico de posibilidades que tiene nuestro país si opta por la citada diversificación, mientras Trump destroza a Estados Unidos y quiere llevarse a varios entre las patas. Entre otros, México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países; 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 naciones o regiones administrativas, y nueve acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la OCDE.

Las rebanadas del pastel

Una raya más al tigre, aunque todo termine, como siempre, en la impunidad del tóxico barón: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal (¡¡¡!!!) un ducto de 10.5 kilómetros de longitud de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México (Germán Larrea), por no contar con los permisos ambientales para su instalación y traslado de agua (léase el consorcio se la roba a todos). La dependencia explicó que la tubería de 89 centímetros de diámetro fue detectada en el camino que conecta Cananea con Bacanuchi, tras recibir denuncias ciudadanas. En innumerables ocasiones, ambientalistas, productores y pobladores de los municipios de la sierra de Sonora han protestado contra ese consorcio minero por acaparar el agua de los pozos destinada a la población, así como de los ríos Bacoachi y Sonora. De acuerdo con información de la Conagua, el río Bacoachi cuenta con 4 millones de metros cúbicos disponibles; sin embargo, Grupo México tiene concesionados 14 millones y 40 pozos; es decir, 10 millones de metros cúbicos más de los que el cauce puede proporcionar (La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal). Y el barón, como siempre, tan campante.