Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Extradiciones a la carta

Francisco Garfias | Excelsior

A Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos”, y a Vicente Carrillo Fuentes, hermano de El señor de los cielos, les espera cadena perpetua o pena de muerte, según Frank Tarentino, agente especial de la DEA.

Ambos criminales forman parte de la lista de 29 narcos de alto nivel entregados por el gobierno mexicano a la justicia de Estados Unidos. Los dos se declaran inocentes de los múltiples cargos que se les imputan

La joya de la corona es, sin duda, Caro Quintero. Le espera un juicio por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, hace 40 años.

La agencia antidrogas gringa tuvo que esperar 14 mil 600 días para ver la “entrega” de Caro Quintero a Estados Unidos. Lo celebró con fanfarrias.

En la rueda de prensa que Tarentino dio en Nueva York se escucharon frases como “no se puede matar a un agente de la DEA y salir impune de ello” o “no hay criminal que pueda escapar de la DEA”.

Un detalle adicional: el hijo de Kiki Camarena entregó las esposas que usaba su padre para que las pusieran en las muñecas del “narco de narcos”.

* Aquí en México, el gabinete de seguridad también ofreció una rueda de prensa en la que sólo hablaron el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Ambos negaron que la “entrega” de los narcotraficantes tenga que ver con las amenazas arancelarias de Trump. No convencieron a nadie.

Harfuch fue más lejos. Quiso matar dos pájaros de un tiro. Deslindar a la presidenta Claudia Sheinbaum de la decisión de entregar los narcos a EU, y embarrar al ya de por sí desahuciado Poder Judicial, en la decisión de enviarlos a EU.

No se ve bien que la Presidenta haya entregado a narcos mexicanos que podrían enfrentar la pena capital en Estados Unidos.

Harfuch dijo textual: “La decisión de entregar a estos 29 presos fue tomada en el gabinete de seguridad, de forma colegiada, en la cual no tuvo nada que ver la mandataria”.

¿No tuvo nada ver? ¿En serio? ¿No es ella la comandanta de las Fuerzas Armadas?

Omar, eso sí, embarró a los jueces en la decisión de entregarlos a la Unión Americana:

“El gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos.

“Con estos elementos, y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas a delitos de alto impacto (consideramos que) representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, puntualizó.

Una y otra vez, los reporteros preguntaron si la entrega de los criminales está vinculada con la amenaza de aranceles que hizo Trump. Una y otra vez lo negaron. Sería tanto como aceptar subordinación.

Gertz dijo: “No fue extradición. Fueron enviados a Estados Unidos en cumplimiento del artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 de la Constitución”.

La extradición, según la Real Academia Española, “es el procedimiento por el que las autoridades de un Estado hacen entrega de una persona a las de otro que la reclaman para que pueda ser enjuiciada penalmente en este segundo o cumpla en él una pena ya impuesta”.

* Faltan cuatro días para que se cumpla el plazo que Trump acordó con la presidenta Sheinbaum, antes de imponer aranceles de 25% a las exportaciones de México y Canadá. El presidente estadunidense confirmó que esas tarifas inician el próximo martes.

Consultamos con Alejandro Rodríguez, experto en temas financieros y comerciales. Advierte que, de entrar en vigor los aranceles, el daño económico para México sería estructural.

Ilustró: “Las exportaciones mexicanas representan 40% del PIB nacional. El 85% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El puro sentido común puede ubicar el tamaño del daño”.

Alejandro citó a la muy reconocida economista, Gabriela Siller para ponerle números a los efectos que esos aranceles provocarían a la economía mexicana:

Las exportaciones podrían caer alrededor de 12 por ciento. Con esto, el PIB de México podía caer 4%, si el arancel se mantiene todo el año.

* Queja contra Kavak. El que esto escribe vendió su carro a esa empresa especializada en compra-venta de carros usados. Entregué el carro y la factura hace 15 días. Me creí aquello de que en 24 horas tendría el dinero acordado. Falso. Se tardaron ocho días en pagar una parcialidad. Hoy se cumplen 15 días y es la hora de que no completan lo facturado.

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La geopolítica de Putin

Otra irresponsabilidad de Trump está en la manera de cómo ha impuesto su política en materia migratoria, obligando a México a retener a un número indeterminado y creciente de migrantes, no sólo de mexicanos, sino de otras nacionalidades.

Julio Faesler | Excelsior

La gestión de Trump en sus primeros 50 días demuestra su autoritarismo y prepotencia. Vale sólo recordar que desde el primer día de su segundo mandato externó su intención de adueñarse del Canal de Panamá, de Groenlandia y convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión Americana.

En lo doméstico, de un solo golpe ha despedido a más de 10 mil burócratas y se estima que 400 mil empleados federales perderán sus trabajos en los siguientes dos años, de los cuales unos 100 mil serán en Washington DC. Entre otras decisiones sumamente riesgosas y negativas, Trump acabó con la USAID, la agencia encargada de brindar asistencia económica y humanitaria en todo el mundo. Esta decisión condujo a la suspensión de docenas de programas vitales, tanto locales como internacionales, en áreas como la salud, la educación y el control de epidemias en más de 120 países.  Los expertos en desarrollo lo consideraron un revés significativo para los esfuerzos humanitarios. Por órdenes de Trump se dio por terminada la membresía en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, y mucho se teme que aún veremos más estragos.

Otra irresponsabilidad de Trump está en la manera de cómo ha impuesto su política en materia migratoria, obligando a México a retener a un número indeterminado y creciente de migrantes, no sólo de mexicanos, sino de otras nacionalidades, que han sido rechazados por el sistema norteamericano, imposibilitándolos a acceder a la condición de refugiados ni ser aspirantes a la ciudadanía, pese a que la fuerza de mano de obra norteamericana requiere ser apuntalada con los cientos de miles de inmigrantes.

Por su parte, México ha construido los albergues necesarios a lo largo de la frontera con Estados Unidos para retener, al menos provisionalmente, a los migrantes expulsados que esperan ser repatriados a sus respectivos países de origen. La realidad, sin embargo, apunta a que la inmigración es necesaria para mantener los niveles de competitividad económica que han hecho a Estados Unidos la potencia manufacturera más grande del mundo.

La acción de Donald Trump al frente de los migrantes refleja su espíritu racista, desprecia a los pobres y se inclina a favor de los ricos. Por un lado, rechaza a todos los extranjeros que llegan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y por el otro, les abre las puertas “a los oligarcas rusos y también a los de otros países”, ofreciéndoles, mediante el pago 5 millones de dólares una “gold card” para residir e invertir en el país, “además de que será una ruta hacia la ciudadanía”.

Otro ejemplo de arbitrariedad son los aranceles impuestos a Canadá y a México. Trump indicó que se habían hecho avances en la reducción del flujo migratorio, pero no se han visto esos mismos progresos en lo que respecta a las drogas, en particular el contrabando de fentanilo. Por tal razón los aranceles entrarán en vigor el 4 de marzo para la importación de determinados productos mexicanos. Éste es un caso más de atropello, ya que Trump no respeta los procedimientos jurídicos que forman parte del T-MEC. Lo que podría implicar que Estados Unidos piensa retirarse del mismo.

Trump está convencido que los países miembros de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para perjudicar intencionalmente los intereses de Estados Unidos. De ahí que, a partir del 2 de abril, le impondrá un arancel de 25% a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos.

Su animadversión en contra de Europa va aún más allá al afirmar que le resulta más redituable negociar cambios profundos y radicales en materia de geopolítica, como el balance de fuerzas que está en juego en la invasión rusa a Ucrania, uniéndose con el propio presidente Putin en un entendimiento que resulta históricamente improcedente e inexplicable. Trump se erige ahora como el único poder autocrático.

Estados Unidos ya no cree en pactos y alianzas, está dejando sola a la Unión Europea y a Ucrania y todo para que su país sea el dueño de las tierras raras. Las negociaciones se asemejan más a transacciones empresariales, son relaciones de conveniencia, lejos se ven ya los contrapesos en el marco de las democracias.

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Corolario

Justicia anhelada

¿Para qué se hace la reforma judicial? Para tratar de construir un mejor sistema de impartición de justicia.

Raúl Contreras Bustamante | Excelsior

Desde hace muchos años existe un reclamo del pueblo mexicano por un mejor sistema de impartición de justicia. El derecho que tiene toda persona —establecido en el artículo 17 constitucional— para que se le administre justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita, se ha venido quedando como una legítima aspiración, casi siempre incumplida.

La percepción ciudadana respecto de los juzgadores en lo general no es positiva.  Lo anterior no es un problema privativo de México, puesto que es una constante en muchos países democráticos. Sin embargo, es un hecho evidente.

México es un Estado federal —compuesto de estados libres y soberanos, así como por la Ciudad de México—; en el cual se brinda el servicio público de impartición de justicia a través del Poder Judicial de la propia Federación, así como los de las 32 entidades federativas.

La reforma constitucional de 2024 a la estructura de los Poderes Judiciales es trascedente, pues modifica las reglas para que —de ahora en adelante— se elijan mediante el voto popular a todos sus juzgadores.

Mucho se ha discutido de esta enmienda constitucional, surgiendo preguntas como: ¿La reforma ayudará a arribar a una mejor justicia? ¿Qué tiene que pasar para tener un mejor sistema de justicia?

Y es que si se hiciera una aglutinación de todos conflictos jurisdiccionales que están en trámite en los tribunales —de todas las especialidades y sin importar su carácter federal o estatal— encontraríamos que 40% de ellos son de índole familiar y 30% adicional, de carácter civil. El 30% restante, son todos los demás juicios de diversas materias: penales, laborales, administrativos, fiscales, etcétera.

En pocas palabras, lo anterior se puede traducir en el sentido de que la impartición de justicia en el país se encuentra congestionada por conflictos entre familiares, examigos, vecinos y exsocios.

Hay que aceptar que la impartición de justicia no va a mejorar por el sólo hecho de sustituir a los actuales juzgadores por otros electos mediante voto ciudadano directo.

El sistema debe aprovechar la reforma para crear una nueva cultura que tienda a resolver los conflictos sociales, sin recurrir a la práctica común de acudir a los tribunales.

Necesitamos modificar la visión de la justicia y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. El mismo artículo 17 constitucional los prevé, y además dispone que las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos por encima de los formalismos procedimentales.

Los medios alternativos de solución de controversias deben ser una nueva ruta de atención para un gran sector de la población —que por distintas circunstancias— la justicia tradicional y ortodoxa ha demostrado que no puede brindarles.

La reforma constitucional en materia judicial en las entidades federativas es una oportunidad para perfeccionar la administración de justicia; hacerla accesible a todas las personas; regenerar el tejido social y fortalecer el Estado de derecho, clave para el desarrollo social y económico de nuestra nación.

El diagnóstico de la reforma constitucional debió comenzar por las entidades federativas. Por dar un ejemplo, en 2023, ingresaron a los órganos jurisdiccionales federales 16 mil 001 causas penales; en tanto que en los órganos de los poderes judiciales estatales se procesaron 254 mil 535 causas de esta índole.

Cuando tratamos de responder la pregunta: ¿Para qué se hace la reforma judicial? La respuesta debe ser: para tratar de construir un mejor sistema de impartición de justicia.

Como Corolario la frase de Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

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México SA

Soberanía energética, fortalecida // Palomea Senado leyes secundarias // Vladimir Zelensky, bufón derrotado

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

El gobierno federal cuenta ya con las herramientas legales necesarias para que, en materia energética, los mexicanos recuperen lo que paulatinamente les arrebató el régimen neoliberal, cuyo último mandatario, Enrique Peña Nieto, intentó clavar la puntilla con lo que denominó reforma energética, que no fue otra cosa que la privatización de la riqueza nacional en ese sector, de nueva cuenta al servicio del país.

La Jornada (Andrea Becerril y Georgina Saldierna) lo reseñó así: el Senado de la República aprobó las 10 leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética, encaminadas a revertir el proceso de privatización de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y a devolver al Estado la rectoría de sus recursos naturales. El paquete de iniciativas de la presidenta Sheinbaum se aprobó en lo general con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención, en medio de una confrontación permanente de los guindas con priístas y panistas, tanto verbal como en pancartas colocadas en escaños y en dos mantas gigantescas desplegadas en el salón de plenos.

Algo más: “Morena y aliados defendieron el paquete de leyes reglamentarias que devuelve la soberanía energética a México, la que puso en riesgo la reforma de 2013 de Peña Nieto, frente a una oposición, que insistió en que se mantiene la mayor parte de ese contenido. La presidenta de la Comisión de Energía dijo que se acaba con ese modelo impuesto por los gobiernos del Prian, que convirtieron el petróleo y la electricidad en jugosos negocios privados para unos cuantos”.

Senadores de Morena, y del Partido del Trabajo subrayaron que la reforma peñanietista fue un sonado fracaso (para el país), pero un jugosísimo negocio para aquellos particulares que resultaron por ella beneficiados, amén de la catarata de coimas que en 2013 los operadores de Los Pinos repartieron entre legisladores prianistas para alcanzar los votos necesarios y sacar adelante la citada reforma.

¿Qué prometió la reforma de EPN? De entrada, que gracias a ella los mexicanos vivirían como noruegos; se modernizaría la industria petrolera nacional; mejoraría la economía de las familias; bajarán los montos de los recibos de la luz y el gas; se producirán fertilizantes a mejor precio; aumentarán la inversión y el empleo; con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en el sexenio (el de EPN) y 2 y medio millones adicionales para 2025 en todo el país; como empresas del Estado, Pemex y la CFE se modernizarán y darán mejores resultados.

La promesa modernizadora (léase privatizadora) no quedó ahí: la producción de petróleo crudo aumentará de 2 millones 500 mil barriles diarios a 3 millones para 2018 y a 3 millones 500 mil o más para 2025, cifra histórica de producción en México; en el caso del gas natural, la producción pasaría de 5 mil 700 millones de pies cúbicos a 8 mil millones para 2018, y para 2025 sería de 10 mil millones.

Obvio es que nada de eso sucedió: al cierre sexenal peñanietista, la producción de petróleo crudo a duras penas llegó a un millón 800 mil barriles por día (con todo y privados), lo que se traduce en una caída de 28 por ciento respecto del inicio del mandato, y la de gas cúbico descendió a 4 millones 894 mil pies cúbicos (descenso de 24 por ciento), de acuerdo con la estadística de Pemex. Y, como en su momento lo denunció el ex presidente López Obrador, las concesiones a privados se utilizaron para especular en los mercados financieros, con una producción verdaderamente raquítica que en nada ayudó al país.

De acuerdo con esa misma estadística, la producción privada de crudo (gracias a la reforma energética de Peña Nieto) resultó ínfima en contraste con las promesas: a lo largo de los años ronda uno por ciento del total. En 2019 a duras penas representó 0.99 por ciento del total y para 2024 se incrementó a 1.02 por ciento, y este es uno de los resultados concretos de la reforma energética peñanietista, la cual, felizmente, ya fue cancelada.

Las rebanadas del pastel

Al payasito de la tele, Vladimir Zelensky, se le acabó la beca gringa: Trump lo mandó a paseo (no más dinero ni armas) y lo corrió de la Casa Blanca (estás jugando a la tercera guerra mundial y sin nosotros no tienes cartas; no tienes derecho a dictar a Washington qué hacer, le gritó). Ahora, el plañidero cuan chantajista presidente de Ucrania se ha quedado solo, porque, como siempre, sus amigos europeos seguirán las instrucciones de la Casa Blanca. Hasta nunca, bufón.

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No reelección

Cuauhtémoc Cárdenas | La Jornada

Hace unos días, el Senado recibió una iniciativa presidencial que proponía modificar la Constitución para prohibir la reelección de legisladores a partir de las elecciones federales de 2027.

Al discutir la iniciativa, para aprobarla, el Senado modificó la propuesta proponiendo que la no reelección de legisladores entrara en vigor no en 2027, sino hasta la elección federal de 2030. El argumento del bloque mayoritario del Senado para modificar la iniciativa presidencial fue que al discutir el caso y habiendo puntos de vista encontrados, se había resuelto por mayoría del bloque establecer que la no reelección de legisladores entrara en vigor hasta 2030, pues con ello se lograba –y ese fue el argumento que cohesionó a la mayoría– que el bloque no dividiera su votación y así no rompía y mantenía su unidad. En esas condiciones se aprobó el proyecto que se enviaría a la cámara colegisladora.

En ese voto del bloque mayoritario del Senado, integrado por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, lo único que no contó fueron los principios. ¿Por qué conviene la no reelección de legisladores o por qué no conviene? ¿A quién beneficia o a quién perjudica la no reelección de legisladores? ¿Es más importante y trascendente mantener la unidad circunstancial de un bloque parlamentario o dar vigencia a un principio que se considera correcto por su utilidad política a la nación?

En ese voto mayoritario del Senado para instituir la no reelección de legisladores hasta 2030 no hubo argumentos ni principios que lo sostuvieran, sino sólo oportunismo y personalismos.