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Sheinbaum, el Inai y la “puerta trasera” de los chinos

Francisco Garfias | Excelsior

Sin dar nombres, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de extorsión, nepotismo y gastos injustificados a los comisionados del Inai, órgano autónomo encargado del acceso a la información y la protección de datos personales.

Los señalamientos se produjeron horas antes de que diputados del oficialismo usaran su mal habida mayoría calificada para aprobar la extinción de siete órganos autónomos condenados por López Obrador en su famoso plan C.

Los otros órganos que desaparecen son el Coneval, que evalúa la política de desarrollo social; la Cofece, encargada de la competencia económica, y el IFT, pero también la CNH, la CRE y la Mejoredu.

* Basada en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la mandataria afirma que desde 2018, altos mandos del Inai exigieron entre 10 y 60% del sueldo quincenal de los empleados. Señala también que la ASF, que encabeza David Colmenares, identificó múltiples lazos familiares entre empleados, como padres, hijos, hermanos, primos y esposos, contratados sin cumplir los requisitos del puesto.

Cerró el réquiem del Inai con acusaciones a los comisionados de usar tarjetas corporativas para pagos en centros nocturnos, comidas y viajes al extranjero, además de irregularidades en viáticos y registros contables.

* De estas acusaciones hablamos con el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá. Nos dijo: “Lo que hoy comentó la presidenta Sheinbaum ha sido del dominio público. En múltiples ocasiones nosotros mismos hemos mencionado el tema de las observaciones de la ASF”.

Alcalá dice que, como cualquier otra institución, el Inai ha tenido observaciones y las ha solventado. “Hemos subrayado también que algunas de las observaciones corresponden a otros comisionados que ya no están en el Inai”, puntualizó.

Los actuales comisionados fueron quienes pidieron al órgano interno de control del Inai que se realizara una investigación que derivó en una denuncia, aseguró Alcalá.

* Tiene lógica la prórroga de 90 días que pide el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio de 2025. El instituto electoral tuvo las manos amarradas mientras no se resolvieran 572 amparos y 366 suspensiones (las cuentas son de Gerardo Fernández Noroña) que fueron interpuestas contra la elección judicial.

Noroña justificó al INE: “Estaban amenazados de multas, de cárcel y de penas del infierno, si son creyentes”.

El instituto dice que el aplazamiento ayudaría a desarrollar mejor la impresión de boletas, la capacitación del personal que integrará las casillas y el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Suena lógico, pero a Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, no le parece una buena idea. “Aparentemente parece ideal. Todo mundo se relaja, tienes más tiempo, amplían los plazos, pero no es lo conveniente”, asegura.

Y explica: “Genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, hay que hacer un cambio a la Constitución, según me informa el equipo jurídico. Serían muchas las complicaciones”.

Sostiene que en el propio órgano electoral, si aprieta y hace un esfuerzo grande, “tiene condiciones de sacar la elección el primer domingo de junio de 2025”.

Aunque dejó claro que aún no hay decisión sobre la prórroga. Le preguntamos a Noroña cuál es el “cúmulo de dificultades” que avizora si la elección de jueces se realiza el 1 de septiembre de 2025. “No es conveniente. Acabamos de hacer una reforma y luego reformamos la Constitución para cambiar la fecha”. Por lo que hemos visto desde el 1 de septiembre a la fecha, no hay problema para cambiar la Constitución. Van 10 o más reformas del plan C que han requerido cambios a la Carta Magna.

* Mucho se ha hablado en estos días de que Canadá quiere expulsar a México del T-MEC. La versión algo tiene de cierto. Tanto el primer ministro de Ontario, la mayor provincia de ese país, Doug Ford, como su homóloga de Alberta, Danielle Smith, se pronunciaron a favor de la salida de México del citado tratado comercial. Alegan que nuestro país es “la puerta trasera de los productos chinos”. La Presidenta se entrevistó con Justin Trudeau en el marco de la Cumbre del G20. Asegura que el primer ministro de Canadá no está de acuerdo con la salida de México del T-MEC. Trudeau declaró ayer que le gustaría que continuara el T-MEC. “Es mi primera opción”, dijo. Pero el gozo se fue al pozo cuando agregó: “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero, en espera de las decisiones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”.

No creo que haya nadie que tenga dudas de que México debe permanecer con sus socios del T-MEC en caso de que llegue un momento en el que haya que escoger. Creo saber que en la cancillería lo tienen claro.

Razones

Luces y sombras sobre el CJNG

Este cártel es el paradigma de una organización familiar. Esta semana, un tribunal colegiado decidió absolver a Rosalinda González Valencia, la esposa de El Mencho, de los principales delitos de los que estaba acusada

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Cuando analizamos los grupos criminales en México, hay que insistir en que todos ellos, como decía en alguno de sus libros Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo que logró éxitos indudables en la lucha contra las mafias, al final, parten de una estructura familiar. Los cárteles mexicanos, en general, tienen esas mismas características y no dejan de ser, pese a su extensión y poder, una suerte de empresas familiares que se basan en la confianza de los suyos en una labor donde la traición puede presentarse en cualquier momento. Lo estamos viendo hoy en Sinaloa en la lucha entre Mayos y Chapitos, y en todo el proceso de reconfiguración de los cárteles en nuestro país.

Pero si bien las principales sociedades criminales tienen estas características, el Cártel Jalisco Nueva Generación es el paradigma de una organización familiar. Esta semana, un tribunal colegiado decidió absolver a Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG, de los principales delitos de los que estaba acusada, por lo que podría lograr su libertad en este 2025. Rosalinda, a la que apodan La Jefa, tiene mucho peso en esa organización criminal, sustentada en esa intrincada red familiar.

Ayer, en California, luego de tratar de hacerse pasar por fallecido en un enfrentamiento en México, fue detenido uno de los yernos de Nemesio Oseguera, se trata de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, El Guacho, quien está casado con la hija más joven del Mencho y Rosalinda, Laisha Michelle, quien está en libertad condicional y tiene poco más de 20 años de edad. Según documentos judiciales, Gutiérrez Ochoa, de 37 años, comenzó a trabajar para el CJNG alrededor de 2014 y coordinó personalmente el transporte y distribución de, aproximadamente, 40 mil kilogramos de metanfetamina y cerca de dos mil kilogramos de cocaína en México, todos destinados a Estados Unidos.

Laisha y El Guacho fueron quienes ordenaron el secuestro de los dos elementos de la Secretaría de Marina para presionar al gobierno federal y dejar en libertad a Rosalinda cuando fue detenida. Fernando era el encargado, además, de proteger a la familia: a Laisha, a una hermana de Fernando que es esposa de El Menchito y a su suegra, Rosalinda. Además, lidera un poderoso grupo de sicarios y operadores del CJNG. Laisha se ocupa también de la relación y cooptación de políticos, funcionarios públicos, jueces y magistrados.

Rosalinda, Johanna y Laisha tienen una fuerte relación con su medio hermano, hijo de Rosalinda y adoptado por El Mencho, Juan Carlos Valencia González, El R3, que es uno de los que busca quedarse con la sucesión en el mando del cártel.

Rosalinda fue detenida porque manejaba la estructura financiera del cártel, una organización con intereses cruzados con Los Cuinis, los hermanos de Rosalinda. Detenida Rosalinda, lo mismo que el hijo mayor de El Mencho, Rubén, y con fuertes rumores de que su hijo menor fue asesinado meses atrás (aunque, como vimos con El Guacho, podría ser una treta para operar con mayor seguridad), la estructura familiar en la que se asienta el CJNG quedó golpeada.

Otra hija, Johanna, fue detenida el miércoles 26 de febrero del 2020 cuando, pensando que no tenían cargo alguno en su contra, fue a la primera audiencia de su hermano Rubén, luego de su extradición a la Unión Americana. Pero durante la audiencia, en un tribunal de la ciudad de Washington, Jessica Johanna, que tiene ciudadanía estadunidense, fue detenida por autoridades federales que la consideran una integrante en activo del CJNG, y sostienen que es una de las principales operadoras financieras de esa organización.

Johanna también se encargaba de la cooptación de políticos y funcionarios públicos, sobre todo de jueces y magistrados federales (algunos de ellos removidos por el Consejo de la Judicatura), que conforman la estructura de protección que le ha permitido a varios integrantes del CJNG salir en libertad rápidamente luego de ser detenidos. Se declaró culpable, pagó 30 meses de prisión en Estados Unidos y quedó en libertad.

Johanna es esposa de otro destacado narcotraficante: Julio Alberto Castillo Rodríguez, quien ya en dos ocasiones ha sido detenido por fuerzas militares, el 23 de junio de 2015 y el 6 de abril de 2016, y en las dos oportunidades fue puesto en libertad por la red de jueces que manejaba su esposa. Castillo Rodríguez es líder de una de las células del CJNG que trafica con cocaína, drogas sintéticas y fentanilo. Es apodado El Chorro y es considerado uno de los principales jefes del CJNG en Guadalajara y Manzanillo, dos plazas clave para la estructura del cártel.

La liberación de Rosalinda puede ser importante para el CJNG, pero la detención en Estados Unidos de Cristian Fernando, su yerno, sin duda complicará la operación de un cártel que depende mucho de esa estructura familiar, que está pendiente de su sucesión, débil por esa condición y por la enfermedad renal que sufre El Mencho.

Astillero

Querencia represiva del futuro director del INM // Céspedes deja Puebla // Impulsor de Ardelio Vargas // AMLO denunció al garcialunista

Julio Hernández López | La Jornada

El próximo director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, podrá contar con una muy cercana e influyente asesoría, formal o informal, de uno de los principales represores del país, quien entre otros cargos ejercidos con ostentosa mano dura fue titular durante el sexenio peñista de ese mismo instituto, el INM urgido de entregar exitosas cuentas al trumpismo a partir de enero.

Céspedes Peregrina tiene una demostrada valoración positiva de Ardelio Vargas Fosado, quien fungió como jefe del estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva en 2006, cuando se perpetró la represión en los operativos de desalojo en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y en San Salvador Atenco, en el Estado de México (contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: agregado de Astillero). También fue secretario de Seguridad Pública en los primeros meses de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador de Puebla y luego titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (nota de Yadira Llaven en La Jornada de Oriente: https://goo.su/cboZ2).

Ello no obstó para que el 21 de junio de 2023 el gobernador Céspedes lo nombrara subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (lo que en otras entidades se denomina secretaría de gobierno) del estado de Puebla. Quince días atrás, indígenas del municipio de Pantepec intentaron hablar con Céspedes en la ciudad de Puebla, durante un Martes Ciudadano, para solicitar apoyo de las autoridades estatales debido a que denuncian desplazamiento forzado, despojo de sus tierras (100 hectáreas), represión y hostigamiento (que dejen sus tierras y hasta en algunos casos han quemado casas, unas 140 viviendas dañadas) por parte de gente cercana a Ardelio Vargas Fosado, el ex secretario de seguridad estatal. Incluso, temen por su vida. Pero el gobernador no los escuchó: vallas, patrullas y policías impidieron a los denunciantes acercarse (nota de Alba Espejel: https://goo.su/QtgFDz).

No duró Ardelio Vargas ni un mes en el puesto. El 3 de julio del año pasado renunció, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la mañanera que su gobierno había informado a Céspedes de los antecedentes del subsecretario poblano de gobierno. Dijo el Presidente que “en los gobiernos de la 4T no se desea ninguna relación con personas que hayan tenido vínculos con Genaro García Luna, ‘porque en ese entonces, para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narcoestado que hizo mucho daño al país’” ( https://goo.su/0KLQJ).

Pero Céspedes elogió al dimitente: un poblano comprometido con su entorno y con su tiempo, un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy, ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de Puebla separándose del cargo.

En realidad, el compromiso de Vargas con su entorno es en términos de un férreo cacicazgo. Incluso su hija, Guadalupe Vargas Vargas, fue presidenta municipal del terruño, Xicotepec. Y, este año, renunció al PRI y se incorporó a la 4T por la vía del Verde Ecologista, en alianza con Morena y el PT como candidata (luego triunfante) a diputada local (https://goo.su/I4MFI).

Tales son los puntos de referencia para el próximo titular de Migración federal, que no tiene ninguna experiencia en el ramo. Céspedes fue diputado local por el PRI, presidente municipal por MC, PAN, PRD y un partido local. En 2021 brincó a la 4T para ser diputado local y, a la muerte de Miguel Barbosa, fue vertiginosamente designado como sustituto (tema que ayer denunció con despecho político la viuda de Barbosa, ahora diputada federal por Morena). Hoy, Céspedes rinde su último Informe de gobierno. El 14 de diciembre tomará posesión del INM.

México SA

Impuestos para la guerra // Responde Moscú con misil // Netanyahu, genocida

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

¿De qué ha servido el barril sin fondo que ha significado el financiamiento estadunidense –más la asesoría militar– al payasito de la televisión ucraniana, Volodimir Zelensky? De nada, por lo visto, toda vez que hasta el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reconoce que hemos proporcionado tanques, F-16, lanza cohetes Himars, misiles Patriots, Atacms (y mucho más), pero han tenido poco impacto y no hay un solo sistema de armas que marque la diferencia en el campo de batalla ( La Jornada). A confesión de parte, relevo de pruebas.

Los contribuyentes estadunidenses deben estar felices al saber que una parte de sus impuestos terminan en el Palacio Mariyinski, donde supuestamente despacha Zelensky y mafia que lo acompaña, y no se utilizan en su país para sacar de la pobreza a uno de cada cinco niños, a una de cada 10 personas de la tercera edad ni a 12 de cada 100 que carecen de seguridad alimentaria, por citar sólo algunos indicadores. Qué decir de las necesidades internas en materia de salud, vivienda, educación, empleo y tantas más.

No, para eso no hay dinero, porque una gruesa rebanada de esos impuestos sirve para financiar la onerosa industria bélica estadunidense, la guerra (no sólo en Ucrania) y los intereses geopolíticos de la Casa Blanca, aunque en los hechos, como reconoce Sullivan, no ha servido de nada, salvo para empujar a la humanidad a la tercera guerra mundial.

Ucrania ya utilizó los misiles estadunidenses de largo alcance Atacms (y los autorizados por Francia y Gran Bretaña) en contra de territorio ruso, y ayer el Kremlin hizo lo propio contra instalaciones del complejo industrial de defensa en territorio ucranio con un nuevo misil hipersónico no nuclear de medio alcance ( Rusia Today).

El mandatario ruso subrayó que fueron exitosas las pruebas con dicho misil (Oréshnik). En el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnepropetrovsk, fue atacado uno de los mayores complejos industriales (militares) conocidos desde la época de la Unión Soviética. Actualmente no existen medios para contrarrestar este tipo de armas. Atacan objetivos a una velocidad de Mach 10. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y el sistema de defensa antimisiles creado por los estadunidenses en Europa no los interceptan. Esto es imposible (ídem).

Moscú muestra músculo, y el poco impacto de las armas estadunidenses utilizadas en Ucrania se enfrentan a un poderío militar muy superior que no se detendrá hasta que alguien con sentido común inicie las negociaciones de paz. El propio Putin lo advierte: el conflicto regional (previamente provocado por Occidente) ha adquirido elementos de carácter global; (por lo mismo) Rusia se considera con el derecho de atacar instalaciones militares de aquellos países que utilicen sus armas contra ella.

Algo más dijo Putin: creemos que Estados Unidos cometió un error al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado. Hoy, no sólo fabrica este tipo de equipo, sino que ha resuelto la cuestión de transferir sus sistemas de misiles a diferentes regiones del mundo, Europa incluida. Rusia asumió voluntaria y unilateralmente la obligación de no desplegar misiles de alcance intermedio y corto hasta que no aparezcan armas estadunidenses de este tipo en cualquier región del mundo. No fue Rusia, sino Estados Unidos, quien destruyó el sistema de seguridad internacional, y al aferrase a su hegemonía empuja al mundo entero a un conflicto global. La cuestión del mayor despliegue de misiles de medio y corto alcance la decidiremos dependiendo de las acciones estadunidenses y sus satélites. En el filo de la navaja, pues.

Y en la escalada bélica que promueve Estados Unidos, los gobiernos europeos que a pie juntillas siguen las instrucciones de la Casa Blanca parecen dejar de lado que sus países serían los primeros y mayormente afectados en una confrontación bélica abierta, mientras el territorio estadunidense –al menos de entrada– se mantendría intocado.

Las rebanadas del pastel

Como llamado a misa, cada país asumirá según convenga a sus intereses, comenzando por Estados Unidos que de inmediato rechazó categóricamente la decisión: por crímenes de guerra y contra la humanidad, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura de los genocidas Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallan (además de ser penalmente responsables de la hambruna en Gaza y la persecución de los palestinos) y del líder de Hamas, Ibrahim Al-Masri. Peor, la masacre continúa.

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