Lo que dicen los columnistas

Combatir con fuego la “mexicanización” de Francia será como tratar de apagar un incendio con gasolina

Luego de décadas de haber dado el paso a la legalización en diferentes países, las cifras son formales: descriminalizar las drogas no aumenta su consumo, pero sí trae muchas ventajas. Una de ellas es restar votos a los partidos políticos que se nutren de la violencia.

Diego Legrand | Proceso

Hace un par de semanas, el ministro francés del Interior, el muy derechista Bruno Retailleau, declaró que su país estaba en vías de «mexicanización», luego de que estallaran en diferentes partes del país violencias entre bandas financiadas por el microtráfico. La solución, dijo, tiene que consistir en enfrentar a la criminalidad con mano dura.

En un momento en que el mundo ha llegado a un consenso sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, cabe preguntarse: ¿por qué insistir en una estrategia que ha dado tan pocos réditos? Nuestros países lo saben mejor que nadie: después de haber invertido millones de pesos en material bélico, de haber desplegado a la policía y a los militares en las calles y de haber lamentado cientos de miles de muertes y desapariciones, no sólo no han mermado los cárteles, sino que el negocio del narcotráfico está más floreciente que nunca.

En su respuesta a un derecho de petición enviado por medio del INAI, la Fiscalía General de la Nación informó que en 2022 fueron incautados 22 mil 787.77 kilos de metanfetamina en el país, contra tan sólo 747.37 en 2006 (¡un aumento de casi 3 mil por ciento). Y lo mismo pasó con el fentanilo, del que decomisaron 757.71 kilos en 2022 contra 0.45 en 2013. Es decir que en el caso de estas dos drogas sintéticas —cuyo mercado lidera México—, aumentó tanto la producción que hizo que estallaran las incautaciones a niveles nunca antes vistos. Esto, en respuesta a la demanda creciente de un mercado en el que “el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años”, según señaló la UNODC, la oficina de la ONU contra la droga y el crimen organizado en su informe de 2024.

¿Y qué hemos recibido a cambio? Estados fallidos mermados por la corrupción y la violencia y poco más.

Las ventajas de legalizar

En cuanto a la solución, se está abriendo un consenso sobre la necesidad de legalizar las drogas a medida que se ha ido desbaratando el viejo argumento conservador según el cual eso aumentaría su consumo. Hoy en día puede afirmarse claramente: no es cierto.

En Portugal, por ejemplo, donde se descriminalizó la mayoría de las drogas en 2001 —incluyendo cocaína y heroína— el consumo se mantuvo “por debajo del promedio europeo durante los últimos 20 años”, señaló la muy seria fundación Transform Drug Policy. Y no sólo eso, sino que después de subir ligeramente durante los cinco primeros años, se redujo en 2012 a niveles inferiores a los de 2001.

Pero incluso más cerca de nosotros, en Estados Unidos, de acuerdo con la UNODC, el aumento del consumo de cannabis fue similar en los estados en los que se legalizó de manera recreativa entre 2002 y 2022 —hoy son 24 de 50, casi la mitad del país— al de los estados en los que no se llevó a cabo.

A cambio, la legalización trae una multitud de beneficios. Para empezar, le quita un recurso a las mafias y trae impuestos al Estado. No es por nada que la mafia italoamericana floreció en los años 60 durante la prohibición del alcohol. La ilegalidad no hace desaparecer a los mercados, al contrario, crea poderosos negocios ilegales en los que la mercancía multiplica su valor y va directo a los bolsillos de organizaciones criminales, así como de autoridades, políticos, empresarios, comandantes y generales corruptos que las auspician.

Un kilo de cocaína vendido en alrededor de 2 mil dólares en Colombia puede alcanzar los 35 mil dólares en Estados Unidos, señaló en 2024 la plataforma especializada en crimen organizado Insight Crime. Lo que en 2017 representaba para “los cárteles mexicanos ingresos brutos anuales probablemente muy superiores a los 600.000 millones de pesos”, según indicó en una investigación el académico de la UNAM José Luis Calva. Una cifra que ya debe haber quedado ampliamente rebasada desde entonces. Todo ese dinero podría en su lugar ir a hospitales, a carreteras, a escuelas, a equipar mejor a la policía…

También vaciaría las cárceles y liberaría el sistema de justicia. En cifras absolutas, el narcomenudeo no es un delito que parezca particularmente relevante en el panorama nacional mexicano. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va de 2024, tan sólo se iniciaron 248 carpetas de investigación por narcomenudeo. Pero si se tienen en cuenta los otros delitos relacionados con el control del mercado de drogas —80% de los homicidios lo son, según la organización Semáforo Delictivo, citada por Animal Político— el panorama cambia por completo. En Portugal, la cantidad de prisioneros sentenciados por delitos relacionados con las drogas disminuyó de 40 a 15%, asegura la fundación Transform Drugs Policy.

En un momento en que las cárceles se han convertido en escuelas del crimen sobrepobladas, permitiría a la policía dejar de capturar al marihuanero de la esquina, ya no dejarse sobornar por el narcotraficante, grande o pequeño que necesita adueñarse de una plaza y está dispuesto a matar para eso, para concentrarse en los delitos que realmente afectan a la población: el asesinato, el robo, el secuestro, la extorsión. La legalización no tiene por qué ser una estrategia blandengue: al revés, puede ir de la mano con una mejor focalización del combate al crimen, en un país en el que la cifra negra de delitos no resueltos o no denunciados alcanzó 92,9% en 2023, según el INEGI.

Y eso nos lleva a la tercera ventaja de legalizar las drogas: permitiría controlar mejor el producto que consume la población adicta o la que lo usa de manera recreativa. Se reducirían las sobredosis y su importante peso para el sistema de salud. Permitiría organizar campañas más eficaces para quienes quieran dejar la adicción, con un acceso sencillo a los productos sustitutos.

Porque no hay que confundirse, si el Estado realmente quisiera preservar la salud de sus habitantes no legalizaría el alcohol, el tabaco o las grasas, que matan mucha más gente que la marihuana. En la escala de daños potenciales creada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el alcohol ocupa el tercer lugar, detrás del fentanilo y la heroína, muy por delante del LSD o el cannabis, que se sitúa en el último lugar de la tabla. Lo que define una droga no es su legalidad o su ilegalidad, es el efecto que hace en el cerebro, estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.

Matices

Ahora, no se puede simplemente legalizar así como así. Se tienen que realizar gigantescas campañas de prevención sobre los riesgos de las drogas en los sistemas educativos, y sobre su interés también. Si no fuera agradable, emocionante, nadie lo haría. De nada sirve mentir, lo que hay que hacer es explicarle a los jóvenes los verdaderos problemas que acarrea drogarse: cómo la adicción termina afectando su salud mental y física de diferentes maneras. Incluso la marihuana, que parece inofensiva, puede afectar horarios de sueños y de comida, causar pérdidas de memoria, de capacidad cognitiva, cáncer de pulmón —igual que el tabaco—, dientes amarillos, problemas de garganta, depresión… No es buena, no es mala, simplemente existe y hay que saber qué hace y qué riesgos acarrea para tomar la decisión racional de usarla o dejarla cuando se es adulto.

Quizá el último argumento que existe para prohibir la legalización es moral: consiste en decir que el Estado no puede vender ni autorizar la venta de productos que le hagan daño a su población. Pero ese se cae también por su propio peso. Primero porque de ser el caso no lo haría con el alcohol, el tabaco, las grasas, los azúcares, y luego porque, como quedó demostrado más arriba, los productos ya se venden en mercados ilegales. Si el consumo es similar en países en lo que es legal que en donde es ilegal, significa que la única diferencia es que cuando es ilegal se da ese dinero a mafias criminales en lugar de a un Estado que lo podría redistribuir y cuidar mejor la salud de sus consumidores. No dejemos que nuestros prejuicios maten a otros.

¿Que no se puede dar un paso adelante mientras no lo haga Estados Unidos?, ¿nada puede hacer México solo? He aquí una buena noticia: no estamos solos, Colombia y su presidente Gustavo Petro empujan con todo la legalización de la coca y la marihuana en el escenario internacional. De hecho, ya se logró un gran avance en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde en su discurso de apertura Ghada Fathi, directora ejecutiva de la UNODC, abordó por primera vez en 2024 la necesidad de atacar el problema desde una perspectiva de salud pública al reconocer el fracaso de las políticas de mano dura. A lo que siguió una declaración de 62 países en el mismo sentido, liderada por Colombia y la viceministra Laura Gil, como lo relata el periódico El Espectador. 

¿Y por qué seguir la estela de Colombia? Porque al igual que nosotros son los que más han sufrido con ese flagelo. Aunque Occidente, que antes sólo se llenaba las narices, está comenzando a vivir en carne propia el flagelo de la violencia incontrolable que aporta este gigantesco mercado ilegal: no sólo el de los consumidores que roban para conseguir su producto, lo que ya no tendría sentido si el sistema funcionara correctamente, sino el de los niños sicarios y los asesinatos con armas largas a plena luz del día.

Legalizar no es una solución perfecta. En los países que han legalizado las drogas sigue existiendo un mercado ilegal, mientras que el consumo puede aumentar durante un tiempo. Además de que si la legalización no favorece el autocultivo puede dar paso a gigantes industrias mortíferas, como la del tabaco o el alcohol, o la de la industria farmacéutica, que propició la venta de opiáceos que provocan ahora —junto con los ilegales— 80% de las defunciones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero hay que entender una cosa sencilla: si la extrema derecha sigue asegurando que la mano dura es la vía contra el narcomenudeo, a pesar de que ya ha demostrado su fracaso, es porque le trae réditos políticos. Entre más violencia hay, más vota la gente por ella. Aúpan el negocio porque les conviene, así se aseguran mantenerse en el poder. No seamos tan ciegos como para seguir comiendo el cuento que nos sirven, cuando todos los datos científicos nos demuestran lo contrario. En México fue el PAN el que impulsó la guerra contra el narcotráfico, pero no para mejorar las cosas, sino para favorecer al Cártel de Sinaloa. Eso ya quedó demostrado en Estados Unidos con la condena del “ex zar antidrogas” Genaro García Luna.

Mas el tiempo apremia. Hemos visto en México y en Colombia lo poderosos que se vuelven los grupos criminales que inician su trayectoria financiándose con el tráfico de drogas y que después de un rato ya no lo necesitan, porque poseen un control del territorio tal que ya disponen de otras rentas. El tráfico de migrantes —allí también le estamos ofreciendo un gigantesco negocio al narcotráfico al ilegalizar la migración— de fauna y flora, la minería ilegal de oro, la extorsión, los secuestros, etc. Son tantos ingresos a los que puede pretender un grupo que nace como una pequeña banda de tráfico de drogas, después de cierta etapa. Y una vez que los grupos crezcan a cierto nivel, ya no existirá marcha atrás. Lo mismo le pasará a Francia si decide seguir la senda de Bruno Retailleau.

Por eso es también que para legalizar hay que negociar con los ilegales. Sería imposible poner un coffee shop en Caloto, Colombia, o en Badiraguato, México, o en los barrios más calientes de Marsella, Francia, sin el aval de los cárteles que allí operan. La industria del narcotráfico emplea a miles de personas capacitadas en la siembra, química, transporte o uso de las armas que no se pueden dejar sin empleo sin esperar un estallido social o que se dirijan a otras fuentes de ingresos. Se tienen que incorporar las industrias ilegales a lo legal si se quiere pasar la página de la guerra fallida contra las drogas. Eso no significa ofrecerles impunidad, Colombia ha mostrado el camino para negociar una transición con grupos demasiado grandes para ser acabados por las armas. Las negociaciones son obligatorias y permitirían al Estado irse con todo contra los que no entren en ese acuerdo.

Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de que hablen de cosas positivas cuando hablen de la mexicanización de un país, y no sólo de la exportación de un modelo de violencia al que alimentamos ofrecerle un gigantesco mercado ilegal. Es tiempo de legalizar la droga, porque es la mejor solución de la que disponemos en este mundo imperfecto.

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Arsenal

Los otros datos y la utopía de Sheinbaum en la Cumbre del G20

Francisco Garfias | Excelsior

Saludamos la presencia de Claudia Sheinbaum en la Cumbre del G20. Por fin se abandona el principio obradorista de que la mejor política exterior es la buena política interior. Desde Enrique Peña Nieto, un presidente mexicano no asistía a esta cumbre. A López Obrador el mundo lo tenía sin cuidado. No la entendía y veía conspiraciones por donde quiera. En su debut en un evento con los principales líderes del mundo, la Presidenta se entrevistó con varios jefes de Estado, tuvo dos intervenciones en la Cumbre e hizo una propuesta difícil de concretar: establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar para llevar cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar 24 mil millones de dólares. La propuesta no empata con el recorte del 40% del presupuesto de medio ambiente en el paquete económico 2025. Eso le atrajo críticas en México. “Está demostrando con esto que el medio ambiente no es su prioridad… Candil de la calle…”, escribió en X el senador del PAN Marko Cortés.

* En su primera intervención, la presidenta Sheinbaum proyectó un país parecido a Dinamarca. Aparecieron los otros datos: “México es de los países menos endeudados de la OCDE, con menor tasa de desempleo, el salario mínimo aumentó más del doble en seis años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. “Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades”. De acuerdo al borrador de su discurso que distribuyó su equipo de prensa, Sheinbaum afirmó que en México hay democracia, hay libertades y se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye la paz. No habló del empoderamiento de los cárteles de la droga, que son dueños y señores en varias regiones del país, ni de los 220 mil homicidios dolosos y los 50 mil desparecidos que registra la 4T.

Tampoco mencionó la demolición del Poder Judicial autónomo, único contrapeso del Poder Ejecutivo, para instalar uno a modo, vía una elección popular de jueces, magistrados y ministros. Ya encarrerada, Sheinbaum propuso una utopía: reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para “democratizarlo”.

Ese órgano de la ONU está integrado por cinco miembros permanentes con poder de veto: China, Francia, la Federación de Rusia, Gran Bretaña y EU. Difícilmente las potencias aceptarán democratizar ese poderoso órgano de la ONU, cuyas decisiones todos los países miembros están obligados a cumplir. Hay también diez miembros no permanentes, cinco de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General para cubrir un periodo de dos años. No tienen derecho de veto.

Sheinbaum remató con una romántica propuesta: “Dejar de sembrar guerra, sembremos la paz y sembremos vida”.

Al G20 pertenecen 19 naciones y dos organismos regionales, representan el 85% del Producto Interno Bruto del mundo.

* Al margen de la cumbre de líderes del G20, la Presidenta de México se reunió con Joe Biden, presidente de Estados Unidos; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Xi Jinping, presidente de China; Emmanuel Macron, Francia, entre otros.

“Con el presidente Biden hablamos de la relación que existe y debe existir entre México y Estados Unidos, además de la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía”, escribió la Presidenta en su cuenta de X.

Lástima que Biden ya se va. El regreso de Trump a la Casa Blanca proyecta proteccionismo, expulsión masiva de migrantes y la muy posible renegociación del T-MEC. Los nombramientos en su gabinete anticipan un gobierno de mano dura.

Por lo pronto, Trump anunció que va a declarar como “emergencia nacional” su plan para la deportación masiva de migrantes. Planea usar tropas para perseguir migrantes indocumentados, según el New York Times. “Es verdad”, respondió Trump a un mensaje en redes sociales del activista conservador Tom Fitton que hablaba de la deportación masiva de ilegales. “Buenas noticias. Hay reportes de que la futura administración de Donald Trump se prepara para declarar emergencia nacional y utilizar activos militares para revertir la invasión de Biden a través de un programa de deportación masiva”.

* El presupuesto para 2025 sigue dando de que hablar. Hasta Elena Poniatowska, identificada con la 4T, lo cuestionó: “La serie de nombres que está en la cultura mexicana es infinita, es valiosa y es reconocida por todo el mundo. Por eso quitarle ese 30% a la cultura mexicana es muy grave”. Grave los recortes en salud, 30 mmdp, y en seguridad, 35 mmdp, según integrantes de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

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Juegos de poder

Sobre la deuda, intereses, gasto, ingreso y programas sociales en 2025

Leo Zuckermann | Excelsior

López Obrador incumplió su promesa de no contratar más deuda pública. Cuando tomó posesión como Presidente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más precisa de cuánto debe el gobierno, equivalía al 46% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con los datos que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Paquete Económico de 2025, este año cerraremos con una deuda de 51.4% como proporción del PIB, un incremento de 5.4 puntos porcentuales.

No parece mucho, pero es muchísimo, ya que cada punto del PIB mexicano representa aproximadamente 18 mil millones de dólares, así que el aumento de 5.4 puntos equivalen a unos 97 mil millones de dólares. Al tipo de cambio actual, estamos hablando de alrededor de dos billones de pesos.

51.4% de deuda como proporción del PIB recibió Claudia Sheinbaum de López Obrador. Según el Paquete Económico que el gobierno federal envió al Congreso la semana pasada, su intención es mantener este nivel de endeudamiento no sólo para el año que viene sino para todo el sexenio.

En otras palabras, el segundo gobierno de Morena está prometiendo lo mismo que el primero: un crecimiento cero de la deuda pública. Se trata de una propuesta responsable. Vamos a ver si se cumple.

Por lo pronto, a pesar de algunos supuestos francamente optimistas —como que el PIB crecerá entre dos y tres por ciento el año que viene—, el Paquete presentado al Congreso parece razonablemente sensato.

Por un lado, baja el déficit público medido en Requerimientos Financieros del Sector Público de una cantidad equivalente al 5.9% del PIB este año (el más alto desde 1989) a 3.9.

Aquí, el gobierno tenía un dilema. Sin lugar a duda, debía mandar el mensaje de que se acabó la fiesta de gasto público financiada con deuda en el último año de AMLO. Regresar a números razonables que permitan mantener la disciplina fiscal. Pero, por otro lado, tampoco podían mandarse con una reducción tremenda del déficit porque esto hubiera producido una recesión económica.

Hay que tomar en cuenta que el crecimiento del PIB se está desacelerando. Se espera que la economía mexicana crezca alrededor de uno por ciento este año y que el próximo esté un poco por arriba de eso: por ahí del 1.2 por ciento. De haberse apretado de más el cinturón, el gobierno hubiera generado que este escaso crecimiento se convirtiera en negativo. Y ningún gobierno del mundo quiere comenzar su primer año con una economía en retroceso.

En este espacio he argumentado que el gran poder que tiene este gobierno mejor lo hubiera utilizado para hacer una reforma fiscal. Una de fondo, con el fin de solucionar estructuralmente la escasez tributaria del Estado mexicano, que sólo recauda alrededor de 17 puntos del PIB. Pero, en lugar de eso, se embarcaron en la locura de la reforma judicial que, si bien les permitirá apoderarse del Poder Judicial, les causará muchos dolores de cabeza y hasta les complicará la posibilidad de recaudar más impuestos por la falta de incentivos de invertir en un país sin certeza jurídica.

La realidad es que no lo hicieron y punto. Ahora, ante la falta de una reforma fiscal y la obligación de detener el crecimiento del endeudamiento público, el nuevo gobierno deberá reducir su gasto que, de acuerdo con el paquete presentado, pasará de 9.4 billones de pesos en 2024 a 9.23 billones en 2025: una reducción de 1.9 por ciento.

Son casi 180 mil millones de pesos de recorte que se aplicarán en gasto corriente, pero, sobre todo, en inversión pública, que caerá en un 14% el año que viene.

Dos partidas llaman la atención en la propuesta de presupuesto. La primera es lo que ya representa el pago de la deuda. Es una barbaridad producto de haber incumplido la promesa de no endeudarse y hacerlo en un contexto de tasas de interés altas. El pago de la deuda crecerá en 8.5% en términos reales (quitando la inflación) entre este año y el que viene, al pasar de 1.23 billones de pesos en 2024 a 1.39 billones en 2025. Este desembolso representará alrededor del 15% de todo el gasto del gobierno federal.

La segunda partida interesante tiene que ver con los programas sociales. El gobierno de AMLO se gastó alrededor de 735 mil millones de pesos en éstos en 2024. Ahora, con Sheinbaum, esta cantidad se incrementará en cien mil millones de pesos para alcanzar los 835 mil en 2025. Esto ya incluye nuevos programas como ampliar la pensión de adultos mayores a mujeres de entre 60 y 64 años y una beca universal para niños en educación básica.

Sí, los programas sociales han sido tremendamente exitosos para ganar elecciones, pero cada vez cuestan más.

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Astillero

Golpe presupuestal a defensa ambiental // Aliento a depredadores // Van contra Sierra de San Miguelito // Ohuira: ¿irá la secretaria Bárcena?

Julio Hernández López | La Jornada

El proyecto de recorte presupuestal a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha preocupado a la nueva titular, Alicia Bárcena, según declaraciones que hizo la semana anterior. Hay razón para tal inquietud: en 2024 su presupuesto fue de 73.2 mil millones de pesos, y para 2025 se le han programado 44.3 mil millones; es decir, 25.8 mil millones menos, lo que significa 39.4 por ciento a la baja (https://goo.su/1FJ5B).

Una cercenadura presupuestal de esa magnitud implicaría reducir la posibilidad de cumplir diversos compromisos de índole internacional pero, sobre todo, de atender con eficacia la crítica situación nacional que se vive en la materia, con industrias extractivistas a la conquista ruda de más negocios y grupos del crimen organizado que fungen como depredadores por sí mismos o como sicarios contra defensores del medio ambiente y grupos ecologistas.

Las anunciadas penurias de la Semarnat alientan las expectativas revanchistas de grupos que durante la administración de López Obrador fueron contenidos en sus proyectos expansivos. En San Luis Potosí, por ejemplo, los empresarios que tenían todo listo para construir un lujoso fraccionamiento residencial en la Sierra de San Miguelito están reactivando a campesinos que les son afines para que apoyen un presunto resultado judicial que les permitiría retomar el proyecto.

La acometida inmobiliaria ha sido frenada en lo inmediato, pues este viernes estuvo en la capital potosina el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, para reunirse, durante más de seis horas, con ejidatarios y comuneros de la Sierra de San Miguelito que acusan a jueces de distrito y abogados en SLP de buscar la anulación del decreto presidencial que protege la zona.

Suárez Carrera aseguró que en conjunto, Semarnat, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Registro Agrario Nacional defenderán dicha sierra, así que no hay posibilidad de autorizar el cambio de uso de suelo en áreas de uso común, y mucho menos para proyectos inmobiliarios (https://goo.su/yqDC4L). Aun así, los intereses empresariales, con apoyo de instancias del gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo, creen posible vencer el compromiso del gobierno federal, sobre todo ante el debilitamiento presupuestal en la administración claudista.

Otro punto crítico está en la bahía de Ohuira, donde se han multiplicado las empresas que desean instalar plantas de producción. Ya no es solamente Gas y Petroquímica de Occidente (el proyecto original, apoyado por los tres niveles morenistas de gobierno), sino Pacífico Mexinol, Vista Pacífico NLG, Gasoducto Corredor Norte y Productos Pesqueros de Topolobampo.

Con el añadido de que el gobierno municipal de Ahome (al que pertenece la citada Bahía de Ohuira), a cargo del morenista Gerardo Vargas Landeros (fue secretario general de Gobierno con Mario López Valdez),  insiste en agudizar más el problema, porque aunado a todo este escenario (…) acaba de autorizar un nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde propone que el corredor Mochis-Topolobampo sea su vocación industrial, utilizando este instrumento para favorecer intereses particulares por encima del bienestar colectivo.

A las comunidades indígenas en resistencia ante estos proyectos nocivos no se les ha escuchado o abiertamente se les ha engañado: Luisa María Albores, cuando era titular de la Semarnat, prometió varias veces ir personalmente a la bahía de Ohuira a escuchar a los afectados y nunca cumplió; Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, también prometió e incumplió.

Ahora, el movimiento ¡Aquí No! y los nativos de Ohuira invitan a la secretaria Bárcena a que vaya allá y los escuche y atienda. Tal vez el presupuesto de Semarnat, aunque muy recortado, alcance para algún boleto de avión que permita a Alicia Bárcena ir a tomar el pulso de un problema candente.

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México SA

¿Tercera guerra en puerta? // Biden, despedida temeraria // Sheinbaum: sembremos paz

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En su marasmo mental, el belicista presidente estadunidense Joe Biden habría decidido despedirse de la Casa Blanca con una resolución que, de no tomarse las medidas necesarias, irremediablemente conducirá a la humanidad a la devastación. Como dijo Albert Einstein (al menos a él se le atribuye), no sé con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras.

El gobierno estadunidense ha violado todos los acuerdos con Rusia, comenzando con aquel de 1990 (pacto Baker-Gorbachov, y subsecuentes) de que la OTAN no avanzará ni una pulgada hacia el este europeo, pero desde entonces la Casa Blanca y sus títeres de esa zona geográfica decidieron avanzar no pulgadas, sino miles de kilómetros hacia las fronteras rusas a grado tal que la fuerza militar (misiles incluidos) de la Alianza Atlántica se ha posicionado a milímetros de dichas fronteras.

A Biden –con la industria militar feliz porque su caja registradora no deja de tintinear– no le bastó apoyar y alimentar –financiera, política y militarmente– al gobierno de Israel para el genocidio en Palestina, sino que violó todos los pactos y brincó todas las fronteras europeas hasta llegar a la rusa, lo que motivó la intervención militar de esta última nación en Ucrania. Y de cereza, hoy estaría dispuesto a iniciar la tercera guerra mundial, al autorizar al gobierno títere de Kiev el uso de misiles estadunidenses de largo alcance para golpear a Rusia.

Hasta ahora la Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido la decisión de Biden, y han sido las versiones periodísticas agarradas con alfileres (un funcionario estadunidense y tres personas familiarizadas con el asunto, según The New York Times) las que han corrido como reguero de pólvora. Lo mismo en el caso de Francia y Gran Bretaña que se habrían sumado a la citada decisión: tampoco se ha confirmado oficialmente, pero el periódico Le Figaro lo publicó en el mismo tenor.

Como parte del juego de las versiones encontradas, uno de los peones de la Casa Blanca (el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell) aseguró que los miembros de esa organización no han llegado a un acuerdo para permitir a Ucrania usar armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos dentro del territorio de Rusia, aunque dijo que el gobierno estadunidense ha autorizado a Ucrania el uso de misiles de hasta 300 kilómetros de alcance para atacar territorio ruso; es mejor que nada.

En el mar de contradictorias, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, “rechazó en rueda de prensa que su país hubiera actualizado su política sobre los ataques al territorio ruso. ‘Hemos dejado claro que siempre adaptaremos y ajustaremos las capacidades que proporcionamos a Ucrania cuando sea apropiado hacerlo, y nos han visto respaldarlo con las medidas que hemos tomado en los últimos años. Pero hoy no tengo ninguna actualización sobre esa política’”, según dijo (Rusia Today/ Sputnik).

De cualquier suerte, el presidente Vladimir Putin refrendó su postura: si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque con armas occidentales de largo alcance la parte profunda del territorio ruso, eso significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia, lo que significará, nada menos, que la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania. Esa es una implicación directa. De hecho, de tiempo atrás el mandatario ruso fijó esa posición, no sin antes plantear, desde diciembre de 2021: ¿qué pensarían los estadunidenses si, por ejemplo, decidiéramos desplegar misiles en sus fronteras con Canadá y México?

Por su parte, Donald Trump promete (¿?) un fin rápido a la guerra en Ucrania, pero el discapacitado Biden le heredaría una enorme papa caliente con nefastas consecuencias, en medio de un ambiente mundial de por sí caldeado.

Las rebanadas del pastel

Mientras unos insisten en espolear la tercera guerra mundial y la consecuente devastación del planeta, otros proponen destinar una parte del presupuesto bélico mundial a fines pacíficos y socialmente productivos. En la reunión del G-20, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó destinar uno por ciento del gasto militar mundial para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia, tomando como base el programa mexicano Sembrando Vida. Se trata, dijo, de dejar de sembrar guerras; sembremos paz y vida; con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social ayudando a las comunidades a salir de la pobreza.