Lo que dicen los columnistas

Mensaje directo

¿Llegamos todas?

Fabiola Guarneros Saavedra

Excelsior

Para tener a la primera Presidenta pasaron 71 años, desde que las mujeres lograron el derecho al voto y ser votadas, y el hecho histórico impone un reto desafiante para Claudia Sheinbaum: garantizar el acceso y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de todas las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianas, indígenas y afromexicanas de nuestro país.

¿Llegamos todas? No. México es un país violento para miles de niñas y mujeres que son forzadas a matrimonios pactados, a embarazos no deseados; sometidas a relaciones sexuales no consensuadas, vendidas o cambiadas por animales en las comunidades regidas por usos y costumbres, obligadas a realizar trabajos de esclavitud, golpeadas por sus padres, hermanos y parejas; violadas, asesinadas o desaparecidas.

En los Poderes de la Unión no están todas, pero tampoco están en las escuelas, universidades ni centros laborales; mucho menos tienen acceso a servicios de salud de primera calidad y a una vivienda digna.

Y ése es el reto para la primera Presidenta de México. ¿Qué hará por ellas en estos seis años? ¿Reconocerlas, atender sus demandas, garantizar sus derechos, empoderarlas? Millones (11.5) son jefas de familia y otras miles son cuidadoras, todas necesitan oportunidades de crecimiento y desarrollo para ellas, sus hijos e hijas, porque son el motor de eso que llamamos el núcleo de la sociedad.

Se estima que, hasta 2020, se contabilizaron más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años en un matrimonio o unión temprana en México, de los cuales 76% eran mujeres, lo que refleja que la mayoría de las uniones infantiles afectan de manera desproporcionada a niñas y a las adolescentes.

En México, las complicaciones relacionadas con el embarazo adolescente son la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 17 años.

Del primero de enero de 2013 al 13 de marzo de 2024, se registró la desaparición de 10 mil 595 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 51.8% eran niñas y adolescentes mujeres.

Entre 2015 y 2022, sólo uno de cada cinco asesinatos cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres se clasificó e investigó como feminicidio

Entre 2015 y 2023 se contabilizaron cuatro mil 630 mujeres víctimas de trata de personas en nuestro país, de las cuáles, mil 787 (38.6%) fueron niñas y adolescentes mujeres.

En ciberacoso, 92% de las víctimas de material de abuso y explotación sexual infantil son niñas y adolescentes mujeres.

En 2022, 45.9% de las mujeres menores de 18 años vivía en situación de pobreza, mientras que 92.9% de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales eran niñas y adolescentes, al igual que 88.6% de las víctimas de violencia familiar. Estos datos reflejan una falla sistemática en la protección de los derechos fundamentales de las niñas que nos debe preocupar a todas y todos.

Otro dato, 21.2% de las niñas no tiene acceso a una alimentación adecuada y 42% carece de acceso a los servicios de salud.

Las víctimas de todas las formas de violencia viven con miedo, que paraliza su capacidad de actuar y tomar decisiones, priorizando la supervivencia por encima de su bienestar y desarrollo.

“Vivir bajo la sombra de la violencia es una manera drástica de despojar a las niñas de su poder, tanto individual como colectivo”, alerta Save the Children en su investigación titulada Recuperar el poder de las niñas y adolescentes en tiempos de mujeres transformadoras.

“Ver a una mujer al frente del país es un mensaje poderoso para las niñas: ellas también pueden liderar, tomar decisiones y cambiar el rumbo de su vida, de su comunidad”, advierte el colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres, que invita a reflexionar:

“Imagina no poder ir a la escuela porque tienes que realizar trabajos domésticos o porque te han obligado a casarte siendo apenas una niña. Esta es la prisión en la que viven miles de niñas en nuestro país, un ciclo de pobreza e injusticia que debemos romper. No podemos permitir que vivan un destino que no eligieron”.

Este gobierno que va por el segundo piso de la 4T, ¿cimentará la transformación del entorno económico y social de las mujeres? ¿Le apostará a su preparación académica, social y política? ¿O hará como que no las ve ni escucha? ¿Las preparará para el relevo político o cederá ante el heredero del sistema patriarcal?

Número cero

Sheinbaum, la oportunidad de la diferencia

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Claudia Sheinbaum ha dedicado el arranque de su gobierno para sacar adelante las reformas del plan B que Andrés Manuel López Obrador dejó pendientes. Esa decisión política, justificada en la voluntad popular, dejará huella indeleble de una Presidencia que aún sin asentarse emprende una carrera solitaria de continuidad de la 4T, profunda e incierta, con la inminente desaparición de los órganos autónomos.

Aun así, se asoman nuevos estilos de ejercer el poder, que ella pareciera entender como impartir órdenes y esperar que se cumplan a la mayor brevedad, incluso tratándose de temas refractarios y complejos, y no necesariamente de su agenda. Así ocurrió con la reforma judicial en los primeros 15 días del sexenio, que suma contratiempos y amenazas legales. Y ahora otra en puerta, que cambiará el rostro del Estado con una política de recentralización de funciones de agencias constitucionales, como la Cofece, el Coneval o el Inai en el gobierno.

El primer problema de su discusión es verse esculpida en piedra con posiciones en blanco y negro de la dicotomía de los contrapesos o su muerte en el gobierno. Pero la evidencia para borrarlas de un plumazo no es clara, aunque en todos se motive en racionalizar recursos o la emancipación del poder económico. Algunos funcionan mejor o peor que otros, pero sus estructuras seguirán costando aún sin autonomía, porque sus funciones no se esfumarán, y no en todos dejará mayor independencia estatal ante la IP.

En el mundo hay diversas experiencias para definir su naturaleza, no todos son contrapesos, menos en México. Tampoco necesitan la misma estructura para evitar su captura, pero aquí se ponen en un mismo costal pese a diferentes condiciones de funcionar. Por ejemplo, el combate antimonopolios exige mayor autonomía para blindar a la Cofece de la presión política y de las empresas que debe regular; mientras que la tarea del Inai podría reorganizarse, por ejemplo, en la nueva Secretaría Anticorrupción, siempre que contara con tribunales administrativos para obligar a cumplir su mandato.

La decisión apresurada y sin análisis suficiente de la información no ayuda a redefinir el perfil de los órganos especializados, sin certeza clara que disipe dudas ni pruebas determinantes de su fracaso. Al Coneval se le reconoce eficacia para medir la pobreza y al INE en organizar elecciones; otros, como el IFT, no han podido abrir el mercado de telecomunicaciones. Por supuesto es una anteojera ideológica creer que la autonomía es igual a eficacia o que perderán sentido sin una “ciudadanización” simulada, pero también defender que bajar su costo conduce a erradicar la desigualdad.

En el fondo el tema es rehén de la polarización que ve su liquidación como oportunidad de derribar el “mito” de la modernización neoliberal del Pacto por México de 2013 del PRI y el PAN como prueba del compromiso de sus políticas con empresarios e inversores, que, ciertamente, se diluyó sin dar mayores resultados a la gente y los que amenazan con la idea de que sepultará la confianza, enojará EU y violará el T-MEC, y debilitará al Estado. Olvidan que ellos propiciaron que perdiera fuerza al abandonar la creación de un servicio profesional de carrera que contrarrestará el uso del Estado como “botín” de grupos políticos.

Pero llevarlos al patíbulo como trofeo contra el neoliberalismo también perjudica banderas tradicionales de la izquierda como la lucha antimonopolio en un país con altísima concentración de mercados. Por eso la pregunta clave es conocer los criterios de Sheinbaum para la reconfiguración del poder público, aunque la reforma venga de su antecesor.

Si bien en ninguna parte del mundo es posible tener un debate sin ideología, es necesario elevar su nivel por encima de consignas y chantajes. Para la Presidenta puede ser una oportunidad para mostrar, como intentó con la reforma judicial al final del sexenio pasado, de mostrar otro talante en la forma de gobernar alejada de las fórmulas de suma cero. Éste es el terreno para enseñar el sello de una científica y política de izquierda en la toma de decisiones a partir de la evidencia y apertura a la escucha real, que evite tirar al niño al agua sucia para causas de izquierda como la libertad de expresión y la lucha antimonopolio al calor del debate ideológico.

La justicia es una tómbola

Rolando Cordera Campos

La Jornada

Ingeniosos, como presumimos ser los mexicanos, hemos aportado a las reglas de operación de la democracia la figura de la tómbola; curioso método que apela a los caprichos de los dioses del azar. Además, para que no haya duda de nuestro ingenio, la inauguramos precisamente en los dominios de las leyes y la indispensable impartición de justicia. En el Senado de la República donde todo se ha vuelto hazaña histórica.

“El día de ayer, escribe Enrique Quintana (“La justicia se fue a… la tómbola”, El Financiero, 12/10), tuvimos uno de esos episodios que darán vergüenza (…) En una tómbola se seleccionaron los jueces y magistrados (…) (con cargo al) azar para determinar quién conserva su trabajo (…) Igualmente, resulta incoherente que se piense que este proceso es un remedio contra la corrupción”.

Por lo visto y oído, la multicitada reforma judicial tiene que ver más con muchas confusiones y desorden mental en las alturas y menos con el afán de hacer de la justicia una práctica cotidiana en nuestra violenta realidad. Ni la reforma es resultado del mandato popular del 2 de junio, como una y otra vez se nos reitera, ni la credibilidad, el buen funcionamiento, la lucha contra la impunidad y la aplicación pronta y oportuna de las leyes puede derivarse de … una tómbola. Tampoco, que se sepa, hay evidencias claras de que la elección popular sea garantía de respetabilidad o de capacidad.

Las elecciones son un instrumento necesario del sistema democrático, pero no la fuente única de su contenido ni sus principios. Tampoco tienen qué decir de la calidad ética de las personas.

Pensar que la mejora a la justicia tiene que ver con prisas y que puede hacerse aprisa, en un desaseado proceso legislativo sofocado por el agandalle mayoritario es, por decir lo menos, una ingenuidad, cuando no un abuso de poder. Por esa premura, atribuida al presidente López Obrador quien buscaba ajustar las cuentas con la Suprema, se han privilegiado formas y actos propios de la carpa sin pensar en las consecuencias sobre la credibilidad, el respeto de las instituciones y, desde luego, de la política.

¿Cómo es posible que una tómbola se convierta en mecanismo de decisiones que se dicen democráticas?; sin duda, lo sabemos de memoria, el apego al poder obnubila miradas y mentes, pero en cualquier otro contexto o país la puntada del despido presidencial provocaría, al menos, cierto rubor. De autores y auditorio. Pero aquí no pasa nada, porque así se ha decretado.

Cada quien en y a lo suyo, porque todos los actores políticos están demasiado ensimismados en sus asuntos y pasan por alto que entre sus misiones centrales está, justamente, darle un sentido racional a la política o, al menos, intentarlo. Y darle y darnos un respeto fundamental sin el cual no puede haber comunidad, mucho menos democracia y deliberación.

El absurdo invade las esferas de la vida pública. La chocante y vacua solemnidad de los rituales del pasado cambia pero solo para mantenerse. ¿Podemos decir hoy, cuando se nos ha demostrado que la vida no es sino una tómbola, que la reforma judicial es “(…) una posibilidad sin igual de (…) construir un nuevo Poder Judicial democrático, sensible y con vocación de servicio”?, como apuntó la ministra Lenia Batres Guadarrama (La Jornada, 13/10).

Es verdad que carecemos de un verdadero sistema de procuración y administración de la justicia porque sus fallas y carencias siguen siendo muchas, pero la reforma impuesta y sus métodos más aparentes no nos permiten hablar de una transmutación milagrosa donde tendremos, de la noche a la mañana, un poder incorruptible, autónomo, libre de cualquier sospecha.

Entender y atender de manera integral el clamor de la sociedad contra el aumento imparable de las violencias y las inseguridades es urgente y no sólo por elemental ejercicio del gobierno sino porque a querer o no la manera en que se aplica, o no, la ley es una extensión de discurso político, del mensaje de los gobernantes y de los sentimientos y convicciones de los gobernados.

En el camino para construir un poder judicial ágil y expedito, transparente, abierto a la ciudadanía, con los recursos materiales y humanos para poder llegar a todas las regiones del país, respetuoso de los derechos humanos, con juzgadores y defensores capacitados y bien pagados, hace falta mucho más que una azarosa y humillante votación. Requerimos voluntad y disposición a cooperar para (re)construir una cultura democrática apenas estrenada pero desde ya sustentada sobre los pilares de una sociedad moderna, plural, participativa. En suma, construir lo que no se quiso hacer al elaborar y poner a votación la reforma. El nuevo gobierno arranca sin un verdadero acuerdo entre los poderes de la unión y de estos con el resto de los mexicanos. Y así, por más buena voluntad que hayamos generado en la elección y después, no puede gobernarse.

Pero hasta aquí hemos llegado. Y nos va a doler.

La Constitución de 1824

Felipe Ávila *

La Jornada

El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, acta de nacimiento de nuestro país como República Federal.

La Independencia de México se logró por una alianza entre realistas e insurgentes que pusieron fin a una guerra civil de 11 años sin que ninguno de los dos bandos pudiera imponerse al otro. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba lograron el apoyo de la mayoría de los jefes realistas e insurgentes y obtuvieron el respaldo de las distintas provincias, por lo que fue posible consumar la Independencia el 27 de septiembre de 1821.

Sin embargo, la guerra de Independencia había transformado la realidad económica, política y social de lo que hasta entonces era la Nueva España. La economía estaba en bancarrota. Las provincias habían adquirido una gran autonomía política y militar durante la guerra; las autoridades militares y políticas, así como las élites locales no estaban dispuestas a perder los poderes que habían alcanzado y cederlos al nuevo Estado nacional. La corona española no reconoció la independencia; las presiones y amenazas de reconquista fueron un riesgo constante.

En esas condiciones, la monarquía constitucional negociada para consumar la Independencia pronto mostró su fragilidad por el conflicto entre el Congreso e Iturbide, quien, apoyado por el ejército y el alto clero, presionó al Congreso para que lo nombrara emperador. El Imperio de Iturbide representaba una desviación del proyecto político de Hidalgo, Morelos y Guerrero expresado en los Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán, que establecían un gobierno republicano. Las provincias también expresaron su desacuerdo. Centroamérica, la antigua capitanía general de Guatemala, se separó de México.

Surgió un conflicto entre los partidarios de la monarquía, las élites españolas y criollas y los antiguos insurgentes, quienes optaban por una República. Dentro del Congreso, Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arispe, Mariano Michelena y Miguel de Santa María, impulsaban instaurar una República. Iturbide disolvió el Congreso, lo que en lugar de resolver el conflicto lo agudizó. Varias provincias quisieron separarse de la nación y ser independientes. En diciembre de 1822 Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria se levantaron en armas para establecer una República. El 1º de febrero de 1823 un nuevo levantamiento militar conocido como el Plan de Casa Mata, expresó los deseos de autonomía regional y la exigencia de un nuevo Congreso Constituyente. Iturbide tuvo que abdicar. Se convocó a un nuevo Constituyente. Ante la amenaza de que se desintegrara la joven nación, se eligió un nuevo Congreso en agosto de 1823 en el que formaron dos bloques, uno federalista, encabezado por Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías, y otro centralista, representado por Carlos María Bustamante y con una postura intermedia sostenida por Servando Teresa de Mier. Este congreso redactó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que estableció un régimen de República federal, con estados soberanos en su régimen interior.

La Constitución, promulgada el 4 de octubre de 1824 tiene una gran importancia histórica, pues fue el triunfo del ideal insurgente de constituir una República federal. Fue la derrota de los monarquistas, defensores de los privilegios y fueros del ejército y de la Iglesia. Reafirmó la independencia de España y el principio de soberanía popular, definió el territorio de México, la forma de gobierno como una República representativa, popular y federal. Estableció la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Legislativo se compondría de dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Especificó cómo se elegirían los representantes populares y las facultades que tendrían, entre ellas, la de sostener la independencia nacional; conservar la unión federal de los estados; promover la ilustración; garantizar la libertad de imprenta; fijar los impuestos y aprobar los tratados de paz y amistad, entre otras. Definió también las facultades del presidente, entre ellas, la de ejecutar las leyes y decretos para conservar la integridad de la Federación; nombrar a los jueces entre una terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia; disponer de las fuerzas armadas terrestres y marítimas; declarar la guerra; cuidar que la Suprema Corte, los tribunales y juzgados administraran correctamente la justicia. La Constitución también estableció que la Suprema Corte estaría formada por 11 ministros, que serían elegidos en votaciones abiertas en cada uno de los estados el mismo día en que se eligieran las legislaturas. En cada estado se elegirían 11 ministros cuya lista se remitiría al Congreso federal. Los diputados federales harían el cómputo, resultando electos quienes obtuvieran el mayor número de votos del número total de las legislaturas. Asimismo, la Constitución fijó las obligaciones de los estados de la Federación, entre ellas, la de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Federación.

La Constitución de 1824 estableció principios republicanos y democráticos que siguen vigentes. Garantizó la unión de nación mexicana, la independencia, la libertad, la República federal, la división de poderes, la libertad de imprenta, principios enarbolados por la generación de hombres y mujeres que hicieron la independencia.

• Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.