Reforma constitucional: el valor de las suspensiones de juzgadores de distrito
La cuestión que se plantea en una parte de la opinión pública es si dichas resoluciones deben ser obedecidas hasta que una instancia judicial superior las confirme o revoque, particularmente en un contexto inédito, cargado de emotividad y polarización.
Ernesto Villanueva | Proceso
Diversos jueces de distrito han dictado resoluciones con el propósito de suspender o posponer la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia judicial, mediante la figura jurídica de las suspensiones. Dichas resoluciones tienen como objetivo evitar la ejecución del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. La cuestión que se plantea en una parte de la opinión pública es si dichas resoluciones deben ser obedecidas hasta que una instancia judicial superior las confirme o revoque, particularmente en un contexto inédito, cargado de emotividad y polarización, que obstaculiza un análisis sereno y ponderado, de ahí la oportunidad y pertinencia de abordar el tema. Veamos.
Primero. El principio de legalidad y la supremacía constitucional son pilares fundamentales del sistema jurídico mexicano, los cuales imponen a las autoridades la obligación ineludible de actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Este deber adquiere una relevancia particular cuando se enfrentan a resoluciones judiciales inéditas (entendidas, pero no justificadas por la desesperación de la inmensa mayoría de los juzgadores de que se asiste a un cambio de régimen afortunadamente por la vía pacífica, pero que les afecta su estatus actual) que, de manera manifiesta, contravienen los principios contenidos en el orden jurídico vigente. En tales casos, las autoridades responsables están obligadas a abstenerse de ejecutarlas. Esta conducta se inscribe dentro de la defensa del Estado de derecho, la jerarquía normativa y el respeto a la soberanía popular, valores consagrados en la Constitución. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Esto implica que cualquier decisión judicial debe ajustarse estrictamente al marco normativo vigente. Si una resolución judicial vulnera este principio, la autoridad responsable está obligada a defender la legalidad mediante la no ejecución de esta. El principio de legalidad exige que los actos de autoridad tengan un sustento jurídico sólido, evitando que decisiones arbitrarias o contrarias a la Constitución se materialicen en actos ejecutivos. Además, el artículo 133 de la Constitución consagra la supremacía constitucional, al establecer que la Constitución es la ley suprema de la nación, por lo que todas las normas, incluidas las resoluciones judiciales, deben subordinarse a ella. En este contexto, ¿cómo se puede justificar que la voluntad popular expresada en las urnas y materializada por los legisladores electos deba quedar supeditada a una resolución judicial notoriamente contraria a derecho? ¿Cómo subordinar la potestad del pueblo que tiene “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, según reza el artículo 39 de la Carta Magna a la decisión indebida de un juzgador?
Segundo. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo establece de manera categórica la improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas constitucionales, lo que significa que ninguna autoridad jurisdiccional está facultada para ordenar la suspensión de una reforma aprobada conforme a los procedimientos previstos en el artículo 135 de la Constitución. Este precepto resulta fundamental para garantizar que las decisiones del Poder Reformador de la Constitución no sean obstaculizadas por mecanismos judiciales que, en casos como el analizado, se estarían utilizando de manera indebida y donde paradójicamente el poder reformado (el Poder Judicial tanto el Federal como los locales) reclama, en suma, que no puede haber una reforma constitucional si ésta no cuenta con su expresa anuencia. Si un juez ordena la suspensión de una reforma constitucional, dicha orden carece de validez jurídica, y las autoridades no están obligadas a cumplirla, ya que su ejecución implicaría una violación al referido artículo 61 de la citada ley y al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. Cumplir con una orden judicial que vulnera la Constitución genera la nulidad absoluta de dicho acto. El principio de legalidad no es una simple garantía procesal formal, sino una condición esencial para preservar el Estado de derecho. En consecuencia, las autoridades están obligadas a no ejecutar órdenes judiciales que sean manifiestamente contrarias a la ley, ya que su cumplimiento implicaría un acto ilícito, porque de no ser así, en la lógica del absurdo, la autoridad legítimamente surgida de la voluntad popular expresada en las elecciones (el Poder Reformador de la Constitución) estaría convertida en rehén de una autoridad judicial designada actuando en contra de sus propias facultades legales, animada por la afectación de sus propios intereses personales y donde, por ello mismo, es al mismo tiempo juez y parte, existe un claro conflicto de interés y dirime en su seno sus propios casos lo que resulta ajeno por entero al derecho y al mínimo de ética cuyas reglas la SCJN estaría incumpliendo con esta ruta de enfrentamiento creciente con la 4T donde no habrá de salir avante.
Tercero. En concreto, no esperar a impugnar una orden judicial manifiestamente ilegal, y optar por no obedecerla, encuentra fundamento en las razones que a continuación se expresan: a) El artículo 133 de la Constitución Mexicana establece que la Constitución es la ley suprema y ninguna disposición contraria a ella tiene validez. Si una orden judicial contradice la Constitución o una ley no tiene efectos jurídicos. Si la autoridad ejecuta dicha orden, estaría vulnerando la supremacía de la Constitución. Al no obedecer la orden ilegal, la autoridad está protegiendo la Constitución y asegurando que no se comprometa su integridad; b) El artículo 16 de la Constitución exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado en la ley. Una orden judicial que no cumpla con este requisito debe ser tratada como un acto nulo desde su emisión. El incumplimiento de ese mandato viciado de origen es una forma de proteger el principio de legalidad en tiempo real, evitando que se materialicen actos ilegales; c) A nivel internacional, el principio de no obediencia a órdenes manifiestamente ilegales está bien fundamentado en tratados y convenciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1º) refuerza el deber de las autoridades de proteger los derechos fundamentales, lo cual incluye el rechazo de órdenes ilegales que puedan vulnerarlos. No es necesario- insisto- esperar a que una instancia superior (que también está afectada de un clarísimo conflicto de interés) determine la ilegalidad de una orden si ésta es claramente inconstitucional e ilegal donde el ejercicio de ponderación es el derecho del pueblo (artículo 39) vs derechos de los juzgadores a mantener sus condiciones de acceso a los cargos y sus prestaciones ajenas por entero a las existente para el servicio público; d) No obedecer una orden judicial ilegal de inmediato no es una cuestión de desobediencia o desacato, sino de defensa del Estado de derecho. Tengo la absoluta convicción- y veremos en los hechos- de que la reforma constitucional seguirá con todo y sus vacíos y limitaciones. México no será por ello expulsado de la ONU, no habrá ruptura de relaciones con EU y Canadá, no habrá una rebelión social en defensa del PJF, tampoco el Ejército hará causa común ni el país dejará el T-MEC.
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Nudo gordiano
10 años: la herida abierta
Yuriria Sierra | Excelsior
Han pasado 10 años desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la conciencia de México. Una década después, las promesas de verdad y justicia de dos administraciones presidenciales han quedado en gran medida incumplidas, dejando a las familias de los normalistas y a la sociedad mexicana en un limbo de incertidumbre y dolor.
La noche de los hechos, los estudiantes fueron atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado, cuando se dirigían a la Ciudad de México para conmemorar la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968. Lo que siguió fue una cadena de eventos confusos, versiones contradictorias y una investigación plagada de irregularidades.
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó inicialmente la llamada “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El GIEI señaló graves fallas en la investigación, incluyendo la manipulación de evidencias y la tortura de sospechosos para obtener confesiones.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 trajo nuevas esperanzas. AMLO prometió resolver el caso y crear una comisión de la verdad. En 2020, se anunció el hallazgo de restos óseos identificados como pertenecientes a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43. Sin embargo, los avances significativos han sido escasos.
En 2022, el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, calificó los hechos como un “crimen de Estado” y señaló la participación de autoridades de diversos niveles. Pero éste también ha sido cuestionado por inconsistencias y por basarse, en parte, en conversaciones interceptadas cuya autenticidad no ha sido verificada.
La investigación ha enfrentado obstáculos constantes. Figuras clave como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, huyeron del país para evitar ser procesados. Otros, como el exprocurador Jesús Murillo Karam, fueron detenidos, pero su proceso legal ha avanzado lentamente.
Los padres de los 43 mantienen una lucha incansable por la verdad. Sus marchas, plantones y demandas de justicia sostienen el caso en la conciencia pública. Sin embargo, la frustración y el desencanto han crecido con cada año sin respuestas concretas. Organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH han criticado repetidamente la falta de avances sustanciales en el caso. En 2018, la ONU denunció que había “fuertes elementos de tortura” en la investigación inicial, mientras que la CIDH ha instado constantemente al gobierno mexicano a intensificar sus esfuerzos para esclarecer los hechos.
El caso Ayotzinapa ha expuesto las profundas deficiencias del sistema de justicia mexicano y la compleja red de complicidades entre autoridades y crimen organizado. Ha puesto de manifiesto la crisis de derechos humanos que vive el país y la impunidad que prevalece en casos de desapariciones forzadas.
Diez años después, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta: ¿Dónde están los 43? ¿Quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de su desaparición? ¿Por qué fueron atacados?
La tragedia de Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de las más de 100 mil personas desaparecidas en México, según cifras oficiales. Representa la lucha contra el olvido y la impunidad, y un recordatorio de la deuda que el Estado mexicano tiene con sus ciudadanos en materia de justicia y seguridad.
A una década de distancia, el caso Ayotzinapa sigue siendo un desafío pendiente para México. Representa no sólo la búsqueda de 43 jóvenes, sino la búsqueda de un país donde la verdad y la justicia no sean promesas vacías. Mientras las familias esperan respuestas, la sociedad continúa exigiendo el esclarecimiento de este oscuro capítulo de su historia reciente.
El caso de los 43 no es sólo sobre el pasado, es del tipo de futuro que México quiere construir, uno donde tragedias como ésta no vuelvan a repetirse y la justicia no sea una excepción, sino la norma.
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Arsenal
Importa un comino que el rey no haya contestado la carta de López Obrador
Francisco Garfias | Excelsior
A estas alturas, las disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista de México por la Corona española –hace más de cinco siglos– es lo de menos. Seguro estoy que a la aplastante mayoría de los mexicanos no les agravia que el rey Felipe VI de España no le haya respondido a López Obrador la carta en la que le exige disculpas por la “tremendamente violenta” incursión de Hernán Cortés en lo que hoy es la República Mexicana.
A los mexicanos más bien les ofende la incompetencia de un gobierno que presume –basado en datos no comprobables– una disminución de homicidios, desapariciones, asaltos en carreteras, secuestros. Al pueblo que dicen defender le indigna que las Fuerzas Armadas se vean rebasadas por la incontenible violencia en la que viven hoy –no hace 500 años– hombres y mujeres, niñas y niños, a causa de la ineficaz política de abrazos, no balazos. ¿Pruebas? Los homicidios dolosos en el sexenio de López Obrador rondan los 200 mil; los desaparecidos 50 mil. Todo un récord.
Ése ha sido el alto costo de la citada estrategia de seguridad de la 4T que, inexplicablemente renunció al monopolio legal del uso de la fuerza que tiene el Estado para hacer valer las garantías individuales. Abrazos, no balazos que los criminales tomaron como licencia para matar.
*La próxima Presidenta de México –toma posesión el 1 de octubre– no tuvo empacho en declarar que fue la ausencia de respuesta a la carta que López Obrador le envió al monarca español la que evitó la invitación al rey Felipe VI. “No es un agravio al Presidente. Es un agravio al pueblo de México”, declaró. Y en sus redes sociales escribió:
“Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales”, puntualizó.
* Sobre el tema platicamos con el diputado del PAN, Homero Niño de Rivera. Nos dijo: “Yo no creo que en México nadie se sienta agraviado. No entiendo a qué responde este arrebato de López Obrador”. Platicamos también sobre la decisión de Sheinbaum de no invitar a Felipe VI a su toma de posesión.
¿No son vientos de maximato? Preguntamos.
—¡Híjole! No veo al Presidente agarrando la línea roja y tomando decisiones de gobierno. Pero sí creo que, inercialmente, toda la gente que está alrededor de Claudia, que es muy cercana a López Obrador, va a estar allí influyendo mucho.
“No creo, como muchos creen, que vaya a romper con López Obrador, de ninguna manera lo veo. Ni siquiera como una posibilidad”, aseveró.
* El nombramiento del exgobernador panista y hoy senador de Morena, Javier Corral, como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara alta, provocó comentarios en los corrillos del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Al diputado priista Alejandro Domínguez, originario de Chihuahua, le parece un “despropósito” esa designación. Dijo: “Corral es un hombre que multiplicó la persecución en Chihuahua. Abrió muchos expedientes, pero no hay ninguno que esté con sentencia condenatoria. Lo que hicieron fueron juicios agregados, porque la gente, ante las presiones y tortura de que fue objeto, accedió a un juicio abreviado. Pero no hay una persona sentenciada. “Ni el exgobernador del estado (César Duarte) ha sido sentenciado. Está bajo proceso, pero no está sentenciado. Tiene una sentencia política que Corral le dio, pero no hay una sentencia jurídica”,
Domínguez particularizó en el caso de Cristopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI, detenido y acusado de delito de peculado agravado por 2.6 millones de pesos.
“Barousse ganó en un juzgado de primera instancia, ganó la apelación, ganó el juicio de amparo. Ahora promueve una acción para reparar el daño moral que sufrió por esta persecución de Javier Corral”, puntualizó.
*El Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), es el nuevo operador del IMSS-Bienestar. Ya tiene representación en 24 estados y, para diciembre, espera tenerla en las 32 entidades.
Es una agrupación gremial a la que se identifica con el oficialismo. “Nos han llamado el sindicato de la 4T. Representamos el sindicalismo aliado con su institución”, nos dice el doctor Ricardo Cotero, líder de ese sindicato.
En Simesa no se llevan bien con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que encabeza Marco Antonio Ayala, que es algo así como el SNTE, pero en materia de salud.
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Astillero
Pues, ¿qué esperaba el tal rey? // Desprecio a demanda de disculpa // Piden a Claudia giro por 43 // Recomponer, no hostigar
Julio Hernández López | La Jornada
No es infundado ni extravagante que México haya demandado a España la emisión de una disculpa pública por los abusos cometidos durante la colonización. Hay razones históricas probadas y antecedentes de otras naciones que han exigido y obtenido desagravios públicos. Por ello, el presidente López Obrador informó en marzo de 2019: envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Esa exigencia, llanamente desatendida por el jefe de Estado del reino de España, el rey Felipe VI, es el telón de fondo de que la invitación a la toma de posesión de Sheinbaum se hubiera enviado sólo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, y no al monarca hispano.
Cierto es que no corresponde a ningún gobierno extranjero calificar las formas de gobierno que cada nación se imponga, y en circunstancias ordinarias se debió haber invitado al mencionado rey en cuanto la Constitución hispana lo define como jefe de Estado (la simple mención del cargo, y del aparato parasitario y mercantil que le acompaña, genera repulsa en este tecleador, además del cochambroso y delictivo expediente del antecesor, Juan Carlos, padre de Felipe VI).
Pero, en el caso, no se trata de una intromisión en el régimen hispano (una monarquía parlamentaria), sino una forma de protesta contra la figura protocolaria de mayor importancia en ese régimen por la grosería y el menosprecio de no atender ni responder de manera adecuada la exigencia del mandatario mexicano. Y, a fin de cuentas, más allá de estos diferendos diplomáticos e históricos, están a salvo los intereses empresariales españoles (bancos, construcción, comercio), con grandes beneficios económicos, mayores incluso que en su matriz.
Más de 350 académicos, intelectuales, artistas, activistas y periodistas (entre los que se incluye al autor de esta columna) firmaron un pronunciamiento:
“Hoy, al terminar el sexenio, en el caso Ayotzinapa NO HAY VERDAD NI JUSTICIA. Por ello (…) demandamos a la presidenta electa:
“–Un compromiso renovado para restablecer las investigaciones con una fiscalía consensuada con las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos que los acompañan, para retomar las pesquisas interrumpidas tras la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo.
“–El cese inmediato del hostigamiento mediático desde la Presidencia hacia las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos.
“–El firme compromiso de verdad y justicia por parte del nuevo gobierno, para asegurar que los responsables, civiles o militares, sean llevados ante la justicia, sin exoneraciones políticas ni mediáticas, hasta que las investigaciones concluyan.
“–Retomar el proceso de Ayotzinapa como una cuestión de Estado, indispensable para la democracia, el estado de derecho, el combate a la impunidad y, en particular, para la memoria, la verdad y la justicia.
“–Y La entrega inmediata de los 800 folios militares relativos a la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas.”
También se señala que la indignación por los 43 desaparecidos no es sólo por este caso, sino por las miles de personas desaparecidas que hay detrás de ellos. También se mencionan las comisiones e instancias creadas por la actual administración federal, y consideran “importante destacar el reconocimiento de las desapariciones forzadas en Iguala como un crimen de Estado.
Sin embargo, a partir de 2022, estos avances comenzaron a revertirse, descarrilando el proceso de investigación y deteriorando la relación entre la Presidencia y las madres y padres de los 43. En especial las investigaciones se entorpecieron cuando se hizo visible el papel del Ejército. El listado completo de firmantes puede revisarse en: https://goo.su/68nAPAi , y quien lo desee puede sumarse con su firma en: https://goo.su/dBwjB.
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México SA
Felipe, persona non grata // No más oro por espejitos // Fuera racismo y soberbia
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Con profunda tristeza, cabizbajo y desconsolado, el pueblo mexicano se ha enterado que quien dice ser rey de España por obra y gracia de Franco, Felipillo VI, no vendrá a México a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y no lo hará por una sencilla, pero poderosa razón: nadie lo invitó. Él tiene todo el tiempo libre del mundo, dado que, como monarca–al que nadie eligió–, no hace nada salvo cortar listones, jugar a los soldaditos y hacer negocios propios o a nombre de sus trasnacionales (como su padre), pero como no fue requerido hizo berrinche y envió a su mandadero, Pedro Sánchez, disfrazado de dirigente socialista, a declarar, junto con el partido de la derecha, que es inaceptable la exclusión del susodicho de la citada ceremonia, como si en realidad su presencia hiciera falta. Qué calamidad, con lo entusiasmado que estaba.
¿Y por qué no lo invitaron? Sencillo: como país, necesitamos respeto de parte del Felipillo. Eso es todo, dijo la presidenta Sheinbaum. Además, porque no respondió, como habría correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales, a la carta que le envió de manera personal el presidente López Obrador el 1º de marzo de 2019, donde le solicitó que su país pida perdón por los agravios cometidos a los pueblos indígenas ( La Jornada, Alma Muñoz). En síntesis, España no agravió a AMLO; agravió al pueblo de México.
Titular del Poder Ejecutivo a partir del próximo martes, subrayó que para su gobierno el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la grandeza cultural de México; la relación entre ambos países se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera (ídem).
En marzo de 2019, el presidente López Obrador confirmó públicamente que envió cartas al tal Felipillo y al papa Francisco para iniciar un proceso de reconciliación rumbo a los 500 años de la conquista de Tenochtitlán a partir de que se pida perdón; que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios; que la corona española haga este reconocimiento y lo mismo la Iglesia católica, porque no se trató sólo del encuentro entre dos culturas. Fue una invasión y se cometieron actos de avasallamiento, se asesinaron a miles durante todo este periodo; aunque se niegue, hay heridas abiertas. Es mejor reconocer que hubo errores.
Pero el tal Felipe estaba muy ocupado jugando a las colonias, y no contestó (lo que sí hizo el papa Francisco), pero sí tuvo tiempo para filtrar a la prensa la citada carta, dijo ayer López Obrador. Es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español, estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió, de manera respetuosa, que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país, y no hubo respuesta; pero no sólo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México. Debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles, hacer a un lado el racismo, la prepotencias, la arrogancia.
El tal Felipe recién cumplió una década en la beca … perdón en el puesto, y junto con los gobiernos de izquierda y derecha se ha dedicado a proteger a buena parte de la escoria política mexicana (Salinas, Calderón, Peña Nieto), y es la cara visible de una monarquía corrupta e hija de Franco. Pero todavía hace berrinche.
Entonces, como dicen en su tierra, que al rey le den por culo.
Las rebanadas del pastel
Luisa María Alcalde es resultona y efectiva: desde el pasado 3 de septiembre a la Secretaría de Gobernación le cancelan, progresivamente, el servicio de Internet ¡por falta de pago! Adeuda cerca de 64 millones desde enero de 2024, lo que entorpece en grado sumo la entrega-recepción por el cambio de gobierno. Mientras, la susodicha se placea por su nuevo hueso.
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Balance de 6 años
Balance y desafíos
Orlando Delgado Selley | La Jornada
Ha llegado al final la primera administración federal de la 4T. Es posible hacer un balance ponderado del funcionamiento de la economía. Este balance necesario, además, establece la base para plantear algunos desafíos que enfrentará la nueva administración en su periodo de gobierno y, particularmente, en el primer año. Por supuesto, la primera cuestión es que en el sexenio de AMLO la economía mexicana enfrentó una crisis derivada del covid, que afectó a todos los países, aunque en diferente medida.
Salvo este hecho absolutamente impredecible y cuyas consecuencias son conocidas, ha habido estabilidad en todas las variables macroeconómicas. No hemos tenido sobresaltos relevantes. El primer asunto a considerar en este balance es el comportamiento del PIB. En esta materia las metas no pudieron cumplirse: AMLO planteó que creceríamos en el sexenio a una tasa promedio anual de 5.3 por ciento. Con el crecimiento esperado al cierre de este 2024 de 1.7 por ciento, el crecimiento del PIB en el sexenio será de apenas uno por ciento. Consecuentemente, el PIB per cápita se estancó o incluso retrocedió ligeramente. De modo que tenemos que señalar que el pastel apenas creció.
El segundo asunto relevante es cómo se distribuyó ese pequeño crecimiento del producto y, de manera más general, cómo se distribuyó lo que produjo la economía mexicana. La cuestión es cómo se distribuyó el pastel. La información relevante remite a la distribución del ingreso. La más reciente ENIGH, con información de 2022-2016, muestra que la desigualdad se redujo significativamente. La relación entre los ingresos del 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre en 2016 fue de 20.75, es decir, ese año los más ricos tuvieron un ingreso promedio 20.75 veces mayor que el de los más pobres. En 2022 se redujo a 14.96 veces. Hubo una mejoría significativa de la distribución del ingreso.
La muy importante reducción observada se debe a que aumentaron los ingresos de los más pobres al pasar de 3 mil 713 pesos mensuales a 4 mil 470, un incremento de 20.37 por ciento. En cambio, el ingreso del 10 por ciento más rico disminuyó: de 77 mil 75 pesos en 2016 a 66 mil 898 en 2022, una reducción de 13.2 por ciento. El aumento del ingreso no ocurrió solamente en el 10 por ciento más pobre, el decil I, sino también en el decil II, III y IV, es decir en el 40 por ciento más pobre del país. Utilizando otro indicador relevante de la desigualdad, la tasa Palma que indica que la relación del ingreso promedio entre el 10 por ciento más rico y el 40 por ciento más pobre debiera ser de uno para que hubiera una distribución equilibrada: en 2016 esta relación fue de 2.6 y en 2022 se redujo a 1.99. De modo que el pastel que produce nuestra economía ciertamente creció muy poco, pero se distribuyó mejor. De nuevo es clara la conclusión: el pastel se distribuyó menos inequitativamente.
En este mejor reparto de lo que produce el país la política pública fue decisiva. Mejoró la distribución del ingreso porque aumentaron los salarios mínimos más de 100 por ciento en términos reales, los programas sociales prioritarios distribuyeron entre la población recursos que crecieron 131 por ciento en términos reales. A esto debe agregarse un elemento que no deriva de una decisión pública: las remesas recibidas por las familias de nuestros migrantes. Este proceso redistributivo pudo lograrse sin comprometer las finanzas públicas. En los primeros cinco años se mantuvieron las metas establecidas para el déficit fiscal y para la deuda pública.
Otro indicador para hacer el balance económico es el déficit fiscal, que se había mantenido en niveles manejables los primeros cinco años, creció significativamente en el cierre del periodo sexenal, llegando a 5.9 por ciento del PIB. Aquí el gobierno de AMLO deja un problema relevante, que obliga a tomar una decisión importante para 2025: ¿el paquete económico propondrá una consolidación fiscal que lo reduzca a 3.5 por ciento del PIB?, o bien, ¿se reducirá el déficit fiscal pausadamente comprometiendo un 4-4.5 por ciento? El tema indica una decisión económica mayor: ¿la política económica para 2025 buscará estimular una economía que crecerá uno por ciento para llevarla a 1.5-2.5 por ciento?, o bien ¿se privilegiará la consolidación fiscal prevista, aunque haya una recesión?
Esta decisión se complica porque en el cambio de gobierno se están confrontando dos visiones para la conducción económica La que señala que hay que avanzar concretando el plan C y la que indica que hay que frenar para tranquilizar a los autodenominados mercados. Todo indica que nos moveremos por el primer rumbo, pero eso veremos si se concreta en el paquete económico 2025.
