La evolución de las solicitudes de acceso a la información en México
La tendencia por hacer más solicitudes seguirá al alza, por lo cual el INAI debe continuar sus labores. Que nuestros derechos estén por encima de cualquier tendencia política.
Julieta del Río * | Proceso
A lo largo del tiempo se ha recibido un número creciente de solicitudes de información, que hasta el presente mes acumula poco más de 9 millones 800 mil. Para tener una mejor idea de este crecimiento, basta mencionar que del 2015 (año en que surge formalmente el INAI con autonomía) hasta el 2023 se han presentado 209% más solicitudes.
En el histórico, podemos observar que en 2003 se registraron 22 mil 903; en 2004, 35 mil 43; un año después 45 mil 444; para 2006 54 mil 401 solicitudes; 2007 cerró con 92 mil 643; 2008 con 131 mil 523; 2009, 240 mil 593; el 2010 con 251 mil 683; en 2011 278 mil 541 solicitudes; 280 mil 566 en 2012; y para 2013, 306 mil 152. Como podemos ver, hay un aumento gradual y sostenido, gracias a que la sociedad va haciendo suyos estos derechos.
El 2014, año de la reforma en materia de transparencia, marcó un mayor crecimiento en solicitudes, debido a la autonomía y fortalecimiento del ahora INAI así como sus pares locales en las 32 entidades: 2014 cerró con 334 mil 648; 2015 con 365 mil 878, 2026 con 559 mil 997; 701 mil 300 en 2017; 707 mil 582 en 2018; 942 mil 590 en 2019; para un descenso de 735 mil 425 en 2020 y 854 mil 279 en 2021 (debido a la pandemia); 2022 regresó la tendencia a la alza con 1 millón 110 mil 597; 2023 con 1 millón 131 mil 41, y en lo que llevamos de 2024 existen 702 mil 289 solicitudes de acceso a la información y protección de datos.
Toda esta información se encuentra alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta herramienta, que está bajo mi coordinación desde que asumí el cargo de comisionada, ha desarrollado diversas mejoras e incluso una nueva reingeniería que presentaremos el próximo 17 de septiembre. Presentaremos un entorno que facilitará a los usuarios el acceso a sus derechos a través de la inteligencia artificial y la experiencia de usuario.
Debido a que hay un mayor número de solicitudes de información como ya se mencionó, el INAI ahora ha tenido una mayor relevancia entre la sociedad mexicana. Esto se debe a que procesamos también un mayor número de casos cuando las instituciones no brindan la información a quien la solicitó.
En el histórico, las tres instituciones de las cuales recibimos mayor inconformidad por la entrega de información son el IMSS, la Cofepris y la SEP. Haciendo la comparación entre los recursos interpuestos por personas de enero a agosto de 2023 respecto al mismo periodo en 2024 se observa un crecimiento de casi 12%, lo cual enfatiza que sin la intervención del INAI tendríamos una mayor afectación al derecho de acceso en el país.
Finalmente, no quiero dejar de mencionar el reto que implica que más personas conozcan los organismos garantes y que en consecuencia impacte en un mayor número de solicitudes de información. Los datos más actuales que tiene el INEGI en la Encuesta Nacional de Acceso (ENAID) muestran que poco más del 25% de las personas buscan la información en los portales de transparencia.
Adicionalmente, el nivel de confianza en la información gubernamental es mayor al 60%. Retomo como ejemplo una de las obligaciones más consultadas en la PNT como los “Sueldos y salarios de funcionarios públicos” que cuenta con el 64% de confianza.
Este entusiasmo generalizado entre la sociedad por tener información de primera mano y fiable (incluso en los casos en que se les ha negado) nos ha permitido tener hasta un 64% de aprobación a la permanencia del INAI por parte de las personas encuestadas por un medio de circulación nacional.
La tendencia por hacer más solicitudes seguirá al alza, por lo cual el INAI debe continuar sus labores. Que nuestros derechos estén por encima de cualquier tendencia política.
* Comisionada del INAI.
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Arsenal
Avanza “democratización” del PJF al estilo 4T: no le muevan ni una coma
Francisco Garfias | Excelsior
La madrugada del miércoles se consumó en México uno de los mayores ataques a la división de Poderes de los que se tenga memoria en las últimas décadas.
Senadores de mayoría oficialista –con la ayuda de tres traidores y un desertor de la oposición– aprobaron la minuta de la reforma al Poder Judicial que manda a la calle a más de 1,600 juzgadores con el pretexto de que hay “mucha corrupción”.
Ése ha sido uno de los argumentos principales del Presidente saliente para justificar su capricho de imponer una reforma para elegir, por voto popular, a jueces, magistrados y ministros.
El otro argumento engañoso del autócrata es que la reforma va a “democratizar” el Poder Judicial al estilo de la 4T: no le muevan ni una coma.
La aprobación constituyó un revés para los integrantes del Poder Judicial, de la ministra presidenta Norma Piña para abajo. Es un golpe durísimo para quienes han hecho carrera judicial a base de esfuerzos.
* La magistrada Magda Carolina Alcalá, del noveno tribunal colegiado en materia administrativa en el primer circuito de la CDMX tiene 32 años de carrera judicial. Empezó como meritoria, fue actuaria. Hizo todo el recorrido hasta dónde hoy está.
Le preguntamos si ella se presentaría como candidata a magistrada, si le toca el primer recorte de 50%, anunciado para el 2025. “No, porque va en contra de mi convicción y mi compromiso con la independencia judicial. No es la ruta válida para designar una Judicatura federal que tiene tantas responsabilidades para con México y su pueblo.
¿Qué sigue para los integrantes del actual Poder Judicial? Insistimos. “La lucha seguirá. Ahora estamos ya en un movimiento de resistencia civil, pacífica, responsable, respetuosa, que no admite, ni admitirá, la demolición del sistema judicial actual, un sistema que se basa en la carrera judicial y el ascenso por méritos, pero también en la administración de justicia con base en la independencia judicial.
“Se ha integrado una coalición de grupos de personas juzgadoras; existe apoyo internacional y de buena parte de la sociedad mexicana. Hay una estrategia integral de acciones a realizar. Continuará la suspensión de labores, con atención a los asuntos urgentes. No nos vamos a rendir…”.
El dilema, según la magistrada, es preservar un democracia perfectible, pero democracia al fin, en lugar de aceptar un régimen autoritario y un Estado sin derechos, ni libertades.
Magda Carolina Alcalá se preguntó también qué va a pasar con la investigación que se abrió sobre el señor Zaldívar, “a quien no se le puede llamar ministro en retiro, porque él renunció”. La magistrada recordó que López Obrador hizo público que Zaldívar le echaba la mano con jueces que trataran asuntos de interés de su gobierno.
“Reconoció, en marzo de este año, que era muy fácil hablar con Zaldívar y que él hablaba con jueces para pedirles que matizaran, que resolvieran de cierta manera”, dijo la magistrada. Añadió: “Él, como cualquier persona, tiene a su favor la presunción de inocencia. Sin embargo, todo esto que se está gestando nos hace preguntarnos: ¿Qué va a pasar con todos esos actos que, de ser ciertos, resultan totalmente atentatorios de la independencia judicial?”.
* La reforma al Poder Judicial federal se aprobó con el voto a favor del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien ya comparan con Judas y con Santa Anna, y de los experredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo.
Pero también con la sospechosa ausencia del senador emecista Daniel Barreda, a quien sus compañeros naranjas ubicaban como detenido en Campeche, junto con su papá, para que no votara en contra de la reforma.
Pero él mismo desmintió la versión de su detención. Cuenta que estaba en la CDMX el martes por la mañana, listo para ir a la sesión del Senado, pero que le avisaron que su padre había sido detenido en Campeche y se regresó a su estado. “Tenía que venir a acompañarlo”, señaló. Eso fue lo que dijo, pero suena a justificación, dados los antecedentes. Fue el último de los 43 senadores de oposición que manifestó su postura en contra, antes de que la votara el Senado.
* Muy contento estaba el presidente López Obrador en la mañanera de ayer. No importa que el voto que inclinó la balanza a favor de la reforma judicial haya sido de Miguel Ángel Yunes Márquez. El senador fue expulsado anoche del PAN junto con su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los políticos que AMLO más detesta.
Cuestionado al respecto, AMLO respondió, no sin cierto cinismo: “Una golondrina no hace verano. Tengo diferencias notorias con él, como tengo diferencias con muchos otros. Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes”.
Sin rubor afirmó que no se negoció impunidad con los Yunes a cambio del voto a favor de la reforma. Varios integrantes de esa familia tienen órdenes de aprehensión.
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Razones
Reforma judicial: el espejo polaco
Se sigue insistiendo en el tema de la soberanía sin comprender que la misma está delimitada por nuestras leyes, pero también por los convenios y tratados que firma el país
Jorge Fernández Menéndez | Excelsior
La certidumbre jurídica es un factor clave para la convivencia entre las sociedades, las naciones y, por supuesto, también las inversiones. Una de las más notables consecuencias negativas de la reforma judicial es la incertidumbre que genera respecto a la independencia y autonomía del Poder Judicial e, incluso, respecto a su normal funcionamiento.
Se sigue insistiendo en el tema de la soberanía sin comprender que la misma está delimitada por nuestras leyes, pero también por los convenios y tratados que firma el país. Con Estados Unidos y Canadá tenemos un amplísimo tratado comercial, el T-MEC, que incluye varios capítulos sobre la autonomía del Poder Judicial, las garantías para inversionistas y la existencia de organismos autónomos.
Lo mismo sucede con la Unión Europea que tiene, además, todo un amplio capítulo de compromisos democráticos. Cumplir con esos compromisos que tienen fuerza de norma constitucional para nuestro país no es una simple decisión política: es una obligación si queremos que esos tratados perduren y se fortalezcan.
El beneficio que tienen los mismos para nuestro país es inconmensurable: simplemente no se entendería el México actual sin la entrada en vigor, en 1994, del TLC. Hoy somos, gracias al tratado continuado con el T-MEC, el principal socio comercial de Estados Unidos y hacia ese mercado va el 80% de nuestras exportaciones. Y Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchas otras instancias internacionales han expresado su preocupación por la reforma judicial y la pérdida de autonomía del Poder Judicial.
No es un tema menor o que se queda en expresiones públicas o diplomáticas. Polonia estuvo bajo el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea desde 2017 hasta unas semanas atrás acusada de violaciones sistemáticas de los valores fundamentales democráticos, de la separación de poderes y la violación a la independencia judicial.
El gobierno de ultraderecha del partido Ley y Justicia, derrotado en las últimas elecciones y reemplazado hace algunas semanas por una coalición liberal y de centro izquierda, estuvo enfrentado con Bruselas por los profundos cambios introducidos durante los ocho años que estuvo en el poder, en los que reordenó discrecionalmente los tribunales, reemplazó jueces y magistrados con decisiones políticas, intervino abiertamente en el Poder Judicial, frenando, con argumentos de presunta soberanía nacional, las leyes y normas de la Unión Europea. La reforma más controvertida y que detonó las sanciones fue la creación de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo para sancionar a los magistrados en función de sus veredictos.
Impulsar esa reforma del Poder Judicial implicó una multa de un millón de euros diarios para el gobierno polaco. El nuevo gobierno liberal está tratando de descongelar dos paquetes —unos de 75 mil millones de euros y otros de 35 mil millones de euros— de sanciones aplicadas por la Unión Europea a Polonia. Las multas fueron canceladas luego de la invasión de Rusia a Ucrania y de la elección del nuevo gobierno, que ahora ha comenzado a dar marcha atrás en forma acelerada a la reforma judicial impulsada por sus antecesores de extrema derecha que, por cierto, siguen conservando el control del tribunal superior.
La situación económica del país es delicada y es vulnerable ante reformas como la aprobada ayer. En las bolsas, sobre todo de Nueva York y particularmente de Madrid, hubo nerviosismo con las inversiones mexicanas por la aprobación de la reforma. La idea que han manejado sus especialistas es que hay que estar expectantes y, como sostuvo esta misma semana el Wall Street Journal, no avanzar con nuevas inversiones que pudieran ser controvertidas. El otro consejo es que se opte judicialmente por arbitrajes internacionales para controversias, en lugar de recurrir a tribunales mexicanos.
Por lo pronto, el gobierno de Texas ya comenzó a publicitarse como una alternativa a México para los inversionistas interesados en el nearshoring. Ofrecen impuestos mucho más bajos, un clima de seguridad pública mayor y, sobre todo, certidumbre jurídica para nuevas inversiones. Dicen contar con los beneficios de la frontera sin sus dificultades, inseguridades e incertidumbres. Contra eso debe luchar el próximo gobierno: recuperar la certidumbre no será sólo una acción de palabras y promesas.
Mientras tanto, la reforma sigue su bochornoso recorrido, ahora por los estados, con acciones escandalosas (el Congreso de Oaxaca fue convocado en la madrugada de ayer, a un par de horas de que se hubiera aprobado la reforma en el Senado, para que la ratificara; lo hizo en minutos y sin leer siquiera lo que estaban aprobando), con tomas de tribunas en las legislaturas estatales y con un paro de labores ratificado por los trabajadores del Poder Judicial.
NOMBRAMIENTOS
Ayer, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hizo nuevos nombramientos en su gabinete. Algunas llamaron la atención, como el de Octavio Romero Oropeza, nuevo director del Infonavit, después de la pésima gestión que tuvo en Pemex, donde logró ser, y vaya que debe haber sido un esfuerzo, el peor director de los muchos malos funcionarios que ha tenido esa paraestatal. Sorprendió también que Iván Escalante haya terminado en la Procuraduría Federal del Consumidor, sonaba para mucho más. Me gustaron las designaciones de Mariana Boy en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de Renata Turrent en Canal Once y de Rommel Pacheco en la Conade.
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México, SA
Derecha desesperada // Una derrota tras otra // Alito está muy triste
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Desesperada por la contundente derrota sufrida en el Congreso, la derecha autóctona y sus cabezas visibles –legisladores del McPrian, Norma Piña y sus ministros, las huestes golpistas que tomaron el Senado y conexos– no alcanza a digerir el golpe ni registra que todos sus cartuchos resultaron ser de salva: por mayoría calificada, aprobada está la reforma constitucional al Poder Judicial, con 86 votos a favor y 41 en contra.
De nada le sirvió el grotesco espectáculo que holgadamente financió y alimentó a lo largo de las últimas semanas (tampoco el que, institucionalizado, desató desde el inicio mismo de la actual administración), utilizando para ello otra malograda campaña mediática –banqueros y agencias calificadoras incluidos–, a servidores públicos que sólo quedaron exhibidos (aún más de lo que ya estaban), intelectuales orgánicos, legisladores de la Inquisición (a los que voten a favor, quémenlos y chínguenselos), estudiantes de los que una parte son los propios hijos de la derecha (otros ya entrados en años, que más parecen fósiles), personal del Poder Judicial en paro (pero que sigue cobrando) y jilgueros conexos.
Terca, pretende obviar que fue derrotada también en las urnas, pero insiste en su intento por recuperar lo perdido mediante presiones, chantajes y palos en la rueda, sin considerar que resulta ser muy poca cosa ante la dimensión de la victoria de enfrente. Ahora, la reforma aprobada tiene que ser avalada por no menos de 17 de los 32 congresos estatales, en el entendido de que 24 de ellos son morenistas, es decir, es un hecho que ese arroz ya se coció.
Por cierto, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, bien pudo ahorrarse un comentario totalmente desafortunado. Se manifestó contenta por la citada aprobación, por ser muy bueno para México, pues va a fortalecer la impartición de justicia y acabar con lo que queda del régimen de corrupción y de privilegios en el país. Sin embargo, resbaló al decir que la historia le reconocerá a Miguel Ángel Yunes Márquez por su voto informado en favor de la reforma. En los hechos, resulta imposible que la historia le reconozca algo distinto –a él y a su familia– que su oscuro historial en la política y en los negocios.
A su vez, Norma Piña, otra impresentable, quiso jugar con fuego y resultó tatemada. Decretó el paro en el Poder Judicial (pero todos siguen cobrando), soltó a su jauría, hizo cochinada y media, y de todas maneras no pudo detener la aprobación. ¿Qué hará? ¿Cuál será su siguiente andanada?, porque como bien lo señaló el presidente López Obrador, no hay un fundamento legal para detener la reforma a la Constitución, no existe.
De pasadita, el mandatario recomendó a Norma Piña y al resto de los ministros que actúen con responsabilidad, porque está como el que está en un pantano, en arenas movedizas: sigue caminando y se sigue hundiendo; pero el pueblo es mucha pieza.
No hay fundamento legal, subraya López Obrador, porque eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho; esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego, no faltan los intentos de querer violar las leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, la violan. Sólo por mencionar lo que cobran respecto de lo que establece el artículo 127, y no lo respetan, ellos que se presumen como garantes de la Carta Magna.
Pero como ya los conoce, hizo un llamado a la jerarquía del Poder Judicial: por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, la decisión del Poder Legislativo y que ayuden en la transición; ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial. De cualquier suerte, advirtió: “no dudo que la Corte pudiera dar entrada a un recurso… ¿Quién sabe hasta dónde están dispuestos a llegar?” De entrada, no olvidar el pronunciamiento público de la golpista Norma Piña: Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno.
Las rebanadas del pastel
Qué lástima: quien está muy triste –por ser un día trágico– es el impresentable porro Alejandro Alito Moreno, a quien le pegaron por todos lados: apabullante derrota en el Senado de la República y patada en el trasero en el Instituto Nacional Electoral, que le tumbó su descarada reforma estatuaria para perpetuarse en la dirigencia del tricolor. ¡Auch! ¿Y el papelón de Movimiento Ciudadano con su senador secuestrado? Sucio a más no poder, aunque del capo Dante Delgado y su monaguillo Jorge Álvarez Máynez no se puede esperar mayor cosa.
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Escenario 2025
Orlando Delgado Selley | La Jornada
Habiendo entrado a la recta final de la aprobación de la reforma judicial, se han expresado diversos posicionamientos sobre el posible impacto económico de su aprobación definitiva. No sorprende que se dé relevancia a opiniones que, si bien pudieran estar argumentadas, no tienen respaldo económico para sostener que la reforma mermaría la llegada de nuevas inversiones, restaría confianza a las industrias ya instaladas y tendría efectos inmediatos sobre el tipo de cambio y la calificación crediticia. Más fuerte aún es que en este campo opositor se advierte que habrá recesión el año próximo ( Reforma, Negocios, pp. 1 y 5).
Junto con estas opiniones adversas, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, organismo empresarial privado, declaró que los empresarios tienen certidumbre en México, saben que la reforma judicial es un proceso en curso y reconoce que no nos estamos dando un balazo en el pie, seguimos creciendo y seguiremos creciendo. Este contraste de opiniones pretende fundamentarse en hechos: los que anuncian una recesión señalan que se han perdido inversiones por 30 mil millones de dólares. El Consejo Empresarial mencionado les refuta: En 2023 el país captó 36 mil millones de dólares de capital foráneo y para 2024 se estima que supere 40 mil millones.
Entregando información para fundamentar la situación, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, ha indicado que “…tenemos registro de que sigue creciendo la inversión extranjera directa (IED)… no vemos ninguna afectación; sigue llegando IED”. Para mayor detalle, al cierre del primer semestre el flujo de IED alcanzó 31 mil 96 millones de dólares, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2023. La parte mayor de este flujo es reinversión de utilidades (30 mil 288 millones de dólares), lo que evidencia que empresas extranjeras con operaciones en México confían en el país; por eso reinvierten parte de sus utilidades para expandir sus operaciones.
De modo que lo que hay son opiniones que carecen de fundamento real. Esta manera de alterar la realidad se radicalizó luego del 2 de junio. Hubo muchos sorprendidos, no por la victoria de Morena en la elección presidencial, sino por el abrumador respaldo a la política de la 4T. Haber obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en más de 22 congresos estatales y una cifra muy próxima a ella en la de Senadores asustó a las empresas que asesoran a inversionistas nacionales y extranjeros. Recomendaron a sus asesorados modificar sus posiciones en pesos cambiándose a dólares y haciendo líquidas sus inversiones en bolsa. Se generaron, en consecuencia, efectos obvios: la paridad se modificó por el incremento de la demanda.
Estas primeras respuestas al resultado electoral se convirtieron en estrategias más generales con el fin de impedir la reforma judicial. Intervinieron nuevos actores, como el embajador estadunidense y las empresas asesoras, autollamadas el mercado; construyeron un escenario en el que, primero, había que tratar de impedir que las mayorías calificadas se concretaran en ambas cámaras; luego movilizaciones y paros, incluso estudiantiles; volver a convocar a la marea rosa. Si nada de esto impedía la reforma, el paso siguiente es amenazar con desestabilizar la economía y provocar un momento recesivo. En ese momento estamos.
Este es el escenario actual. El gobierno entrante tiene que asumir los cambios en el entorno nacional, los intentos de radicalizar la resistencia a los cambios constitucionales siguientes, respondiendo en diversos ámbitos. Lo que esté claro es que se modificó la perspectiva inmediata. A quienes intentan resistirse no les importa que actores económicos relevantes nacionales y extranjeros mantengan su visión de que México sigue siendo económicamente atractivo y que, por ello, hay que seguir reinvirtiendo utilidades y hacer inversiones adicionales. Las respuestas gubernamentales ya se están planteando. Se tiene que dar en el ámbito político y en el económico.
En este último terreno, en el Paquete Económico 2025, que tiene que entregarse a la Cámara de Diputados muy pronto, tendrán que verse las consideraciones presupuestales en un entorno con diferencias respecto a lo que se esperaba hace algunos meses. La construcción presupuestal próxima incorpora decisiones presupuestales del lado del gasto público, así como el propósito de reducir el déficit fiscal a 3.5 por ciento del PIB, lo que indica un programa de consolidación fiscal. La primera decisión es insoslayable; en la segunda pudieran reconsiderarse las medidas a instrumentar para reducir el déficit. Se abre una ventana de oportunidad en materia fiscal que debiera aprovecharse.
