Lo que dicen los columnistas

Mayoría calificada: ¿85 o 86 senadores/as?

El debate sobre el número exacto de senadores necesarios para lograr una mayoría calificada no se trata simplemente de cómo se aplican las reglas de redondeo, sino de la esencia misma de la representación democrática.

Ernesto Villanueva | Proceso

El número necesario de senadores presentes para configurar una mayoría calificada de dos tercios en el Senado de la República ha capturado la atención pública. Para algunos dirigentes de Morena, el número es 85, argumentando que las dos terceras partes corresponden a 85.34 y debe redondearse hacia abajo. Sin embargo, la tradición hasta ahora ha sido que el número debe ser 86. Este debate es crucial, pues está en juego una reforma de gran calado que redefinirá el rostro institucional del país, especialmente en el ámbito judicial. Por ello, es oportuno reflexionar sobre este tema.

Primero. El debate sobre el número exacto de senadores necesarios para lograr una mayoría calificada no se trata simplemente de cómo se aplican las reglas de redondeo, sino de la esencia misma de la representación democrática. Las dos terceras partes representan un mínimo requerido para decisiones clave, como las reformas constitucionales, y no deben verse como un límite máximo. Es, por el contrario, el mínimo, el punto de partida desde el cual se debe garantizar un consenso amplio, que en cuerpos colegiados como el Senado de la República resulta crucial para la legitimidad de decisiones de gran trascendencia. El principio de supermayoría busca garantizar mayor representatividad y evitar que decisiones de alto impacto se tomen con una base mínima de votos. Como señala Melissa Schwartzberg en su obra Counting the Many: The Origins and Limits of Supermajority Rule, las supermayorías se implementan para asegurar estabilidad y apoyo, cuando el consenso o la unanimidad no son alcanzables. Este principio, utilizado en la historia legislativa y en muchos cuerpos colegiados, implica que el redondeo debe ser hacia arriba, asegurando que se cumpla completamente con el umbral requerido, lo cual otorga mayor legitimidad al proceso y a los resultados. Además, Robert’s Rules of Order, un manual que influye en el Congreso de Estados Unidos y sus congresos locales, a la pregunta de si el Senado tuviera 101 senadores, las dos terceras partes seguirían siendo 67 (como ahora donde son 100 senadores) responde que debe redondearse hacia 68 para que se cumpla con el mínimo de las dos terceras partes.

Segundo. El número de 85 senadores, aunque aritméticamente próximo, no es suficiente para cumplir con los estándares internacionales de representatividad y respaldo en votaciones críticas por las siguientes razones:

1. En la experiencia parlamentaria comparada, cuando se presentan fracciones en los votos requeridos para una supermayoría, el redondeo se hace hacia arriba. Ejemplos de esto se observan en el Parlamento Europeo y en el Congreso de EU; b) Cumplir con 86 votos no sólo satisface el requisito del artículo 135 constitucional de México, sino que también le otorga mayor legitimidad a la votación. Reducir el umbral a 85 votos podría generar dudas sobre la validez del proceso, afectando la estabilidad política y la percepción internacional sobre la calidad del sistema democrático mexicano; c) El Poder Legislativo no tiene la facultad de interpretar la Constitución. Cualquier intento del Senado o la Cámara de Diputados de redefinir los requisitos constitucionales, como la mayoría calificada, implicaría una intromisión en las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generando un conflicto de competencias como, tampoco –lo apunté aquí en mi entrega anterior– la SCJN tiene facultades para legislar. Hay que respetar todo el principio de separación de poderes dispuesto en la Constitución; y d) Con 86 votos se asegura una representación equitativa de las minorías, garantizando que las decisiones de gran impacto no sean tomadas únicamente por la mayoría, sino con un respaldo más amplio, lo cual brinda mayor sustento jurídico de la votación. El objetivo debe ser asegurar que las decisiones que redefinen la Constitución y la estructura del país cuenten con el mayor apoyo legislativo posible.
2.  

Tercero. Es fundamental que la razón prevalezca sobre la emoción, especialmente en un contexto de polarización creciente en el país. Alcanzar una mayoría calificada en el Senado no es sólo un ejercicio matemático, sino un acto de responsabilidad política. Para lograr los 86 votos, la tarea de la mayoría no debería enfocarse únicamente en la imposición de su voluntad. El verdadero reto es construir un consenso mínimo que fortalezca el tejido democrático del país. Esto implica desplegar estrategias de convencimiento y persuasión política razonables. Cada voto adicional que se consiga mediante el diálogo, la negociación y el entendimiento mutuo reforzará no sólo la reforma en cuestión, sino la legitimidad del propio Senado como institución representativa. Renunciar a hacer política –entendida como la búsqueda de acuerdos y soluciones comunes– sería un error que podría debilitar la capacidad del Senado para articular reformas de largo plazo. Perder la oportunidad de construir una mayoría sólida y representativa significaría sacrificar lo esencial por lo inmediato. El Senado, en su calidad de órgano deliberativo, tiene el mandato de actuar con responsabilidad histórica en temas de gran trascendencia, como las reformas constitucionales. Dejar que las diferencias políticas obstaculicen el proceso solamente servirá para profundizar la polarización y la fragmentación institucional. Por ello, la mayoría debe asumir el reto de demostrar que la política sigue siendo el espacio privilegiado para resolver las diferencias y construir para bien del interés público con una política incluyente.

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Sextante

Consuelo

Federico Reyes Heroles | Excelsior

De la ponzoña de una araña, qué decir de una víbora, los efectos son inmediatos. Pero cuando las sociedades se envenenan o se les envenena, los efectos perversos no se anuncian así, tardan en aparecer. El reflexivo –se envenenan– viene al caso porque los prejuicios centenarios, o la captura mental de una fe, o la simple ignorancia, pueden causar en los seres humanos efectos devastadores. En su más reciente libro –El arte de ser humanos–, Rob Riemen relata las huellas del veneno fascista circulando en la Holanda de la postguerra. Ese fascismo –el nazismo al centro, aunque no el único–, como la humedad, penetró vertical y horizontalmente a muchas sociedades. Hoy resurge.

Después de seis años de cultivar el odio cotidianamente desde el poder, sería anormal que no hubiera efectos. Una legisladora panista, al calor de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, lanzó la consigna de que si un senador –colega suyo– votara a favor “merecía ser linchado” y que lo agarren a “chingadazos”. Se trata de un representante popular del más alto nivel. A lo que hemos llegado, ¡cero pedagogía política! El país está envenenado, basta con ver las descalificaciones presidenciales en contra de jueces, magistrados y ministros. Podridos, cretinos, descarados, parte de la mafia etcétera. Hay ciertas palabras altamente ponzoñosas: privilegiados, casta, enemigos del pueblo –sea esto lo que sea– “golpistas”. La sociedad mexicana ha normalizado lo que debiera ser motivo de escándalo. Como diría el clásico, la única intolerancia válida es contra los intolerantes.

En 2023 apareció en México el más reciente libro de Michael Ignatieff. Se trata de un ensayo valiosísimo que lleva por delatador título En busca de consuelo. Vivir con esperanza en tiempos oscuros. Para aquellos que por el título duden de alguna vinculación religiosa, vale recordar que Ignatieff, sólido filósofo, fue líder del partido liberal canadiense e incluso compitió para primer ministro. Es además gran difusor de Isaiah Berlin. En este texto Ignatieff explora autores del mundo clásico como Cicerón oMarco Aurelio y de ahí a los de Marx, Camus, Mahler o Anna Ajmátova. El hilo conductor es aparentemente sencillo: qué significado ha tenido el consuelo para cada quién. Es apasionante y está bellamente escrito.

La sociedad mexicana está rodeada de miedos, algunos son reales y terribles, incuestionables, la violencia, las desapariciones, los feminicidios. Otros van y vienen como los ataques presidenciales o los bloqueos que afectan a cientos de miles, o la extorsión que ha provocado un fenómeno de migración interna muy serio, ruptura de lazos familiares y mucho más. Pero hay otra serie de miedos que han sido y son sembrados en la sociedad por los gobernantes. Por ejemplo, ¿qué ganó México con la modificación en la Constitución de su capital de la concepción de propiedad? Por si fuera poco, llevamos desde febrero con la amenaza de una descocada reforma al Poder Judicial federal, que nada tiene que ver con la justicia local que es la que afecta a más de 90% de los casos judicializados que hoy se ventilan.

Hoy los votos en el Senado se cuentan uno por uno para buscar al “traidor”. La implementación de esa reforma es prácticamente inviable y afectaría a millones. El mundo está con los pelos de punta. Los propios miembros del Poder Judicial, al ver afectados sus derechos y desarrollo profesional, son víctimas.

“En todo momento –habla Ignatieff–, sobre todo cuando la historia resulta incomprensible, la gente se aferra a las ilusiones de la continuidad, sobre todo a las fabricadas por sus gobernantes”. La tensión no es una buena consejera, pues algunos pedirán “linchamientos” y recordemos que las masas ante las hogueras públicas van y vienen: persiguen hoy a un opositor, y mañana al que al que fuera guía espiritual… del crimen.

México necesita consuelo, pero, como recuerda Ignatieff, encontrar alivio juntos sólo se logra escuchando y siendo escuchado.

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Arsenal

Yunes y la última cena

Francisco Garfias | Excelsior

Sigue la incógnita que no es incógnita. Al cierre de esta columna, el senador del PAN Miguel Ángel Yunes, hijo del exgobernador de Veracruz, no había manifestado el sentido de su voto frente a la reforma judicial ni desmentido las versiones de que se une a Morena. Lo que sí sabemos es que está agobiado por las presiones y las amenazas de la Fiscalía del estado contra Patricia Lobeira, su esposa y alcaldesa de Veracruz; y Fernando Yunes, su hermano. “No sabe qué hacer”, aseguran.

¿Será el judas de la última cena?

El desaparecido senador estaba convocado a una junta con dirigentes y coordinadores del PAN a las 18 horas. No llegó. A las 20:30 horas, Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada azul, salió a reconocer que no había noticias de él. Las caras no eran precisamente de alegría. La senadora hizo notar que la semana pasada los 22 senadores de Acción Nacional, incluido Yunes Márquez, se comprometieron a asistir a la sesión y votar contra la reforma judicial.

“Hasta este momento, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez no ha expresado una postura diferente”, dijo Murguía ante reporteros. Añadió: “Como coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN le hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma judicial”.

Nos enteramos también de que los dirigentes del PAN lo buscaron todo el día sin éxito. No lo encontraron. Ni a él ni al papá. “No toma las llamadas de nadie del PAN”, nos dijo, en off the record, una senadora del azul. Yo mismo le mandé por WhatsApp un mensaje al exgobernador Yunes Linares. No lo contestó.

Hay versiones encontradas sobre lo que hará el desaparecido legislador. El Sol de México dio por hecho el chapulineo a Morena. El acreditado columnista de Milenio Ricardo Raphael fue el primero que escribió un texto titulado “Yunes será el traidor”.

Según él, Adán Augusto López Hernández, presidente de la Jucopo, le habría ofrecido al veracruzano la desaparición de varias órdenes de aprehensión que hay contra su familia.

Héctor Yunes, exsenador del PRI, escribió de su tocayo de apellido: “Conozco desde la cuna a @MYunesMarquez. Sé de su compromiso y lealtad con los valores como la libertad, la justicia y la democracia. No tengo duda de que, en las próximas horas, se pronunciará para ratificar su posición respecto a la tóxica reforma judicial que impulsa el oficialismo”.

Veremos.

* ¡Es una jalada!, reviró el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, cuando le preguntamos sobre la postura de Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva por obra y gracia del tándem AMLO-Sheinbaum, en el sentido de que la mayoría calificada —dos tercios de los legisladores presentes— se alcanza en la Cámara alta con 85 legisladores.

“85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18 (%), pasa por encima del requisito constitucional y, una vez aprobada por la Cámara de Senadores, será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento”, alegó el inefable Noroña.

Lo cierto es que el número total de senadores es de 128. Morena y sus aliados suman 85 gracias a que los dos experredistas traidores, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, se brincaron al barco del oficialismo dizque por congruencia ideológica. Si a los 128 los dividimos entre tres el resultado es 46.66. Esta cifra la multiplicamos por dos y sale 85.33. Les faltan 0.33, digan lo que digan. Noroña y Adán Augusto se quieren robar ese porcentaje si lo de Yunes no se concreta.

Citemos lo que dice el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación sobre la mayoría calificada.

“…Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzarla —o un número menor, según el total de asistentes a la sesión—; en la Cámara de Senadores se requerirán 128 legisladores”. Allí chambeaba Adán Augusto. ¿No conocía el glosario de la Segob?

* “¡Obrador!, ¡Obrador!, ¡ya pareces dictador!”, era una de las consignas que coreaban los manifestantes en el plantón frente al Senado contra la reforma al Poder Judicial. Trabajadores, jueces, magistrados y hasta el ministro Luis María Aguilar, que se hizo presente ayer en el plantón del Senado, ven la reforma como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

Entre gritos de “¡Ese ministro sí nos representa!” avanzó entre los manifestantes, que no ocultan su temor de que, con la reforma de AMLO, desaparezca la carrera judicial.

El ministro Aguilar defendió la permanencia de la carrera judicial con una breve narración de su propia trayectoria.

“Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo y la vida me fue llevando hasta que, cuando me di cuenta, era presidente de la Corte. Yo no tenía ni influencias políticas ni dinero, empecé como mecanógrafo, vivía ahí en Narvarte y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación”.

Las mujeres llevaban la voz cantante en los altavoces del plantón. Una voz comenzó a corear “¡Yunes está con nosotros!”, en referencia al senador que supuestamente ya se arregló con el oficialismo. El grito fue de menos a más. Se transformó en un gran coro. “¡Yunes está con nosotros!”.

¿Lo está?

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México, SA

PJF: todos somos famiglia // Nepotismo galopante // AMLO: Parece el DIF

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Allá por mediados de 1994, en sus tiempos de candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo utilizó a más no poder un eslogan que definía, según dijo, el curso de su gobierno: bienestar para la familia, aunque no aclaró que a su entender hay de familias a famiglias. Sin embargo, en el transcurso de su sexenio quedó claro a cuáles de ellas se refería: no eran, desde luego, las más desprotegidas y saqueadas, sino aquellas estrechamente ligadas al poder político-económico (banqueros, barones marca Forbes, capital foráneo, saqueadores institucionalizados, especuladores y algunos más).

De ello dio sobradas muestras, pero un punto a destacar es que ese bienestar incluyó a la voluminosa famiglia judicial, pues en el arranque de su gobierno Zedillo decidió fumigar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), despedir a todos los salinistas incrustados en ella e imponer a sus propios peones, siempre con el objetivo de aplicar la clásica: cambiar todo para no cambiar nada. Y en esas artes, afianzó el vergonzoso nepotismo existente en el máximo tribunal del país, en particular, y en el Poder Judicial de la Federación en general. Y los subsiguientes inquilinos de Los Pinos hicieron exactamente lo mismo.

Pues bien, casi tres décadas después de esa limpia –que solo fortaleció las sucias prácticas en el Poder Judicial– y a punto de ser aprobada la reforma constitucional en el Senado de la República, la cabeza visible de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, se animó a publicar dos estudios de análisis para un sistema integral de justicia. Con el fin de evitar, según dijo, la demolición del otrora poder del Estado, en el entendido, el de ella, de que hoy todavía es posible mantener las cosas como están.

Pero más allá de la tardía cuan cínica publicación de tal análisis, a Piña se le barrió un detalle que, al reconocerlo, lejos, muy lejos de reivindicarla, sólo contribuye a fortalecer la necesidad de una reforma sectorial, y es el referido al espeluznante nepotismo que priva en la institución que dice presidir. Así, quienes la defienden no gritan ni marchan en defensa del clásico el Poder Judicial no se toca, sino abierta y descaradamente por “la famiglia no se toca”.

En su análisis Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas, Norma Piña reconoce que las personas servidoras públicas con relaciones familiares (al menos un familiar) suman 16 mil 639, y lo revela como una muestra, según dice, del esfuerzo realizado para combatir cualquier tipo de conflicto de interés o casos de nepotismo, pues con la disminución del número de servidores públicos en órganos jurisdiccionales que reportan relaciones familiares se reduce la posibilidad de que puedan constituirse conductas contrarias a las disposiciones vinculadas con el cumplimiento del Plan Integral de Combate al Nepotismo.

Dos años atrás, la estadística oficial reveló que uno de cada dos servidores públicos del Poder Judicial llegó al puesto por relaciones familiares; ahora, en 2024, se redujo a uno de cada 2.2 y Piña lo presenta como un gran logro. Obvio es que no mencionó las pensiones vitalicias ni otros detalles comprometedores.

Ante tan unida familia, el presidente López Obrador dijo que el Poder Judicial parece el DIF, pues el nepotismo está a todo lo que da; imagínense, un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares, y anunció que hoy vamos a informar todo, no sólo nepotismo, sino todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo. Y lo que hacen jueces, magistrados, ministros.

A su vez, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación resulta “un escándalo… Y luego dicen que no hay corrupción; es el reconocimiento de que los cargos son por las relaciones familiares y no por la carrera judicial”. Y soltó una bomba: capaz que votan 90 (senadores a favor de la reforma); pienso que se va a aprobar.

Así es: impartidores de justicia con un ejército de familiares, amigos, compadres y comadres, con lo que violan el acuerdo del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF, Plan Integral de Combate al Nepotismo). Ahora, lo cierto es que la famiglia judicial goza de cabal salud.

Las rebanadas del pastel

El SAT informa que la recaudación tributaria creció 6.3 por ciento de enero a agosto del presente año y sumó 3.3 billones de pesos. Con este monto se cumple a 100 por ciento lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación.

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La reforma del Estado

José Blanco | La Jornada

Vemos acaso los últimos exabruptos de las derechas prianistas, en contra de la indispensable reforma al Poder Judicial (PJ). Sin embargo, un solo voto puede darles un respiro más a esos residuos de poder corrupto contrarios al pueblo mexicano. Estamos a punto de saberlo. Varios de los dirigentes morenistas han dicho que cuentan con los votos suficientes. Más le vale a la República que así sea. La reforma del Poder Judicial es el primer paso de la indispensable reforma del Estado. Si el voto que falta no llega, Morena no puede simplemente olvidarlo, tendrá que intentarlo nuevamente a la brevedad.

Piña y sus socios defienden con los dientes al PJ, última casamata del prianismo, porque defienden a la luz del día, ya sin escrúpulo alguno, sus privilegios personales. Más de fondo, defienden también un sistema de corrupción y rapiña de grupos prianistas empresariales, mediáticos, intelectuales. Todo a la vista: como la complicidad en curso de la Corte con el empresario Salinas Pliego, defraudador fiscal, según las sentencias, con miles de millones de pesos a favor del SAT. Esas sentencias han estado en los cajones de los escritorios de sus señorías. Justicia para los de arriba, es la directriz constante del actual sistema judicial.

Norma Piña tiene la responsabilidad y la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución Política. Sabe que el artículo 135 constitucional dispone: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. No hay, no puede haber, norma alguna en contra de dicha disposición, pero la Norma de la Suprema Corte y el conjunto del prianismo encabezado por Claudio X., pisotean la Constitución e intentan hacer nula esa disposición. Norma y sus socios de la Suprema Corte se han descalificado a sí mismos como idóneos para el cumplimiento de la función que tienen asignada. Deben irse. No sirven a la soberanía nacional como es su obligación, sirven a intereses espurios.

Todo eso es claro como el agua y Norma lo sabe, a pesar de lo cual sigue adelante en contra de la reforma. También sabe que su futuro está perdido, y hace como que puede revertir lo inevitable. Es que, en realidad, hay un objetivo político distinto más allá del intento lunático de frenarla. Una gran pelea política, perdida blandiendo la bandera prianista que dice: impidamos la destrucción de México –consigna dirigida a los creyentes de ese trumpismo–, bien puede servir como plataforma de lanzamiento: dejar atrás la muerte política del prianismo y emprender la construcción de un nuevo partido de las derechas, a partir de los residuos de los viejos partidos, de Claudio X. y sus compinches empresariales, de los medios derrotados, los intelectuales fallidos y demás fauna anti-4T. Todo podría empezar por buscar la solidaridad (garantizada) de la derecha y la ultraderecha ­internacionales.

Morena, en tanto, debe buscar la reforma del Estado. Un conjunto de cambios, en el marco de la democracia representativa, con espacios y flexibilidad institucional para el crecimiento de la democracia directa en los grupos y comunidades dispuestos a crearla, usarla y sostenerla. Una reforma que permita al Estado responder al interés general, tal como es definido por la democracia liberal.

La concentración política, la concentración de la propiedad y del ingreso, visiblemente agudas y empeoradas durante la etapa neoliberal, corrieron a la par de un Estado subordinado a los intereses particulares de los grupos oligárquicos. El Estado mexicano ha sido uno cuyas instituciones y políticas han operado como instrumentos de protección y beneficio de esos grupos privilegiados, ostensiblemente en contra de las mayorías extremadamente empobrecidas.

Como resulta evidente en nuestros días, el control del Estado neoliberal lo ejercieron los grupos oligárquicos mediante prácticas que incluyeron la corrupción galopante y creciente, la coacción, la manipulación a placer de los procesos electorales, la dominación de los medios y mecanismos de formación de la opinión pública nacional, la creación de un Poder Judicial cómplice en todas las canalladas. A la par corrieron, como parte de los mismos procesos históricos del país, la violencia incontrolada de grupos del crimen organizado mediante el narcotráfico y una interminable cadena de otros delitos, como el secuestro, la extorsión, la defraudación, el robo, contra la población indefensa y la consecuente formación de interminables filas de desplazados y migrantes hacia EU.

Es hora de emprender la reforma del Estado, que no será de un día para otro. Esa renovación deberá comprender una reforma fiscal que sirva al propósito de emparejar la vida efectiva de todos, sin lo cual no habría una respuesta al interés general.