La libertad de expresión en el caso Telegram
Me parece que es un despropósito pensar que la libertad de expresión debe amparar actos criminales y con impactos reales para miles de seres humanos.
Antonio Salgado Borge * | Proceso
El arresto del fundador y director de la red social Telegram en Francia ha sido interpretado como un acto de censura y una pésima noticia para la libertad de expresión en redes sociales.
Es tentador ver a Telegram como un referente de libertad de expresión en plataformas digitales. A diferencia de Facebook o Instagram, la red de Pável Dúrov prácticamente no modera el contenido compartido por sus usuarios. Además, es comúnmente pensado que ofrece un nivel privacidad superior al de sus rivales; una creencia que se refuerza por la total falta de cooperación de su propietario con las autoridades.
La discusión sobre el balance entre libertad de expresión y protección del público es tan importante como compleja. Mientras que países como Estados Unidos suelen darle más énfasis a la primera, recientemente lugares como Reino Unido, y más recientemente Brasil, han buscado adoptar enfoques más equilibrados.
Sería ingenuo pretender resolver este rompecabezas. Lo que me interesa argumentar en este artículo es que, cuando se mira de cerca el caso de Telegram, la idea de que la libertad de expresión le ampara a operar como lo ha hecho cae por su propio peso.
Para ver por qué, empecemos notando dos características relevantes de la red del hombre recién arrestado.
La primera es su estructura. Aunque Telegram ofrece un servicio de mensajería directa entre una persona y sus contactos, uno de sus distintivos ha sido la posibilidad de unirse a grupos de chat o a canales temáticos que pueden albergar hasta 200,000 usuarios. Esta última función le ha distinguido de competidores como WhatsApp, Signal o Imessage.
En los canales y grupos de Telegram se comparte todo tipo de contenido –la mayoría legal–. Sin embargo, también es de sobra conocido que intercambia masivamente contenidos ilegales. Ejemplo de ello son la pornografía infantil, la comunicación abierta de organizaciones terroristas –como Isis– con decenas de miles de personas o grupos criminales.
La segunda es su falta de privacidad. Contrario a lo que se ha comentado en distintos reportes, la mayoría de las comunicaciones en Telegram no están cifradas o encriptadas en un sentido relevante.
Para efectos de privacidad, una comunicación genuinamente cifrada o encriptada es aquella cuyos mensajes no son guardados en los servidores de la empresa y no pueden ser leídos ni siquiera por esa compañía. Por ejemplo, las redes mencionadas arriba encriptan sus comunicaciones de esta manera.
El cifrado de extremo a extremo ha sido combatido ferozmente por distintos gobiernos. No es difícil ver por qué. Cuando un crimen es planeado o cometido en una aplicación encriptada con esta tecnología, las empresas no pueden, aunque así lo quisieran, recuperar la información relevante y compartírsela a las autoridades.
Telegram no utiliza el cifrado de extremo a extremo en sus canales. Ni siquiera lo emplea en las comunicaciones directas entre un usuario y sus contactos. Para habilitar esa función, es necesario utilizar una tercera opción, denominada “chat secreto”.
La privacidad que supuestamente ofrece Telegram a sus usuarios proviene del hecho unipersonal de que su fundador, Pável Dúrov, mantiene una abierta política que no colaborar con gobiernos que buscan información que les ayude a investigar o detener actos criminales.
La combinación de estas dos características ayuda a ver por qué Telegram ha sido acusado de complicidad en los delitos cometidos en sus espacios.
Si bien es cierto que en todas las redes sociales se cometen delitos, muchas pueden lavarse las manos con una excusa bien fundada: les resulta técnicamente imposible saberlo, porque no hay forma de desencriptar las comunicaciones cifradas. En contraste, Telegram puede “ver” en tiempo real los ilícitos que se cometen en su plataforma; es decir, conoce que ocurren y decide ignorarlos.
A ello hay que sumar que cuando un gobierno les pide información, las plataformas suelen cooperar en todo lo que pueden. El problema es, de nueva cuenta, que les es imposible recuperar información compartida por sus usuarios mediante comunicaciones cifradas que no son almacenadas. Telegram, en cambio, puede acceder a mucha información que guarda, pero se niega sistemáticamente a hacerlo cuando se trata de colaborar con las autoridades.
Me parece que es un despropósito pensar que la libertad de expresión debe amparar actos criminales y con impactos reales para miles de seres humanos.
Nadie en su sano juicio puede pensar, por ejemplo, que la libertad de expresión es motivo para que una banda de traficantes de personas anuncie a los seres humanos de carne y hueso como mercancía.
Tampoco puede suponer que la libertad de expresión ampara a quien tiene información de esta red y se la niega a las autoridades que pretenden desmontarla. Es este el contexto en que debe leerse la acusación contra Telegram de complicidad en actos ilegales.
Alguien podría objetar que es un error hacer a las plataformas responsables de los contenidos que en ellas son publicados. Por ejemplo, éste es el enfoque seguido en Estados Unidos desde hace años.
Éste es un asunto crucial que tiene que ser cuidadosamente evaluado. Sin embargo, me parece que el caso de Telegram trasciende esta discusión: recordemos que estamos ante un escenario donde existe una intención explícita de ocultar crímenes a las autoridades.
De lo anterior no se sigue, sin embargo, que el arresto de Pável Dúrov no resulte problemático. Uno de estos aspectos es el hecho de que se proceda directa y personalmente contra el CEO de una red, y no contra la empresa. Este asunto no es trivial. Cada país tiene sus leyes particulares, incluyendo algunos con regímenes autocráticos.
Otro aspecto para considerar es que el arresto de Dúrov podría tener móviles políticos. Es claro que este evento es excepcional y no resuelve el problema de fondo, pues, tras el arresto de su dueño, Telegram podría seguir operando sin cambios significativos en sus políticas.
Para efectos de este análisis, lo importante es que defender a Telegram aludiendo a la delicada tensión entre la libertad de expresión y otros derechos es insostenible. Estamos ante una empresa que claramente cruzó los límites de lo que es aceptable y se negó colaborar con las autoridades en la investigación de delitos graves.
Y es que, aunque la protección de la privacidad es un valor importante, sería un error utilizarla como excusa para amparar actividades criminales que tienen consecuencias devastadoras para miles de seres humanos.
* Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad de Nottingham.
—
Arsenal
El buen mentiroso
Francisco Garfias | Excelsior
La parte más comentada del último informe de López Obrador fue su sorprendente afirmación de que el sistema de salud —en los 23 estados que ya tienen el IMSS-Bienestar— ya es el más eficaz en el mundo.
“Dije que iba a ser como en Dinamarca. Es mejor que el de Dinamarca”, indicó el Presidente, sin bromear.
Y el pueblo bueno, reunido en el Zócalo, lo aclamó como si no se tratara de una mentira más grande que el océano Pacífico. Los datos están allí. De acuerdo con el índice de atención médica de la revista CEAWord, Dinamarca es el tercer país con el mejor sistema de salud, detrás de Corea de Sur y Taiwán. Le siguen, en orden descendente, Austria, Japón, Australia, Francia, España, Bélgica y Reino Unido.
México ocupa el puesto 72 de los 192 publicados.
El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, médico de profesión, hizo un balance de la salud en México, después del último Informe de AMLO, mucho más apegado a la realidad
“Es terrible: seis años de subejercicios, desabasto de medicamentos, crisis en vacunación, médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia”, dijo.
Todos sabemos, además, que la política de seguridad de “abrazos, no balazos” resultó en récord de homicidios: 196 mil 438 al 1 de septiembre de 2024, según el reporte “La Guerra en Números’, de T-ResearchMX.
AMLO, por el contrario, habló de una reducción de 18% en homicidios dolosos; robo, 29.5%; feminicido, 37.6%; robo de vehículo, 48.6%, y secuestro, 77 por ciento.
* El tema va más allá de la demagogia populista. ¿AMLO se cree lo que dice?, preguntamos al reconocido psiquiatra José Newman. Esto fue lo que nos dijo:
“Es imposible responder a esa pregunta, pues el sujeto lo repetirá y rebatirá a quien lo contradiga. Ése es el comportamiento que desquicia al entorno. Unos optan por no contradecirlo y hasta celebrarlo (como ocurrió ayer). Otros se le opondrán”.
De acuerdo con el informe de la OCDE sobre el panorama de salud actualizado a 2022 —cuarto año del sexenio—, cerca de 3 de cada 10 mexicanos están fuera del derecho a los servicios médicos.
* Otro tema que llamó la atención en el Sexto Informe fue la muy polémica elección de jueces, magistrados y ministros. Allí, en pleno Zócalo, López Obrador hizo una encuesta a mano alzada.
“Que levanten las manos quienes creen que es mejor que los ministros sean elegidos por el Presidente y los senadores”, pidió.
Se escucharon abucheos.
“Que la levanten quienes creen que es mejor que el pueblo los elija”.
Lo aclamaron.
La aversión de AMLO al Poder Judicial no es nueva. Basta recordar que en octubre del 2003, cuando una sentencia judicial obligaba al Gobierno de la CDMX a pagar una suma exorbitante por la expropiación de unos terrenos, declaró:
“Si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz… La Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino”, dijo (Enrique Krauze, Letras Libres, junio de 2006).
Hoy se pregunta que, si el Presidente, los gobernadores, los legisladores y hasta los alcaldes son electos en urna, ¿por qué no hacerlo con jueces, magistrados y ministros?
Un argumento utilizado por los que favorecen que se voten los jueces, incluida Claudia Sheinbaum, es que en Estados Unidos los ciudadanos eligen a los jueces en urna.
Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, salió a corregir en su cuenta de X:
“En EEUU ni los jueces federales, ni los jueces de la Suprema Corte, se eligen por voto popular. El presidente los nomina y tienen que ser aprobados por el Senado.
“En EEUU son sólo los jueces locales y estatales y eso ni siquiera es en todos los estados. En EEUU quien decide el veredicto es un jurado conformado por ciudadanos, no el juez”.
Bolivia es el único país de Latinoamérica que elige a los jueces por voto popular. Les ha ido muy mal. “La justicia está lejos de la gente”, ha asegurado Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, al terminar su visita oficial a Bolivia.
* El cese de casi 1,700 juzgadores ya está calendarizado en la Cámara de Diputados. Hoy martes se aprueba en lo general y el miércoles en lo particular. Traen prisa por darle su “regalo” al Presidente saliente antes de que se vaya.
De nada han servido las opiniones de expertos, las presiones de la calle, el paro de jueces, magistrados, trabajadores. Ni siquiera las advertencias de Estados Unidos de que esa reforma va a socavar las relaciones entre ambos países los ha movido un centímetro de la reforma que proponen.
Parece que a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no le ha caído el veinte del paquete que le deja “el mejor Presidente de la historia”.
—
Juegos de poder
Alexis de Tocqueville y la elección de los jueces
El asunto es viejo y se ha discutido mucho en Estados Unidos.
Leo Zuckermann | Excelsior
El presidente López Obrador está a favor de la elección de los jueces del país, tanto los federales como los del fuero común. No hay en el mundo una nación que escoja así a todos sus juzgadores. En Bolivia se elige a los que integran las más altas cortes. En algunas entidades de Estados Unidos ocurre con ciertos jueces.
Los que defienden la reforma judicial de AMLO a menudo citan estos dos ejemplos, en particular el estadunidense, para justificar una idea que en realidad politizará la justicia mexicana y pondrá en peligro su régimen democrático.
Los que defienden la reforma judicial en México soslayan el fuerte rechazo que existe en la Unión Americana para continuar con la elección de jueces en los estados. Por ejemplo, la American Bar Association, organización que desde 1878 agrupa a más abogados como voz de la profesión legal, se opone a dicha práctica porque incentiva el sesgo de decisiones judiciales por motivos políticos.
El asunto es viejo y se ha discutido mucho en Estados Unidos desde su fundación, en 1776. No es cierto, como dijo el presidente López Obrador el domingo en su último Informe Presidencial, “que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces”. Para nada.
Por regla general, los primeros estados siguieron a la Constitución federal en la integración de sus poderes judiciales estatales, es decir, el Ejecutivo (los gobernadores) nominaban a sus candidatos que debían ser ratificados por el Legislativo local.
Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, en algunos estados se percibió que los jueces, por la manera de designarlos, actuaban más a favor de los políticos que de la ciudadanía. No aplicaban las leyes de manera objetiva. Por tanto, surgió la idea de las elecciones judiciales para que los juzgadores le respondieran directamente a los votantes y tuvieran más independencia de los intereses políticos. Paradójicamente, la solución resultó peor que el problema.
Como han demostrado múltiples estudios académicos, las cortes que son elegidas suelen decidir más por los humores de la opinión pública que por lo que ordena la ley. Los incentivos electorales determinan la conducta de los jueces. Los juzgadores elegidos suelen ser más duros y punitivos, particularmente contra las minorías sociales.
Por tanto, cada vez existen más voces que exigen la anulación del sistema de elección de jueces en Estados Unidos por socavar el Estado de derecho.
No sólo eso, también quebranta a la democracia.
Y, en eso, también se equivocó el presidente López Obrador el domingo al citar la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, publicada en 1835 y 1840.
Se trata de una de las obras clásicas sobre el régimen democrático, en donde el viajero francés analiza el porqué del éxito de la democracia representativa y republicana en Estados Unidos.
Contra lo que piensa AMLO, Tocqueville veía la elección de jueces como un peligro.
Al francés le parecía fascinante la revisión judicial de las leyes, es decir, que los jueces pudieran invalidar una legislación por inconstitucional. Según Tocqueville, “el poder otorgado a los tribunales estadunidenses para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes constituye una de las barreras más poderosas que jamás se haya levantado contra la tiranía de las asambleas políticas”. La revisión constitucional de los jueces protegía a las minorías frente a las mayorías. Esto, que puede ser común y corriente en el siglo XXI, no lo era en el XIX.
Interesantísima la visión de Tocqueville: “En Estados Unidos, donde gobierna el pobre, los ricos siempre tienen que temer que abusen de su poder contra ellos”. El Poder Judicial, en este sentido, tenía la función de proteger a la minoría de los caprichos de las mayorías.
El poder de la revisión constitucional de los jueces era parte intrínseca de un régimen de pesos y contrapesos de la democracia americana.
A Tocqueville no le gustaba nada la idea de elegir a los jueces. La consideraba abominable: “Me atrevo a predecir que, tarde o temprano, estas innovaciones tendrán resultados nocivos y que algún día verán que al disminuir de esta manera la independencia de los magistrados han atacado no sólo al Poder Judicial, sino también a la república democrática en sí misma”.
Si los tribunales tenían el papel de evitar el abuso de la tiranía de las mayorías, elegir a los juzgadores era una pésima idea, porque los obligaba a conseguir el voto de esas mayorías y ceñirse a ellas.
—
México SA
PJF viola la Constitución // Jueces: intromisión facciosa // Monreal enseña el cobre
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
El Poder Judicial ha dejado de pertenecer al Estado; se sirve de él, pero permanece secuestrado por un grupúsculo privado que lo maneja a su antojo y conveniencia, y, por lo mismo, se niega a ceder un milímetro. Sus togadas cabezas visibles –Norma Piña y pandilla– actúan como mafia, siempre como cancerberos de los intereses de sus patrocinadores y aquello de la impartición de justicia no trasciende el discurso.
Por ello, no es gratuito que en la mañanera de ayer el presidente López Obrador enviara atentos saludos a ese poder otrora del Estado y amigos que lo acompañan, a raíz del ilegal proceder de jueces para impedir que en el Legislativo se debata y vote la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Por ejemplo, el mandatario dijo que el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. ¡Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo! Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes.
López Obrador agarró aire y prosiguió: “hablan de estado de derecho y es estado de chueco. Y es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto –por tratarlo bien– político, en realidad politiquero, porque ya están metidos personajes de la política, de los partidos del conservadurismo y otros personajes. Ayer, los del PRI (en el Congreso) dicen: ‘nos vamos a salir del pleno, porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la asamblea’. O sea, ¿se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional, del Poder Judicial en decisiones que corresponden sólo al Poder Legislativo?”
Recordó que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, que es lo que están haciendo estos jueces. Existen las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso, al principio la gente tal vez tenía algunas dudas, pero ahora ya todo está muy claro. Y si le damos tiempo a esto es para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho. A lo mejor piensan que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, pero no, todo es pura falsedad, y ya la gente se está dando cuenta.
Y para quienes tengan dudas sobre esta intromisión facciosa, el mandatario detalló: “primero fue un juez y una jueza de Morelos; dicen que no debe el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, a los Congresos estatales, porque, como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los Congresos locales apruebe. Pero esta juez dice: ‘no se envíe a los estados’, o sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes”.
Pero el presidente también debe voltear a otras partes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados y en especial al flamante coordinador de la banca morenista, que no es otro que el rey de la chicana Ricardo Monreal, quien una vez más y para estrenar el cargo mete zancadillas a sus propios compañeros. Resulta que un grupo de diputados de Morena presentó una solicitud de juicio político y una denuncia penal por delitos en contra de la justicia, a los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe V. Consuelo Soto, quienes concedieron una suspensión provisional para frenar la reforma al Poder Judicial federal, y procedieron en contra de los togados por su burda invasión a las atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión; ¡la reforma al Poder Judicial nadie la va a parar! ( La Jornada).
Pero más tardó Monreal en ocupar el nuevo hueso que en volver a enseñar el cobre –de hecho nunca lo ha escondido– y ahora se presenta como el tolerante de los guindas y pretende pausar (léase congelar) la citada solicitud de juicio político, por tratarse, según él, de querellas interpuestas a título personal por un grupo de legisladores. Y el zacatecano sólo repite los enjuagues que hizo en el Senado de la República.
Las rebanadas del pastel
Si de pringosos se trata, ahí están los ministros negándose a garantizar que el paro de labores en el Poder Judicial no lesione el derecho humano de acceso a la justicia. Apestan.
—
Las izquierdas y el Poder Judicial: 3 estampas
Jaime Ortega * | La Jornada
Entre las múltiples deudas que tiene el trabajo profesional ante la historia de las izquierdas se encuentra el de develar con claridad su relación con el conjunto del orden jurídico y legal. A diferencia de otros países, el de México es producto de una revolución, pues el pueblo en armas sentó las bases de un orden constitucional que tuvo grandes implicaciones para la vida política y social. Como en otros rubros de la vida política, las izquierdas mexicanas –socialistas, comunistas, nacionalistas– no estuvieron al margen de esa larga sombra que proyectó la Revolución Mexicana. Así, a lo largo del siglo, las identidades políticas tuvieron que recurrir a mirar lo que hacía el Poder Judicial, criticarlo e insistir en su reforma; aunque en algunas ocasiones tuvieron también convergencias. Tres momentos sirven para ilustrar las distancias más profundas entre uno de los poderes y este sector de la sociedad.
La primera involucró al abogado Narciso Bassols, quien en 1940 rechazó el ofrecimiento del presidente Manuel Ávila Camacho de ser presidente de la Suprema Corte. Bassols, entonces líder de la Liga de Acción Política (LAP), procedió en cambio a partir de 1941 a publicar el semanario Combate, instrumento que usó para cuestionar el giro derechista del nuevo gobierno. Ya desde su primer número, en esa publicación aparecieron críticas a los nuevos magistrados propuestos al Senado por el presidente, a quienes calificaron como representantes de la edad de piedra, del almazanismo, así como reaccionarios trogloditas. Otras críticas se emitieron en los siete meses de existencia del semanario, como cuando en marzo de 1941 la misma Corte aceptó un amparo que habilitaba despidos y pagos menores ante éstos en las relaciones laborales. Hacia junio de ese año, a dicho poder se le entregó un edificio, acto que fue calificado severamente por los integrantes de la LAP: “algunos de los ministros, han sido en el campo de las ideas políticas, encarnizados combatientes de los intereses populares […] y, al mismo tiempo, defensores acérrimos de los privilegios de las clases dominantes”. Bassols y su liga intuyeron que un cambio de grandes proporciones se gestó a partir de 1941 y, aprovechando sus plumas mordaces, no dejaron de referirse a los personajes ascendidos con ironía por su incomprensión de la legalidad, misma que interpretaban fruto directo de la Revolución.
El segundo momento lo protagonizó Alberto Bremauntz, conocido jurista de izquierda, quien fue fundador del Frente de Abogados Socialistas en 1936. En 1955, Bramauntz publicó la obra Por una justicia al servicio del pueblo, en la cual defendió al Poder Judicial Común del Distrito y Territorios Federales, del que él formaba parte. En 300 páginas, en que expone conceptos teóricos, recurre a juristas soviéticos del momento, evalúa el estatuto del Poder Judicial en las constituciones mexicanas y compara el funcionamiento del Poder Judicial en una veintena de países, expone una idea fundamental: no basta la sapiencia científico-jurídica y la honestidad de un funcionario judicial, sino que es indispensable, para garantía de la efectividad del propio programa de la Revolución Mexicana, que los juzgadores tengan, por lo menos, una ideología progresista y revolucionaria, acorde con los postulados de esa revolución, que son la base de nuestra Carta Magna. Bramauntz consultó a los líderes de los partidos políticos del momento sobre el funcionamiento de dicho poder, siendo cercana su interpretación a las expuestas por el Partido Obrero Campesino (uno de cuyos líderes, el duranguense Alexander Martínez Camberos, era abogado) y del Partido Comunista Mexicano (PCM).
Una tercera estampa convoca al PCM. Si bien en sus años de mayor apego a la ideología de la Revolución Mexicana, sobre todo entre 1936 y 1948, el PCM celebró numerosos fallos de la Corte, con el advenimiento del régimen modernizador y corrupto del alemanismo esta situación fue enfriándose. Ello no significó ni que los comunistas abandonaran la defensa de la Constitución, sino lo contrario, insistieron en su aplicación. Tampoco ocurrió que dejaran de converger con algunos ministros progresistas, como el caso del potosino Franco Carreño, ferviente defensor de la revolución cubana. Sin embargo, la década de 1950 fue el momento de mayor crisis de la interpretación sobre la Revolución Mexicana que el PCM tenía y, por tanto, de mayor distanciamiento. Esto tiene su clímax en la reforma alemanista del artículo 145 del Código Penal y sus consecuencias represivas bajo el manto de la disolución social. Para 1959, momento de la revuelta proletaria más grande que ha tenido la historia nacional, aquel delito fue el arma para perseguir y castigar a los insubordinados. Cuando la 20 sala penal de la Suprema Corte negó el amparo a Antonio Gómez Rodríguez, trabajador ferrocarrilero que apoyó la huelga, el PCM interpretó que la “Suprema Corte apuntala el delito de “‘disolución social’” (La Voz de México, 7/3/61). Los siguientes dos años serían de numerosas sentencias macartistas, tanto a los presos ferrocarrileros (entre los que destacaron Valentín Campa y Demetrio Vallejo), como a los líderes comunistas (Dionicio Encina, Encarnación Pérez, Alberto Lumbreras y Miguel Aroche Parra), así como a figuras como David Alfaro Siqueiros. Así, en 1968 José Rojo Coronado, quien fungía como abogado de algunos de los presos de 1959 y quien hacía parte del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, publicó el libro La inconstitucionalidad del artículo 145, donde analizó la resolución por parte de la Corte del caso de Gómez Rodríguez, sobre la que concluyó: Ahí queda esa sentencia como baldón pernicioso y denigrante para el Poder Judicial. Su conclusión es que la Revolución Mexicana había terminado, no porque sus causas se hubiesen resuelto, sino porque la Constitución se encontraba subvertida y se aplicaba sólo formalmente: Y en este empeño ha participado el Poder Judicial.
* Investigador UAM
