Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Preservar y no extinguir el IFT
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013, junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fueron concebidas para ser implementadas por el IFT.
Jorge Bravo | Proceso
Desde el principio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo. Esta intención, respaldada actualmente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la industria digital y tecnológica y entre los defensores del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de las audiencias.
La primera vez que AMLO mencionó la posibilidad de eliminar el IFT fue en una conferencia de prensa el 7 de enero de 2021, argumentando que los organismos autónomos representan una carga para el erario público, son fruto del neoliberalismo y no han cumplido con sus objetivos de acabar con los monopolios.
Esta visión simplista e ideológica no toma en cuenta el rol fundamental que juega el IFT en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, industrias estratégicas para el desarrollo económico y social de México.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013, junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fueron concebidas para ser implementadas por el IFT.
Este organismo se concibió dentro de la idea del nuevo Estado regulador, con un carácter autónomo, independiente, técnico y especializado para que las decisiones regulatorias se tomaran con base en criterios predominantemente técnicos y no políticos, aunque sería ingenuo suponer que la política ha estado excluida de la toma de decisiones.
La extinción del IFT tendría consecuencias para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque significa la politización automática de las decisiones regulatorias.
Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, así como el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que las funciones regulatorias del IFT serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En esta dependencia del gobierno federal, que a partir de la nueva administración estará a cargo de Jesús Esteva Medina, “se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Con el IFT el otorgamiento y revocación de concesiones se había convertido en un procedimiento técnico, que cambiará a político cuando quede en manos de la SICT.
La falta de reguladores independientes (recuérdese que también está contemplada la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica) podría favorecer las prácticas anticompetitivas, afectando a los consumidores con precios más altos y menos opciones y calidad, incluidos en servicios digitales.
El diseño institucional de un organismo autónomo, independiente, técnico y especializado como el IFT es superior a un modelo subordinado o desconcentrado del gobierno federal. La independencia del IFT ha sido clave para su eficacia y credibilidad, permitiéndole tomar decisiones basadas en el interés público y no en agendas políticas.
Preservar el IFT y fortalecer la coordinación y la colaboración institucional con el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum en materia de políticas públicas de telecomunicaciones y digitales tiene más ventajas que la desaparición del IFT.
Dejar las decisiones regulatorias y políticas en manos del gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes conlleva desventajas porque ya conocemos ese modelo. Las decisiones podrían estar influenciadas por intereses políticos de los funcionarios y económicos de las empresas, afectando la imparcialidad y equidad del mercado.
La extinción y la falta de un regulador independiente vuelve a generar incertidumbre en la industria y los mercados, afectando la inversión en el sector.
En lugar de extinguir al IFT, es imperativo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el IFT dialoguen para alcanzar de manera conjunta los objetivos de conectividad y prosperidad digital compartida para México. La colaboración entre el gobierno y el IFT puede fortalecer las políticas públicas digitales y garantizar un entorno regulatorio eficiente.
La desaparición del IFT también tendría implicaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC): es una violación a los compromisos asumidos por México en el tratado, lo cual generaría litigios internacionales y afectaría la relación comercial, principalmente con Estados Unidos.
Si el Congreso aprueba la extinción del IFT, surgirán consecuencias legales y judiciales, como que empresas afectadas podrían iniciar litigios internacionales bajo el TMEC y otros acuerdos comerciales. Así como dar lugar a controversias constitucionales, cuestionando la legalidad de la medida. En tanto que diversos actores podrían presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando revertir la decisión.
La extinción del IFT sería un retroceso a un diseño institucional que ya fue superado. La independencia y autonomía del IFT son principios esenciales para un sector de telecomunicaciones y radiodifusión más eficiente. Es políticamente superior que el gobierno y el IFT trabajen juntos para coordinarse y alinearse a las políticas públicas, fortalecer la regulación y promover la digitalización y la prosperidad digital compartida para todos los mexicanos.
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De naturaleza política
PRI: con o sin elección, la puja sigue…
Enrique Aranda | Excelsior
Piden ahora a Maduro que muestre actas. ¿Pooor?
Quien piense que con la reelección del impresentable Alejandro A(m)lito Moreno este domingo quedará “sellada” la ilegal apropiación del otrora invencible Revolucionario Institucional (PRI) por parte del campechano y sus acríticos seguidores —¿le recuerda esta manera de ser y actuar a alguien?—, se va a equivocar, dado que la puja por conocer quién finalmente será el encargado de dar formal sepultura al tricolor o de liderar su enésima refundación está aún lejos de consumarse…
Y se va a equivocar porque, con todo y la previsiblemente “dócil” actuación de los levantadedos alineados con el cuestionado plagiario (de lo que queda) del priismo, lo cierto es que, más tarde que temprano, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza la promorena Guadalupe Taddei Zavala, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, deberán resolver las impugnaciones y procesos políticos y judiciales presentados por liderazgos y militantes priistas en contra del anticonstitucional proceder de A(m)lito, lo que entonces sí podría darse en términos tales que, no sólo la reelección en puerta, sino toda la anticonstitucional reforma estatutaria impulsada por él quedarían invalidadas.
¡Todo lo ocurrido a nivel partido desde el 3 de junio pasado!: desde la ilegal citatoria a la Asamblea Nacional apenas pasada la jornada electoral —lo que explícitamente prohíben la Carta Magna y la legislación electoral vigente— hasta la convocatoria a la tramposa reelección de la dirigencia “ya ampliada” que, vale recordar, está emplazado por la máxima instancia electoral del país a dejar la posición apenas concluya el proceso electoral, algo que, como es más que evidente, aún no ocurre.
No nos equivoquemos entonces, puesto que, muy a pesar de quienes rodean al campechano, la puja por la conducción del partido, que en tres años más deberá cumplir 100 años de existencia, no está ni estará definida, suceda lo que suceda, el próximo domingo, y deberá prolongarse por un periodo cuya duración sólo definirán las autoridades electorales. Está en el aire, pues, ni más ni menos…
ASTERISCOS
* Será el 10 de noviembre en definitiva cuando, conforme a la convocatoria que la Comisión Electoral, que preside Ana Teresa Aranda Orozco, dará a conocer el próximo lunes 19, los militantes de Acción Nacional (PAN) habrán de seleccionar a quien sustituirá al cuestionado Marko Cortés Mendoza en la dirigencia. Las decisiones que normarán el proceso fueron definidas ya en una prolongada sesión la tarde-noche del miércoles. Bien…
* Evidencia más que clara de la grosera intromisión de Andrés Manuel López Obrador en el proceso de conformación del gabinete y definición del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum fue, a decir de propios y extraños, la sorpresiva visita del recién designado próximo titular de la “supersecretaría” de Seguridad, Omar García Harfuch, al inquilino de Palacio que, huelga destacar, coinciden todos en que muy pronto se repetirá. Ufff…
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Arsenal
“Estaba borracho o drogado”
Francisco Garfias | Excelsior
Claudia Sheinbaum respondió ayer al mensaje enviado la víspera por la embajada de Ucrania, a propósito de la invitación que hizo a Vladimir Putin, hombre fuerte de Rusia, para que asista a su toma de posesión como Presidenta, el próximo 1 de octubre. La embajada de Ucrania espera que el gobierno de México cumpla con la orden internacional de detención, entregando al susodicho —al que califica de “criminal de guerra”— al órgano judicial de la ONU, en La Haya.
“México tiene históricamente una visión de política exterior de búsqueda de la paz y vamos a seguir con esa política. Ya veremos quién confirma su asistencia a la toma de posesión”, dijo Claudia. Las palabras de la futura Presidenta de México dejan entrever que Putin no asistirá a su toma de posesión, menos cuando sabe que el número uno de Ucrania, Volodimir Zelenski, también fue invitado. ¿Detenerlo?, no hay manera.
* Ya que estamos en el ámbito de la “diplomacia”, hablemos del papelón que hizo el cónsul adscrito de México en Shanghái, China, Leopoldo Michel Díaz. Hay un video viral que balconea al cónsul adscrito cuando le dice textual a un subordinado: “Chinga tu madre otra vez” y amenaza con “partirle la madre” a su superior.
Luego de que le recordaran el 10 de mayo, el empleado del consulado califica de “rémora” a Michel Díaz y le revira: “Cualquier cosa que quiera ver de aquí, trátelo con el cónsul general”.
La reacción puso de peor humor al cónsul adscrito: “Yo sigo siendo su jefe. No se haga pendejo”.
—El jefe es el cónsul general —revira el regañado.
—Él es el jefe máximo, pero yo también soy su jefe —insistió el adscrito.
—¿Algo más? —cortó el empleado.
—No me hables así —gritó el adscrito.
* En eso que entra el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez. “¿Qué está pasando aquí?”, preguntó.
Respondió el subordinado: “Vino a gritarme e insultarme”.
—Hazme el favor de irte —pidió el cónsul general al adscrito.
Pero en lugar de irse se le puso al brinco también: “A mí no me hables así. Ésta no es tu oficina. Es la oficina del gobierno de México y yo soy tan funcionario del gobierno como tú. Por ser titular no me puedes hablar así”.
—Bueno, no le hables de esa manera al personal. No tienes derecho a insultar —bajó el tono el cónsul general.
—A mí no me hables de derechos porque te parto tu madre. Eres un culero —volvió a gritar Michel Díaz.
—Y tú eres una bazofia (mezcla de heces) —replicó Rodríguez.
—Bazofia tu chingada madre —coronó el adscrito.
Y así se la llevaron. ¿Saben por qué fue el pleito? Por el otorgamiento de una visa.
* No pasó mucho tiempo antes de que la SRE sacara un comunicado en el que informa que, en relación con los acontecimientos de Shanghái “se han iniciado los procedimientos disciplinarios correspondientes y para garantizar la seguridad del personal que ahí labora”.
Diplomáticos consultados por este reportero, que han pasado años en esa región, nos dicen que los consulados son “pequeños feudos” cuando están lejos de las embajadas.
“Este señor (Michel Díaz) es un diplomático de muchos años que llegó ahí ya acabando su carrera. Está bajo la dirección del cónsul general. Lo mandan como segundo y hay una lucha de poder. Rompió la tradición que es respetar a su superior. Desde la dinámica de las embajadas y consulados, yo creo que ya se traían. La reacción no es de un diplomático. O estaba borracho o estaba drogado”, puntualizó.
* Como ya sabemos, el PAN perdió el registro en Tabasco. No logró el 3% de la votación requerida para conservarlo en esa entidad. El revés llevó a la Comisión Permanente de ese partido a disolver el Comité Directivo Estatal. Las funciones de presidenta las ejercerá la exdiputada federal de Yucatán, Kathia Bolio, quien fue nombrada delegada del CEN en la tierra de López Obrador. Uno que se apuntó para ser candidato a la presidencia estatal del azul en Tabasco es Juan José Rodríguez Prats, un veterano panista que ya ha demostrado su amplio conocimiento de la vida parlamentaria en México.
“Yo le dije a Noemí Luna, que es la secretaria general, que si me ponen, yo estoy puesto por un año y allí convocamos a una elección. Y digo un año porque tengo 19 años y cuatro meses de consejero nacional y quiero ser consejero vitalicio.
“Pero eso Marko (Cortés) no lo permite. Todo ha sido para bloquearme. Ya puso a esta mujer de Yucatán, Katia Bolio. La designaron hace una semana y viene hasta el próximo martes a tomar posesión. “Es un compromiso de Marko Cortés. Ella lo apoyó en la elección interna. Fue diputada pluri en la 3ª circunscripción. Quiso meterla de senadora y no entró.
“Ahora la manda como delegada para que los 200 o 300 votos de panistas en Tabasco vayan a Jorge Romero —aspirante a jefe nacional del PAN— y allí es donde va a venir un problema en la lucha interna del PAN”, nos dijo.
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Astillero
Oposición fracasa (también) en litigio // Endeble argumentación contra Sheinbaum // Domingo de tanteo rosa // Vuelven al discurso apocalíptico
Julio Hernández López | La Jornada
Primero fue en las urnas y ahora en el Tribunal Electoral federal: la oposición se muestra devastada, sin capacidad siquiera para presentar argumentación judicial que erosione el capital electoral morenista, sin hilar cuando menos algún alegato ante magistrados para alcanzar a demeritar en algo el triunfo específico de Claudia Sheinbaum Pardo.
Tiempos hubo en que la oposición lucía en discursos y en sus formulaciones jurídicas, aunque la aplanadora partidista en turno la aplastara por vía aritmética: ahora ni eso. Los 233 alegatos de inconformidad presentados por la oposición, en su mayoría por los residuos de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, no tuvieron mayor consistencia y, carentes de calidad probatoria mínima, fueron desechados por los cuatro magistrados electorales alineados con la 4T (Soto, De la Mata y Fuentes, más la convidada sólo para estos menesteres, Valle), mientras los dos no alineados (Otálora y Rodríguez Mondragón) peleaban infructuosamente en busca de que en 66 de las 170 mil casillas del pasado 2 de junio se aceptara algún tipo de irregularidad, que no afectaría para nada la validez del triunfo claudista. Pero ni eso fue aceptado: ni una coma, es decir, ni un voto fue anulado a la científica de la coleta alaciada.
El absoluto fracaso de la oposición en este punto judicial deslegitima la retórica de presunta combatividad que aún le queda: no tuvo capacidad argumental y procesal para mostrar las presuntas irregularidades cometidas por el morenismo y sus aliados. Viene una segunda etapa, a desahogar la semana próxima, cuando se resuelva si proceden los señalamientos que buscan anular la elección, entre otras razones por una presunta injerencia abierta del Presidente de la República en favor de la candidata de su partido.
Parece muy, pero muy difícil que los magistrados electorales llegaran a tomar una medida extrema. Con casi 60 por ciento de los votos a su favor, con una realidad política que hora tras hora asume como irrevocable su triunfo y con una oposición ineficaz y desarticulada, Claudia Sheinbaum Pardo se encamina a recibir la constancia de mayoría y la declaratoria de validez de su elección como titular del Poder Ejecutivo federal.
Desde luego, una parte de la oposición busca su recuperación, lo cual es entendible. Aunque no toda está atenta a ese propósito: el PRI y el PAN están concentrados en sus respectivos procesos de elección de dirigentes, con la vista puesta en las camarillas y los intereses creados. Del PRD, ni hablar.
Pero algunos de los membretes disfrazados de sociedad civil, protegidos e impulsados por Claudio X. González, se enfocan en otro tema que creen redituable, acaso una bandera que les permita reagrupaciones y reanimación: la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la próxima integración de las cámaras legislativas.
El discurso tremendista y apocalíptico que esos opositores usaron rumbo al pasado 2 de junio es repetido ahora al pintar el terrible futuro que, dicen, espera a los mexicanos si Morena y aliados se hacen de la mayoría calificada en las cámaras (firme en San Lázaro, alcanzable con cierta facilidad en el Senado). Por ello convocan a que este domingo se repitan escenas de la llamada marea rosa, frente a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, como en las correspondientes en diversas ciudades del país. Ya se verá si hay numerosidad para dar por restaurados los aires de aquella marea o todo queda solamente en un intento disminuido.
Y, mientras Brasil, Colombia y México, a través de sus cancillerías, han exhortado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a presentar los resultados de las elecciones presidenciales (…) desglosados por mesa de votación, ¡hasta el próximo lunes, con Nicolás Maduro bloqueando por 10 días en Venezuela la red X, antes Twitter, por incitar al odio y el fascismo!
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México SA
“Hubo un candidato…” // Presidente del empleo // Derecha histérica y ridícula
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
En la siempre multitemática conferencia mañanera, el presidente López Obrador ayer recordó a un nefasto personaje –hoy cómodamente instalado en Madrid bajo el ala protectora de la derecha española– que durante su campaña y posterior estancia fraudulenta en Los Pinos cínicamente se autodenominó presidente del empleo, aunque en los hechos pisoteó a los trabajadores para beneficiar al gran capital y su imparable maquinaria de generar ganancias.
Dijo el mandatario: “El modelo que estamos aplicando significa apoyar abajo para que la gente tenga ingresos… Si la gente no tuviese trabajo, si hubiese desempleo, como era antes… Hubo un candidato que dijo que iba a ser el presidente del empleo: el empleo para los de arriba, de beneficio para los de arriba. Si hubiese desempleo, si se hubiese mantenido la misma política de salarios… que era de las más infames del mundo, porque México tenía los salarios más bajos en el mundo; el salario mínimo en nuestro país era menor que en Guatemala, El Salvador, Honduras. Si no atendemos eso, pues entonces sí les hubiesen creído todas las mentiras a nuestros adversarios, a la mafia del poder, a la élite acostumbrada a medrar con uso de esquema”.
Obviamente, el presidente del empleo no fue otro que Felipe Calderón, quien descaradamente se colgó ese mote cuando en realidad su sexenio registró uno de los peores resultados en esa materia, sin olvidar que fue él quien de regalo de despedida a sus patrones del gran capital (allá por septiembre de 2012) legalizó el outsourcing, con lo que abarató, aún más, la mano de obra y canceló buena parte de los derechos laborales garantizados por la Constitución, amén de facilitar –siempre con el mismo objetivo– despidos, pago de aguinaldo, reparto de utilidades y más.
Con el susodicho en Los Pinos, la tasa de desocupación abierta se incrementó 66 por ciento; en sus seis años de gobierno, el salario mínimo no registró aumento en términos reales (de 47.21 a 60.66 pesos por día, con una inflación acumulada de 29 por ciento); la subcontratación se incrementó permanentemente y todavía Calderón tuvo el descaro de autofelicitarse, porque, dijo, en materia laboral los resultados son palpables y cumplimos la promesa de campaña, con todo y que en su periodo se comprometió a crear un millón de empleos formales por año de estancia en la residencia oficial, aunque en realidad sólo alcanzó 38 por ciento de esa meta.
Por aquellos ayeres, en este espacio se comentó que fuera del circuito oficial (es decir, donde los mexicanos pagan las consecuencias de políticas públicas erróneas, inexistentes o depredadoras) y de los aplaudidores de la derecha, el consenso es que en la citada materia el fracaso del presidente del empleo fue rotundo, estrepitoso y socialmente peligroso, toda vez que tras dos gobiernos panistas al hilo resultará más que complicado levantar el tiradero que dejan en el despedazado mercado laboral.
También por aquellas fechas, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP, Situación del empleo en el sexenio: insuficiente crecimiento del empleo formal, 13 de septiembre de 2012) advertía que en el sexenio de Calderón se ha acumulado un déficit de 2 millones 700 mil empleos formales; la falta de oportunidades en el sector formal también ha generado un crecimiento de la informalidad; al inicio del sexenio, 26.6 por ciento de las personas ocupadas trabajaban en la informalidad y en el segundo trimestre de 2012 la proporción alcanzó un récord de 29.3 por ciento, equivalente a 14 millones 216 mil 96 personas. Si se considera que toda persona que no tiene acceso a las instituciones de salud es informal, entonces el porcentaje sube a 64.4 por ciento o 31 millones 190 mil 224 personas.
Puntualiza el análisis del CEFP: El que haya suficientes personas aplicando para un mismo puesto de trabajo contribuye a mantener bajos los salarios; del segundo trimestre de 2007 a septiembre de 2012, el nivel de ingresos de los mexicanos acumuló una caída real de 13.4 por ciento; en suma, la situación laboral en su conjunto se ha venido deteriorando en los últimos años.
De ese tamaño fueron los resultados palpables y la promesa cumplida.
Las rebanadas del pastel
Resulta verdaderamente ridícula e histérica la reacción de la derecha autóctona por la invitación que Claudia Sheinbaum giró a Vladimir Putin para que asista a su toma de posesión. Convocó a muchos mandatarios y entre ellos aparece Joe Biden, principal patrocinador del genocidio en Palestina. Pero de ese nadie cuestiona nada. Doble moral, como siempre.
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Venezuela en la geopolítica mundial: la disputa por la soberanía
Marcos Roitman Rosenmann | La Jornada
El escenario para proclamar presidente a Edmundo González se libra en dos frentes, el interno y el internacional. En el interno, la Plataforma Unitaria Democrática carece de capacidad para imponer su relato de fraude. Su única baza consiste en incrementar los niveles de violencia, apelando a Dios como principal aliado. La derrota electoral le ha llevado a recurrir a las guarimbas, como hizo en anteriores ocasiones. Crear un estado de incertidumbre para hacer ver que Venezuela vive una guerra interna, le permite llamar a las fuerzas armadas a romper la institucionalidad y justificar un golpe de Estado. El documento firmado por Corina Machado y Edmundo González fechado el 5 de agosto, apunta en esta dirección. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y sus propias familias. Con esta masiva violación de los derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar, sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen. Bajo esta coyuntura, Corina Machado capitaliza el protagonismo. La lideresa de Vente Venezuela es aupada en detrimento de Edmundo González, lo cual hace sospechar que estamos ante la operación conocida como gambito del rey. Proclamar presidente a Edmundo González, para a continuación, provocar su renuncia, cediendo la presidencia a Machado. El gobierno y las declaraciones de las Fuerzas Armadas mostrando su apoyo a la Constitución y el candidato electo, han logrado desactivar, en principio, el plan.
Sin embargo, cosa distinta se da en el plano internacional. Ahí, la oposición tiene ganado el relato. Difícil romper su hegemonía en medios de comunicación y redes. Se impone su idea de fraude electoral. Un ejemplo ha sido la tergiversación de las palabras de Nicolás Maduro, afirmando que prohibía el uso de WhatsApp en Venezuela. Las principales emisoras de radio y televisión en España no tardaron en adjetivarlo de payaso y dictador. Descontextualizan, confunden y desacreditan ¡Prohibir WhatsApp está loco! En América latina, Europa Occidental y organismos internacionales, la PUD, ha movilizado a los partidos hermanos, lo cual le permite solventar la idea de fraude electoral. Pero también está presente en los grupos de presión, ampliando su espacio para difundir su mentira. Es el caso del grupo conocido como Iniciativa Democrática de España y América (Ideas), en el que cohabitan 33 ex presidentes, entre otros, Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), Ricardo Martinelli (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Álvaro Uribe (Colombia), Felipe González y Jose María Aznar (España), Óscar Arias (Costa Rica) o Felipe Calderón y Vicente Fox (México). Todos avalaban el discurso de fraude propuesto por la PUD. En España, centro de operaciones de la oposición venezolana para Europa, Vox, PP, sectores de PSOE, el PNV, y Junts per Catalunya son caja de resonancia: ¡fraude! ¡Maduro dictador! En América Latina lo tienen más difícil. Por un lado, la OEA, y países del ex Grupo de Lima se decantan por declamar fraude electoral, a lo cual se ha sumado el presidente chileno Gabriel Boric. Sin embargo, México, Brasil y Colombia no avalan el discurso de la PUD. La diferencia es clara entre Milei, Boric, Dina Boluarte o Luis Lacalle, y los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva. Los primeros hablan de fraude electoral. Los segundos llaman a la paz, el diálogo, el respeto a las instituciones, la trasparencia y la entrega de las actas que corroboren los resultados del CNE que dieron el triunfo a Maduro.
En esta línea, seis países europeos cuyos gobiernos mantienen diferencias ideológicas, España, Francia, Italia, Holanda, Polonia y Portugal, se han pronunciado como México, Colombia y Brasil, insistiendo a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral. ¿Y Estados Unidos? Su gobierno reconoce el triunfo de González y se adhiere a la consigna de estar en presencia de un gran fraude, a lo cual se suma el Partido Republicano. Mientras, países contrarios a la idea del fraude, son tildados de enemigos de la democracia, la paz mundial y un peligro para Occidente.
Las cartas están sobre la mesa. En juego está la soberanía de Venezuela. Que la oposición logre sus objetivos, ganando fuera lo que perdió en las urnas, posibilitaría el 1º de enero de 2025, la operación del gambito del rey. Tiene hasta diciembre para conseguirlo. Así, buscará denodadamente dividir a las fuerzas armadas, desconocer todas las instancias venezolanas de conteo de votos, como afirma Edmundo González en el comunicado del 7 de agosto, negándose a la mediación del Tribunal Supremo de Justicia, tildándolo de ser una institución chavista. Tras esta lógica, avivar un golpe de Estado. Internacionalmente no cejará en promover el aislamiento internacional, mediante la profundización del bloqueo y las sanciones. Parafraseando a Richard Nixon: hacer gritar la economía venezolana. En conclusión, se trata de defender la soberanía de un pueblo que ha votado mayoritariamente por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y su candidato, Nicolás Maduro Moros. Cualquier otro tema está fuera de la agenda e incorporarlos sólo favorece a la oposición y su propuesta de entregar el país a los intereses extranjeros, ávidos de controlar el petróleo.