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Información pública para prevenir catástrofes climáticas

El INAI es el ente facultado para que la información en manos del gobierno se le brinde a quienes la soliciten. La transparencia y el acceso a la información son componentes esenciales para enfrentar desastres naturales en nuestro país.

Julieta del Río | Proceso

En México, el derecho de acceso a la información es una herramienta esencial no sólo para la rendición de cuentas, sino también para la protección y el bienestar de la ciudadanía en situaciones de emergencia, como los desastres naturales. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el ente facultado para que la información en manos del gobierno se le brinde a quienes la soliciten. Este principio cobra especial relevancia ante la reciente llegada del huracán Beryl que impactó el viernes último en la Península de Yucatán afectando a más de dos millones de habitantes en Cancún, Tulum, Mérida y otros puntos importantes del sureste.

Conocer oportunamente información es crucial en contextos de desastres naturales como éste. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) juega un papel vital al proporcionar detalles sobre el comportamiento de los fenómenos meteorológicos que se presentan en México. 

Esta institución pública, mediante sus reportes constantes, permite a las autoridades y a la población estar informados sobre la trayectoria, intensidad y posibles impactos del huracán. Por lo cual podemos entender su trascendencia esencial para la toma de decisiones, tanto en los gobiernos municipales y estatales, como en el rubro individual.

Durante un desastre natural la disponibilidad de información pública puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, los reportes del SMN permiten que las autoridades implementen planes de evacuación y preparen refugios con la debida antelación. Así como implementar el Plan DNIII por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Asimismo la población puede tomar medidas preventivas, como asegurar sus viviendas, almacenar provisiones y desalojar zonas de riesgo. Dicho en otras palabras, sin el flujo transparente de información, estas acciones preventivas desde el gobierno y la población no se podrían realizar, exponiendo a la población a peligros prevenibles.

El huracán Beryl, al igual que otros fenómenos meteorológicos, requiere una respuesta coordinada y basada en datos precisos. La experiencia ha demostrado que la falta de información o la difusión de información incorrecta puede tener consecuencias catastróficas. 

La tragedia del huracán Katrina en 2005, el huracán Otis de 2023 en Guerrero, o las tormentas con viento en Nuevo León en junio de este año, por ejemplo, mostraron cómo la mala gestión de la información y la falta de coordinación pueden agravar los efectos de un desastre natural. En contraste, se pueden salvar vidas cuando los gobiernos y las instituciones públicas operan y deciden con información completa sobre la mesa.

En noviembre de 2023 desde el INAI instruimos a la Secretaría de Bienestar para que entregara información relacionada con municipios que han recibido recursos del Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural en los últimos cuatro años. El mencionado Programa surgió en 2019 para sustituir al extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En el análisis que realizamos en mi ponencia destacamos que los Lineamientos de Operación de este Programa establecen como objetivo principal “mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras afectadas por una emergencia”. Esto lo hace por medio de dos principales vías. Una es mediante entregas de insumos a personas identificadas tras la implementación de un censo. La otra es vía transferencias económicas a los municipios afectados, los cuales deben ejercer los recursos en obras de infraestructura.

Destaca que incluso los lineamientos facultan a la Subsecretaría de Bienestar para que, en caso de ser necesario, se firmen convenios con los tres niveles de gobierno para impulsar el Programa del cual también se debe llevar un registro puntual.

En ese momento, expuse ese proyecto por las personas damnificadas del huracán Otis en Guerrero. Los recursos que se destinan para la reconstrucción de comunidades ante el impacto de huracanes y otros fenómenos naturales deben ser transparentados para cerrar espacios a la corrupción. En otras palabras, cada peso invertido en la reconstrucción debe ser rastreable hasta su destino final.

Por estas razones estoy convencida de que la transparencia y el acceso a la información son componentes esenciales para enfrentar desastres naturales en nuestro país. Las autoridades, como la ciudadanía, deben conocer la Plataforma Nacional de Transparencia para preguntar lo que deseen en contextos de alerta. 

En tiempos de crisis, la información no sólo es poder, salva vidas.

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Número cero

Los esperpentos de Marko y Alito

José Buendía Hegewisch | Excelsior

El esperpento reeleccionista de Alito Moreno no sólo expresa la decadencia del PRI, sino también de los grandes partidos de la transición democrática. La debacle se extiende a un sistema que dejó de representar a la ciudadanía y ser agente de cambio frente al surgimiento de un nuevo modelo de partido-movimiento bajo el liderazgo de López Obrador.

El tsunami del 2 de junio arrastró a la crisis a la oposición y a sus dirigencias a batirse en el fango antes que dejar el cargo. Al PRI, en el lodo glutinoso de una reforma estatutaria para que Alito siga en la presidencia hasta 2032, a pesar del peor resultado electoral del partido en su historia y, al PAN, en el lodazal del relevo de su dirigencia, donde Marko Cortés maniobra para dejar a un afín sin importar la descomunal desconfianza de la ciudadanía, que acabará por abandonarlos del todo.

¿Cómo explicar el ocaso del modelo del “poder compartido” en la apropiación, abuso y estafa de villanos bufonescos que no pasarían una prueba cognitiva de principios de la democracia? De una oposición montada en el discurso del peligro reeleccionista de López Obrador, cuando sus dirigencias responden al fracaso con el agandalle del poder, así suponga enterrar a su partido. Son el residuo del autoritarismo priista en que se formó el menguante sistema de partidos y una justificación para una reforma electoral. Visto en perspectiva, no es extraño que los partidos de la democratización de los 90 repliquen sus males en la hora del desastre. Ellos construyeron un arreglo de reparto del poder que relegó a los órganos del Estado en meros ejecutores de decisiones de sus altas esferas. Su rápido desgaste en la joven democracia mexicana está atado al millonario financiamiento de los partidos, que hizo de sus líderes CIO de empresas, con más recursos que muchas de ellas; y al poder de su firma para funcionar como franquicias preservadas con candados, como la sobrerrepresentación con que fortificarse, hasta que Morena los desplazó con sus mismas reglas.

Partidos con dueño, cupulares, verticales, sin vida interna ni rendición de cuentas; pero vulnerables a la apropiación de dirigentes ambiciosos. Hasta el PRD, surgido de la lucha social contra el régimen autoritario del PRI, acabó por sumarse al esquema de simulación y complicidad, que alcanzó su máxima expresión en el Pacto por México de Peña Nieto. El último del elenco del “tripartidismo empantanado” —como calificaba Rincón Gallardo al sistema de partidos de la transición— también llega a sus horas finales de una muerte anunciada desde la escisión de López Obrador en 2012 y la esclerotización de una dirección alérgica a renovarse.

La pregunta que flota sobre su debacle es si les queda posibilidad de renovación, a excepción del PRD en la picota del registro. Pero la duda puede resultar irrelevante frente al dominio territorial de Morena y su hegemonía en el Congreso que, por el contrario, active los resortes autoritarios de sus liderazgos para negociar y funcionar como satélites en el modelo del “gatopardismo”, que también les enseñó el viejo PRI.

Las purgas con que amenaza Alito a sus críticos internos con ataques grotescos dejarán un cascaron ya de por sí vacío de militantes en el PRI. Mientras él conserve un poco de oxígeno para negociar con dos gubernaturas que retiene de las 12 que recibió al llegar a la presidencia en 2019, y buscar servir de comparsa en el Congreso. Un escenario nada inverosímil para la última ola de renuncias de reconocidos priistas, como el exgobernador Héctor Astudillo, para el que “no hay antecedentes de tanta inmoralidad y falta de vergüenza”. Respecto al PAN, sus barones parecen más interesados en seguir en el discurso antiobradorista y del peligro para la democracia que de intervenir en el naufragio de un relevo amañado.

En esos escenarios, la duda sobre su futuro comienza a ser irrelevante, como confirman muchos cuadros que emigran del PRI a Morena, y del PAN o el PRD a la formación de un nuevo partido bajo las siglas del Frente Cívico Nacional que sostuvo la candidatura de Xóchitl. Evidentemente, la democracia necesita de partidos que transformen el país, aunque sus dirigencias parecen querer condenarla a la desaparición de la oposición. Morena, que también renovará su dirigencia en septiembre, tendrá que tomar lecciones de los males que precipitaron a sus rivales si quiere demostrar que realmente es diferente a ellos.

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Razones

Partidos agotados y realineados

Rubén Moreira se queda junto a Alejandro Moreno, Alito, quizá sin comprender que la próxima víctima interna, una vez que se haya desecho de los demás, será precisamente él

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

El realineamiento de fuerzas políticas es un resultado inevitable después de lo sucedido en los comicios de junio. La triste aventura de Alejandro Moreno cambiando estatutos a modo para reelegirse al frente del PRI es sólo un capítulo, ni siquiera el inicial, de un proceso que se dará durante los próximos dos años, hasta que se puedan demandar nuevos registros partidarios.

La ruptura del PRI no tiene remedio, pero era una ruptura que ya estaba anunciada: ya Alito y sus aliados se habían deshecho de toda oposición interna antes de iniciar el proceso electoral, se repartieron las posiciones de poder y las plurinominales, y dejaron fuera a quienes planteaban alternativas diferentes. Se fueron a otros partidos Eruviel Ávila, al Verde; Claudia Ruiz Massieu, a MC, y Jorge Carlos Ramírez Marín, también al Verde. Otros, como Miguel Ángel Osorio Chong, que renunció con ellos hace un año, dice que buscará formar una nueva fuerza política con sectores abandonados por el PRI y el PRD. Los que se quedaron, como Manlio Fabio Beltrones (que fue el que impulsó a Alito en su juventud, cuando era dirigente de las juventudes priistas), están siendo amenazados con la expulsión. Francisco Labastida ha dicho que presentará su renuncia en los próximos días. Quién sabe qué harán Dulce María Sauri, Beatriz Paredes o Miguel Riquelme. Tampoco los dos únicos gobernadores que le quedan al PRI, Manolo Jiménez, en Coahuila, y Esteban Villegas, en Durango. Rubén Moreira se queda junto a Alito, quizá sin comprender que la próxima víctima interna, una vez que se haya desecho de los demás, será precisamente él. Y el propio Moreno estará atenazado, más allá de sus declaraciones, por las presuntas investigaciones que el gobierno federal tiene en curso en su contra. Veremos un PRI cada vez más intrascendente. Ojalá le alcance, por lo menos, para dar la lucha en contra de la sobrerrepresentación.

El PAN está gravemente tocado, pero quizá pueda mantenerse con una estructura más estable. Depende de sus dirigentes, pero si vemos la línea que siguen Marko Cortés y su equipo, están, también, insistiendo en el error. Si Alito culpa de sus desgracias a priistas de hace 30 años, Marko se va doce años atrás. Sí, todo proceso tiene una historia, todo fracaso debe tener un origen, pero el dato duro es que las dos últimas elecciones del PAN y, sobre todo, esta de junio pasado, han sido en las que peores resultados ha tenido el blanquiazul, hoy un partido desdibujado, que no tiene siquiera un rumbo ideológico claro.

En su proceso interno muy probablemente quedará de presidente Jorge Romero, un hombre con más talento político que Cortés, pero que, si no apuesta a una reunificación del panismo, terminará, inevitablemente, perdiendo a buena parte del partido. Hoy, el PAN sigue existiendo basado en baluartes locales en los que poco peso tiene la dirigencia nacional. Pero si el PAN no comienza a reconocer su propia historia, sus principios, sus formas de hacer y entender la política, la diáspora será inevitable. Y no tardaremos mucho en ver una fuerza de ultraderecha, algo tipo Milei, que termine absorbiendo parte considerable de su militancia.

El fin de semana se anunció que muchos de quienes apoyaron con la Marea Rosa y otros movimientos la candidatura de Xóchitl Gálvez crearán un partido político llamado Frente Cívico. Ahí están Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, quizá Claudio X. González. No es fácil transformar un movimiento social marcado por la oposición a la 4T en una fuerza política competitiva. Tampoco es fácil comprender que ese movimiento social opositor no tiene por qué reflejarse en quienes dicen ser sus dirigentes.

Movimiento Ciudadano podría ser una opción si no fuera, también, un partido con dueño, y en donde los conflictos internos no tienen una salida clara para desfogarse. El conflicto entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, la intrascendencia que se confunde con el entreguismo de Samuel García, degradan a un partido que, políticamente, podría tener un espacio integrador para muchos de los que se han quedado sin alternativas.

En Morena también comprobarán que esa fuerza política sigue siendo más un movimiento que un partido plenamente establecido. Es verdad que el poder cohesiona y que, desde una posición de poder tan sólida, Claudia Sheinbaum tendrá muchas fichas con las que jugar. Pero en Morena también hay muchas posiciones enfrentadas entre sí.

De alguna forma, mientras se reconfiguran nuevas fuerzas, el oficialismo y la oposición estarán dentro de Morena, y combatirán dentro del propio partido. Nada nuevo, por cierto: el PRI lo transitó con éxito durante 70 años; cuando lo olvidó, cuando acabó con ese juego interno o se quedó sin espacio para jugarlo, fue cuando comenzó a autodestruirse. Y Alito le acaba de dar el golpe probablemente final.

Nada parece oponerse en Morena a que Luisa María Alcalde sea la próxima presidenta nacional del partido. Es una posición que tendrá el indudable sello de López Obrador, pero que le exigirá a la actual secretaria de Gobernación una intensa interacción con la presidenta Sheinbaum, pero también con los líderes del partido en las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, que tendrán que afrontar sus propias luchas internas.

No hay nada que pueda presagiar hoy que esos equilibrios de poder en el partido oficial se vayan a mantener sin alteraciones por mucho tiempo. En la medida en que Sheinbaum vaya asumiendo el poder y controlando sus espacios, eso se terminará reflejando en el propio partido. También lo vimos, durante 70 años, en el priismo.

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Astillero

Morena: no ser burocracia reacomodada // Impulsar y vigilar el cambio // PAN: administra la intrascendencia // PRI: espectáculo decadente

Julio Hernández López | La Jornada

Los tres principales partidos políticos nacionales con subsistencia propia después de las elecciones recién pasadas se encaminan al relevo de sus dirigentes.

Es un proceso importante, no tanto o no sólo por el cambio de personajes al timón del partido hoy dominante (Morena), del que por décadas fue hegemónico (PRI) y del sólo empoderado durante dos sexenios (PAN), sino por el papel que jugarán dichas organizaciones y sus líderes en el proceso aún impreciso de cambios estructurales profundos que podrían alcanzarse a partir de los avances logrados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y de las expectativas de evolución que con su potenciador triunfo electoral recibió Claudia Sheinbaum.

Desde luego, el partido dominante, Morena, tiene la responsabilidad de impulsar y vigilar ese proceso de cambio. Desde su fundación, 10 años atrás, ha tenido cinco dirigentes: Martí Batres, Andrés Manuel López Obrador, Yeidckol Polevnsky, Alfonso Ramírez Cuéllar y Mario Delgado Carrillo. Batres ha ido ocupando diversos cargos luego de dejar la presidencia; Polevnsky se ha opacado (incluso acusada formalmente de presunciones de corrupción), pero mantiene asiento legislativo; Ramírez Cuéllar pareciera estar en vías de reasumir algún rol más activo, y Delgado pasará a la SEP. López Obrador fue, es y ¿será? el factor determinante (con acciones e inacciones, expresiones o silencios) en el partido que creó.

Según se va perfilando, la aspirante predeterminada para la sucesión morenista es Luisa María Alcalde Luján, quien tiene méritos partidistas plenos y ha sido dos veces secretaria en la administración de López Obrador, actualmente a cargo de Gobernación. Citlalli Hernández, la secretaria general que en algún momento consideró la posibilidad de competir por la presidencia, prefirió hacerse a un lado y apoyar a quien parece preferida para ganar.

De llegar Alcalde Luján a la dirigencia guinda, su principal tarea debería ir más allá del ajetreo electoral (candidaturas, campañas), para tratar de evitar que intereses e historiales contrarios al postulado de la regeneración nacional lleguen a convertir a Morena en algo parecido al PRI, lo cual incluso ha sido advertido expresamente por la virtual presidenta electa, Sheinbaum.

La nómina de inminentes legisladores federales, de nuevos gobernadores e incluso de integrantes del gabinete presidencial perfilado tiene una porción cargada hacia la derecha, o si acaso al centrismo, el oportunismo y lo saltimbanqui que un partido realmente defensor de los intereses populares, ya no se diga de izquierda, debería mantener bajo vigilancia activa, vigorosa. Lo peor sería que los nuevos dirigentes de Morena se convirtieran en una prolongación del gabinete presidencial, en una instancia de burocracia reacomodada.

Al principal partido de oposición, Acción Nacional (el otro sería Movimiento Ciudadano, pero parece aceitado para jugar a la oposición concertada), debería corresponderle un papel trascendente: la reorganización de fuerzas, la atinada recomposición programática y el rechazo inteligente y eficaz de las eventuales políticas oficiales que considerara dañinas. Pero no hay condiciones para tal salto cualitativo, pues Marko Cortés, Ricardo Anaya, Santiago Creel y otras figuras panistas actuales, incluyendo los aspirantes a relevar a Cortés, sólo están peleando por los cargos, sin perspectiva real de recomposición sustancial.

En el PRI la situación es peor: Alito Moreno se ha montado en el dinosaurio releccionista y está decidido a mantener el cascarón tricolor (es decir, el presupuesto y prerrogativas). Para ello ha abierto fuego declarativo contra corresponsables (que no son de su facción) del hundimiento de ese partido, que ahora sólo ofrece a la ciudadanía un lamentable espectáculo de violencia retórica, acusaciones criminales antes silenciadas de forma complicitaria y expectativas sólo identificables con un fideicomiso de liquidación.

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México SA

Sheinbaum: tren de pasajeros // Anuncia 3 mil kilómetros más // ¿Qué hacer con Luisa María?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum anuncia que durante su mandato se tiene programado agregar alrededor de 3 mil kilómetros de longitud a la red ferrocarrilera del país (el mayor crecimiento desde el Porfiriato), que se sumaría a los construido por el gobierno de López Obrador y con énfasis en el transporte de pasajeros (Ernesto Zedillo canceló esta posibilidad tras privatizar ese sector para beneficiar al gran capital), con lo que, de concretarse, dicha red sumaría una longitud cercana a 30 mil kilómetros.

Sheinbaum ha dicho que tomó la decisión de seguir construyendo trenes y ahora nos vamos a ir hacia el norte; hablamos de varios proyectos en campaña y los estamos consolidando. En el sexenio de López Obrador la red ferroviaria creció en más de mil 500 kilómetros y ahora estaríamos construyendo el doble del tren de pasajeros, uno de ellos es hacia Nuevo Laredo; ese ya lo tenemos definido y el otro es el que estamos ya trabajando para hacerlo.

Pues bien, ayer la futura mandataria constitucional ofreció más detalles de este proyecto: de entrada, serían los tramos ferrocarrileros AIFA-Pachuca, México-San Luis-Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y México-Querétaro-Guadalajara, con énfasis en que serán eléctricos, para lo cual ya se analiza el derecho de vía.

La Jornada (Alma Muñoz) lo informó así: Sheinbaum detalló que los trenes de pasajeros serán obras prioritarias de su gobierno, con inversión pública y privada, así como participación de ingenieros militares. En su momento entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente las concesiones, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo son trenes similares al Maya. La conectividad en nuestro país, manteniendo los trenes de carga, tiene un potencial enorme y significa generación de empleo vinculado con obra pública, que potencia la obra o la inversión privada.

Se dice fácil: 3 mil kilómetros de vía férrea para retomar el transporte de pasajeros y volver a conectar al pueblo con la República (algo que de un plumazo canceló Ernesto Zedillo desde 1997) es un gran paso y, en efecto, generará una muy buena cantidad de empleos, especialmente en las zonas que, por dicha cancelación, prácticamente quedaron borradas del mapa nacional. Los trenes de pasajeros responden a la estrategia nacional de relocalización y desarrollo regional de su proyecto de nación, con lo cual busca generar prosperidad para todos los mexicanos, a través de un trabajo conjunto entre las instituciones de gobierno y empresarios, dijo Sheinbaum, amén de que en su gobierno se consolidarán el Tren Maya y el Interoceánico.

Para dar una idea de qué se trata, en 1997, año de la privatización ferrocarrilera (desde luego la voluminosa deuda de Ferrocarriles Nacionales de México fue asumida por el Estado) y ya entregada la explotación del sector al capital privado, del sexenio de Zedillo al de Enrique Peña Nieto, el tendido de vía férrea en ese periodo (21 años) a duras penas creció 1.1 por ciento, pues su longitud pasó de 26 mil 613 kilómetros, en 1997, a 26 mil 914, en 2018, es decir a razón promedio anual de 10.75 kilómetros, o si se prefiere 896 metros por mes.

Con López Obrador, dicha red se incrementó más de mil 700 kilómetros (Tren Maya y Tren Interoceánico) y con Sheinbaum vienen 3 mil kilómetros más.

Dado lo anterior y como se ha comentado en este espacio, no puede olvidarse el compromiso de Ernesto Zedillo a la hora de privatizar los ferrocarriles mexicanos: con esta decisión (que implicó modificar la Constitución y declarar prioritario, no estratégico, al sector) llegará una multimillonaria inversión y el tendido de vías férreas se incrementará de forma espectacular. Y dicho lo anterior, que resultó ser una más de sus patrañas, al concluir su estancia en Los Pinos cómodamente se fue a trabajar a una trasnacional ferrocarrilera (Union Pacific, entonces socia de Germán Larrea, quien hoy es el zar del sector con Ferromex), una de las beneficiarias de la privatización.

Las rebanadas del pastel

En los corrillos políticos, antes de las elecciones del pasado 2 de junio, se daba por cierto que Luisa María Alcalde repetiría en Bucareli; más adelante, se aseguraba que en realidad ocuparía la Oficina de la Presidencia o de menos la embajada de México en Francia y, según avanzaba el calendario, un día sí y el otro también le atribuían muchos cargos más. Nada fue cierto, pero ahora la ponen, ya como un hecho, al frente de Morena. Se nota, dados sus resultados en Trabajo y Gobernación, que el nuevo gobiernono sabe qué hacer con ella.

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Las izquierdas siembran; las derechas recogen

Abraham Nuncio | La Jornada

Desde luego, en el despliegue de este artículo explico el porqué de un título anticlimático frente a los triunfos de la izquierda en México y en Europa.

En México rotundo fue el triunfo de la coalición de izquierda en las pasadas elecciones de junio. Ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y le faltaron tres asientos en la de Senadores para alcanzarla. En Inglaterra, el triunfo de los laboristas dio una respuesta negativa al clima indicativo del ascenso inevitable de la derecha en un contexto donde el Brexit se fragiliza y cuestiona. Y en Francia, contra todo pronóstico, encuestas, los principales medios de comunicación y los resultados de la primera vuelta electoral donde sus resultados favorecieron a la extrema derecha de Marine Le Pen, triunfa en los comicios legislativos una coalición (el llamado Nuevo Frente Popular) sellada por Francia Insumisa, el partido radical de izquierda, encabezado por Jean-Luc Mélenchon.

En la coalición victoriosa hay de todo: insumisos, ecologistas, socialistas, comunistas. Sólo juntos pudieron formar, para fines electorales, ese frente antifascista. En la votación general, debido al sistema electoral combinado que prevalece en Francia, la derecha lepeniana, sin embargo, levantó un mayor número de votos directos que los obtenidos por la izquierda y por el centroderecha de Emmanuel Macron, presidente de Francia desde 2017.

No es poco contra lo que ha triunfado el Nuevo Frente Popular: las tendencias fascistas y, por tanto, el racismo, la discriminación, la antimigración, la contención de las luchas de los trabajadores por conquistar un mejor nivel de vida y la guerra de occidente, bajo el dominio de Estados Unidos, ahora convertida en un genocidio al pueblo palestino de Gaza y en la amenaza de que la OTAN siga interviniendo contra Rusia y creando las condiciones para generar la tercera guerra mundial.

Puede ser que ese frente liderado por Mélenchon no pueda quedar representado en la figura de primer ministro, pues Macron, al que acompaña la potencia empresarial del hemisferio privado del Estado, se propone romper la coalición del Nuevo Frente Popular dada su composición heterogénea y la poca comunicación política entre las fuerzas que lo integran. Finalmente el que nombra al primer ministro es el titular del Ejecutivo. Pero el triunfo inesperado de la izquierda obliga a Macron a reorientar su política y a establecer fórmulas distintas de las pro estadunidenses que ha seguido hasta ahora la Unión Europea, donde Francia juega un papel relevante. ¿En qué medida? Todo dependerá, en adelante, de las negociaciones entre las diferentes fuerzas del espectro político francés.

Cualquiera que asuma una posición coherente de izquierda no puede regatear valor a todo aquello que suponga avances contra la derecha, ya sea mediante comicios o de no importa qué otro proceso.

En el discurso pronunciado por Mélenchon –gran tribuno– al triunfo de la coalición de izquierda, admitió que no habían obtenido la mayoría en la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de Francia. Y reconoció a las fuerzas que hicieron posible su victoria: los jóvenes y la clase obrera de la cual dijo: salvó a la República. Es a estos sectores a los que una izquierda consecuente debe movilizar mediante un cambio de conciencia. En otros países (Argentina, por ejemplo), la mayoría de los jóvenes han votado por la derecha. Y a la clase obrera, con mecanismos de control (empresas informativas, políticas laborales favorables a los patrones, coacciones y escamoteos de éstos, clientelismo y cooptación), se la logra mantener dispersa, sumisa, enajenada y lejos de toda decisión en sus centros de trabajo y en el gobierno.

Habrá que esperar, pero sin hacer demasiadas cuentas alegres, que la izquierda avance en Francia y en otros países, el nuestro entre ellos, no sólo electoralmente sino en términos sociales. ¿Por qué esta actitud de antieuforia? Por algo tan significativo como el hecho fundamental de que los nuestros son países capitalistas, y el mayor poder efectivo en ellos no es el de los diversos sectores cuya abrumadora mayoría está constituida por trabajadores (el pueblo), sino el de los banqueros y grandes industriales, comerciantes, agricultores, mineros y dueños de televisoras, radioemisoras y rotativos. La hiperminoría del uno por ciento, que se peina a la derecha. No reconociendo esta realidad se puede hacer un uso muy laxo de vocablos como democracia, “libertad, igualdad, pueblo.

La justificación de los gobiernos liberales, sean de izquierda o de centro, es que las nuestras son sociedades plurales. Sí, es cierto, pero para efectos de poder, las mayorías tendrían que contar como tales en los diferentes órganos de gobierno. En la definición lincolniana, la democracia es la forma de gobierno de, por y para el pueblo. En los malditos hechos esta fórmula tendría que traducirse en la representación de los trabajadores (el pueblo) en los tres poderes de gobierno. No es así.

El fenómeno ya se vio en varios países. En Chile, el pueblo movilizado pidió un cambio a la constitución chilena obra de Pinochet. Gabriel Boric, en su campaña, ofreció que lo implementaría. No pudo y cada vez se ve más limitado en su radio de acción. En Brasil, la derecha (fuerza que no se define por el bien de las mayorías de trabajadores) se afianzó con Bolsonaro y el gobierno de Lula se topa con muchas dificultades para hacer practicables sus medidas de gobierno. A Petro, en Colombia, le ocurre lo mismo cuando no en términos más drásticos. En México, los 36 millones de votos de Sigamos Haciendo Historia no parecen haber bastado para que el pueblo se viera representado en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. Con los laboristas en Inglaterra y con los socialdemócratas en España, el pueblo no ha visto mejoras en su situación ni ambos gobiernos han impedido las tendencias económicas propias del neoliberalismo (o capitalismo feroz) ni la guerra como su secreción latente o en acto.

Las victorias electorales de la izquierda deben reconocerse y alentarse, pero no apostar a ciegas por ellas.

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Reforma judicial: una mirada desde el estado de derecho

Mario Patrón | La Jornada

A nadie escapa que una de las grandes inquietudes tras la contundente victoria de la coalición encabezada por Morena en la jornada electoral del pasado 2 de junio, radica en la reforma al Poder Judicial impulsada por el Presidente y las posibilidades de su aprobación en el Congreso el próximo septiembre. Medios de comunicación, organizaciones civiles, el sector financiero y buena parte de los integrantes del Poder Judicial han expresado amplia preocupación por una reforma cuyos ejes de cambio no parecen atender las necesidades más urgentes y estructurales de un sistema de justicia nacional a todas luces en crisis.

Por su amplia difusión en medios, no es necesario detenernos en la exposición de los detalles de su contenido. A guisa de síntesis, se propone reformar 16 artículos constitucionales y aprobar 11 transitorios que, en conjunto, provocarán la restructuración de la SCJN y el Consejo de la Judicatura; modificarán el esquema de designación de ministros, magistrados y jueces, y añadirán reglas procesales. Es cierto, subrayamos, que nuestro sistema de justicia está en crisis; la impunidad, el escaso acceso a la justicia para las víctimas y la consecuente falta de legitimidad del sistema de justicia son problemas serios que deben ser atendidos con urgencia. No obstante, es necesaria un mirada más amplia e integral para conformar una reforma que, a través del mejoramiento del acceso a la justicia y la reducción de la impunidad, fortalezca nuestro estado social y democrático de derecho.

Una perspectiva que puede ayudar a fortalecer nuestro diagnóstico es la del Índice de estado de derecho del World Justice Project. Este índice evalúa la adhesión a los principios que distinguen formalmente a todo estado de derecho a partir de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Para el caso mexicano, la última edición 2023-24 del referido índice arroja un puntaje de 0.41, donde 1 es la máxima adhesión al estado de derecho y 0 es la nota menor. Esta calificación colocó a México en la posición 116 de 142 países evaluados en el listado global del World Justice Project de 2023.

Si bien todos los factores son, en mayor o menor medida, componentes necesarios para un sistema de justicia efectivo, merece la pena observar en el desagregado de la evaluación los dos que miden explícitamente el acceso y procuración de justicia, que son los rubros de justicia civil y justicia penal, que fueron en los que nuestro país registró sus puntajes más bajos, con 0.37 y 0.36, respectivamente, lo cual refuerza la evidencia sobre los focos de vulnerabilidad de nuestro sistema.

Lo más relevante de este índice, que contribuye a realizar un diagnóstico certero de nuestra realidad, es que evalúa el funcionamiento general de nuestras instituciones públicas desde un horizonte de estado de derecho. Por eso consideramos que toda propuesta de reforma al sistema de justicia debe tener como condición fundamental el fortalecimiento de nuestro estado de derecho.

Sólo desde una perspectiva verdaderamente sistémica e integral se puede construir una reforma pertinente. En tal sentido, cualquier cambio que coloque auténticamente en el centro a las víctimas debería iniciar con la revisión del estado que guardan aquellas responsabilidades que, de hecho, recaen en el Poder Ejecutivo; es decir, con el examen de las fiscalías General y estatales, los ministerios públicos y los centros penitenciarios, pues son las deficiencias de las fiscalías las que impiden en buena medida administrar debidamente la justicia a los jueces, mientras los centros penitenciarios privilegian una perspectiva de justicia punitiva que no concede márgenes a las garantías restaurativas indispensables para propiciar la efectiva reinserción social de quienes cometen algún delito.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha planteado tomar en consideración otras medidas de intervención pertinente a nuestro sistema de justicia, como el rediseño de las policías ministeriales, el fortalecimiento de las capacidades de los servicios periciales y de las defensorías públicas y la ampliación del acceso al juicio de amparo. Se trata no de simples ocurrencias, sino de alternativas apegadas a los estándares que el Estado mexicano ha refrendado con la suscripción de instrumentos internacionales que buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Una reforma sobre este aspecto es más que necesaria, pero debe debatirse transversalmente tomando en consideración factores como los que rescata el Índice de estado de derecho. La reforma que México necesita es una orientada hacia un mayor acceso a la justicia, mayor autonomía del Poder Judicial, mayor efectividad en las investigaciones y resoluciones, una mejor tutela de los derechos fundamentales y, por ende, mayor legitimidad de nuestro sistema de justicia.

En las últimas semanas se ha llevado a cabo un ejercicio de diálogo nacional sobre las reformas al Poder Judicial, valdrá la pena seguir atentos a este interesante debate y sobre todo a corroborar que sus aportes más pertinentes sean efectivamente considerados en los pormenores de la reforma, de modo que las urgencias más cruciales de nuestro sistema de justicia se atiendan desde los estándares internacionales de los derechos humanos y, por supuesto, poniendo en el centro el legítimo interés de las víctimas a un pleno acceso a la justicia. México sí necesita una reforma al Poder Judicial, pero más que eso, necesita urgentemente una reforma al sistema de justicia, desde una perspectiva integral, pero sobre todo teniendo como eje el estado democrático de derecho.

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