Lo que dicen los columnistas

Digital News Report 2024: desconfianza en las noticias

En México el informe advierte que el acceso a la información ha mejorado gracias al aumento de usuarios de internet, pero la confianza en los medios tradicionales sigue siendo baja. Los mexicanos prefieren consumir noticias en smartphones y redes sociales.

Jorge Bravo | Proceso

La información, las noticias y el periodismo evolucionan sobre arenas movedizas. La más reciente edición del Digital News Report 2024, del Reuters Institute, ofrece una visión sobre los desafíos que enfrenta el periodismo, la confianza en las noticias, el impacto de la Inteligencia Artificial, las expectativas insatisfechas de las audiencias, el ascenso de las redes sociales, el auge de los llamados influencers y los cambios en la industria.

Mediante una encuesta en línea a más de 95 mil consumidores de noticias en 47 países, el informe revela que la confianza en las noticias sigue siendo un tema crítico. Sólo 40% de los consultados confía en las noticias que consume regularmente.

Este porcentaje se reduce a 35% en México, una reducción de 14 puntos porcentuales respecto de 49% de confianza reportado en 2017.

María Elena Gutiérrez-Rentería, quien elabora el capítulo México, destaca que “desde la asunción del populista Andrés Manuel López Obrador en 2018, la confianza en las noticias disminuyó alrededor de 15 puntos porcentuales. Durante su mandato, AMLO atacó regularmente a los medios y a los periodistas críticos. CNN es la marca internacional más confiable, la siguen el diario El Universal e Imagen Noticias”.

En el mundo se aprecia una disminución continua en la confianza en las noticias, impulsada por la proliferación de desinformación y la polarización mediática. Dicha confianza es ligeramente mayor entre quienes se identifican de derecha (45%) versus de izquierda (43%) en el espectro ideológico.

Países con medios de comunicación altamente polarizados o controlados por el Estado presentan niveles de confianza aún más bajos. La desconfianza se agrava con la difusión de noticias falsas en redes sociales, que carecen de rigurosos filtros editoriales.

Las actitudes del público hacia el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el periodismo son ambiguas. Aunque la IA ofrece oportunidades para mejorar la personalización y la eficiencia en la producción de noticias, también genera preocupaciones sobre la precisión y la ética; 45% de los consultados globales dijo haber escuchado algo sobre la IA.

En México apenas 26% de los encuestados se siente cómodo consumiendo noticias hechas por IA, en tanto que 37% se siente incómodo, por lo que el futuro de esta tendencia tecnológica adoptada por el periodismo aún es incierta.

El informe revela que una parte significativa de la audiencia es escéptica sobre la capacidad de la IA para mantener la calidad editorial y la integridad informativa. Sin embargo, existe un reconocimiento de su potencial para analizar grandes volúmenes de datos y detectar tendencias emergentes.

El estudio indica que las audiencias de la información no sólo buscan hechos, también quieren contexto y análisis que les ayuden a entender mejor las noticias. Hay una demanda creciente de contenido que ofrezca explicaciones detalladas, perspectivas múltiples y conexiones claras con sus vidas cotidianas. Este enfoque no sólo fortalece la relación entre los medios y sus audiencias, también promueve un consumo más informado y crítico de las noticias.

Las necesidades informativas más importantes para el usuario son “actualizarse” (72%, es decir, “noticias que me mantienen al tanto de lo que pasa”), “educarse” o conocer más sobre temas (67%) y “dar perspectiva” o diferentes visiones sobre temas de actualidad (63%). Los medios de comunicación no necesariamente están satisfaciendo estas necesidades que demandan las audiencias.

El modelo de pago por noticias en línea sigue evolucionando, pero es muy incierto. El informe señala que un porcentaje creciente de usuarios (sólo en países ricos) está dispuesto a pagar por acceso a contenido de alta calidad, aunque la disposición varía significativamente entre regiones.

La proporción que paga por las noticias online en 20 países es de 17%; lo sorprendente es que cuando se le consulta a los no suscriptores cuánto estarían dispuestos a pagar por mes, el hallazgo principal es que, en los mismos 20 mercados, la mayoría (57%) no pagaría nada, lo cual documenta que el negocio de las noticias se halla en una situación adversa de sostenibilidad. En México 18% paga por noticias en línea.

Factores como la exclusividad del contenido, la confianza en la marca editorial y la ausencia de publicidad intrusiva son cruciales para motivar a más usuarios a suscribirse a un medio.

Los influenciadores de noticias están ganando terreno como fuentes alternativas de información, especialmente entre audiencias jóvenes. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram se han convertido en importantes canales para la difusión de noticias, a menudo presentadas de manera más accesible, atractiva y breve, algo que valoran mucho los más jóvenes.

Estos influencers no sólo informan, también moldean la opinión pública y fomentan el debate. Obviamente, su impacto plantea interrogantes sobre la rigurosidad, veracidad y calidad de la información que comparten, así como los patrocinios o subsidios que podrían estar detrás de sus performances. Lo cierto es que las audiencias -según el informe- prestan cada vez más atención a comentaristas partidistas, influencers y jóvenes creadores.

En cuanto al uso de redes sociales para consumir noticias, la encuesta detectó una disminución de 4% en el uso de Facebook el último año, así como un ascenso de aplicaciones de mensajería instantánea (canales de WhatsApp) y redes de video (TikTok y YouTube). “Casi un tercio de la muestra global (31%) recurre a YouTube para informarse y alrededor de una quinta parte lo hace en WhatsApp (21%), mientras que por primera vez TikTok (13%) ha superado a Twitter (10%).” El video corto es la fuente más importante para enterarse de las noticias online (66%), especialmente en los jóvenes.

En México el informe advierte que el acceso a la información ha mejorado gracias al aumento de usuarios de internet, pero la confianza en los medios tradicionales (televisión y medios impresos) sigue siendo baja (35%), porque tenemos una alta preocupación por la veracidad de la información y la difusión de noticias falsas. Los mexicanos prefieren consumir noticias a través del smartphones y redes sociales, como parte de una tendencia global.

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Arsenal

Grilla en la Corte

Francisco Garfias | Excelsior

Es falso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan aceptado su salida si es escalonada, quedándose únicamente cuatro integrantes del pleno, entre ellos Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

“Es una absoluta mentira. La única que ha propuesto eso es Yasmín. Quiere negociar en lo personal con las bancadas de Morena y quedarse con la presidencia”, aseguran fuentes confiables de la Corte.

Así las cosas con la reforma al Poder Judicial federal que plantea elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas.

Por cierto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, grabó ayer un video dirigido a los trabajadores(as) del Poder Judicial de la Federación.

Les dice que, ante la anunciada iniciativa de reforma al Poder Judicial se trabaja incansablemente para garantizar la defensa de sus derechos laborales.

“Vivimos momentos llenos de incertidumbre… Es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de Poderes”, señaló.

En estas últimas tres palabras está el meollo del asunto. El Poder Judicial es el único contrapeso real que ha tenido el presidente López Obrador.

Por eso lo quieren desmantelar y construir otro más a modo, via la elección de jueces, magistrados y ministros.

* Se dio a conocer el Informe Mundial de la ONU sobre Drogas 2024 y no le va a gustar a López Obrador. El documento habla de la fabricación a gran escala de enervantes sintéticos.

Dice que la producción se concentra en zonas afectadas por problemas de gobernanza e inestabilidad, como Afganistán, México, Myanmar y Siria. A ese nivel nos pone. El informe alerta, también, sobre los alarmantes niveles de violencia asociados al tráfico de cocaína y a la competencia entre bandas y grupos delictivos.

No está de más recordar que López Obrador primero negó que el fentanilo se fabricara en México. Aseguró que venía de China. Hasta le escribió al gobierno de Xi Jinping para pedirle que impidiera el envío de “sustancias” al país. Pero la evidencia estaba. No tuvo más remedio que admitir después que ese opiáceo sintético sí se produce en nuestro país, pero “poco”, aseguró.

* López Obrador ya bateó a Gerardo Fernández Noroña. “Lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena”, dijo en la mañanera.

Aseguró: “El PT propuso a Fernández Noroña y el Verde a Manuel (Velasco). Así está. Y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en Morena. Y no se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad, sí, y aceptar los acuerdos”.

El diputado del PT ya se veía en la coordinación de los senadores guindas. Fue tercer lugar en la elección interna del candidato(a) presidencial. Invoca el acuerdo, firmado en 2023 por las entonces corcholatas, para sustentar su reclamo. Ese pacto repartía premios de consolación. El segundo lugar iría como coordinador al Senado, el tercero al mismo cargo en Diputados y el cuarto a algún cargo prominente en el gabinete.

Marcelo quedó segundo, pero ya fue designado como secretario de Economía por Claudia Sheinbaum. Fernández Noroña supuso que por ser tercero subiría al cargo en la Cámara alta.

La ilusión se rompió cuando supo que Adán Augusto López se perfilaba para la coordinación de Morena en el Senado. “No se cumplieron los acuerdos”, lamentó el lunes.

Gerardo se fue a reflexionar a Tepoztlán, Morelos. Ayer, en su cuenta de X escribió que no haría ningún comentario sobre su exclusión de los cargos hasta las 9:45 horas de hoy, previo a la sesión del INE.

* “Morena, PT y PVEM acordaron dar a Claudia Delgadillo, respaldo jurídico y moral.

Por lo pronto le abrieron el Senado para dar una conferencia de prensa, arropada por un grupo de legisladores encabezados por Ricardo Monreal.

Oficialmente perdió contra el emecista Pablo Lemus, pero impugnó. Pide se anule la elección por violaciones graves a la imparcialidad, la neutralidad y la equidad en la elección.

Luego de varios días de intenso trabajo, análisis y estudio, esto es lo que dice haber encontrado:

“Errores y dolo en el cómputo de votos. Detectamos actas ilegibles, paquetes vacíos y sin la cinta para sellar ni las boletas en las bolsas que se encontraron en la basura, sin explicación. Hay indicios de extracción de las boletas…”.

La morenista jalisciense se queja de que en su estado natal hay un “cerco informativo” de los medios locales .

“No hacen eco de las quejas de que hubo fraude electoral operado por MC, en complicidad con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana”, remata.

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Juegos de poder

¿Por qué no conviene elegir a los jueces?

Los jueces elegidos tendrían dueños: los partidos que los apoyarían.

Leo Zuckermann | Excelsior

Los defensores de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador a menudo citan el caso estadunidense como ejemplo de que allá sí se eligen a los jueces.

Es cierto, pero la elección sólo aplica a juzgadores del ámbito local, no para el federal, mucho menos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Los propios abogados estadunidenses están en contra de la elección de los juzgadores en su país.

La American Bar Association (ABA), fundada en 1878, es la organización que agrupa a más abogados en la Unión Americana de manera voluntaria y tiene como propósito ser la voz de la profesión legal en ese país.

Éstas son las razones de por qué la ABA se opone a la elección de los jueces en los estados:

(i) “La administración de justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad, ya que un buen juez es aquel que es lo suficientemente independiente como para defender la ley de forma imparcial, independientemente de su popularidad entre los votantes;

(ii) “el nombramiento inicial reduce la influencia corrosiva del dinero en las selecciones judiciales al evitar a las y los candidatos la necesidad de solicitar contribuciones de personas con intereses potenciales en los casos que aquellos decidirán más tarde como juezas y jueces;

(iii) “el costo de llevar a cabo campañas judiciales excluye del grupo de personas candidatas viables a aquellas con medios financieros limitados que carecen de acceso a contribuyentes con recursos financieros significativos; y

(iv) “la necesidad de tener que solicitar contribuciones y ser presionadas públicamente para tomar posiciones sobre asuntos que más tarde tendrán que decidir como jueces o juezas desalienta a muchas personas capaces y calificadas de buscar un cargo judicial”.

La cita la tomo del documento Una amenaza a la independencia judicial: análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México, publicado el mes pasado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.

Este mismo documento señala por qué la ABA también se opone a la reelección de los jueces, ya que incentiva a que “hagan lo que es políticamente popular en lugar de lo que exige la ley”.

La jurista Kate Berry publicó el ensayo académico How Judicial Elections Impact Criminal Cases (¿Cómo las elecciones judiciales impactan los casos penales?).

Sus hallazgos fueron los siguientes:

• “Cuanto más frecuentemente se transmiten anuncios de televisión durante una elección (de jueces), es menos probable que los jueces de la Corte Suprema estatal, en promedio, fallen a favor de los acusados criminales.

• “Los jueces de primera instancia en Pensilvania y Washington sentencian a los acusados condenados por delitos graves a penas más largas cuanto más cerca estén de la reelección.

• “En los estados que cuentan con jueces elegidos, cuanto más apoye el público la pena capital, más probabilidades habrá de que los jueces de apelación confirmen la pena de muerte.

• “En los 37 estados que conocieron casos capitales en los últimos 15 años, los jueces designados revocaron sentencias de muerte 26% de las veces, los jueces que enfrentaban elecciones de retención revocaron 15% y los jueces que enfrentaron elecciones competitivas, 11 por ciento.

• “Los jueces de primera instancia en Alabama anulan los veredictos del jurado que sentencian a los acusados criminales a cadena perpetua y en su lugar imponen sentencias de muerte con mayor frecuencia en los años electorales”.

En Estados Unidos, el Poder Judicial federal puede revertir las decisiones de los jueces locales que, como está comprobado, responden más al clamor popular que a la ley. La diferencia es que los jueces, magistrados y ministros federales en el vecino del norte no son electos, sino designados por un proceso político donde interviene el Presidente y el Senado.

Aquí en México, de prosperar la reforma de López Obrador no habría esta posibilidad porque los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal serían, todos, elegidos por voto popular.

Viendo lo que pasa en Estados Unidos, a mí me queda claro que a México no le conviene imitar esta práctica de elegir a los juzgadores. Los jueces elegidos tendrían dueños: los partidos que los apoyarían para resultar elegidos en las urnas (léase Morena) y, aunque esté prohibido el financiamiento privado, aquellos a los que les den dinero por debajo de la mesa para costear sus campañas (léase poderes fácticos como el crimen organizado o poderosos grupos económicos).

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Astillero

AMLO a Noroña: sí, pero no // Acuerdo, sólo entre morenistas// Hoy, más nombramientos de CS // Ministra Piña arenga al PJF

Julio Hernández López | La Jornada

Ayer, unos 15 minutos antes de la hora programada para que inicie la sesión del Consejo General del INE en la que participó, Gerardo Fernández Noroña fijó postura respecto a lo dicho un día antes por el presidente López Obrador, quien por primera vez le hizo un reconocimiento fraterno (quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera) y pronunció correctamente el segundo apellido de Gerardo Fernández, quien en otras ocasiones ha eludido el que se le haya llamado Loroña desde la tribuna mañanera, pretendiendo asumir que el tabasqueño tiene problemas de dicción.

Los elogios, el afecto y la corrección prosódica no fueron suficientes para suavizar los ánimos despertados a partir de interpretaciones sobre los acuerdos repartidores de premios de compensación que se plantearon al inicio de la contienda interna de las presidencialmente llamadas corcholatas: el polémico diputado, en vías de ser senador, que ha caminado a nombre del PT, va quedando fuera de las asignaciones de cargos en el gabinete o de la coordinación del Senado.

Ayer, una hora después de que Fernández Noroña declaró que probablemente se mantengan en el ámbito de no generar rupturas ni mayores problemas en la 4T (aunque el mencionado legislador aprovechará todo para impulsar su muy temprana campaña presidencial de 2030), Claudia Sheinbaum develó su segunda tanda de nombramientos.

Lo más complicado se dejará para otra ocasión, pues se adelantó que este jueves no se anunciarán las titularidades de las secretarías armadas, la de la Defensa Nacional y la de Marina (donde las camarillas pelean en busca de dos palomeos civiles), así como la de Seguridad y Participación Ciudadana (donde la presidenta entrante insiste en colocar a Omar García Harfuch); Gobernación es el otro nombramiento en reserva, con Rosa Icela Rodríguez Velázquez cada vez más en primer lugar de las quinielas.

Aparte, antier, se anunció que José Antonio Peña Merino (usualmente llamado José Merino) será en la administración federal entrante el titular de una Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que, según lo adelantado por la virtual presidenta electa Sheinbaum, tendrá un papel relevante en cuanto a la recaudación de fondos para el gobierno (con acento en el SAT), una especie de remedio alterno a una reforma fiscal, según lo relatado por la citada VPE ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial el pasado 19.

La doctora Sheinbaum negó ante esa cúpula empresarial que esté pensando en una reforma fiscal para sustentar nuevos programas y servicios: ¿De dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas: de la digitalización, hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante, y, al mismo tiempo, otras áreas muy importantes, como las aduanas. En ese optimista esquema de agilización de trámites para empresas descansa la expectativa de contar con más fondos para las necesidades gubernamentales.

En tanto, la batalla por la reforma judicial entraba ayer en la fase de la resistencia activa de trabajadores y profesionistas de ese poder cuya principal figura, la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, puso en circulación un video con palabras de aliento a su gremio en estos momentos llenos de incertidumbre en los que, puntualizó, es precisamente (…) cuando más debemos demostrar que trabajamos por México.

Dijo que está trabajando incansablemente, dialogando con todas las instancias posibles, para garantizar la defensa de sus derechos laborales. También se informó que los 11 ministros de la Corte y los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal participarán en los foros sobre la reforma judicial que iniciarán el próximo lunes. No irán con una postura unificada.

Y, mientras se esclarece lo sucedido en Bolivia.

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México SA

Buitres sobrevuelan Bolivia // Intento de golpe de Estado // Casa Blanca+oligarcas=litio

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Otra vez la oligarquía boliviana, siempre al servicio de los intereses de la Casa Blanca. Ayer, de nueva cuenta soltó a sus perros color verde olivo e intentó un golpe de Estado en contra del presidente constitucional Luis Arce, lo que de inmediato hizo recordar la misma acción que terminó en la renuncia y exilio (gracias a la intervención del gobierno mexicano) de Evo Morales en noviembre de 2019 y la imposición de la espuria Jeanine Áñez (ahora presa) en la presidencia de aquella nación sudamericana.

Cinco años después, a esa misma oligarquía (con el gobierno estadunidense dando instrucciones) se le ocurrió que era el momento de hacerlo de nuevo, aunque en esta ocasión falló en su intento, pues el presidente Luis Arce reaccionó de inmediato y en primera instancia destituyó al general golpista Juan José Zúñiga (ahora detenido), hasta ese momento jefe del Ejército. También se hizo patente el apoyo popular que en 2019 dio la batalla en contra de los golpistas y la espuria.

Arce nombró a José Wilson Sánchez como nuevo comandante general del Ejército boliviano, quien ordenó a los militares movilizados “retornar a sus unidades; vamos a cumplir con la Constitución y a estar siempre pendientes de que el gobierno legalmente constituido permanezca de acuerdo con lo que dictan las normas del Estado.

Evo Morales, víctima del golpe de Estado de noviembre de 2019, denunció la movilización militar y la intentona de golpe de Estado.

Los organizadores de este nuevo intento son los mismos, tanto internos como externos, es decir la oligarquía y el gobierno gringo–con la general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur, como punta de lanza– que no se cansan de violar el derecho internacional e intervenir en los países, con el fin de apropiarse (como sucedió en noviembre de 2019) de los enormes recursos naturales, en este caso el de los bolivianos, con las abundantes reservas de litio en primer lugar.

Desde mediados de julio de 2022 la general Richardson sin decoro alguno anunció que Latinoamérica es muy rica en recursos, minerales raros, litio; el triángulo del litio está en esta región y hay muchas cosas que ella tiene para ofrecer; tenemos que seguir comprometidos y preocupados y estar alerta por la creciente presencia china y rusa en esta zona, pues socava las democracias, es decir, las mismas que Estados Unidos se las pasa por el arco del triunfo, porque según él, el problema son los chinos y los rusos.

A raíz de esas declaraciones, el ex presidente Evo Morales denunció que “la jefa del Comando Sur dijo que para Estados Unidos empieza una década decisiva para asumir el control de la seguridad del Hemisferio Sur con la llamada Estrategia de Colaboración del Sur junto al Reino Unido –cuyo embajador alentó el golpe en Bolivia–, Francia, Canadá y Países Bajos; nacionalizamos el litio (2008) y como política de Estado decidimos industrializarlo… y ahí viene el golpe del Estado (noviembre de 2019). Congresistas estadunidenses reconocen que fue por el litio; se preparó desde la embajada de Washington en La Paz; América Latina no es su patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales”.

Cierto es: Bolivia cuenta con muchísimos recursos naturales de los que otros países carecen, y por ello los buitres de la oligarquía boliviana, con los gringos dando instrucciones, no quitan el dedo del renglón. La Casa Blanca ha logrado avances importantes en lo que se conoce como el triángulo del litio (Bolivia, Argentina y Chile, con 53 por ciento de las reservas potenciales del mundo; 21, 20 y 11 millones de toneladas, respectivamente; México, en la mira del Comando Norte, cuenta con 2 millones, de las 98 estimadas en el mundo), no sin la complicidad de gobiernos entreguistas como el de Javier Milei.

De inmediato, la solidaridad latinoamericano se hizo patente ante la intentona golpista, mientras la Casa Blanca se limitó a decir: seguimos de cerca la situación, ergo, lo intentará de nuevo.

Las rebanadas del pastel

Padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora (donde murieron 49 niños y 100 más resultaron heridos en junio de 2009, con Felipe Calderón en Los Pinos), acusan al Poder Judicial de la Federación de omisiones y complicidades, pues a 15 años de la tragedia no hay nadie en la cárcel y sigue protegiendo a los responsables, entre ellos los familiares de Margarita Zavala. Exigen que Norma Piña los reciba para que elimine las tácticas dilatorias que mantienen impune el caso; los jueces son muy garantistas con los responsables, pero a nosotros no nos escuchan.

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Reformas prioritarias: luces y sombras

Mario Patrón | La Jornada

Tras el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda para la Presidencia de la República y, sobre todo, luego de la inminente confirmación de la mayoría calificada de que dispondrá el partido Morena al menos en la Cámara de Diputados, la agenda mediática ha estado ocupada preponderantemente por la conversación sobre las implicaciones del denominado plan C que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, cuyas reformas constitucionales podrían ser aprobadas en la próxima legislatura, ya sin el contrapeso de los grupos de oposición.

De manera particular, la reforma al Poder Judicial es la que más ha encendido las alarmas por los riesgos que plantea para el acceso a la justicia y para la salvaguarda de la autonomía e independencia de este poder respecto del Ejecutivo. Si bien nos parecen muy pertinentes los análisis y señalamientos críticos que numerosos especialistas han expresado respecto de la reforma judicial, consideramos pertinente poner el foco también en el resto de las reformas anunciadas como prioritarias por Sheinbaum, que presumiblemente se discutirán en las cámaras este año.

Para tratar de comenzar este ejercicio con buen pie es necesario tratar de poner un poco de orden entre la sobreinformación que ha prevalecido sobre este tema. El 5 de febrero el Presidente anunció el plan C, que contiene 18 reformas constitucionales y dos reformas a la legislación secundaria. El 18 de junio, Sheinbaum se reunió por primera vez con diputados y senadores electos de Morena, donde anunció seis reformas prioritarias. De estas reformas prioritarias, sólo dos provienen directamente del plan C: la reforma al Poder Judicial, que implica la modificación de 16 artículos constitucionales, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

Esta reforma para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos supone transformar su actual condición como entidades de interés público a sujetos de derecho. De acuerdo al documento de iniciativa presentado en el Congreso, esta reforma implica reconocer los sistemas normativos de los pueblos, la consulta libre, previa e informada para cualquier medida legislativa o administrativa que les afecte, la promoción y preservación de su patrimonio cultural, el reconocimiento de las prácticas de medicina tradicional y el reconocimiento de sus medios de comunicación y trabajo comunitario, entre otros. Hasta aquí todo bien, pero se advierte en lo que hasta ahora se sabe sobre esta propuesta de reforma que no plantea con claridad la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos, lo que podría ser eventualmente una alerta.

Además de estas dos reformas que provienen del plan C, tres reformas declaradas como prioritarias se desprenden de las propuestas de gobierno presentadas por Sheinbaum en campaña. Se trata de los apoyos a mujeres de 60 a 64 años, que tendrán derecho a la mitad de la pensión de adultos mayores, es decir, mil 500 pesos mensuales; la ampliación de la Beca Benito Juárez de educación básica a por lo menos 3 millones de personas adicionales en el nivel secundaria y la eliminación de la relección de diputaciones, senadurías y presidencias municipales. Los apoyos a mujeres y la ampliación de las becas implican una reforma al artículo 4 constitucional, y se ha dicho que se promoverían desde antes del inicio de la próxima administración, mientras la eliminación de la relección implica reformar los ­artículos 115 y 116 constitucionales.

La última reforma prioritaria anunciada es la de la Ley del Issste para las pensiones de los trabajadores del Estado, cuyo contenido se desprende parcialmente del plan C, y que establece el derecho a la jubilación con 100 por ciento del último sueldo para trabajadores con 30 años de servicio y trabajadoras con 28 años de servicio independientemente de su edad. No obstante, el pasado domingo Sheinbaum implícitamente sumó al corpus de reformas prioritarias otra, de enormes implicaciones, que merecería un espacio aparte, al refrendar públicamente su compromiso por promover la reforma a la Guardia Nacional derivada también del plan C, que propone la adscripción de la misma a la Sedena.

Con este gran marco de reformas prioritarias anunciadas en las semanas recientes por la virtual presidenta electa, refrendamos nuestro planteamiento de que pueden ser una gran oportunidad para afianzar y fortalecer la agenda de derechos sociales y económicos que la actual administración ha consolidado. Saludamos los esfuerzos que promuevan la redistribución de los recursos y la reducción de la desigualdad y la accesibilidad a derechos como la educación. Asimismo, creemos que ello abre la puerta para la inclusión de otras agendas pendientes como la ambiental y la cultural. Sin embargo, en ningún sentido estas reformas positivas pueden ser tomadas como moneda de cambio para aceptar el sentido regresivo de otras reformas como la del Poder Judicial o la de la Guardia Nacional, así como otras reformas pendientes incluidas en el plan C que impactarían a los organismos constitucionales autónomos, o que reivindican la prisión preventiva oficiosa.

Como solemos subrayar, a la ciudadanía corresponde permanecer muy atenta a lo que ocurra las próximas semanas y meses, recordando que el principio máximo de la soberanía popular no se agota en los procesos electorales. Con el anuncio de los primeros integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo, así como en el comportamiento público de Sheinbaum ya como virtual presidenta, se han advertido señales de prudencia, apertura al diálogo y disposición a la mediación. Pese a ello, no existen garantías ni certezas respecto de lo que ocurrirá los próximos meses. Bienvenidas sean las reformas para afianzar los derechos humanos en las dimensiones social y económica, pero debemos permanecer en actitud crítica y de parlamento abierto frente a aquellas reformas que pueden significar la vulneración del estado de derecho y el debilitamiento de nuestra democracia.