Lo que dicen los columnistas

Ricky Riquín Canallín, su lucha con los gobiernícolas

Si el presidente logra que Ricardo Salinas Pliego, un famoso millonario señalado como canalla, pague los impuestos que debe, será digno de celebrarse. Pero este festejo no debe hacernos perder de vista las carencias evidenciadas por su disputa.

Antonio Salgado Borge* | Proceso

Millones de mexicanos han escuchado hablar de Ricardo Salinas Pliego; no es difícil entender el porqué. El dueño de TV Azteca ha utilizado su televisora para proyectarse, y su presencia en redes sociales es tan controvertida como constante.

También es de sobra sabido que Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México. Montado en una fortuna valuada en 14 mil 800 millones de dólares, ha lanzado una conveniente cruzada libertaria contra “los gobiernícolas”, una caricatura que refleja su desprecio a cualquier tipo de regulación o de presencia del Estado.

Las canalladas de las que se ha acusado a Salinas Pliego se han convertido en marcas que alimentan adicionalmente su fama. Sus empresas acumulan resonadas multas o sanciones en el extranjero que las indican culpables. El caso más reciente es, desde luego, la colección de litigios por casi 60 mil millones de pesos en impuestos que no habría pagado.

Considerando al personaje, su riqueza y la dimensión de la canallada de la que es acusado es natural que la confrontación abierta entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de AMLO esté ocupando espacios de discusión y primeras planas. Sus características y su exposición han sido tal que incluso hay quien ha planteado que esta pugna ayuda a explicar la creciente aprobación del presidente en las encuestas.

Vale la pena ponerlo con todas sus letras: que cualquier multimillonario utilice su poder para evitar pagar decenas de miles de millones de pesos al fisco durante décadas es, de suyo, un insulto y una vileza. En consecuencia, que un gobierno logre corregir esta injusticia es un acto de elemental justicia digno de ser celebrado.

Sin embargo, sería un error no ver más allá de la lucha de un famoso multimillonario canalla y un presidente poderoso dispuesto, por fin, a ponerle un alto. Para ver por qué, empecemos revisando las narrativas que ambas partes han buscado generar alrededor de su supuesto combate.

Ricardo Salinas Pliego ha dicho públicamente que no pagará “más de lo que es correcto”. De acuerdo con esta narrativa, los “gobiernícolas” en el Poder Ejecutivo federal están abusando de su poder para ordeñar los recursos de grandes empresas, en teoría con la intención de meterlos a un pozo oscuro desde el que pueden mal utilizarlos.

Este empresario ha exhortado al gobierno de AMLO a enfocarse en evitar robos de sus funcionarios, en lugar de distraerse “extorsionando” empresarios. Es decir, Salinas Pliego ha buscado relativizar o trivializar el monto en disputa considerando que la opacidad que el programa de apoyo a adultos mayores podría estar generando desvíos anuales por una cantidad similar a la que en teoría adeuda al fisco.

Por su parte, el gobierno ha respondido al empresario de dos formas: una directa y otra indirecta. 

La directa pasa por subrayar, como suele hacerlo el presidente durante sus conferencias, la diferencia entre su gobierno y las políticas de los gobiernos neoliberales. En el mismo sentido el presidente ha respondido a las acusaciones de posibles desvíos invitado a presentar las denuncias relevantes.

La indirecta consiste en pausar la expedición de generosos contratos sin licitar a las empresas de Salinas Pliego y en hacer públicos los adeudos fiscales del empresario. 

Con las narrativas en disputa sobre nuestra mesa, el siguiente paso es notar que no existe en ellas una incompatibilidad que nos obligue a tomar alguna como falsa; es decir, que es una posibilidad real que ambas sean ciertas. Por desgracia, me parece que este es el caso.

Y es que un adeudo de la magnitud y longitud del que se le atribuye a Salinas Pliego no sería remotamente posible en un escenario en que el gobierno cumple con sus funciones constitucionales. Además, sería ingenuo suponer que, si un multimillonario puede lograr este trato excepcional, no habrá otros en situaciones semejantes. En este sentido, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña son responsables por su papel vergonzante.

A lo anterior hay que sumar que no es aventurado afirmar que la ausencia de regulaciones racionales, así como de un gobierno independiente y fuerte capaz de ejecutarlas, es indispensable para explicar la acumulación de miles de millones de dólares en manos de individuos que no aportan innovación, productividad, o desarrollo humano. O por ponerlo en otras palabras, la existencia de estos personajes es el síntoma de la ausencia de un Estado derecho y de una auténtica meritocracia.

Pero de la embestida del presidente contra Salinas Pliego no se sigue que ahora contemos con un gobierno que busca terminar con la impunidad fiscal o poner en cintura a los grandes empresarios. En realidad, el alto que se pretende marcar al dueño de TV Azteca es muestra clara de dos comportamientos recurrentes del gobierno de AMLO.

El primero es el recurso al voluntarismo. Quienes dirigen la Cuarta Transformación se ha negado a consolidar una reforma fiscal progresiva y progresista. También se han rehusado a desarrollar una reforma que dote al Poder Judicial de verdadera independencia. 

La ausencia de estos pilares es inexplicable si realmente se quiere que las personas más poderosas estén obligadas a pagar sistemáticamente lo justo. En su lugar, lo que se nos ha ofrecido es el uso discrecional del aparato gubernamental para alinear a conveniencia a enemigos políticos y calmar con su sangre a las masas. ¿Quién en su sano juicio no disfrutará ver a Salinas Pliego pagando sus impuestos? Aunque menos mediático, mucho más productivo sería que absolutamente todos los multimillonarios lo hicieran por default y sin enterarnos.

El segundo es que, contrario a sus discursos, el actual gobierno sigue ofreciendo un trato privilegiado a las élites más perniciosas. Prueba de ello es que durante su sexenio el presidente ha evadido los discursos contundentes en su contra. Los enemigos públicos favoritos del presidente suelen ser personas con un margen de poder relativamente insignificante, como intelectuales o periodistas.

Así, cualquiera que se informe a través de las mañaneras o de los clérigos del gobierno podría jurar que quienes representan la podredumbre de nuestro sistema y atascan la justicia social en México no son algunos de los más poderosos empresarios o políticos, sino Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze.

Lo que es peor, en los hechos el presidente ha evadido su responsabilidad de terminar con los cotos de poder políticos y económicos que las élites relevantes regentan. Ni grandes capitalistas, ni políticos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas han sido verdaderamente tocados, y sus disputas verbales con AMLO siguen la misma lógica que los ladridos feroces que se propinan dos perros que se saben amarrados.

Es momento de hacer un corte de caja. Si el presidente logra que Ricardo Salinas Pliego, un famoso millonario señalado como canalla, pague los impuestos que debe, será digno de celebrarse. Pero este festejo no debe hacernos perder de vista las carencias evidenciadas por su disputa. 

Mientras el voluntarismo y los privilegios persistan, la justicia en nuestro país será poco más que un arma política empuñada, de cuando en cuando, para doblar enemigos o satisfacer a las masas.

*Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad de Nottingham, Reino Unido.

——–

Cosas que ocurren

Fernando Belaunzarán | Excelsior

La constatación es escalofriante. Se ha hablado mucho de la normalización de la violencia criminal, pero, en voz de un gobernante, suena a rendición. Con fatalismo y encogiéndose de hombros, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a reporteros sobre el secuestro de familias enteras con una frase que invita a resignarse: “Son cosas que, lamentablemente, ocurren”.

Levantaron a 66 personas en tan sólo unas horas de la madrugada, sacándolas de sus casas, y el responsable constitucional de velar por la seguridad de los habitantes del estado minimiza lo ocurrido, hablando del hecho como si se tratara de un accidente de cocina.

Las autoridades no rescataron a nadie; fueron los captores quienes decidieron liberar a casi todos los retenidos. Fue una demostración de fuerza, coordinación y capacidad logística del grupo criminal; mensaje de cara a las elecciones en marcha. Recordemos que, en dicha entidad, el día de las elecciones de 2021 fueron secuestrados cientos de operadores y representantes del contrincante de Rocha Moya, los cuales fueron soltados tan pronto como se conocieron los resultados. Así que el mandatario sinaloense tiene razón: son cosas que suceden.

Lo ocurrido dice más respecto a cómo está la seguridad del país que las cifras maquilladas por la temporada electoral. Hagamos, por el momento, a un lado la discusión sobre el crecimiento de muertes por causa indeterminada o la desaparición de desaparecidos y ponderemos el empoderamiento del crimen organizado por otras actividades que realizan de manera conocida y ostensible.

La tortura de choferes del transporte público en Guerrero y en Chiapas, que son grabadas y subidas a redes sociales por los mismos delincuentes para amedrentar al gremio y que todos paguen la cuota. El cobro de derecho de piso a comercios pequeños, medianos y grandes, lo mismo que la extorsión para cosechar y sembrar o el control criminal de la venta de pollo, cerveza y refresco. Por si eso fuera poco, el asesinato de políticos, aspirantes y candidatos durante las campañas. Todas esas cosas pasan.

Dicho derrotismo oficial frente a calamidades también aplica en otras áreas. Que los niños no tengan vacunas, que a los recién nacidos no les apliquen el tamiz neonatal, que los pacientes con cáncer no tengan quimios, que no haya medicamentos en el sistema público, que los hospitales se caigan a pedazos, que los derechohabientes del IMSS y del ISSTE prefieran atenderse en los consultorios de las farmacias privadas. Y se pone peor si nos acordamos de la irresponsable gestión del covid que subestimó al virus, se abandonó a empresas y empleados a su suerte, se resistieron a promover el uso del cubrebocas y en la capital se experimentó con enfermos dándoles Ivermectina, que resultó contraindicada. El desastre del sistema de salud y los 800 mil muertos en la pandemia son cosas que igualmente ocurren.

Y nos podemos seguir: el colapso de la Línea 12, con 26 muertos y ningún detenido; el director del INM, que sigue en el cargo a pesar del incendio de un centro de migración en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes a los que no les quisieron abrir la puerta; la edil de Chilpancingo, que anda como si nada después de ser pillada departiendo con un líder criminal que azota su municipio; la confesión presidencial de haber persuadido, en un desayuno, al fiscal de la República y al entonces presidente de la Corte de encarcelar al exprocurador Jesús Murillo Karam; el gasto triplicado en la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; la demanda de quien recibió los sobres amarillos al periodista que lo publicó; el titular de Segalmex rescatado en la Segob después del desfalco más grande que se haya documentado. Cosas que acontecen… ¡y lo que falta por decir!

La oferta de cambio en la elección es potente no sólo por la restauración autoritaria, también porque lo inadmisible se ha vuelto parte del paisaje. Para que dejen de ocurrir tales cosas ominosas que nos hemos acostumbrado a ver, tenemos el voto para castigar a los malos gobiernos y modificar esta realidad que no debemos asumir como destino. Eso va a pesar en la elección a favor de Xóchitl Gálvez. La continuidad es una losa en la espalda de Claudia Sheinbaum. Se verá.

——-

Astillero

¿Necesita Sheinbaum menciones de AMLO? // Riesgo judicial, por mañaneras // Claudia jalará a García Harfuch // Densa, la sucesión en Sedena

Julio Hernández López | La Jornada

Se van acumulando, bajo advertencia, las referencias jurídicamente utilizables para invocar en su momento una constante intervención del Presidente de la República a favor de la candidata de su partido a la sucesión.

Ayer, aun cuando el punto es recurrible ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al titular del Poder Ejecutivo federal que retire o modifique de sus redes sociales siete conferencias matutinas de prensa (mañaneras), bajo la consideración de que se difunden obras y servicios gubernamentales en temporada electoral y que se hacen pronunciamientos a favor de la abanderada oficialista y descalificaciones a sus opositores.

Más allá de las consideraciones de López Obrador al respecto, precisadas en un escrito de la Consejería Jurídica de Presidencia al INE, lo cierto es que la insistencia declarativa de Palacio Nacional en los temas electorales aporta material a la coalición xochitleca para impugnar en su momento el resultado electoral, ante instancias nacionales (el TEPJF) como internacionales.

Y en lo sustancial vale preguntarse cuál es la ganancia política o electoral que a la causa de Sheinbaum aporta la retórica presidencial, dado que la enorme mayoría de las encuestas de opinión consignan una delantera claudista muy difícil de remontar y si, además, el rango de poder a ejercer por el tabasqueño es cada vez menor. No debería el Presidente poner en riesgo la calificación presidencial, cuando menos en grado de tentativa por parte de los opositores que de eso piden su limosna: ven que el niño es risueño, y le hacen cosquillas.

En entrevista periodística, Claudia Sheinbaum adelantó, cuando le preguntaron si no había afectado su relación con Clara Brugada que ella hubiera quedado como candidata y no García Harfuch: Omar ahora está compitiendo por el Senado y muy probablemente lo voy a jalar a que trabaje conmigo y ya se quedará su suplente.

¿A dónde se jalaría la probable presidenta de la República a su ex secretario de seguridad pública?, ¿a este mismo cargo, pero a nivel federal, con la Guardia Nacional que en realidad obedece a Sedena? ¿Al Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al Cisen, actualmente a cargo del obradorista general de división en retiro Audomaro Martínez Zapata?

Por lo pronto, el ganador sería el suplente de García Harfuch, Francisco Chiguil, quien ha sido jefe delegacional y alcalde de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Así, y considerando que Sheinbaum triunfara, García Harfuch tomaría posesión como senador, solicitaría licencia para ocupar un cargo federal y mantendría red legislativa de protección si más adelante tuviera que salir del equipo claudista.

Desde ahora hay qué apuntar que el destino de alta burocracia federal de García Harfuch dependerá del nivel de influencia y veto que mantenga el grupo militar encabezado por Luis Cresencio Sandoval y del perfil y compromiso grupal de quien llegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (más cargado a una finca en Chiapas o a la futura silla presidencial por primera vez femenina). Probablemente la sucesión 2024 en la Sedena será la más densa y cargada de intereses de la historia de varias décadas: no sólo la continuidad de la élite actual, tan empresarialmente próspera sino, con ese peso excesivo, el intento de condicionamiento de ciertas decisiones civiles.

Por cierto, en la entrevista antes citada, Sheinbaum habló del papel del Ejército en su gobierno (if) y en general. Y deslizó: Ahora, la Sedena tiene tareas que se han dado en este sexenio, como la operación del Tren Maya, aduanas, construcción, y yo creo que hay que evaluar. Si en unos años ve uno que no funciona en algunas áreas, pues tomaremos decisiones; pero hoy, así como está, lo vamos a mantener  (El Universal: https://goo.su/fgql2g ).

—–

México SA

Resolución a favor de Gaza // Estados Unidos se abstiene // ¿Quién acabará pellizcado?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Por increíble que parezca, tras cinco meses de genocidio, más de 32 mil asesinatos de palestinos (mayoritariamente niños y mujeres) y cuatro intentos fallidos –por el irracional veto de la Casa Blanca– de consensuar un pronunciamiento, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer una resolución para exigir alto al fuego inmediato en Gaza, aunque el acuerdo no estuvo libre de jaloneos por la redacción final del documento, finalmente aprobado con 14 votos a favor y una abstención (Estados Unidos).

Podría ser el primer paso para la caída del régimen genocida de Benjamin Netanyahu, quien tras conocer esa decisión ha dejado en claro que no está dispuesto a acatarla, porque su objetivo no sólo es el genocidio palestino, sino el expansionismo israelita. Como primera reacción, el primer ministro canceló oficialmente la visita de su delegación a la Casa Blanca en protesta por la decisión estadunidense de abstenerse en la citada votación, y reprochó airadamente por la clara retirada de su cancerbero en Medio Oriente, de acuerdo con información de la BBC.

La ONU oficialmente lo comunicó así: “el Consejo de Seguridad aprobó ayer una resolución que pide el alto el fuego durante el mes de Ramadán, que comenzó el 11 de marzo. También exige la devolución de unos 130 rehenes secuestrados en Israel y retenidos en Gaza, y hace hincapié en la urgente necesidad de permitir que una amplia ayuda vital llegue a la población hambrienta del enclave asediado. La exigencia de poner fin a las hostilidades había sido eludida hasta ahora por el consejo. Los bombardeos diarios de Israel, junto con el bloqueo casi total de agua, electricidad y ayuda vital, han matado a más de 32 mil palestinos en Gaza (…) ante la inminencia de una hambruna”.

Algo más: “el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la resolución debe aplicarse y el incumplimiento del consejo sería imperdonable (…) El consejo exige un alto el fuego respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego sostenible duradero. También, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como la garantía de acceso humanitario para atender sus necesidades médicas y otras necesidades humanitarias y que las partes cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional en relación con todas las personas que detengan. El consejo pone de relieve la urgente necesidad de ampliar el flujo de ayuda humanitaria y reforzar la protección de los civiles en Gaza; reitera que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de asistencia humanitaria a gran escala, en consonancia con el derecho internacional humanitario y las resoluciones 2712 y 2720 de 2023.

Hasta ahí, todo aparentemente bien, pero en el jaloneo para sacar adelante la resolución Estados Unidos presionó para que en el texto final no apareciera la frase alto el fuego permanente y sostenible, y que en su lugar se votara alto el fuego inmediato durante el mes sagrado del Ramadán en Gaza, que conduzca a un alto al fuego duradero y sostenible. Parece un juego de palabras, pero sin duda va mucho más allá.

El Ramadán concluirá el 9 de abril, fecha en la que caduca la vigencia de la resolución, de tal suerte que a partir de entonces Netanyahu (en el lejanísimo caso que atendiera el citado acuerdo) retomaría el exterminio y con mayor énfasis. En cambio, si en la redacción final apareciera alto el fuego permanente y sostenible la situación sería otra.

Esa fue la condición de la Casa Blanca, y de lo perdido, lo que aparezca, pensaron en el siempre condicionado Consejo de Seguridad, aunque lo cierto es que resulta inobjetable que el alto fuego permanente y sostenible es la ruta adecuada para detener la masacre en Gaza y acabar con la crisis humanitaria.

De hecho, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, subrayó que el cambio de redacción de la resolución sobre Gaza a petición de Estados Unidos es decepcionante; la expresión permanente sería más precisa y estamos decepcionados de que se aprobara.

Las rebanadas del pastel

Dice Ricardo Salinas Pliego: “los gobiernícolas me la volvieron a pellizcar y que la ley sí es la ley… amanecí con la noticia de la suspensión definitiva en contra de la clausura del campo (de golf) de Huatulco”. Bien, pero, de ser cierto (no exhibió el texto legal resolutivo, sólo lo que él escribió), es cuestión de echar números: un terreno de 82 hectáreas contra el pago de 63 mil millones de pesos. En realidad, ¿quién se la pellizcará a quién?

——–

¿Cómo evaluar el sexenio de la 4T?

Víctor M. Toledo | La Jornada

Los mexicanos ¿estamos mejor, igual o peor que hace seis años? Esta pregunta es la que se harán los ciudadanos al ir a votar el próximo 2 de junio. Cada votante sufragará de acuerdo con lo que su situación, percepción, experiencia, valores y vivencias le indiquen. Sin embargo, más allá de la propaganda en favor o en contra de cada una de las tres opciones visibles, de las opiniones de periodistas, comentaristas, conductores, opinadores, etcétera, y de las encuestadoras e ideologías, existe un conjunto de criterios o indicadores de utilidad para normar una opinión lo menos subjetiva posible. La realidad es mucho más compleja de lo que las opiniones esquemáticas, superficiales, banales y finalmente absurdas que hoy dominan la mayor parte de los medios expresan (prensa, radio y televisión). La realidad no es blanca o negra, sino una extensa gama de grises. De entrada, los indicadores aparecen de manera jerárquica. Es decir, como conjuntos y subconjuntos (primarios) que son a su vez conjuntos de otros subconjuntos (secundarios) y así sucesivamente. Los mayores temas de toda política pública lo representan, al menos, los siguientes: economía, gobernanza, seguridad, educación, salud, bienestar, política exterior, comunicaciones, urbanismo, ciencia y tecnología, cultura, vivienda y ambiente. Todo ciudadano debería revisar cada uno de estos 14 temas.

Abordemos solamente el tema ambiental. Un análisis de lo ocurrido obliga a revisar las llamadas agenda verde (recursos naturales y conservación) y agenda gris (ciudades e industria), lo cual se logra mediante la exploración de los siguientes 12 temas: energía, agua, alimentos, suelos, biodiversidad, bosques y selvas, costas, mares, ciudades, industria, educación ambiental y cambio climático. Aun entre éstos hay conexiones y sinergias. Una primera mirada revela estancamiento en los temas de energía y agua y un avance muy notable en el de los alimentos (por los programas Sembrando Vida y Agricultura para el Bienestar). Similarmente no se avanzó nada en costas y mares y la frase cambio climático estuvo ausente del discurso del Presidente del país, no obstante que el huracán Otis fue considerado el mayor desastre climático del planeta de 2023 por la Organización Meteorológica Mundial, debido a que alcanzó categoría máxima de 5 en cuestión de horas. Otis causó pérdidas económicas en Acapulco estimadas en 15 mil millones de dólares y dejó al menos 47 personas fallecidas y 32 desaparecidas.

La democracia electoral, representativa o formal, que es sin duda un aporte de la modernidad, es, sin embargo, una ficción inventada por las minorías explotadoras del trabajo humano y de la naturaleza para mantener a los ciudadanos creyendo que son sujetos libres de elegir. Constituye un avance respecto de las autocracias (compárese China con India), pero es una fórmula limitada ante la democracia participativa, comunitaria o radical, como fue magistralmente demostrado por Luis Villoro en su libro El poder y el valor (1997). En las democracias radicales, la comunidad concreta y ubicada en su territorio, toma sus decisiones con base en la fraternidad, el mandar obedeciendo y el bien común del todo. En México tenemos varios ejemplos de lo anterior en Chiapas (los caracoles zapatistas), Michoacán y Guerrero (varios municipios encabezados por Cherán), Puebla (donde 450 comunidades de 25 municipios de la Sierra Norte han realizado 32 asambleas regionales en defensa de sus territorios) y, sobre todo, Oaxaca (donde 417 de los 570 municipios nombran a sus ayuntamientos por el sistema electoral de usos y costumbres, es decir, 72 por ciento). El futuro de la gobernanza en el mundo será cuando la democracia comunitaria sustituya a la democracia electoral, y eso significa la desaparición de los partidos políticos.

Cuando los poderes económicos, cognitivos, religiosos, etcétera, nacionales o globales representados por los partidos de la derecha pierden en la democracia electoral, la dinamitan de inmediato. Esta ha sido la historia de siempre, como en Chile, Perú, Grecia y el mismo Estados Unidos con el caso de Donald Trump. Hoy el INE, que maneja un presupuesto descomunal, debería organizar foros ilustradores con la participación de investigadores científicos objetivos y neutros, que ofrezcan datos duros y estadísticas confiables acerca de la situación del país en los 14 rubros arriba señalados. La difusión de evidencias con fundamento científico debería ser una tarea obligada. Con ello los ciudadanos tendríamos información objetiva al votar. La democracia, cualquiera que sea, sin conocimiento no es democracia.