Lo que dicen los columnistas

De naturaleza política

Inquieta “advertencia” de Ayotzinapa a la 4T…

Enrique Aranda

Lo que faltaba: ahora será una “tabasqueña” más.

Diez días exactos después que estudiantes de Ayotzinapa derribaran una de las puertas de Palacio en demanda de ser recibidos por Andrés Manuel López Obrador –lo que el tabasqueño dijo entonces que ocurriría “en los próximos 15 o 20 días”, el próximo 26 como máximo–, y de que el abogado de los padres de los normalistas advirtiera que, de no suceder así, ellos volverían a ocupar espacios en la Ciudad de México y se harían presentes en mítines de campaña de la impuesta Claudia Sheinbaum, el gobierno de la 4T y más específicamente los servicios de inteligencia y otros cuerpos de seguridad entraron, literal, en “estado de alerta máxima”…

Y esto, no porque se tema que la incidencia de los activistas y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos represente algún riesgo para la seguridad de la impresentable exregenta eco, sino, en esencia, por el alto costo que para campaña y la propuesta sucesoria en proceso tendría el que un día sí y otro igualmente, en los más disímbolos territorios, los manifestantes evidenciaran la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por Ya Sabemos Quién, de que, durante su ahora declinante gestión avanzaría en las pesquisas sobre la suerte de  los 43 jóvenes desaparecidos (y asesinados) la noche del 26 de septiembre de 2014.

El referido “estado de alerta” obligó ya a gobernadores y secretarios de seguridad de una veintena de estados del país y al más alto nivel jefatural de la “indefinida” y poco funcional Guardia Nacional a delinear y adoptar estrategias que les permitan identificar con antelación eventuales protestas de los normalistas en actos de campaña de la candidata del oficialismo y, claro, a definir protocolos mínimos de acción orientados a inhibir todo riesgo a aquella y sus acompañantes que, a juzgar por lo ocurrido en las últimas semanas, gustan visitar dos y hasta tres entidades por día.

A nadie extrañe, entonces, atestiguar cómo en eventos donde se anuncie la presencia de Sheinbaum Pardo se evidencie la presencia y acción de elementos vinculados a servicios de información y seguridad, particularmente en estados del centro y sur-sureste del territorio nacional en que se estima podrían hacer presencia normalistas de Ayotzinapa y sus cercanos. Veremos…

ASTERISCOS

* Por iniciativa de la comisionada del Inai, Blanca Lilia Ibarra, urgió a Relaciones Exteriores (SRE) para entregar información sobre la exigencia de exsindicalizados transportistas, para esclarecer presuntas violaciones a sus derechos laborales y hacer llegar la misma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de validar el derecho a saber y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva… 

* En medio del más grave desabasto de agua de las últimas décadas, los candidatos a gobernar la Ciudad de México intervienen hoy en el primer debate rumbo al 2 de junio. Si bien la atención estará centrada en la confrontación directa que se anuncia entre el opositor Santiago Taboada y la cuestionada oficialista Clara Brugada, no pocos apuestan a que la intervención del emecista Salomón Chertorivski podría hacer la diferencia…

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La CNDH, ¿defensora del pueblo o de las autoridades?

Francisco Javier Acuña | Excelsior

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), volvió a generar polémica. Después de las inesperadas declaraciones de su informe  anual, que propuso la necesidad de extinguir la institución. Ahora, tuvo el desatino de calificar y censurar las consignas de la sociedad durante la marcha por la democracia del pasado 18 de febrero.

Reitero, la titular de la CNDH, fuera de sus atribuciones, que la ciñen a señalar conductas de las autoridades, como corresponde a un ombudsman, supervisar y corregir. Por increíble que parezca, la CNDH, que permanece meses en silencio frente a tantos motivos que agravian a la población por inacción y omisión del gobierno, se vuelve centro de la atención, pero no de la mejor manera.

Al ombudsman no le corresponde el comportamiento social –individual o colectivo–  de los asistentes a una manifestación que concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México. Los acusó de racismo, por corear críticas al Presidente de la República, inclusive ofensas a su persona. Naturalmente eso no es loable, pero en todas las democracias ocurre y toca aguantar. El gobernante se alquila para servir y también para encarar con templanza las recriminaciones de los inconformes con su gestión. La libertad de expresión de los ciudadanos es expansiva, mientras la de las autoridades públicas, no. Ningún gobernante puede impedir por cualquier vía las expresiones de la gente, aunque sean irrespetuosas.

Paradójicamente, las acusaciones que hizo la CNDH a los manifestantes irreverentes del domingo 18 de febrero nos recordaron “los ultrajes a la autoridad”, la inexplicable vigencia en Veracruz de un tipo delictivo por el que,  hasta hace poco, fueron privados de la libertad cientos de personas, por supuestos agravios a las autoridades locales.

Hace treinta años la principal misión de la naciente CNDH era erradicar la tortura. En los años 1990-1999, lo más urgente era exterminar el método de policías y agentes ministeriales para intimidar y extraer la confesión de delitos no cometidos y así enviar a la prisión a inocentes que, por no contar con recursos económicos e influencias para “arreglar” su situación, terminaban de “chivos expiatorios”. Sin embargo, esa cuestión le costó ser acusada de defender a los delincuentes.

– La desaparición de personas, la extorsión y la violencia que produce la inseguridad pública deberían reclamar una CNDH más potente y decidida a proteger a las víctimas de los errores y abusos de la autoridad y a observar con precisión el cómo debe repararse el daño y/o compensarlo de algún modo cuando hubiera habido violaciones a derechos humanos.

– La CNDH fue acusada hace treinta años de ser “defensora de delincuentes”. A lo visto y escuchado, hoy la CNDH está más preocupada por los malos modales de los manifestantes en vía pública. El ombudsman no es ni puede ser un defensor de las autoridades. Una suerte de escolta de los depositarios del mandato público.

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La esquiva reforma fiscal: más allá de la demagogia electoral

Rolando Cordera Campos | La Jornada

Por la enjundia desplegada por las candidatas a la Presidencia de la República, en relación con el incremento al número y a la nómina de las ayudas monetarias, no parecería lejano el día en que todos los mexicanos reciban una ayuda monetaria en el momento de nacer y ser registrados. El tan ansiado por muchos ingreso universal, pero antes de arribar a la ciudadanía. Se arremolinan las personas y las adhesiones ante tanta dádiva y las eufóricas oferentes no paran en pequeñeces cómo preguntar(se) de dónde van a sacar los recursos suficientes para no quedarle mal al respetable en la primera esquina del siempre veleidoso ciclo económico. La noción de que México es un país agudamente desigual ha sido borrada del silabario de la siempre renuente clase política a intentar ajustes en las tasas y los tramos necesarios para gravar sin incurrir en actos y políticas de crasa injusticia. Que hemos carecido de gobernantes audaces para, con rigor y estatura, realizar la siempre pospuesta reforma fiscal redistributiva, debería formar parte del abc de nuestra historia política económica, pero no ocurre tal.

Urgen recursos no sólo para cubrir el creciente de número de transferencias, tarjetas prepagadas y demás, sino para que el Estado cumpla con sus mandatos constitucionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con el espíritu de la reforma de 2011, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, destacadamente en la salud y la educación, faltas permanentes de los gobiernos, así como pesadilla de quienes se hacen cargo de la hacienda pública.

Nuestra particularmente mala distribución del ingreso se debe, afirma José Casar, a la incapacidad del sistema fiscal mexicano para atemperar los resultados distributivos de la actividad económica. Y así subraya la imprescindible tarea del “(…) fortalecimiento de los ingresos públicos como condición necesaria para enfrentar con éxito los retos de recuperar el dinamismo de la economía y avanzar hacia niveles de igualdad propios de sociedades civilizadas (…)”. (José Casar, Hacia una reforma fiscal para el crecimiento y la igualdad, http://www.pued.unam.mx/opencms/ publicaciones/38/reformad.html).

Y tiene razón José, como la han tenido no pocos mexicanos, servidores públicos y políticos comprometidos con la justicia social. Mucho tiempo perdido y mucho camino por andar en lo que tiene que ver con los ingresos públicos pero, para empezar, plantearnos de nuevo por qué tantas resistencias a por lo menos discutir en serio la necesidad de una reforma fiscal redistributiva que, en nuestro caso, tiene que ser también contributiva, si tomamos en serio el inclemente déficit registrado en salud y educación y el no menos agresivo también documentado en materia de todo tipo de infraestructura.

Si checamos la triste historia del fisco mexicano advertiremos que, en gran medida, es un buen retrato de las relaciones sociales que organizan la vida en común. La pobreza fiscal del Estado que tenemos nos dibuja: una sociedad polarizada, desigual, pobre, vulnerable en la que paradójicamente campea una suerte de cultura de la pobreza. “No deja de ser preocupante que, a pesar de la necesidad acuciante de una reforma fiscal, sea todavía un tema que la sociedad y el Estado mexicanos han eludido encarar a fondo desde hace varias décadas. Se vive una paradoja: los grupos sociales, incluida la burocracia, reconocen dicha necesidad, que incluso muchos califican de integral –quizá para subrayar lo mucho que falta por completar–; sin embargo, el consenso se termina cuando se discuten sus objetivos, metas y mecanismos para ponerla en marcha”, escribía José Ayala en 2000, nada menos que hace 24 años. (José Ayala, La reforma fiscal en México: ¿modernización tributaria o nuevo pacto fiscal?, http://revistas.bancomext.gob.mx/ rce/sp/articleReader.jsp?id=3&id Revista=42).

Y la Cepal subrayaba en 2010 la necesidad de: “(…) construir un gran acuerdo económico-social cuya expresión última es el pacto fiscal (…), este implica una estructura y una carga tributarias que permitan fortalecer el rol redistributivo del Estado y de la política pública, a fin de garantizar umbrales determinados de bienestar (…)”. (La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir).

Requerimos hacernos cargo de esta tremenda desigualdad que se ha diversificado y vuelto más compleja. Para retomar y redefinir nuestro rumbo y abrir un nuevo curso de desarrollo, comprometido desde su arranque con el abatimiento de la pobreza y la desigualdad, es crucial alcanzar ese gran acuerdo nacional que sugiere Naciones Unidas; dejar ya atrás los mitos sobre las inconveniencias políticas que desaconsejan afrontar la injusticia fiscal y aprestarnos a poner en acto una reforma fiscal redistributiva que no tema decir su nombre.

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Tirar a matar

Abel Barrera Hernández * | La Jornada

En Guerrero este es el modo de operar de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas que hunde sus raíces en la impunidad y el desprecio por la vida de los pobres. La matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ordenada por el gobernador Rubén Figueroa, y la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército, en la que ejecutaron a 11 indígenas y un estudiante, son casos execrables.

En junio de 2009, el joven indígena Bonfilio Rubio Villegas fue ejecutado por elementos del Ejército cuando viajaba en un autobús a la Ciudad de México. En la entrada a Huamuxtitlán instalaron un retén, bajaron a los pasajeros, revisaron sus pertenencias y retuvieron a un joven. El chofer se inconformó por la detención y arrancó con enojo la unidad. En cuanto tomó su carril los militares balacearon el autobús. Tiraron a matar. Una bala se incrustó en el cuello de Bonfilio, que iba en el asiento 45. Los militares detuvieron la marcha del vehículo. Sometieron al conductor y bajaron a los pasajeros para una nueva revisión. En lugar de prestar auxilio a Bonfilio, hurgaron en los asientos y sembraron unas bolsas con droga, para justificar su acción criminal.

El 12 de diciembre de 2011 fueron ejecutados Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Los normalistas realizaban un bloqueo en la Autopista del Sol para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. La respuesta que dio fue violenta. Llegaron al lugar 168 elementos policiales para someter a los estudiantes; 91 policías portaban armas de fuego. El saldo dejó dos estudiantes ejecutados, tres lesionados y 42 personas detenidas. A pesar del uso excesivo de la fuerza y de las graves violaciones de derechos humanos, los diputados locales se confabularon con las autoridades responsables. Para aquietar las aguas de las protestas estudiantiles, la procuraduría detuvo a dos policías ministeriales, que a los pocos meses liberó. Este patrón de criminalidad fue la antesala de la tragedia de Iguala, donde asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa y desaparecieron a 43 de sus compañeros el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Antonio Vivar Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, fue ejecutado por policías federales el 7 de junio de 2015. A nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el clima electoral presagiaba desenlaces fatales por las tomas de los ayuntamientos y por el llamado del movimiento popular guerrerense (MPG) a boicotear las elecciones. En Tlapa, las organizaciones de transportistas y colonos afines al PRI encabezaron el desalojo violento y la quema de las casas de campaña del MPG. Fueron días difíciles por la disputa electoral. El domingo 7 se dio la quema de un vehículo del IFE. La Policía Federal, que se encontraba acuartelada en las instalaciones del 93 batallón de infantería, realizó un operativo en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). Detuvo a ocho personas, entre ellas dos maestras y un menor de edad. Los colonos se organizaron para exigir la entrega de los detenidos, que fueron trasladados en helicóptero al puerto de Acapulco. Como represalia detuvieron a 35 policías federales que habían regresado a la colonia el Tepeyac para remolcar los vehículos de la Ceteg. Los encerraron en su capilla y las mujeres formaron un cerco para protegerlos e impedir que se escaparan. En la revuelta, un policía sacó un arma de su bota y disparó contra Toño Vivar. Dos balas dieron en el corazón y en el hombro izquierdo del activista. En ese momento Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal dio la orden de rescatar a los 35 policías retenidos. Golpearon mujeres, allanaron domicilios y destruyeron los muebles de la capilla. Impusieron el terror en la colonia. La CNDH emitió la recomendación 85/2018; sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha procedido penalmente contra el policía que disparó el arma.

El pasado jueves 7 de marzo Yanqui Kothan, estudiante de segundo año de la normal de Ayotzinapa manejaba una camioneta Frontier rumbo a Chilpancingo. Iba acompañado de Osiel y de Arenita, un estudiante de nuevo ingreso. A la entrada de la capital del estado, le pidió a Arenita que comprara unos cigarros. En ese momento llegaron dos policías en sus motocicletas. Rodearon el vehículo y apuntaron con sus armas a Yanqui y Osiel. Gritaron: bájense, hijos de su puta madre. Kothan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixtla. En ese instante los policías dispararon a quemarropa. Arenita vio como Kothan quedó inmóvil, inerte, con la cabeza sangrando. Había recibido un disparo en el cráneo. Osiel quedó hecho bola con la cabeza clavada en las rodillas. Arenita corrió hacia el barranco. Escondido en un matorral, llamó a sus compañeros para que fueran a rescatarlos.

Osiel salió ileso, pero de inmediato los policías lo esposaron y lo interrogaron: a ver, cabrón, de quiénes son las armas y la droga. Respondió que no llevaban armas ni droga, que sólo iban por unas compañeras. Cállate, pendejo le dijeron. Lo subieron a una patrulla y se lo llevaron a las oficinas del centro de operaciones de emergencia (COE). Durante 10 horas soportó las amenazas y golpes de los policías que lo pusieron a disposición del Ministerio Público a las 7 de la mañana.

Al encontrarse con su compañero, Arenita y él fueron detenidos por militares que los interrogaron y golpearon. Los obligaron a que confesaran que habían disparado. Los policías del estado se encargaron de ablandarlos con más golpes y amenazas. Dos horas después fueron liberados.

En Guerrero nada ha cambiado: los policías portan sus armas para matar, detienen para torturar y son expertos en fabricar delitos. Persiguen y aborrecen a los estudiantes. Se cuadran ante los jefes de las plazas. El poder real lo ejercen los grupos criminales que controlan más de 40 municipios.

El Ejército y la Guardia Nacional no han revertido la espiral de violencia. La gobernadora está entrampada por las redes delictivas, avasallada por la inseguridad y la violencia; conflictuada con la fiscal y sometida a los intereses facciosos de los morenistas y de su papá. Sólo el presidente es su tabla de salvación.

* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.