Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Nos alcanzó el terrorismo

Francisco Garfias | Excelsior

El terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, según el diccionario de Oxford Languages. México cumple con la definición. Llevamos mucho tiempo con hechos que infunden terror y atemorizan a la población.

El último evento con estas características ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, zona metropolitana de Guadalajara. Un hecho que, por sus características, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, calificó de “acto de terror brutal”.

Los elementos de la fuerza pública violentados acudían al lugar donde una madre buscadora fue informada de que había restos humanos. Era una emboscada.

La llamada fue el imán para atraerlos al sitio, donde los delincuentes hicieron explotar siete minas (una octava falló) matando a seis policías e hiriendo a otros 12. Sí, leyó usted bien, minas como las que se usan en las guerras fueron utilizadas en Jalisco para atacar a las fuerzas de seguridad.

El ataque llevó al gobernador Alfaro a suspender las labores de búsqueda de fosas clandestinas.

A esos niveles han llegado las embestidas de la empoderada delincuencia organizada, que quita  y pone alcaldes en diversas regiones del país, así lo ha reconocido el propio AMLO.

*El rosario de agresiones inició hace dos semanas con siete descuartizados en Chilpancingo, Guerrero. El mismo día asesinaron a cinco taxistas allí mismo y en Tixtla. Ayer mataron a uno más. Siguió el coche bomba en Celaya, los policías secuestrados en Chiapas, los desplazados por la disputa en este estado entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

El cuadro de horror se completa con el asesinato de la fiscal antisecuestros en Colima, los colgados en Paseo Tollocan de Toluca, los nueve asesinados en la Central de Abasto de la capital del Edomex y los cinco fusilados en Apodaca, Nuevo León.

Hemos llegado al extremo de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tuvo que irse a vivir por tiempo indefinido a un cuartel militar, luego de recibir amenazas de grupos de la delincuencia. Pero también a que el Poder Judicial determinara que los jueces de Colima regresen al trabajo a distancia, ante los riesgos que corren con el crimen organizado.

A esta crisis de violencia, el presidente López Obrador ha respondido con un discurso que la niega y culpa a la prensa de “amarillismo”. “La sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, ha dicho en la mañanera.

Le molesta que se publique la realidad que vivimos. Ha llegado, incluso a pedir  “autocontrol”, por no decir “autocensura”.

Su delirio lo ha llevado a afirmar que “vivimos en un país seguro”.

*En su afán para exhibirla como “corrupta”, AMLO sugirió a Claudio X. González –a quien señala como patrón visible del Frente Amplio por México– que pida al “Instituto de la Transparencia” (Inai) información sobre los contratos que obtuvo Xóchitl Gálvez del gobierno de Fox, cuando era la delegada en la Miguel Hidalgo.

¿Se le habrá olvidado que tiene paralizado al Inai por falta de quórum? ¿No se acordará que fue él  quien vetó a los nuevos comisionados de ese instituto elegidos por el Senado? Son preguntas. Xóchitl no tardó en regresarle el descontón. Con un mensaje desde Saltillo, donde realiza una gira proselitista, le dijo al Presidente:

“Mi empresa es tan chingona que hasta su gobierno nos contrata, pero nunca he recibido un cochupo ni un moche ni he recibido sobres amarillos.

“Yo no me robé el dinero, yo no cobro en sobres amarillos, como sus hermanos. Yo cobro en transferencias electrónicas; entonces, que le busque, que le revise, que cheque.

“Es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía. ¿O acaso no lo sabe?”.

*Morena puso como condición a los aspirantes a la candidatura presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia la renuncia a sus cargos. Sheinbaum dejó la Jefatura de Gobierno; Marcelo, la cancillería; Adán Augusto, la Secretaría de Gobernación; Monreal, la presidencia de la Jucopo en el Senado; Fernández Noroña, la diputación, y Velasco, el Senado.

Para evadir las leyes electorales que prohíben las campañas anticipadas —es lo que hacen las corcholatas— Morena alegó que se trataba de un proceso interno. Pues ahora, Mario Delgado, jefe nacional de Morena, quiere que las reglas internas del guinda las aplique el Frente Amplio por México con sus aspirantes a la sucesión de AMLO.

No hay ley que obligue a Creel a dejar la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro; a Xóchitl, Paredes o Mancera, el Senado. Pero el líder morenista adelanta que presentará denuncias ante el INE “por uso indebido de recursos públicos”.

“Son funcionarios que están asistiendo en horarios hábiles y de trabajo a actos políticos, lo cual ha sido sancionado de manera sistemática por los tribunales electorales”, alegó.

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Razones

Es terrorismo y tiene repercusiones

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

A veces les tenemos miedo a las palabras. O el temor parte de que se conocen las consecuencias de definir algo como lo que realmente es. En México estamos sufriendo actos de terrorismo por parte del crimen organizado. No nos engañemos, lo que sucedió en Tlajomulco, Jalisco, es un acto de terrorismo. Como lo fue el coche bomba en Celaya, la colocación de minas antipersonales en caminos de Michoacán, los ataques de drones con explosivos, los ataques indiscriminados en bares, restaurantes y los videos con gente torturada, desollada, abusada, que vemos todos los días. No todas las acciones violentas de los grupos criminales pueden calificarse como terroristas, pero ésas y muchas otras sí lo son.

El ataque en Tlajomulco no es el primero y no será el último. Ocurrió exactamente igual hace unos días en Celaya. Una denuncia aparentemente ciudadana de que se habían encontrado restos humanos en un automóvil y, cuando llegan las fuerzas de seguridad, se hace estallar el automóvil denunciado. En el caso de Tlajomulco es aún más grave porque se utilizó para eso a madres buscadoras. Si no se entiende que éstos son actos terroristas y no son entendidos como tales, no puede haber respuestas adecuadas de las autoridades. Ayer en la mañanera no se dijo ni una palabra sobre el tema.

El terrorismo se define como “la práctica política que recurre sistemáticamente a la violencia contra las personas o las cosas provocando el terror”, según el Diccionario político de Norberto Bobbio. Según la Real Academia, se trata de la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Eso es lo que hemos estado viviendo, en forma mucho más destacada en las últimas semanas, pero de manera continua en los últimos 15 años.

No es verdad que el crimen organizado no tiene objetivos políticos. Como todo grupo de poder, los tiene y su existencia sólo se puede explicar por su capacidad de influir e infiltrar en el poder político, económico, social. Lo vimos esta semana en Chilpancingo. Lo vemos en Jalisco, en Guanajuato, en Chiapas (que para el presidente López Obrador goza de enorme tranquilidad social), en Baja California, en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Y sus acciones recrudecen cuando hay elecciones o se aproximan cambios políticos.

El problema es que la incomprensión o subestimación de estos problemas causa otros conflictos mucho más graves. En Estados Unidos están avanzando dos tipos de leyes que pueden afectar a México en este sentido. Por una parte, las que quieren declarar a los grupos del crimen organizado como terroristas para poder utilizar todas las medidas que ese país tiene para combatirlos, que van desde sanciones financieras y restricciones legales de todo tipo hasta, llegado el caso, acciones militares. Y también leyes para procesar a funcionarios que negocien o se subordinen a ellos, de forma similar a como lo han hecho en Honduras, Venezuela, Guatemala, y muchos otros países.

Desde inicios de este año, el exfiscal de Estados Unidos, William Barr, varios medios de referencia internacional y un grupo de legisladores republicanos, y también algunos demócratas, han insistido en un punto que han abordado el fiscal general Merrick Garland y la directora de la DEA, Anne Milgram, además de fiscales de 21 estados de la Unión Americana: los cárteles mexicanos deben ser declarados terroristas y, por ende, deberían poder ser combatidos en cualquier lugar del mundo, incluyendo México, por las fuerzas armadas de ese país.

Desde que estaba en el gobierno Trump se viene coqueteando con esa idea y hoy, con la agudización de la epidemia de opiáceos, acompañada por el creciente empoderamiento de los grupos criminales mexicanos y la permisividad de las autoridades federales expresada en la estrategia de abrazos, no balazos, la misma se está extendiendo, ya no sólo entre los grupos más extremistas del trumpismo y Ron DeSantis, sino también en un escenario político que trasciende los partidos y los medios de referencia hasta convertirse en tema de campaña para los comicios de 2024 en Estados Unidos.

Pero hay más. Hace ya varios meses, el jefe del Comando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, decía que uno de los peligros que generaba la migración masiva y la falta de control territorial en algunas zonas de México era que podían ser utilizadas por adversarios de su país, como China o Rusia, para influir o desestabilizar la política regional, pero también por grupos terroristas que quisieran atentar contra la Unión Americana.

Hace unos días, el mismo general VanHerck hablaba de la creciente presencia de espías rusos en México. Esta semana se divulgó en España que había sido detenido en Barcelona un terrorista originario de Tayikistán que voló desde México hacia ese país. Tayikistán es el mismo país al que el gobierno federal le vendió el avión presidencial en una operación financieramente extraña. El terrorista detenido, según las autoridades españolas, se dedicaba a reclutar miembros para el Estado Islámico.

Nada de eso se supo en México. Y siguen llegando médicos, entrenadores, asesores cubanos, que se cuentan no sabemos si por cientos o por miles. Ya legisladores estadunidenses han insistido en que se debe pedir cuentas a México porque esa presencia puede ser lesiva para su país. El nuestro es el juego geopolítico más torpe que se puede tener.

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Astillero

Temprana judicialización electoral // ¿En riesgo el proceso? // Bicorcholatismo adelantado // A dos años de AMLO destapador

Julio Hernández López | La Jornada

Han pasado dos años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador se asumió como destapador de corcholatas presidenciables: “…todos, todos tienen posibilidad, ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo: esa es la regla, la gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática…” (https://n9.cl/0iy5c ).

En aquel julio de 2021, en Tabasco, el titular del Poder Ejecutivo Federal enlistó sus primeros corcholatismos, varios de ellos ya desmontados de la marquesina gaseosa: Tatiana Clouthier está fuera del gabinete; Esteban Moctezuma Barragán sigue de embajador en Estados Unidos; Juan Ramón de la Fuente corre similar suerte diplomática poco electoral; Rocío Nahle suspira, pero por Veracruz, y los únicos supervivientes de aquella primera emisión de tapones metálicos de envases han sido Claudia Sheinbaum, llamada la favorita, y Marcelo Ebrard Casaubon, el ¿rebelde?

A aquella tanda fundacional no fueron incorporados el secretario Adán Augusto López Hernández (el supuesto caballo negro) ni el senador Ricardo Monreal, quien luchó largamente para aparecer, casi a última hora y tal vez sólo con perspectiva electoral chilanga, en una lista de seis a la que se agregaron las cartas de los partidos del Trabajo (Gerardo Fernández Noroña) y Verde Ecologista de México (Manuel Velasco).

Dos años de intenso cabalgar prelectoral. Madruguete a la oposición. Precampañas morenistas tan mal disfrazadas como bien aceitadas (sobre todo en el caso de los dos secretarios y la jefa de Gobierno). Narrativa favorable desde la mañanera. Cena en el restaurante El Mayor para establecer reglas, renuncia de los ocupantes de cargos y el arranque formal de lo que es, pero se dice que no es: pelear por una coordinación que en realidad es LA candidatura.

El despliegue en solitario de ese corcholatismo desbordado sobre el foro nacional no pudo ser resistido por los opositores, que habilitaron a trompicones un ejercicio de catadura similar para elegir también a un coordinador, con exposición prematura de sus aspirantes y una metodología de falsa ciudadanización y futuras encuestas que no ha resistido una mínima prueba de incertidumbre: todo está alineado a favor de Xóchitl Gálvez, como rápidamente lo develó el propio Presidente de la República.

(Ironía: el largo proceso morenista aún mantiene dudas respecto al ganador: sí, Claudia parece ser, pero Marcelo zigzaguea y pelea, y Adán Augusto a algunos les parece el realmente predilecto de Palacio, mientras los opositores, en su breve deambular, ya tienen predeterminada como ganadora a una emulación femenina del foxismo.)

El proceso simulatorio y sus eventuales consecuencias jurídicas, confirmatorias o descalificatorias ha sido asumido por ambas partes contendientes, sin que el mayor o menor tiempo de comisión de los actos irregulares signifique diferencia si de enjuiciar el tema se tratara. Y ya se está tratando: Movimiento Ciudadano ha presentado denuncias ante el Instituto Nacional Electoral por bardas, espectaculares, giras y apoyos federales al activismo corcholatero y el bando de Claudio X. está en la misma línea de impugnación. Morena ha hecho lo propio contra los movimientos del consorcio empresarial, partidista y mediático que dice ir por México. La judicialización ha comenzado.

El tema no es menor, aunque en estos momentos de luces de artificio más brillantes pareciera de eventual impacto a largo plazo. Cabría preguntarse si en este bicorcholatismo trotante se han cometido y se irán cometiendo violaciones sustanciales al proceso electoral y si algunos de los contendientes, ya viéndose perdido, se aferrará a intentar el descarrile por la vía del INE y el tribunal electoral (copados, ciertamente, pero aún susceptibles de variaciones decisorias conforme los poderes en pugna presionen).

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Campañas anticipadas, violencia e ingobernabilidad

Mario Patrón | La Jornada

Mientras México sigue atrapado en la espiral de una violencia cada vez más extendida, en las semanas recientes los titulares de los medios informativos han estado monopolizados por los movimientos de los aspirantes a la Presidencia, en el marco de una precampaña apresurada por el propio jefe del Ejecutivo, que ha venido a enrarecer la agenda pública dejando en la penumbra buena parte de los temas más urgentes del país que, como la violencia, evolucionan fuera del ojo público en una dinámica que amenaza con comprometer la estabilidad social y el propio proceso electoral que viviremos dentro de 11 meses.

Encuestas recientes, como la de El Financiero o la del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), muestran la inseguridad y la violencia como el problema de mayor preocupación para los mexicanos con 43 y 55 por ciento de la población, respectivamente, que lo considera el mayor problema del país. El estudio del GEA reporta un incremento sostenido de la percepción sobre la violencia, pues en 2018 sólo 25 por ciento de la población consideraba a la referida problemática como la más preocupante. Dichas cifras son muestra de que, mientras los sexenios pasan y los gobiernos cambian, la violencia permanece en la percepción pública como un componente central del imaginario de ingobernabilidad e institucionalidad fallida del país.

Basta mirar, por ejemplo, lo sucedido en estos días en Chilpancingo, donde circuló un video de la alcaldesa sosteniendo una reunión con el líder de Los Ardillos; misma capital estatal donde el último fin de semana se registró una oleada de violencia contra los transportistas de la región, que motivó el lunes siguiente bloqueos y manifestaciones. Esta cadena de hechos ha puesto en evidencia una inquietante descomposición de las instituciones del estado, incapaces de mediar en los conflictos, carentes de credibilidad y, por decir lo menos, impotentes frente a la violencia.

Otro ejemplo preocupante: Michoacán, donde hace un par de semanas fue asesinado Hipólito Mora, uno de los fundadores de las autodefensas de dicha entidad, creadas como medida extrema ante la inoperancia de las instituciones encargadas de la seguridad, incluidas las castrenses, quien había denunciado con insistencia las amenazas que recibía. Apenas antier, en la denominada Tierra Caliente de Michoacán se registraron bloqueos carreteros, ataques y choques armados entre grupos criminales, situación que se ha convertido en cotidiana en numerosos municipios de esa zona, en la que el Estado no parece tener control.

Algo similar ocurre en Chiapas, cuyos niveles de violencia se han incrementado sostenidamente en los últimos años sin que haya merecido la atención no sólo de los medios informativos sino desde las propias instituciones del Estado, federales y estatales, que han preferido invisibilizar y maquillar la profunda dinámica de descomposición que ahí se ha desarrollado. Hoy Chiapas se encuentra en una crisis profunda de desplazamiento interno forzado, con comunidades enteras amenazadas por bandas que se disputan las plazas, vulnerando más a las comunidades campesinas e indígenas, incluyendo a las comunidades autónomas zapatistas, que siguen resistiendo los embates del paramilitarismo en México desde hace décadas.

No menos grave es lo que ocurre en Tijuana, donde la alcaldesa, Montserrat Caballero, debió mudar su domicilio nada menos que a la sede del 28 Batallón de Infantería, tras el ataque a uno de sus escoltas. O lo que ha ocurrido en Nayarit, donde fue asesinado el corresponsal de La Jornada Luis Martín Sánchez y fueron secuestrados otros dos periodistas, quienes por fortuna fueron localizados con vida.

Es cierto que Andrés Manuel López Obrador heredó en 2018 un país rebasado por la violencia, problema que con toda razón puso en un lugar prioritario de su agenda de gobierno. A poco más de un año de concluir, todo hace prever que heredará al siguiente sexenio un país en que la violencia no ha menguado, pero sí se ha profundizado una militarización de diversas esferas de la institucionalidad pública, mucho más allá de la seguridad, que le será muy difícil revertir a quien lo suceda. Los hechos recuperados en los anteriores párrafos son apenas un puñado de expresiones de una problemática estructural y generalizada que cada día no sólo confirman el fracaso de la estrategia de seguridad en la que se han empecinado los últimos tres gobiernos, sino que configuran escenarios de alto riesgo para la institucionalidad pública y el estado de derecho.

En los meses venideros la atención pública en el país estará cada vez más concentrada en el ya muy largo proceso electoral de 2024 en el marco del cual partidos y candidatos se disputarán el atributo central del carisma y arraigo entre el pueblo; mientras, el pueblo real seguirá a expensas de una creciente violencia que se despliega ante la patente incapacidad de las instituciones lideradas precisamente por los mismos partidos que se disputarán los cargos públicos en 2024. El contraste entre los tiempos, energías y recursos dedicados al proselitismo y la crudeza de la realidad no puede ser mayor.

Ante este panorama, de nuevo la clase política transfiere a la ciudadanía la carga de tener que exigir la debida y urgente atención de la crisis de violencia que padece el país; de obligar a los partidos y candidatos a asumir con seriedad sus responsabilidades de concebir nuevas estrategias de pacificación para México no sólo eficaces sino cuidadosas del estado democrático de derecho. Para ello es indispensable que se produzcan diálogos y deliberación que, por encima de la polarización política, abran márgenes para construir una agenda de pacificación, donde la sociedad civil y especialmente las víctimas de la violencia tengan un papel central en el diseño, fortalecimiento, vigilancia y evaluación de las políticas públicas en la materia.

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México SA

Fobaproa: deuda perpetua // Gurría: sin sorpresas // Claudito: papa caliente

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Con la novedad, mexicanos pagadores, que al cierre de mayo pasado cada uno de los 130 millones de paisanos que habitan esta heroica República –incluidos los recién nacidos– carga con una deuda cercana a 8 mil pesos –sin sumar lo que ya pagaron a lo largo de los últimos 28 años– por los pasivos del Fobaproa, es decir, el débito resultante del ilegal rescate bancario –con dinero de la nación– ordenado por Ernesto Zedillo y operado por sus dos secretarios de Hacienda: Guillermo Ortiz Martínez y José Ángel Gurría Treviño.

Como premio, al primero de ellos Zedillo lo designó gobernador del Banco de México (hueso que le duró hasta 2009, cuando, ¡sorpresa!, se fue a trabajar a un banco rescatado) y al segundo titular de Hacienda (hasta ese momento se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores) para continuar con las fechorías de su antecesor, siempre con la rigurosa instrucción presidencial: mantener inquebrantable disciplina en la política neoliberal. Mientras, los mexicanos no han dejado de pagar ni de sufrir las consecuencias del rescate de los especuladores beneficiados por la reprivatización bancaria salinista y la posterior extranjerización del sistema financiero, a la par de que los barones del dinero se han hinchado de ganancias.

Lo dijo el día de su nombramiento al frente de Hacienda: en política económica no habrá sorpresas ni improvisación, y el 26 de noviembre de 1998, Gurría compareció ante los diputados, quienes, una y otra vez, le preguntaron ¿a cuánto ascienden hoy los pasivos del Fobaproa?, y una y otra vez el funcionario se negó a informar sobre el monto respectivo. Lo más lejos que llegó fue cuando dijo que la respuesta es relativamente sencilla: el cálculo resultaría aritméticamente muy sencillo, aplicando la tasa promedio por los meses que han transcurrido hasta ahora, de manera que no se trata de ningún misterio, no necesitamos ni siquiera la calculadora para poder llegar a la cifra. Pero nada de números concretos.

Fue tal su desfachatez que de plano una diputada (María Mercedes Maciel Ortiz) dijo a Gurría: (la pregunta) “se la voy a formular en inglés, a ver si me entiende: how much are Fobaproa’s liabilities today?”, pero El ángel de la dependencia volvió a batear la respuesta. Eso sí, rechazó categóricamente, la afirmación de que se violaron leyes (¡¡¡!!!) o de que se actuó de manera inconstitucional (¡¡¡!!!) en el saneamiento del sistema financiero. Se actuó con absoluto apego a la ley (¡¡¡!!!) y el jefe de las instituciones nacionales (léase Zedillo) puede hoy obtener, y de hecho recibe, el reconocimiento internacional y nacional. ¡Olé!

Dieciséis días después (12 de diciembre de 1998), los priístas y panistas (con Borolas a la cabeza, quien aseguró que su partido no avalará el salvamento) legalizaron la deuda del rescate bancario (325 a favor, 159 en contra y una abstención) y engrosaron la factura a los mexicanos de entonces y a quienes llegaron en los últimos 28 años (de 1995 a la fecha, y los que faltan). En ese periodo se han pagado alrededor de 2 billones de pesos y de todas maneras los pasivos del Fobaproa-IPAB suman, al cierre de mayo pasado, un billón 34 mil millones de pesos, y contando.

Se entiende, pues, quién es y a quién representa El ángel de la dependencia. Sobre el más reciente encargo de la oligarquía, el mismo Gurría publicó lo siguiente tras ser designado por Claudio X. González como la mente creativa de lo que la derecha pretende si es que retoma el poder: por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del proyecto de nación (léase proyecto de negocios) del Frente Amplio por México; rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar y que hoy no lo hace. Por ejemplo, mantener la impunidad, no cumplir fiscalmente, obtener contratos leoninos, saquear al erario, licitaciones a modo y un largo etcétera.

Las rebanadas del pastel

Si del júnior X se trata, ayer el presidente López Obrador anunció: le voy a pedir a Claudio que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl Gálvez y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no hacen investigaciones? Vamos a darle un tiempo a él y a la señora María Amparo Casar, a ese grupo. Si nos da el resultado de la investigación vamos a quedar todos muy satisfechos, y vamos a poder reconocer que su asociación sí está en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven?