Lo que dicen los columnistas

Notimex en tiempos de Sodoma y Gomorra

Jorge Bravo | Proceso

“Si no se ataca al Presidente, entonces no hay problemas y se puede informar de todas las deficiencias del sistema”, fue la respuesta a “¿existe censura o autocensura en las agencias noticiosas nacionales?” que, en su momento, formuló el estudioso Karin Bohmann en su libro clásico “Medios de comunicación y sistemas informativos en México” de 1994.

El presidente López Obrador confirmó la liquidación de Notimex. Como en los tiempos de la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra, llegó la hora de la eliminación de la agencia de noticias del Estado mexicano de manos de la Cuarta Transformación.

La extinción de Notimex demuestra el desinterés y lo prescindibles que son los medios públicos en México durante la 4T. Evidencia que no existe una política de comunicación a través de los medios públicos, además de considerarlos un instrumento para amplificar las versiones y programas del presidente AMLO y su gobierno.

Cuando AMLO señala que Notimex dejó de ser una agencia necesaria porque ahora existen las conferencias de prensa matutinas, el Ejecutivo Federal confiesa una visión tergiversada de un medio público del Estado para el ejercicio del derecho a la información, versus una estrategia temporal de comunicación política para establecer la agenda y desacreditar a los opositores al gobierno.

Notimex transitó de ser fundada en 1968 para difundir información sobre los Juegos Olímpicos; ser una agencia de vanguardia, referencia y contrapeso entre los países no alineados del Tercer Mundo, con periodistas profesionales, corresponsales internacionales y en los estados de la República; ser un medio oficialista bajo la égida de la Secretaría de Gobernación; evolucionar en 2016 a ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado; hasta degenerar en su última etapa como una agencia propagandista y facciosa, con más de tres años en huelga que la tornó irrelevante y sustituible.

Como estudiante de comunicación, tanto profesores como lecturas formaron en mí una mala imagen de Notimex. Los medios de comunicación que no contaban con corresponsales para informar con contenidos propios, reproducían las notas de Notimex, tiñendo de oficialismo las planas de la prensa escrita, principalmente, pero también los noticieros de radio y televisión.

Como respuesta a ese oficialismo que trasmitía Notimex en los momentos cumbre del priísmo y el presidencialismo en México, la revista Proceso creó la agencia Comunicación e Información (Cisa-Proceso), antecesora de Apro, para generar información propia sin el tamiz gobiernista de los cables de Notimex.

Además de la huelga eterna, lo último que se recuerda de Notimex es la ominosa dirección de Sanjuana Martínez. El estudio de Signa Lab del Iteso, “Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación. El caso de experiodistas de Notimex”, documentó “ataques coordinados a periodistas” realizados por “personas que operan de manera intencional y coordinada” contra informadores que trabajaron en la agencia de noticias y que “mostraron inconformidad por la actuación de las autoridades de Notimex”.

Notimex es una empresa del Estado y como tal vendía servicios informativos. En marzo de 2019 (cuando Sanjuana asumió la dirección) la agencia tenía 449 clientes; en diciembre del mismo año bajó a 412: en nueve meses Notimex perdió 37 clientes, por lo general gobiernos y medios de comunicación nacionales e internacionales que utilizan textos, fotos o videos que produce la agencia. En 2019 la empresa proyectó vender 42 millones de pesos; sólo vendió 29.5 millones, la cifra más baja en los últimos años.

A pesar de estar en huelga, Notimex conservó su presupuesto público todos esos años, que en 2023 fue de 237.6 millones de pesos.

El presupuesto de Notimex

En el periodismo, las agencias de noticias juegan un papel relevante en la cobertura de eventos y noticias a nivel global. Sin embargo, como bien señala el investigador Raúl Trejo Delarbre en una declaración a Latinus, las agencias informativas de Estado son menos necesarias ahora que en el siglo 20, porque “hoy tenemos Internet, información globalizada que es muy plural”.

Notimex fue considerada en su mejor momento como la agencia de noticias estatal encargada de proporcionar información confiable a los medios de comunicación y al público en general. Sin embargo, en los últimos años Notimex se vio envuelta en controversias y perdió gran parte de su relevancia como medio público en México.

Durante décadas cumplió con la misión de proporcionar noticias sobre política, economía, cultura, deportes y otros temas de interés para los medios de comunicación mexicanos y para el resto de las agencias internacionales. Pero en su última etapa, Notimex enfrentó problemas que pusieron en entredicho su credibilidad y relevancia como agencia de noticias pública regida bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad.

Uno de los escándalos que enfrentó Notimex fue la politización y falta de independencia editorial con la 4T. Durante la administración de Sanjuana Martínez se reportaron casos de censura, despidos injustificados y falta de transparencia en la toma de decisiones editoriales.

Periodistas y empleados denunciaron prácticas autoritarias y violaciones a la libertad de expresión. La politización llevó a una pérdida de confianza en la imparcialidad y objetividad de las noticias generadas por Notimex, lo que impactó negativamente en su reputación como agencia de noticias confiable. Varios medios de comunicación cancelaron contratos con Notimex.

Otro desafío fue la falta de inversión en tecnología y modernización. En un mundo cada vez más digital, las agencias de noticias deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de producción y consumo de noticias. Notimex se quedó rezagada, sin capacidad para competir con otras agencias de noticias en la era digital.

Notimex también enfrentó problemas financieros y de gestión. Se reportó un déficit presupuestal con consecuencias en recortes de personal y falta de recursos para la cobertura de noticias. La mala gestión impactó en la calidad y diversidad de las noticias generadas por Notimex, así como en su capacidad para cubrir temas relevantes y de interés general por una dirección editorial instrumental, propagandista y facciosa. La falta de una gestión eficiente y transparente desató críticas y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos de Notimex, además de pérdida de ingresos por la escasa venta de servicios informativos.

Al estallar la huelga, Notimex tenía aproximadamente 300 trabajadores. La liquidación de la agencia es triste por la pérdida de empleos, por el asesinato desde la dirección y el gobierno a un medio público, por el futuro profesional de docenas de periodistas en una coyuntura de recortes y despidos en los medios de comunicación, por el destino incierto del archivo documental y audiovisual de la agencia con 55 años de acervo. Pero lo más triste es reconocer que a Notimex, quizá, no se le va a extrañar.

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Arsenal

“Estamos de buenas, muy de buenas…”

Francisco Garfias | Excelsior

La división de Poderes ganó una batalla contra la militarización de la seguridad pública a la autocracia. La SCJN invalidó ayer la reforma que pone a la Guardia Nacional bajo control de la Sedena.

Ocho de los 11 ministros respetaron la letra de la Carta Magna, a pesar de las fuertes presiones que recibieron. Hicieron valer el artículo 21, que no deja espacio a la especulación. Dice textual: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”.

Chapeau a los ministros que pusieron por encima de todo a la Constitución: Norma Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los tres restantes se le cuadraron al Presidente: Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

* La figura de Norma Piña, la primera mujer que preside la SCJN, sigue en ascenso. No le dio vueltas al tema: “Conforme a la literalidad del artículo 129 constitucional, así como la interpretación histórica y sistemática en relación con el artículo 21 constitucional, es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles”.

En la trinchera de enfrente, Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, se aventó una maroma jurídica para justificar su postura a favor de la reforma: “El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. Se trata de secretarías de Estado civiles cuyos titulares son secretarios de despacho de la administración pública centralizada, cuyo jefe es el Presidente de la República”.

* La noticia provocó una explosión de júbilo en el salón de la Expo Reforma, donde ayer se clausuró un foro sobre los gobiernos de coalición, organizado por Unid@s, con asistencia de 13 aspirantes a la candidatura presidencial por un amplio frente opositor. Federico Reyes Heroles, a cargo de la clausura, describió en seis palabras el ambiente que prevalecía con la noticia de la SCJN: “Estamos de buenas, muy de buenas”.

Nos acercamos a la senadora del PRI, Beatriz Paredes, una de las aspirantes a la candidatura presidencial, para pedirle una reacción. Nos dijo: “Para la sociedad mexicana es muy alentador que haya un poder que circunscribe sus decisiones a lo que señala la Constitución. Da un marco de certidumbre saber que el comportamiento de uno de los poderes está por encima de decisiones de carácter político”.

Fernando Belaunzarán, exdiputado federal, coincidió: “Hoy triunfó la división de Poderes. El Presidente jugó a amedrentar a los ministros. Lo hizo de manera explícita y recurrente, pero ellos hicieron valer la Constitución”.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, celebró que se haya logrado “expulsar” una ley aprobada por Morena y aliados, para que la Guardia Nacional pase a control de la Sedena.

* Hay otra batalla que aún no ganan los mexicanos que quieren transparencia: el nombramiento de los tres comisionados que le faltan al Inai. El instituto no puede operar. Son siete comisionados. Sólo hay cuatro en funciones. Se necesitan cinco para sesionar y tomar decisiones.

López Obrador está decidido a desaparecer el instituto. Alega que “no sirve para nada” y dice que cuesta anualmente mil millones de pesos “que nos podríamos ahorrar”.

Ya mandó a su escudero, Adán Augusto López Hernández, con las instrucciones a la bancada de Morena para que no haya nombramientos. Lo hizo sin tomar en cuenta la opinión del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, favorable a la transparencia.

* En la mañanera de ayer, López Obrador dio color hacia dónde quiere ir: “Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función (del Inai) la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior o la Fiscalía Anticorrupción. Ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando…”. Así se las gasta el señor Presidente.

* Adán Augusto está convertido en jilguero del gran elector. Ayer subió un tuit en el que califica al Inai de ser un “lastre que de poco o nada ha servido para combatir la corrupción”. Se entiende que el hombre quiere hacer méritos. Ya falta menos para la “encuesta-dedazo”.

Su mensaje tuvo como respuesta una invitación de la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, al “señor secretario” para que platique con los comisionados, y conozca a profundidad el trabajo que realiza el Inai.

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Juegos de poder

Aplauso a la decisión histórica de la Suprema Corte

Leo Zuckermann | Excelsior

No me queda otra más que felicitar a los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ayer votaron para rechazar el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con argumentos contundentes, en una interpretación lógica y diáfana del texto constitucional, la mayoría calificada ratificó lo que, efectivamente, dice nuestra Constitución: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

Era un total despropósito que una legislación secundaria violara lo que ordena la ley fundamental.

Los ministros han hecho su trabajo esgrimiendo, desde luego, más argumentos. Pero lo más importante es que un gobierno, con mayoría simple en el Congreso, no puede contradecir lo que mandata la Constitución.

En 2019, la GN nació civil gracias a un acuerdo entre todos los partidos. Si López Obrador quería militarizarla, tendría que haber reformado la Constitución. Como no tenía los votos, trató de hacer el cambio por la puerta de atrás, cambiando leyes secundarias, apostándole a que una minoría de cuatro ministros de la SCJN lo apoyaran en interpretaciones bizantinas como que las Fuerzas Armadas, al estar subordinadas a un presidente civil, no son de carácter militar, sino civil.

Ayer, ocho ministros de la SCJN rechazaron lo que mi colega Carlos Bravo ha denominado como una especie de “narcotúnel legislativo” de este gobierno, es decir, modificar la Constitución por medio de leyes secundarias que luego son apoyadas por una minoría de cuatro ministros de la Corte. Así lo hicieron con la Ley de la Industria Eléctrica. Así pretendían hacerlo con la militarización definitiva de la GN traspasándola a la Sedena.

No se salieron con la suya. Los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Javier Laynez, Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos cerraron el “narcotúnel legislativo”. Si quiere el Presidente traspasar la GN a la Sedena, que consiga los votos y reforme la Constitución. Basta ya de marrullerías jurídicas.

Con todo, el gobierno se quedó a un solo voto de que se abriera el “narcotúnel”.

De la ministra Yasmín Esquivel no se podía esperar nada diferente. La plagiaria, en su condición de ladrona consuetudinaria, no debería seguir en la Suprema Corte. Hoy depende políticamente del apoyo de AMLO y votará lo que le ordene Palacio Nacional. Por su situación tan vulnerable, se ha convertido en lacaya del Presidente.

Loretta Ortiz, fundadora de Morena, sigue pensando más como política que como ministra. No ha tenido empacho en hacer todo tipo de contorsiones argumentativas para apoyar leyes que, claramente, violan el texto constitucional.

Arturo Zaldívar es el ministro más criticado por su voto a favor del “narcotúnel legislativo”. Disgusta su cambio de opinión en estos años de la llamada Cuarta Transformación en cuanto a la militarización de la seguridad pública. Yo creo que cualquiera tiene el derecho a cambiar de opinión, incluyendo los ministros. Sus razones tendrá. El voto de ayer quedará como parte de su récord para hacer un juicio final de su paso por la Suprema Corte.

La SCJN ha ordenado que la GN dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para mantener su carácter civil. El problema es que, en los hechos, desde el comienzo de este sexenio, la GN ha estado adscrita a la Sedena. Hoy es un brazo más del Ejército. El 77% de sus elementos son soldados o marinos que dependen laboralmente de las instituciones castrenses.

Un artículo transitorio de la Constitución permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en lo que se forma y consolida la GN. Mientras tanto, otro artículo transitorio faculta a la Sedena y a la Secretaría de Marina para participar activamente en la GN en su “estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.

Así que, en los hechos, continuaremos con una GN militarizada, con todo lo que eso implica. Sin embargo, ayer, la SCJN mandó un mensaje muy importante: la GN es civil y punto. Si quieren hacerla militar de manera permanente, que reformen la Constitución. En esta ocasión, el “narcotúnel legislativo” se cerró.

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Astillero

Guardia Nacional y militarismo, bajo la lupa // Pegasus y los futuros García Luna // Más opacidad en Sedena y Semar // Esclarecer viajes del general

Julio Hernández López La Jornada

El Presidente de México está frente a una oleada de señalamientos y decisiones relacionadas con el empoderamiento militar que ha impulsado vigorosamente, a contrapelo de las promesas que hizo como candidato.

El golpe más vertebrado se relaciona con la operación y administración de la Guardia Nacional, que una resolución legislativa había entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. El insostenible argumento de que dicha Guardia, integrada sustancialmente por militares, con mandos y doctrina militar, tiene un carácter civil, sólo fue defendido por tres ministros de la Corte, claramente alineados con el proyecto de Palacio Nacional (Zaldívar, Esquivel y Ortiz).

En lo operativo es probable que no haya mayor complicación para que los mandos militares sigan en el manejo de la citada Guardia. Hay incluso un subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, que ya fue comandante de la Guardia Nacional y podrá continuar con tal mando desde la oficina civil que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

Habrá de verse el impacto de la decisión del Poder Judicial de la Federación en cuanto al estatus de los militares comisionados a la Guardia, pues no son las mismas prestaciones y derechos los disponibles como recién llegados a una instancia civil que los correspondientes a su antigüedad y adscripción al régimen castrense.

El ámbito verde olivo, y la jefatura de mañaneras conferencias de prensa, recibieron un obús periodístico neoyorquino con la confirmación de que se sigue usando el sistema de espionaje llamado Pegasus, a pesar de las continuas declaraciones gubernamentales en contra. El director del Centro Pro de Derechos Humanos, Santiago Aguirre, y la coordinadora del área internacional, María Luisa Aguilar, fueron informados por Apple y otras instancias validadoras de que sus aparatos telefónicos móviles habían sido infectados en tres fechas distintas de 2022 por el sistema israelí mencionado.

Aguirre ha advertido del grave riesgo que implica la falta de controles civiles efectivos en el esquema de creciente cesión de poder a los militares. Incluso mencionó que, de seguir las cosas así, en seis o 10 años podría suceder que los generales de hoy sean los García Luna de ese momento (https://bit.ly/3MUqCkX).

En respuesta a lo publicado por The New York Times y a otros señalamientos concurrentes, el Presidente de México dijo que se está en presencia de una embestida estadunidense, con el Pentágono y la DEA como filtradores de información a medios. Por tanto, anunció su decisión de salvaguardar información de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

De entrada, esa virtual veda ayudaría al general secretario Luis Cresencio Sandoval, luego que el instrumento político de Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), diera a conocer una versión de documentos insertos en el gran volumen de información militar mexicana hackeada por el colectivo Guacamaya.

Bajo la firma de Ignacio Rodríguez Reyna (fundador y director de Emeequis durante 12 años, luego fundador de Quinto Elemento), MCCI, en colaboración con Fábrica de Periodismo, dieron a conocer una relatoría del uso de comunicaciones castrenses para planear viajes caros y lujosos del titular de la Sedena, familiares y personal cercano. No hay confirmación periodística de que los itinerarios turísticos se hubieran cumplido ni que las erogaciones hubieran sido con cargo al presupuesto militar.

La histórica opacidad del poder militar en cuanto a rendición de cuentas impide confirmar o desmentir el punto de esos gastos, pero la enumeración de viajes, los detalles logísticos y la participación de personal militar en esas planeaciones deberían obligar a que el secretario Sandoval respondiera y aclarara lo que correspondiera.

Y, mientras hoy el tribunal electoral decide si Mario Delgado y Citlalli Hernández dejan su cargo a fines de este agosto, al finalizar el periodo para el que fueron electos, o hasta 14 meses después, a finales de octubre de 2024.

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México SA

Ley Minera: enemigo en casa // No hay prisa; ¡viva el saqueo! // Maíz y cabilderos en San Lázaro

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Las piezas recién se mueven, pero lo que destaca es la perfecta coordinación parlamentaria y la congruencia partidista de los integrantes de Morena en San Lázaro: primero, Ignacio Mier Velazco, cabeza visible de esa bancada, subrayó que por ser prioritaria la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Minería (y otras tres) se aprobaría en el actual periodo ordinario de sesiones… pero minutos después el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (del mismo corral) dijo que sería hasta septiembre, parlamento abierto de por medio, por la simple razón, dijo, de que no hay prisa, amén de que el proyecto seguramente tendrá modificaciones. Sin duda, la cultura monrealista ha permeado.

Entonces, como no hay prisa, los corporativos mineros, que acumulan décadas si no es que siglos devastando el territorio nacional, podrán seguir saqueando sin molestia alguna. Qué más da (versión Rodríguez González y otros morenistas) que continúen depredando, porque los legisladores tranquilamente tomarán unos meses para arreglar las cosas de tal forma que nada cambie y los barones sigan tan campantes.

No es una decisión definitiva, porque otras fuerzas políticas y parlamentarias, realmente interesadas en que los barones de la minería dejen de saquear a la nación, mueven sus fichas para retomar el plan original, pues de otra forma los barones –con sus maiceados legisladores– retrasarán y retrasarán las modificaciones propuestas, siempre con el objetivo de que nada cambie. Es el mismo ejercicio de la iniciativa en materia eléctrica (y otras, como la del outsourcing): para después, más adelante, luego, incluido un parlamento abierto y la presencia del ejército de cabilderos de los corporativos (sentaditos en las curules) que crece como los hongos.

La información oficial (2022) del Legislativo documenta esto último: en las cámaras de Diputados y de Senadores hay más cabilderos que legisladores. Se trata de un verdadero ejército de leguleyos especializados en cualquier cantidad de actividades que ha crecido como la humedad, siempre para proteger intereses particulares, totalmente contrarios a los nacionales, y abrir nuevas rutas de jugosos negocio para sus representados, a costillas del país.

La Cámara de Diputados reconoce a 815 cabilderos acreditados (423 personas físicas y alrededor de 392 morales, 1.63 por cada curul) y la de Senadores a 380 (164 morales y 216 físicas, a razón de 2.97 por escaño). Y este es el registro oficial, el de los autorizados, todos como garrapatas chupando sangre y ofreciendo alicientes (lo que no suena lógico, suena metálico, dirían algunos) en defensa de los corporativos a los que sirven.

Desde luego, no faltan los voluntariosos como aquel italiano, Pedro Salerno (asesor de Vamos México, representante de la trasnacional Enel, coordinador del Comité de Energía de la Cámara Italiana de Comercio en nuestro país, coordinador del Comité de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y, por si fuera poco, profesor del Departamento de Derecho del ITAM; por cierto, no está en el registro oficial del Legislativo), quien apareció muy acurrucado en una curul (oficialmente asignada a un priísta) junto a la diputada perredista Edna Díaz (hija política de Silvano Aureoles) en pleno debate de la reforma eléctrica de 2022.

Se trata de un ejército privado de cabilderos que lo mismo defiende los intereses de las trasnacionales eléctricas que a los barones de la minería, de los medios de comunicación, los facturistas, los evasores fiscales, los desarrolladores, constructores, hoteleros, reyes del outsourcing y demás fauna depredadora, siempre en contra de la nación, y en contubernio con no pocos legisladores, jueces y autoridades municipales, estales y federales, para quienes la consigna es la coima es de quien la trabaja.

No hay prisa, dice Rodríguez González –apoyado por legisladores como Yeidckol Polevnsky y Carlos Romero Noriega–, de tal suerte que las comisiones de Energía y de Economía de San Lázaro no iniciaron la discusión de la multicitada iniciativa presidencial y, por tanto, no hay dictamen, con todo y que en ambas (la segunda presidida por el panista Jorge Ernesto Inzunza) el partido guinda cuenta con mayoría.

Pero no canten victoria, que esto apenas comienza. Se trata de una decisión inaplazable.

Las rebanadas del pastel

Va un fuerte abrazo de despedida al enorme Pablo González Casanova, jornalero de cepa, referente obligado y personaje fuera de serie. Buen viaje.